PAN argumenta irregularidades en proyecto de caso Monex
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PAN argumenta irregularidades en proyecto de caso Monex

No se determina el origen de los recursos para la compra de los monederos electrónicos, plantea el representante de Acción Nacional ante el IFE.
23 de enero, 2013
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Rogelio Carbajal, representante del PAN ante el IFE. // Foto: Especial

Rogelio Carbajal, representante del PAN ante el IFE. // Foto: Especial

El representante del Partido Acción Nacional ante el IFE, Rogelio Carbajal Tejada, aseguró que el proyecto presentado por Unidad de Fiscalización especializada del órgano sobre la queja presentada por el uso de tarjetas Monex, presenta inconsistencias.

Mediante un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN asegura que el Instituto Federal Electoral no realizó una investigación debida y que entre las irregularidades observadas está la ausencia de una relación de las tarjetas que entregadas por el PRI, mismas que aceptó haber utilizado.

Otra de las inconsistencias, señala el documento, es la falta de certeza del” origen de los recursos utilizados para financiar las tarjetas electrónicas ni la cuenta bancaria con la que se realizó el pago de las mismas”.

El 21 de enero, el Instituto Federal Electoral ordenó añadir 50 millones 8 mil pesos a los gastos de campaña del candidato presidencial del PRI, y ahora Presidente, Enrique Peña Nieto al determinar que dicho partido sí distribuyó dinero a través de monederos electrónicos.

Aquí el comunicado del CEN del PAN:

22 enero 2013 , 06:19 p.m.

México, Distrito Federal

El proyecto elaborado por la Unidad de Fiscalización del IFE, con respecto a la queja interpuesta por el PAN en contra de la  coalición “Compromiso por México”, a causa de la utilización de tarjetas  o monederos electrónicos “MONEX”, presenta diversas inconsistencias.

Así lo dio a conocer el representante del PAN ante el IFE, Rogelio Carbajal Tejada, quien aseguró que la autoridad no realizó una investigación debida y exhaustiva con respecto a las aportaciones ilícitas y rebase de gastos en la campaña presidencial.

Carbajal detalló que no se proporcionó una relación pormenorizada de las tarjetas que correspondieron al PRI, el cual aceptó haberlas utilizado.

“El proyecto señala que se advierte que el Partido Revolucionario Institucional contrató, a través de un intermediario, un servicio de dispersión de recursos a través de tarjetas de prepago, a través de 7,851 tarjetas distribuyó recursos que ascendieron a la cantidad de $66,326,300.00 (sesenta y seis millones, trescientos veintiséis mil, trescientos pesos 00/100 M.N.). Dichas tarjetas fueron entregadas a partir del mes de mayo de dos mil doce”.

Sin embargo, lamentó que no advierta con claridad cuál es el objeto o razón social de las empresas Alkino Servicios y Calidad S.A. de C.V; Comercializadora Atama, S.A. de C.V.; así como de Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V., que participaron con el PRI en emisión de las tarjetas “MONEX”, mucho menos que puedan otorgar financiamientos o préstamos comerciales como ellas mismas reconocen.

Además, expuso Carbajal, las empresas otorgaron préstamos con intereses inferiores a la tasa bancaria y legal, por lo que el beneficio que obtiene el PRI debe considerarse como una aportación en especie con relación a los gastos de campaña.

“Tampoco se tiene certeza sobre el origen de los recursos utilizados para financiar las tarjetas electrónicas ni la cuenta bancaria con la que se realizó el pago de las mismas”.

Finalmente, el representante del PAN ante el IFE destacó que en este momento no se tiene seguridad jurídica acerca de que la coalición, integrada por el PRI y el PVEM, hayan cumplido cabalmente las obligaciones en materia de fiscalización y utilización de los recursos y que haya implicado el rebase del tope de gastos de campaña.

Esto porque el dictamen consolidado y la resolución de los informes finales de campaña de la elección a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se someterá a discusión del Consejo General del IFE el 30 de enero de 2013.

Para ello, sostuvo Carbajal, se deben tomar en cuenta las omisiones e irregularidades en el caso MONEX.

El Consejo General del IFE, expuso, no puede ser omiso a los antecedentes que proveen otros casos de violaciones a las normas que regulan los ingresos y gastos de los partidos políticos y de las campañas electorales.

La responsabilidad del IFE es particularmente grave, cuando existen importantes precedentes de sanciones severas y ejemplares en otros casos de campañas presidenciales.

“Esperemos que los consejeros electorales apliquen la ley de la misma forma y con la misma fuerza el día de mañana. Abandonar esos precedentes aprobando un proyecto deficiente como el que elaboró la Unidad de Fiscalización sería una muy grave regresión en nuestra vida política institucional”.

Rogelio Carbajal puntualizó que es particularmente preocupante el hecho de que este primer informe de la Unidad de Fiscalización resulte tan incompleto y deficiente, especialmente si se le compara con los dictámenes elaborados por su predecesora, la Comisión de Fiscalización del IFE.

“El Consejo General del IFE no podría escudarse en el proyecto de la Unidad de Fiscalización para justificar esta grave violación a la ley electoral, pues todos en México sabemos que la Unidad de Fiscalización propone y los consejeros electorales disponen. Una vez más se pone a prueba la credibilidad del IFE al resolver el caso MONEX”.

En materia de fiscalización, enfatizó Carbajal, el PAN siempre ha sabido reconocer las conclusiones de la autoridad, incluso en casos que lo perjudican, como el de Amigos de Fox, y por ello afirmamos nuestra autoridad moral para exigir que las investigaciones se realicen con la pericia y el profesionalismo que corresponde.

“Si no es así en el caso MONEX, el PAN deberá recurrir a todos los instrumentos legales a su alcance para proteger la vigencia de la Constitución y la ley, y para defender nuestra democracia de las amenazas que sobre ella ejercen el uso indebido del dinero y la presión política desde el poder”, afirmó.

*Nota publicada originalmente el 22 de enero de 2013.

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EPA

Entre el 30% y el 50% del agua en el mundo se obtiene de manera ilegal, según estudio

La agricultura consume alrededor del 70% del agua disponible en el planeta y la forma en la que la obtiene no siempre es legítima. 3,000 millones de personas no tienen acceso a servicios de agua potable seguros y solo el 10% del agua en el mundo se destina a los hogares.
EPA
15 de septiembre, 2020
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Puede sonar difícil de creer que entre el 30% y el 50% del agua en el mundo sea “robada”.

Como también parece sorprendente que el 70% de ese recurso sea destinado para la agricultura cuando casi un tercio de la población del planeta no tiene acceso a servicios potables.

Sin embargo, diferentes estudios y expertos señalan que eso es lo que ocurre.

El agua es “robada” o desviada y en lugar de abastecer a las poblaciones se dirige al negocio del agro, según explica a BBC Mundo Adam Loch, experto en el tema de la Universidad de Adelaide (Australia).

Pero el problema no termina ahí.

El planeta desecha la tercera parte de los alimentos que produce y eso hace más injusta esta desproporción en el uso que hacemos del agua, como comenta Richard Connor, responsable del Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos.

“Es una desperdicio cuando se destina a la sobreproducción de comida”, señala a BBC Mundo.

El “gran robo”

La escasez de agua se agudizó por el cambio climático primero y después por la pandemia del coronavirus.

3.000 millones de personas no tienen acceso a redes de distribución, según la ONU, y el uso “desproporcionado” del recurso en rubros como la agricultura o la minería agrava el problema.

Represa

EPA
El agua se convirtió en un valioso recurso para la generación de electricidad.

Adam Loch señala que, a pesar de los vacíos jurídicos existentes alrededor de la propiedad y el valor del agua, se puede hablar de “robo” dado que existen actores dentro de este modelo de explotación que esquivan procedimientos legales a tal escala que entre el 30% y 50% del recurso se puede considerar sustraído.

Y en perjuicio de las poblaciones.

“Es difícil de precisar los porcentajes, pero sabemos que la agricultura es el mayor usuario a nivel mundial. Y encontramos que esa extracción o consumo en muchos casos se realiza sin que exista derecho legítimo“, explica el experto.

Loch, junto a un equipo de investigadores, publicó recientemente un ensayo titulado “Gran robo de agua”, publicado en la revista científica Nature.

En el trabajo sostienen que la incertidumbre y los cambios repentinos en el suministro de ese recurso aumentan las posibiidades de la ilegalidad de su uso.

“Por ejemplo, los períodos de sequía también pueden alterar las percepciones de las normas, la legitimidad y la equidad de las personas o entidades”, explica el investigador.

Loch añade que el fenómeno del robo del agua tiene un margen elevado de subregistro o directamente es minimizado por los estados.

Pone el ejemplo de la región andina sudamericana, donde no hay un adecuado control del consumo de los sistemas de riego y que puede ser un uso excesivo para maximizar las ganancias.

Zona árida en México

Reuters
Las regiones áridas y las que sufren largos periodos de sequía son un factor que impulsa a la extracción ilegal de agua.

Esta zona, compartida por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela produce plantaciones de alta demanda en el mercado mundial como la quinua que, a la vez, requieren altos niveles de agua después de la siembra.

Las dificultades

Para Richard Connor el concepto del “robo de agua” se puede utilizar, pero es necesario tomar en cuenta otras figuras.

“Se puede calificar así, pero también hablar de la pérdida del recurso”, explica.

El experto indica, como ejemplo, cuando el agua es desviada a través de canales artificiales o a través de tuberías.

“Cuando esto pasa es difícil de monitorear y determinar si se trata de robo”, explica.

Connor indica que existen muchas “áreas grises” con relación a las concesiones y a la propiedad como tal del agua.

“La agricultura usa enormes cantidades del recurso y puede ser usada de fuentes no permitidas como humedales, que se supone deben ser protegidos, pero también la aprovechan de los sistemas municipales legales”, indica.

Minas en Chile

Reuters
Actividades como la agricultura y la minería demandan grandes cantidades de agua.

El relator de Naciones Unidas explica que, en el mundo, se considera un bien común el agua que se encuentra en ríos, lagos, debajo de la tierra y otros espacios naturales, pero a la vez existen usuarios individuales y compañías que logran los derechos propietarios en determinadas regiones.

“Tratar de establecer quién es el dueño del agua es como buscar al dueño de la electricidad. Es bastante difícil de definir”, concluye.

Consecuencias

Los expertos consultados por BBC Mundo coinciden en que, se trate de robo, explotación o desvío, el uso desproporcional del agua afecta directamente a las poblaciones.

Y con mayor énfasis en las regiones que sufren largas sequías o que por condiciones socioeconómicas no tienen garantizados los servicios sanitarios y potables.

Solo el 10% del agua va para uso doméstico y la inmensa mayoría que va a la agricultura genera poco valor agregado para los productos internos brutos de los países”, indica Connor.

El experto añade que, si bien no hay productividad económica significativa en la distribución del recurso a los hogares, sí se generan beneficios sociales en diferentes áreas como la salud.

“Si la gente crece con acceso a agua potable, claro que repercute en menores costos futuros para los sistemas de salud”, afirma.


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