Hoy entró en vigor la Ley de Víctimas, la cual tiene como objetivo apoyar a las víctimas de la violencia criminal en México y asistirlas en el proceso de reparación de daños. No obstante, todavía es necesario modificar algunos aspectos de esta ley. Según el presidente Enrique Peña Nieto, en ello participarán autoridades federales y organizaciones civiles.
Esta ley contempla la creación de un sistema de atención a víctimas de la delincuencia y de violaciones a derechos humanos –el Sistema Nacional de Víctimas-, a través del cual se brindará apoyo legal, sicológico y médico a los afectados, de forma inmediata, así como indemnizaciones.
El 31 de enero, la subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Mariana Benítez Treviño, anunció que Peña Nieto prepara un paquete de modificaciones a la Ley de Víctimas, para tratar de corregir algunas deficiencias.
Las modificaciones se presentarán durante el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, que inició el viernes 1 de febrero.
Uno de los cambios que se tienen previstos es reducir el catálogo de delitos contemplados en la Ley, haciendo mayor énfasis en los que son graves y tienen efectos directos en las víctimas.
También se tiene previsto eliminar los topes que los legisladores impusieron a la indemnización subsidiaria que podrá reclamar la víctima al Estado, en caso de que éste no pueda hacer responsable de la reparación del daño al autor del delito o violación a derechos humanos, y que la ley que será publicada establece que no podrá superar los 900 mil pesos.
También se tiene acordado que la próxima reforma propuesta por el Ejecutivo otorgue autonomía al Consejo que coordinará las labores del Sistema Nacional de Víctimas, mismo que incluirá a afectados y representantes de la sociedad civil, y que será el órgano encargado de decidir cuándo es viable otorgar una indemnización y cuándo no.
Ésta es la Ley General de Víctimas que hoy entró en vigor (documento íntegro):
