La Comisión de Justicia del Senado de la República declaró elegibles a los integrantes de las dos ternas propuestas por el Ejecutivo federal para cubrir las vacantes que dejarán los ministros de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Salvador Aguirre Anguiano.
La terna para suceder a Ortiz Mayagoitia está integrada por los magistrados Rosa Elena González Tirado, Alberto Gelacio Pérez Dayán y Julio César Vázquez-Mellado García.
Los aspirantes para sustituir a Aguirre Anguiano son Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Norma Lucía Piña Hernández y Ricardo Romero Vázquez.
De esta manera, se espera que el Pleno del Senado elija en la sesión de este jueves, mediante votación secreta a través de cédulas, a los ministros que deberán de sustituir a Ortiz Mayagoitia y Aguirre Anguiano, quienes dejarán el cargo el próximo 30 de noviembre.
Al respecto, el presidente de la Comisión, el panista Roberto Gil Zuarth informó que si la Cámara alta no emite los votos suficientes para elegir a los ministros, el Ejecutivo federal tendrá la facultad de designarlos, tomando en cuenta a los que están incluidos en las ternas.
Sin embargo, Gil Zuarth señaló que espera que este jueves los senadores alcancen un acuerdo para lograr los sufragios de los dos tercios de los legisladores presentes, necesarios para ratificar a los nuevos ministros.
Además, este miércoles comparecieron ante la comisión que preside el senador Roberto Gil Zuarth, los integrantes de la terna para ocupar la vacante de Aguirre Anguiano, que son Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Norma Lucía Piña Hernández y Ricardo Romero Vázquez
En la comparecencia de Piña Hernández, los legisladores le preguntaron su opinión respecto a la propuesta de algunos partidos políticos de instaurar la pena de muerte, sobre la extinción de dominio y qué tipo de reforma judicial necesita el país.
La magistrada respondió que cuando existen crisis de inseguridad los ciudadanos piden endurecer las leyes como para enfrentarla, pero “eso no solucionará nada” y lo que se debe hacer es atacar el problema de raíz porque la finalidad del Estado no es matar o encarcelar a los ciudadanos”.
Más adelante, los integrantes de este órgano de trabajo preguntaron a Romero Vázquez la conveniencia de mantener figuras jurídicas como el arraigo, la extinción de dominio y testigos protegidos.
Romero Vázquez comentó que todavía no se determina si esas figuras jurídicas son las más convenientes para enfrentar al crimen organizado, pues por un lado existe el respeto irrestricto de los derechos humanos de los delincuentes y por otro los flagelos que ocasionan a toda la sociedad.
Por ello, consideró que en las actuales circunstancias esa garantía de igualdad debe sufrir una “excepción” y “analizar la situación de continuar con ese respeto y pensar qué es lo que le conviene a la sociedad”.
