Retadores y temerarios, seguros que son casi intocables por la policía, debido a su minoría de edad, los “menores guías” –mal llamados “polleritos”- se encargan de cruzar a miles de indocumentados de México a Estados Unidos.
“Aquí llegan todos garreados y muy gallitos. Luego luego comienzan diciéndote que no necesitan nada y que ya se quieren ir. Traen dinero para pagar su taxi y se van”, relata Martín Villagómez, del albergue para menores de la organización YMCA en Tijuana.
Por sus servicios, los menores, cuyas edades oscilan entre los 15 y 17 años, primordialmente, reciben entre 50 y 100 dólares por indocumentado; sólo una migaja de los dos mil dólares que sus jefes reciben por cada migrante, en promedio. Aún a pesar de ello, perciben ingresos de 500 dólares por semana, con lo que se convierten, de facto, en los proveedores de su familia y con ello obtienen el permiso implícito de sus padres para dedicarse a esta actividad, no obstante los riesgos que corren.
Los menores guía conforman el eslabón más frágil en la larga cadena lucrativa de las redes de tráfico de personas, cuyas ganancias, sólo por parte de la población latina que busca adentrarse a EU, asciende a seis mil 600 millones de dólares anualmente, de acuerdo con estimaciones de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).
La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer, vía transparencia, que de 2008 a septiembre de 2011, fueron detenidos un total de 93 menores (23, en promedio, al año), quienes presuntamente se dedican al tráfico de personas.
“Están muy conscientes de que se van a dedicar a esto hasta cumplir 18. Tanto ellos como las redes de tráfico de personas saben que lo que los ampara es su edad. Los agarran y los vuelven a soltar”, dice Uriel González, coordinador de las casas YMCA de menores migrantes.
En archivos constan los nombres de menores que han sido deportados en más de una veintena de veces, lo que es señal, casi inequívoca, de que se dedican a cruzar ilegales. “A diferencia de los adultos, los menores que viajan a EU en busca de la reintegración familiar, intentan pasar dos o tres veces. Cuando tienen más de cinco deportaciones, sobre todo en un período corto de tiempo, se puede presumir que se dedican al tráfico de indocumentados”, agrega el activista.
“De aquí a sicarios”
Salen de noche. Si hay neblina, mejor; las probabilidades de no ser descubiertos aumentan. Conocedores del terreno, los niños guía saben qué arbustos los tapan, en donde están los puntos ciegos. Suelen llevar sólo una pequeña mochila, la cual, en ocasiones, es aprovechada para el trasiego de droga.
Preparados para enfrentar un recorrido de horas, que se puede prolongar por un par de días, en caso que las condiciones no sean propicias. Algunos de estos niños viajan bajo el influjo de estupefacientes para combatir el cansancio.
“Lo único que llevan es un celular, por donde le van dando informes a su patrón de cómo van o por dónde van”, señala VIllagómez. Aunque también se ha detectado que en ocasiones, son también aprovechados para el trasiego de droga. Si alguno de los “pollos” se arrepiente o ya no puede seguir, las instrucciones son claras: dejarlos.
Los menores provienen de familias disfuncionales, en las cuales se convierten en parte importante del sostén de las mismas: “las mamás aceptan a lo que se dedican sus hijos, para que ayuden al ingreso de la casa y el mantenimiento de los hermanos más pequeños”, señala González.
La suerte para estos jóvenes ya está echada: cesarán de traficar con indocumentados hasta cumplir los 18 años, después seguirán con el tráfico de drogas o serán sicarios. “Estos jovencitos aprenden las rutas casi como un juego o para ganar un dinero que, a su corta edad, no consiguen trabajando. Terminan convirtiéndose en traficantes de personas y de drogas”, señala Uriel González, director de la YMCA.
La papa caliente
El problema de los menores guías es interinstitucional y llega a los tres niveles de gobierno, sin embargo, por su complejidad, las autoridades titubean para asumir la responsabilidad de alejar a los menores de las redes de tráfico y garantizarles un ambiente libre de violencia, como dictan los derechos del niño.
Estos menores, antes de ser vistos como criminales, deben ser considerados víctimas y, por tanto, sujetos de protección, pasan por las manos del Instituto Nacional de Migración (INM), de los DIF estatales, de los consulados mexicanos en Estados Unidos, así como por las autoridades del país vecino, sin que, a la fecha, se hayan puesto de acuerdo en cómo proceder para evitar que, una vez cuando han sido detectados en EU y repatriados a México, ya no se le regresen al círculo de violencia y delincuencia que los llevó al tráfico de indocumentados.
Rosa Elena Moreno García, ex subdirectora de Protección al Migrante del INM en Baja California, de 2003 a 2010, señaló en entrevista que el tema de los menores traficantes causó escozor entre las distintas dependencias ya mencionadas, para definir sobre quién debía caer la responsabilidad: “Migración tuvo mucho tiempo la papa caliente en las manos. Por un lado estaba EU presionando porque no teníamos ningún protocolo de acción. Por el otro lado, el DIF que ya no me los aceptaba. Asimismo, las autoridades migratorias de EU informan al consulado antes que a nosotros. Lamentablemente creo que nadie le quiso entrar a los toros por los cuernos”
Y agrega: “Es u problema muy complejo que requiere mucha voluntad e interés por parte de las autoridades y entrarle a los temas que no le quieren entrar porque les resta votos en materia electoral”.
La cónsul mexicana Remedios Gómez, ubicada en San Diego, California, una de las principales entradas a EU que emplean los migrantes indocumentados , así como de punto de recepción de las deportaciones, puntualizó que el problema de los menores guía sale de las atribuciones de su oficina: “No es competencia del consulado investigar quiénes son los menores guías… Las autoridades estadunidenses tienen este récord (de a quiénes son los reincidentes)… No es facultad de nosotros estar buscando esa información”.
Antonio Valladolid, delegado del INM en Baja California, declaró que para que el instituto pueda actuar, necesita una orden de aprehensión: “Mientras que no la haya, no se les puede detener”.
Por su parte, Francisco Castillo, director del DIF en la misma entidad, expuso que toda vez el principal interés de la institución es proteger al menor, no se encuentran facultados para denunciar a los menores a la PGR: “La única autoridad que tiene la facultad para interponer la denuncia es el INM. Yo no puedo poner esa querella aunque me digan que son polleros. Cosa que saben, porque al INM no le dicen y a nosotros sí. Nosotros no le podemos hablar a PGR”.
El problema se discute y se han hecho mesas de trabajo para definir un plan de acción ante la problemática, en las que participan todas las fuentes consultadas, sin que a la fecha se haya definido de qué manera se procederá. Mientras tanto, el número de menores empleados en el trasiego de drogas y gente aumentó en 2010 y 2009, con respecto años anteriores.
Infografía de la responsabilidad
1- Las autoridades estadounidenses detienen al grupo de indocumentados, entre ellos, los menores guías, que en muchas ocasiones ya tienen identificados por el número de reincidencias.
2- Esta información se le proporciona a los respectivos consulados.
3- Los consulados dan aviso al INM sobre las deportaciones.
4- INM entrega a los menores de edad no acompañados al DIF estatal.
5- DIF estatal devuelve a los menores a sus familiares o responsables a cargo.
6- Los menores guía regresan a las calles en 24 horas, promedio.
El eslabón perdido: en algún punto de esta cadena, alguna de las autoridades debe intervenir para notificar a la PGR, la cual, no buscará procesar a los menores, sino identificar a la red para la cual trabajan, sus jefes, y buscar la reinserción del menor a la sociedad de una manera digna.
