Pagos a empresas inexistentes, mal manejo de políticas públicas, desvío de recursos, entrega a destiempo de obras y sobreprecios fueron algunas de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al revisar la Cuenta Pública 2011.
Aunque se presentaron 134 denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la Republica (PGR) y en total se generaron más de mil observaciones directas contra funcionarios públicos, hubo muchas auditorías que no resultaron en sanciones directas pero que reflejan las irregularidades que hay en todo el país y en todos los niveles de gobierno.
Les cobran más a estados en desgracia
Las secretarías de Gobernación y de Hacienda les otorgaron a estados préstamos, a través de Banobras, en lugar de recursos autorizados previamente para hacer frente a emergencias climatológicas.
Hacienda aportó al Fideicomiso Fondo de Reconstrucción de las Entidades Federativas recursos por 4 mil 500 millones de pesos para ofrecer un mecanismo crediticio privado, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.
Ésta última institución actuó al margen de la ley, pues se aprobó un gasto por la cantidad arriba mencionada al programa Fondo de Reconstrucción de las Entidades Federativas, el cual debió aportarse a las entidades federativas que requerían con urgencia atender los daños sufridos en su infraestructura por los desastres naturales acaecidos en 2010 y que debió publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que Gobernación autorizara la entrega de los recursos.
En contraste, se autorizó que Banobras otorgara créditos privados a los gobiernos de dichas entidades, a plazos de 20 años, a una tasa de interés promedio de 8.6% anual; intereses que se pagarán mensualmente con un porcentaje de sus participaciones federales durante ese periodo, al término del cual, el Gobierno Federal, utilizando los recursos de los Bonos Cupón Cero que se adquirieron al inicio, otorgará recursos públicos federales a las entidades federativas, para apoyar la liquidación del principal de los créditos recibidos.
En 2011, de un universo de 18 entidades federativas que tuvieron declaratorias de desastres naturales, solamente siete de ellas obtuvieron recursos crediticios con ese banco de desarrollo por 6 mil 110 millones de pesos, a una tasa de interés promedio anual de 8.6%, con lo que, al término de los 20 años, habrán pagado únicamente, por intereses, una cantidad superior en 173.4% al principal de los créditos recibidos.
Caminos deficientes, más de 6 millones incomunicados
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes no logró construir carreteras y caminos rurales como lo ordenaba el Plan Nacional de Desarrollo.
La Auditoría detectó que ni siquiera había un diagnóstico propio por lo que el órgano fiscalizador tuvo que recurrir al INEGI y la CONAPO para saber que a 2010 existían 40 mil 452 localidades rurales, el 21.0% del total en el país, y 6 millones 602 mil habitantes que se encontraban aislados por no contar con un camino rural para comunicarse.
En cuanto a carreteras, de los 80 mil 773 kilómetros que integran la red de carreteras alimentadoras en el país, 32 mil 981 kilómetros, es decir, el 40.8% estaba en buenas condiciones pero 47 mil 792 kilómetros, el 59.2%, registraron un estado físico deficiente. La SCT ni siquiera tenía un listado de prioridades para atender.
En zonas rurales, falta el agua
La Comisión Nacional del Agua también mostró deficiencias al revisar su desempeño. La Auditoría encontró que la institución no cumplió con la operación del Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales. Esto principalmente para proveer a la población rural de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en localidades con población menor o igual a 2 mil 500 habitantes.
“Los resultados revelan la existencia de graves deficiencias en la operación y rendición de cuentas del programa, que ameritan que se evalúe la pertinencia de realizar cambios estructurales en su forma de operar”, evaluó la ASF.
Nuevamente subsidios al campo
La Auditoría encontró que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria; el Instituto Nacional de la Pesca; la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, y el Fideicomiso de Riesgo Compartido no cumplieron con las normas. Por ejemplo, SAGARPA no previó contar con una herramienta informática o sistema único para integrar los diferentes padrones o listados de beneficiarios de los programas que opera; además de que no existe homologación de la información con la que cuenta cada uno de esos padrones o listados y que las cifras de los apoyos otorgados que contienen difiere de lo reportado en la Cuenta Pública.
En cuanto al Sistema de Rendición de Cuentas, no obstante que es obligatorio la incorporación del RFC y la CURP, se detectaron 554 mil 869 registros de personas físicas que no tienen CURP y 98 de personas morales que carecen del RFC.
Conforme al RFC registrado, se determinó que 3 mil 870 personas que recibieron apoyos por 72 millones 584 mil pesos, tienen edades de 76 a 111 años, sin que se presentara evidencia de que seguían vivos.
Se detectaron 804 servidores públicos a los que se les otorgaron recursos a través de diversos componentes por 48 millones 682 mil pesos, de los cuales no se presentó evidencia de que se abstuvieron de participar en la atención, tramitación o resolución de los asuntos relacionados con sus apoyos.
En el Sistema de Rendición de Cuentas existen registros de beneficiarios que recibieron apoyos en dos o hasta en 32 entidades federativas o que recibieron apoyos en 2 o hasta en 5 programas diferentes, sin que se proporcionara evidencia que garantice la procedencia legal de la concurrencia o duplicidad en los registros observados, o en su defecto de las acciones de depuración de los padrones de beneficiarios.
Además, en el Sistema de Rendición de Cuentas, se incluyen como beneficiarios a diversas entidades financieras que fungieron como intermediarios, no obstante que el objetivo de ese sistema es conocer el destino final de los recursos federales.
La Función Pública no sancionó
La Secretaría de la Función Pública no reportó 49 sanciones económicas por mil 33 millones 679 mil pesos de una muestra de 37 expedientes por 9 mil 931 millones 771 mil pesos, que corresponden a 196 servidores públicos sancionados.
Se observó inactividad procesal por periodos que van de 100 hasta mil 200 días y se identificaron sanciones económicas por 459 millones 362 mil pesos que fueron impugnadas y ganadas por los servidores públicos sancionados, debido a que los Órganos Internos de Control (OIC) no defendieron los casos correctamente.
Destacan 2 sanciones de PEMEX Refinación por 212 millones 600 mil pesos.
De 27 expedientes por mil 10 millones 201 mil pesos revisados en el SAT, se observó que no actualiza las gestiones de cobro de los créditos fiscales en el Sistema Integral de Recaudación.
Durante el 2011 el SAT recuperó, mediante las gestiones de cobro de 54 créditos fiscales, mil 429 millones de pesos, únicamente el 0.03% de los 5 mil 459 millones 643 mil pesos de las sanciones económicas impuestas en 2011.
Hoteles y Alimentos fantasma
Financiera Rural es una entidad a la que se le detectaron varios actos de corrupción. Se realizaron visitas domiciliarias a hoteles y restaurantes en los que supuestamente tres empresas contrataron servicios de hospedaje y alimentación para que cuatro organizaciones llevaran a cabo foros y/o eventos de capacitación, y se determinó que 24 hoteles y un restaurante no reconocieron haber prestado los servicios de hospedaje y/o alimentación, y dos restaurantes no fueron localizados en los domicilios señalados en las cotizaciones presentadas por las tres empresas.
Además, con el análisis de los Estados de Cuenta Bancarios proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de las tres empresas que supuestamente prestaron los servicios, se constató que recibieron un total de recursos por parte de la Financiera Rural por 9 millones 424 mil pesos y se identificaron retiros inmediatos a través de cheques que fueron abonados a nueve personas morales y una persona física, de las cuales, todas las personas morales tienen el mismo representante legal y domicilio fiscal, sin que las personas guarden alguna relación con los supuestos establecimientos que prestaron 12 servicios de hospedaje y alimentación.
En otro caso un proveedor no pudo acreditar la prestación de los servicios de alimentación supuestamente suministrados a la organización por 2 millones 912 mil pesos.
Y Segob no cumplió con ex braceros
La Auditoría emitió un dictamen negativo contra la Secretaría de Gobernación, ya que ésta incumplió con las normas aplicables al ejercicio de los recursos financieros del Fideicomiso 2106 denominado “Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (1942 a 1964)”.
Por ejemplo, los funcionarios no dieron a conocer los intereses que se generaron con el dinero acumulado en el fideicomiso que tenía 17 millones 322 mil pesos. Esto porque además 398 millones 456 mil pesos se transfirieron a Telecom para entregar los apoyos a beneficiarios uno y dos días hábiles siguientes después del plazo establecido.
Al cierre de 2011, Telecomunicaciones de México no había comprobado la entrega de los apoyos a beneficiarios por mil 531 millones 746 mil pesos correspondientes a las “Relaciones de Apoyos Programados” números 36, 38 y 39 autorizadas en 2011 y tampoco había reintegrado al patrimonio del Fideicomiso 24 millones 894 mil pesos correspondientes a “Relaciones de Apoyos Programados 2010”.
De la misma manera, la Secretaría de Relaciones Exteriores no había comprobado la entrega de apoyos sociales a 4 mil 625 beneficiarios por 185 millones 433 mil pesos y tampoco había reintegrado al patrimonio del Fideicomiso 18 millones 603 mil pesos, correspondientes a 464 beneficiarios que no acudieron a los Consulados a cobrar el apoyo.
De la revisión final a los expedientes de los beneficiarios para constatar que contaran con el recibo del apoyo social, se observó que en 174 casos, por 6 millones 612 mil pesos, no se contó con dicho documento.
Falla la prevención de la violencia contra las mujeres
En términos generales el desempeño de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres no cumplió con su objetivo.
Después de cuatro años de la publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a 2011 la CONAVIM no realizó el Diagnóstico Nacional sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en todos los ámbitos, por lo que no contó con información objetiva para la elaboración de políticas gubernamentales en la materia.
Conavim ni siquiera realizó las gestiones para que el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres fuera considerado como un programa especial del Gobierno Federal, por lo que no fue puesto en operación.
Sólo firmó convenios con 4 de las 32 entidades federativas y con ningún municipio. “Se verificó que el procedimiento para aprobar o negar la investigación para emitir alertas de violencia de género careció de criterios objetivos, claros y transparentes para que los integrantes del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres emitan su voto razonado con base en las causas presentadas por los solicitantes”, detalla en su informe la ASF.
La Auditoría ni siquiera pudo hacer una evaluación del impacto del programa pues no había datos del mismo.
Una de policías
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública(SESNSP) y los gobiernos de los estados de Puebla, San Luis Potosí y el Distrito Federal no cumplieron con el Registro de Información y Seguimiento para el Subsidio por 2 mil 156 millones de pesos.
“Además, la información de las entidades no es uniforme, confiable ni oportuna, y no se tiene un seguimiento puntual del cumplimiento de las metas convenidas ni de la aplicación de los subsidios”.
Los estados prácticamente hicieron lo que quisieron con estos recursos.
San Luis Potosí, por ejemplo, hizo compras basándose en su ley local y no en la federal, Michoacán no comprobó el uso de 68 millones de pesos pero al 2011 en la cuenta sólo había 150 mil pesos.
Una entidad –la ASF no especifica cuál– utilizó 24 millones de pesos en conceptos distintos a los autorizados.
En los estados de Puebla, San Luis Potosí y el Distrito Federal no se dieron de baja a 142 elementos del Primer Módulo de Policía Estatal que no aprobaron sus exámenes de control de confianza, tal como lo indica la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Pemex Exploración y Producción contrata a empresa sin experiencia
Pemex Exploración y Producción pagó un arrendamiento de la plataforma “Menadrill I” a un proveedor que según la Auditoría, no tiene capacidad financiera para afrontar posibles eventualidades.
PEP no aplicó deducciones al contrato por anomalías detectadas por 2 mil 399 millones de pesos.
Inmuebles a la deriva en PEMEX
Pemex Gas y Petroquímica Básica presentan irregularidades en su patrimonio registrado ante el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).
De los 315 terrenos registrados contablemente, en 141, por 652 millones 755 mil pesos, no se identificaran coincidencias con los registros del inventario patrimonial, debido a que no existe información suficiente de la ubicación, dimensiones o número de inventario de los terrenos.
141 inmuebles incluyen tres que no están registrados en el inventario patrimonial y que no fue posible identificar ni cuantificar. De la cuenta de edificios, su saldo por 3 mil 896 millones de pesos, se maneja por subcuenta y centro de trabajo, lo que no permite identificar la ubicación o dimensiones de los inmuebles en relación con los registrados en el inventario patrimonial.
El patrimonio inmobiliario de PGPB es de 245 inmuebles regularizados, que es menor en 97 que los 342 reportados por el INDAABIN y han transcurrido 9 años sin que PGPB proceda a la baja en el patrimonio inmobiliario de un terreno con un valor histórico de 8 millones 577 mil pesos, que no le pertenece desde el 2003, por una resolución judicial en su contra.
Invasión de predios
Pemex Petroquímica (PPQ) cuenta con inmuebles “no regularizados”. 5 bienes inmuebles registrados contablemente, por 50 millones de pesos, carecen de la documentación que acredite su propiedad. Se detectaron 16 fracciones invadidas de la Reserva Ecológica Cangrejera I, de las cuales en 5 no existe evidencia de las acciones legales para su recuperación.
Además, los registros contables de la entidad fiscalizada no son confiables, ya que 18 bienes inmuebles están registrados con valor de un peso y un bien inmueble fue registrado sin valor.
e-México, un fiasco
El Fideicomiso e-México no cuenta con objetivos claros.
Había 18 proyectos autorizados y vigentes en 2011, por 2 mil 454 millones de pesos pero sólo se gastaron 125 millones de pesos.
Se incumplió con el objetivo de incrementar a 16 mil 700 los centros comunitarios digitales, al alcanzar sólo 6 mil 787, el 40.6% de lo programado.
Además carecen expedientes de 15 contrataciones por 73 millones de pesos.
CONADE y Juegos Panamericanos, irregulares
La CONADE no cumplió con las normas aplicables a los fideicomisos estatales de Jalisco y Veracruz.
Se detectaron diferencias por 5 mil 892 millones de pesos, se pagaron 93 millones de pesos por eventos y ensayos de los Juegos Panamericanos con recursos federales, en vez de estatales; un contrato por mil 113 millones de pesos se adjudicó directamente sin el debido fundamento; asimismo, se aceptó un cheque como garantía con el nombre incompleto del CODE Jalisco; un contrato por 336 millones de pesos, por el desarrollo de un programa cultural y la coordinación para su implementación, se celebró extemporáneamente; se pagaron 519 mil pesos por la elaboración de un estudio de impacto ambiental con recursos federales, en vez de estatales, así como atraso en el depósito de recursos federales en la cuenta del “Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura y Equipamiento Deportivo para los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011”, que generó una recuperación de mil 512 millones de pesos.
Censida no cumplió
El Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA no cumplió con lo programado para la Prevención y Atención de VIH/SIDA y Otras ITS.
Hubo 99 mil 195 medicamentos equivalentes a 190 millones de pesos que entraron de manera irregular, diferencias en entrega a pacientes de 298 mil 369 medicamentos por 546 millones de pesos y en 13 entidades federativas y 1 instituto se caducaron mil 050 medicamentos antirretrovirales, equivalentes a 1 millón 499 mil pesos.
En el ámbito nacional existe un exceso de medicamentos antirretrovirales de 31 claves por 57 mil 539 insumos y escases de 5 claves por 20 mil 719 insumos; además, el CENSIDA no realizó visitas de supervisión en las 32 entidades federativas del país y en los 5 institutos, por lo que se dejó de verificar la correcta recepción y distribución de los medicamentos transferidos.
La línea 12 del Metro
En su reporte, la Auditoría encontró que no se acreditaron con facturas el pago por trabajos que finalmente no se ejecutaron, por montos de alrededor de 32 millones de pesos. Además se incumplió la normativa en las instalaciones para personas con discapacidad y faltó el suministro e instalación de equipos electromecánicos.
