Los tres niveles de gobierno son responsables de más del doble de agresiones contra la prensa, que aquellos que se atribuyen al crimen organizado, asegura Artículo 19 en su reporte de enero a septiembre de 2012.
Según el reporte, la cantidad de ataques a la prensa en los primeros tres trimestres de 2012 se redujeron marginalmente en comparación con los de el mismo periodo de 2011, de 140 a 137.
El silencio como política editorial
La reducción no resulta un aliciente, dado que, a decir de Artículo 19, ésta ha sido originada por la decisión de algunos medios de no realizar coberturas, debido a tanto a la presión de grupos criminales como a la falta de protección y ataques de los gobiernos locales.
Como ejemplo, Artículo 19 señala que después de varios ataques por parte de grupos criminales a medios locales de Nuevo León, Tamaulipas, y el asesinato de periodistas en Veracruz, algunos periódicos dejaron de reportar eventos, como la reciente captura y presentación pública de Jorge Eduardo Costilla, el líder máximo del Cártel del Golfo. “Con excepción de El Mañana, ninguno de los principales diarios de la entidad destacó en portada la nota; la mayoría de ellos tampoco la llevó en páginas interiores; la detención de “El Coss” simplemente no sucedió para numerosos medios regionales castigados” reporta Artículo 19.
El reporte indica que algunos gobiernos locales, especialmente el de Veracruz, gobernado por Javier Duarte, se ha dedicado a criminalizar y responsabilizar a las víctimas de la violencia de la que son objeto, por ejemplo con las declaraciones del procurador estatal Amadeo Flores Espinosa, quien afirmó que “estos reporteros a su vez habían sido los causantes de la muerte de otros periodistas, asesinados por la organización delictiva autodenominada Los Zetas”.
Veracruz, peor desde que llegó Duarte
Artículo 19 señala el caso de Veracruz como un caso emblemático, pues asegura que “periodistas de distintos medios coinciden en que la relación con el gobierno estatal ha sido sumamente complicada desde la llegada de Javier Duarte a la administración y la designación de Gina Domínguez a la Coordinación General de Comunicación Social”.
La organización asegura que existe un excesivo control del gobierno estatal sobre la información que circula en los medios, particularmente la que tiene que ver con temas de seguridad pública y delincuencia organizada, la cual frecuentemente es confirmada desde fuera del estado, pues las instancias correspondientes la niegan sistemáticamente.
Según el reporte, en Veracruz, “vecino sureño del estado de Tamaulipas con el cual comparte problemáticas como la violencia y la infiltración de cuerpos policiacos por parte de la delincuencia organizada, fue posible advertir el férreo control sobre la información difundida por los medios con un claro propósito de privilegiar la versión gubernamental de cara al proceso electoral del 1 de julio pasado”.
Además, después de la muerte de cinco periodistas en ese estado, se difundieron rumores de una supuesta narcolista con los nombres de otros periodistas, quienes por seguridad debieron huir del estado y dejar su práctica periodística.
Funcionarios, agresores de la prensa
Un elemento preocupante, según Artículo 19, es que cuatro de cada 10 abusos cometidos por funcionarios contra la prensa son autoría de elementos de las policías municipales.
Además, “en los últimos meses, Artículo 19 ha advertido excesiva lentitud o una nula intervención de los cuerpos de seguridad pública para frenar las agresiones contra periodistas, además de responsabilidad directa en algunas de ellas, favoreciendo un entorno hostil contra los comunicadores” señala el reporte.
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