Para la organización Causa en Común sí existen irregularidades por parte de distintas entidades federativas en lo que se refiere a la compra de chalecos antibalas para distintas corporaciones policiacas.
El pasado lunes Causa en Común presentó un estudio en el cual detalla como en distintos rubros, y a más de cuatro años de la firma del Acuerdo Nacional para la Seguridad la Justicia y la Legalidad, este no se ha cumplido en su totalidad.
En la conferencia de prensa se señaló que la organización detectó en los estados de Nuevo León, Quintana Roo y Veracruz, compras del mismo chaleco antibalas Nivel III-A con doble placa metálica a diferentes precios que oscilan entre los $14,295 y los $27,800.
Situación por la cual aseguró que existe una falta de información por parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y ante ello su presidenta Maria Elena Morera exigió a los secretarios de seguridad pública, a los procuradores e incluso, a los mismos gobernadores de los Estados a que proporcionaran una explicación del costo de los chalecos antibalas.
Ante ello el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, señaló que había desinformación por parte de Causa en Común. Al respecto la organización informó que el mandatario veracruzano se puso en contacto con María Elena Morera para ofrecerle que su secretario de Seguridad Pública proporcionaría información relativa al número de chalecos que han comprado; el tipo de chalecos; las especificaciones; el costo por unidad; el proveedor y la licitación.
Y confirmó que el estado de Veracruz adquiere el modelo de chaleco antibalas denominado Samurái, de la marca Petris a un costo de 28 mil pesos.
“Ante la información presentada por la entidad federativa, Causa en Común reafirma que se están pagando precios diferenciados en distintas entidades toda vez que el SESNSP dispuso de un tope de 20 mil a 26 mil pesos para la compra de este insumo de protección policíaca y por ello es urgente que se transparenten todas las compras en este órgano ejecutor del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
“De la misma forma reiteramos que la investigación presentada es útil para que los gobiernos de las entidades federativas comparen precios de sus proveedores y exhortamos a las entidades federativas a transparentar la compra de estos insumos así contribuyan a que los ciudadanos tengan plena certeza del gasto gubernamental”.
