La Cámara de Diputados aprobó en lo general, por 333 votos en favor, 84 abstenciones y 50 en contra, la fusión de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a la Secretaría de Gobernación (Segob), así como la desaparición de la Función Pública (SFP).
Asimismo la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y la consolidación de la oficina de la Presidencia de la República, además de reformas a la Secretaría de Desarrollo Social para trabajar en el combate a la pobreza.
El pleno de este órgano legislativo también acordó mantener la autonomía de gestión y transversalidad del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Conai).
A partir del 1 de diciembre el Poder Ejecutivo reducirá el número de dependencias federales de 18 a 16 secretarías de Estado.
La discusión del dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública inició poco antes de las 14:00 horas y una hora y media después fue avalado en lo general por diputados del PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza.
Al fundamentar el dictamen de reforma a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, elaborado por esas dos instancias legislativas, el presidente de la Comisión de Gobernación, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, dijo que la iniciativa tiene como fin organizar de mejor manera el gobierno, para rendir mejores resultados a los ciudadanos.
Destacó que este resolutivo ha sido producto de un intenso y muy responsable trabajo, que reconoce el interés y participación de diputados y diputadas de todos los partidos.
Explicó que es una reforma que la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha hecho suya, porque reconoce la necesidad de que al inicio de un nuevo gobierno es indispensable transformar el diseño institucional y administrativo.
Ello, añadió, para cumplir con los compromisos de conducir un cambio con rumbo, tener un gobierno y un Estado eficaz.
Abundó que la iniciativa tiene como fin dar un sentido integral a los esfuerzos de la política social; y atender la necesidad urgente de reordenar el desarrollo territorial, urbano y agrario a partir de la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Con el fin de lograr un nuevo sistema de control gubernamental, añadió, se propone crear unidades de auditoría preventiva, lo que implica la desaparición de la Secretaría de la Función Pública y la distribución de facultades en distintas estructuras y órganos, sobre todo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Se trata, abundó, de instrumentar una concepción moderna y honesta de la administración pública con suficientes órganos de control y facultades de investigación y sanción no para la burocratización, sino para la rendición de cuentas y el ejercicio transparente del gobierno.
También se propone el ordenamiento legal de la Oficina de la Presidencia de la República como unidad integrante de la administración pública centralizada y una instancia de apoyo técnico y asesoría del Ejecutivo federal en la instrumentación de políticas públicas y otras funciones prioritarias que se le asignen.
En el marco de la división y el equilibrio de poderes, aseveró, corresponderá al Congreso de la Unión y a los representantes de la soberanía popular pedir cuentas de la instrumentación de estas reformas y esperar mejores resultados para el beneficio de nuestro país, enfatizó.
A nombre del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Esther Quintana Salinas dijo que no habrá posiciones “mezquinas” en su partido, por lo cual apoyarán esa iniciativa pero sin que ello represente un retroceso para el país.
“Bienvenidas las reformas que velan por el bienestar de toda la sociedad y las reservas que presentaremos serán de fondo porque no vamos a permitir retrocesos en el país”, recalcó.
“Coincidimos con la necesidad de contar con un órgano constitucional autónomo, responsable del combate a la corrupción y celebramos que el gobierno que inicia el 1 de diciembre esté dispuesto a atender esa problemática”.
Sin embargo, aclaró, dicha propuesta implica reformas constitucionales que requieren un amplio proceso legislativo, por lo que rechazaron la desaparición de la Secretaría de la Función Pública hasta que se cuente con dicho órgano constitucional autónomo.
En materia de seguridad, expuso, “estamos a favor de que se trasladen las facultades de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación, pues no constituye un peligro un aumento a sus atribuciones, ya que el cambio es una transferencia administrativa y organizacional.
“Pero que quede claro, no es un cheque en blanco, México ya cambió, no es el mismo de los tiempos hegemónicos, por eso creemos que sería peligroso utilizar a la policía con fines políticos”, sentenció.
A su vez el perredista Fernando Belaunzarán Méndez indicó que la reforma propuesta pretende concentrar el poder en un triunvirato formado por las Secretarías de Gobernación, Hacienda y la Oficina de la Presidencia, sin que se establezcan contrapesos.
“Nos quieren presentar las soluciones a problemas del presente con recetas del pasado, el asunto de que Gobernación sea la que acapare las policías y la inteligencia nos vuelve al viejo autoritarismo”, precisó.
En tanto Mónica García de la Fuente, del Partido Verde, subrayó que la materia del dictamen, que votaría a favor su fracción, contempla aspectos sumamente relevantes como el fortalecimiento de las secretarías de Gobernación, Hacienda y Desarrollo Social, así como la reorganización en materia agraria.
“Plantea una Secretaría de Gobernación integral que retoma la conducción de la política de seguridad en nuestro país, lo que brindará mayor coordinación que hoy es indispensable, además de que Hacienda asume las tareas en materia de vigilancia del gasto público y Desarrollo Social fortalece sus facultades y fomentará la participación de la sociedad civil”, expuso.
Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, advirtió que si el dictamen se aprobaba generaría una crisis política constitucional de seguridad nacional.
“La pretensión de poner a disposición de Gobernación una tropa de policía prevista de armas en disposición de atacar puede convertirse en un ejército de guerra civil que de manera legítima puede combatir manifestaciones sociales”, expresó.
En representación del Partido del Trabajo (PT), Manuel Huerta Ladrón de Guevara enfatizó que el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal criminaliza los movimientos sociales.
Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza, manifestó su apoyo al dictamen, en especial la propuesta de transferir las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública a la de Gobernación.
Consideró que esa medida responde a la urgencia de replantear la estrategia de seguridad que se ha aplicado en los últimos años.
En tanto, el panista Rubén Camarillo Ortega advirtió que no se puede otorgar una cortesía parlamentaria al nuevo gobierno.
“Rechazo por insostenible el argumento de que el Ejecutivo tiene el derecho de libremente decidir la estructura para ejercer sus funciones.
“Sostengo que la Constitución prevé de manera muy clara que es responsabilidad del Poder Legislativo la aprobación de dicha estructura de gobierno”, recalcó.
Notimex.
*Nota publicada originalmente el 22 de noviembre de 2012.
