Reforma publica que Joaquín “El Chapo” Guzmán pagó la colaboración de funcionarios dentro de la propia Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
De acuerdo con documentos ministeriales y judiciales, los servidores públicos le facilitaban información anticipada sobre cateos y pesquisas que la dependencia llevaría a cabo contra el Cártel de Sinaloa.
Los papeles revelan que operadores de esta organización criminal también consiguieron el apoyo de servidores públicos del centro de arraigos de la PGR y el Cisen.
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