Lo que debes saber sobre las auditorías de la ASF
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Cuartoscuro

Lo que debes saber sobre las auditorías de la ASF

La revisión a la cuenta pública que hizo la Auditoría Superior de la Federación, se encontraron diversas irregularidades, que van desde malos manejos y desvíos, hasta sobreprecios y subejercicios
Cuartoscuro
Por Lilia Saúl Rodríguez
22 de febrero, 2013
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Pagos a empresas inexistentes, mal manejo de políticas públicas, desvío de recursos, entrega a destiempo de obras y sobreprecios fueron algunas de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al revisar la Cuenta Pública 2011.

Aunque se presentaron 134 denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la Republica (PGR) y en total se generaron más de mil observaciones directas contra funcionarios públicos, hubo muchas auditorías que no resultaron en sanciones directas pero que reflejan las irregularidades que hay en todo el país y en todos los niveles de gobierno.

Les cobran más a estados en desgracia

Las secretarías de Gobernación y de Hacienda les otorgaron a estados préstamos, a través de Banobras, en lugar de recursos autorizados previamente para hacer frente a emergencias climatológicas.

Hacienda aportó al Fideicomiso Fondo de Reconstrucción de las Entidades Federativas recursos por 4 mil 500 millones de pesos para ofrecer un mecanismo crediticio privado, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

Ésta última institución actuó al margen de la ley, pues se aprobó un gasto por la cantidad arriba mencionada al programa Fondo de Reconstrucción de las Entidades Federativas, el cual debió aportarse a las entidades federativas que requerían con urgencia atender los daños sufridos en su infraestructura por los desastres naturales acaecidos en 2010 y que debió publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que Gobernación autorizara la entrega de los recursos.

En contraste, se autorizó que Banobras otorgara créditos privados a los gobiernos de dichas entidades, a plazos de 20 años, a una tasa de interés promedio de 8.6% anual; intereses que se pagarán mensualmente con un porcentaje de sus participaciones federales durante ese periodo, al término del cual, el Gobierno Federal, utilizando los recursos de los Bonos Cupón Cero que se adquirieron al inicio, otorgará recursos públicos federales a las entidades federativas, para apoyar la liquidación del principal de los créditos recibidos.

En 2011, de un universo de 18 entidades federativas que tuvieron declaratorias de desastres naturales, solamente siete de ellas obtuvieron recursos crediticios con ese banco de desarrollo por 6 mil 110 millones de pesos, a una tasa de interés promedio anual de 8.6%, con lo que, al término de los 20 años, habrán pagado únicamente, por intereses, una cantidad superior en 173.4% al principal de los créditos recibidos.

Caminos deficientes, más de 6 millones incomunicados

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes no logró construir carreteras y caminos rurales como lo ordenaba el Plan Nacional de Desarrollo.

La Auditoría detectó que ni siquiera había un diagnóstico propio por lo que el órgano fiscalizador tuvo que recurrir al INEGI y la CONAPO para saber que a 2010 existían 40 mil 452 localidades rurales, el 21.0% del total en el país, y 6 millones 602 mil habitantes que se encontraban aislados por no contar con un camino rural para comunicarse.

En cuanto a carreteras, de los 80 mil 773 kilómetros que integran la red de carreteras alimentadoras en el país, 32 mil 981 kilómetros, es decir, el 40.8% estaba en buenas condiciones pero 47 mil 792 kilómetros, el 59.2%, registraron un estado físico deficiente. La SCT ni siquiera tenía un listado de prioridades para atender.

En zonas rurales, falta el agua

La Comisión Nacional del Agua también mostró deficiencias al revisar su desempeño. La Auditoría encontró que la institución no cumplió con la operación del Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales. Esto principalmente para proveer a la población rural de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en localidades con población menor o igual a 2 mil 500 habitantes.

“Los resultados revelan la existencia de graves deficiencias en la operación y rendición de cuentas del programa, que ameritan que se evalúe la pertinencia de realizar cambios estructurales en su forma de operar”, evaluó la ASF.

Nuevamente subsidios al campo

La Auditoría encontró que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria; el Instituto Nacional de la Pesca; la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, y el Fideicomiso de Riesgo Compartido no cumplieron con las normas. Por ejemplo, SAGARPA no previó contar con una herramienta informática o sistema único para integrar los diferentes padrones o listados de beneficiarios de los programas que opera; además de que no existe homologación de la información con la que cuenta cada uno de esos padrones o listados y que las cifras de los apoyos otorgados que contienen difiere de lo reportado en la Cuenta Pública.

En cuanto al Sistema de Rendición de Cuentas, no obstante que es obligatorio la incorporación del RFC y la CURP, se detectaron 554 mil 869 registros de personas físicas que no tienen CURP y 98 de personas morales que carecen del RFC.

Conforme al RFC registrado, se determinó que 3 mil 870 personas que recibieron apoyos por 72 millones 584 mil pesos, tienen edades de 76 a 111 años, sin que se presentara evidencia de que seguían vivos.

Se detectaron 804 servidores públicos a los que se les otorgaron recursos a través de diversos componentes por 48 millones 682 mil pesos, de los cuales no se presentó evidencia de que se abstuvieron de participar en la atención, tramitación o resolución de los asuntos relacionados con sus apoyos.

En el Sistema de Rendición de Cuentas existen registros de beneficiarios que recibieron apoyos en dos o hasta en 32 entidades federativas o que recibieron apoyos en 2 o hasta en 5 programas diferentes, sin que se proporcionara evidencia que garantice la procedencia legal de la concurrencia o duplicidad en los registros observados, o en su defecto de las acciones de depuración de los padrones de beneficiarios.

Además, en el Sistema de Rendición de Cuentas, se incluyen como beneficiarios a diversas entidades financieras que fungieron como intermediarios, no obstante que el objetivo de ese sistema es conocer el destino final de los recursos federales.

La Función Pública no sancionó

La Secretaría de la Función Pública no reportó 49 sanciones económicas por mil 33 millones 679 mil pesos de una muestra de 37 expedientes por 9 mil 931 millones 771 mil pesos, que corresponden a 196 servidores públicos sancionados.

Se observó inactividad procesal por periodos que van de 100 hasta mil 200 días y se identificaron sanciones económicas por 459 millones 362 mil pesos que fueron impugnadas y ganadas por los servidores públicos sancionados, debido a que los Órganos Internos de Control (OIC) no defendieron los casos correctamente.

Destacan 2 sanciones de PEMEX Refinación por 212 millones 600 mil pesos.

De 27 expedientes por mil 10 millones 201 mil pesos revisados en el SAT, se observó que no actualiza las gestiones de cobro de los créditos fiscales en el Sistema Integral de Recaudación.

Durante el 2011 el SAT recuperó, mediante las gestiones de cobro de 54 créditos fiscales, mil 429 millones de pesos, únicamente el 0.03% de los 5 mil 459 millones 643 mil pesos de las sanciones económicas impuestas en 2011.

Hoteles y Alimentos fantasma

Financiera Rural es una entidad a la que se le detectaron varios actos de corrupción. Se realizaron visitas domiciliarias a hoteles y restaurantes en los que supuestamente tres empresas contrataron servicios de hospedaje y alimentación para que cuatro organizaciones llevaran a cabo foros y/o eventos de capacitación, y se determinó que 24 hoteles y un restaurante no reconocieron haber prestado los servicios de hospedaje y/o alimentación, y dos restaurantes no fueron localizados en los domicilios señalados en las cotizaciones presentadas por las tres empresas.

Además, con el análisis de los Estados de Cuenta Bancarios proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de las tres empresas que supuestamente prestaron los servicios, se constató que recibieron un total de recursos por parte de la Financiera Rural por 9 millones 424 mil pesos y se identificaron retiros inmediatos a través de cheques que fueron abonados a nueve personas morales y una persona física, de las cuales, todas las personas morales tienen el mismo representante legal y domicilio fiscal, sin que las personas guarden alguna relación con los supuestos establecimientos que prestaron 12 servicios de hospedaje y alimentación.

En otro caso un proveedor no pudo acreditar la prestación de los servicios de alimentación supuestamente suministrados a la organización por 2 millones 912 mil pesos.

Y Segob no cumplió con ex braceros

La Auditoría emitió un dictamen negativo contra la Secretaría de Gobernación, ya que ésta incumplió con las normas aplicables al ejercicio de los recursos financieros del Fideicomiso 2106 denominado “Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (1942 a 1964)”.

Por ejemplo, los funcionarios no dieron a conocer los intereses que se generaron con el dinero acumulado en el fideicomiso que tenía 17 millones 322 mil pesos. Esto porque además 398 millones 456 mil pesos se transfirieron a Telecom para entregar los apoyos a beneficiarios uno y dos días hábiles siguientes después del plazo establecido.

Al cierre de 2011, Telecomunicaciones de México no había comprobado la entrega de los apoyos a beneficiarios por mil 531 millones 746 mil pesos correspondientes a las “Relaciones de Apoyos Programados” números 36, 38 y 39 autorizadas en 2011 y tampoco había reintegrado al patrimonio del Fideicomiso 24 millones 894 mil pesos correspondientes a “Relaciones de Apoyos Programados 2010”.

De la misma manera, la Secretaría de Relaciones Exteriores no había comprobado la entrega de apoyos sociales a 4 mil 625 beneficiarios por 185 millones 433 mil pesos y tampoco había reintegrado al patrimonio del Fideicomiso 18 millones 603 mil pesos, correspondientes a 464 beneficiarios que no acudieron a los Consulados a cobrar el apoyo.

De la revisión final a los expedientes de los beneficiarios para constatar que contaran con el recibo del apoyo social, se observó que en 174 casos, por 6 millones 612 mil pesos, no se contó con dicho documento.

Falla la prevención de la violencia contra las mujeres

En términos generales el desempeño de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres no cumplió con su objetivo.

Después de cuatro años de la publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a 2011 la CONAVIM no realizó el Diagnóstico Nacional sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en todos los ámbitos, por lo que no contó con información objetiva para la elaboración de políticas gubernamentales en la materia.

Conavim ni siquiera realizó las gestiones para que el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres fuera considerado como un programa especial del Gobierno Federal, por lo que no fue puesto en operación.

Sólo firmó convenios con 4 de las 32 entidades federativas y con ningún municipio. “Se verificó que el procedimiento para aprobar o negar la investigación para emitir alertas de violencia de género careció de criterios objetivos, claros y transparentes para que los integrantes del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres emitan su voto razonado con base en las causas presentadas por los solicitantes”, detalla en su informe la ASF.

La Auditoría ni siquiera pudo hacer una evaluación del impacto del programa pues no había datos del mismo.

Una de policías

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública(SESNSP) y los gobiernos de los estados de Puebla, San Luis Potosí y el Distrito Federal no cumplieron con el Registro de Información y Seguimiento para el Subsidio por 2 mil 156 millones de pesos.

“Además, la información de las entidades no es uniforme, confiable ni oportuna, y no se tiene un seguimiento puntual del cumplimiento de las metas convenidas ni de la aplicación de los subsidios”.

Los estados prácticamente hicieron lo que quisieron con estos recursos.

San Luis Potosí, por ejemplo, hizo compras basándose en su ley local y no en la federal, Michoacán no comprobó el uso de 68 millones de pesos pero al 2011 en la cuenta sólo había 150 mil pesos.

Una entidad –la ASF no especifica cuál– utilizó 24 millones de pesos en conceptos distintos a los autorizados.

En los estados de Puebla, San Luis Potosí y el Distrito Federal no se dieron de baja a 142 elementos del Primer Módulo de Policía Estatal que no aprobaron sus exámenes de control de confianza, tal como lo indica la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Pemex Exploración y Producción contrata a empresa sin experiencia

Pemex Exploración y Producción pagó un arrendamiento de la plataforma “Menadrill I” a un proveedor que según la Auditoría, no tiene capacidad financiera para afrontar posibles eventualidades.

PEP no aplicó deducciones al contrato por anomalías detectadas por 2 mil 399 millones de pesos.

Inmuebles a la deriva en PEMEX

Pemex Gas y Petroquímica Básica presentan irregularidades en su patrimonio registrado ante el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).

De los 315 terrenos registrados contablemente, en 141, por 652 millones 755 mil pesos, no se identificaran coincidencias con los registros del inventario patrimonial, debido a que no existe información suficiente de la ubicación, dimensiones o número de inventario de los terrenos.

141 inmuebles incluyen tres que no están registrados en el inventario patrimonial y que no fue posible identificar ni cuantificar. De la cuenta de edificios, su saldo por 3 mil 896 millones de pesos, se maneja por subcuenta y centro de trabajo, lo que no permite identificar la ubicación o dimensiones de los inmuebles en relación con los registrados en el inventario patrimonial.

El patrimonio inmobiliario de PGPB es de 245 inmuebles regularizados, que es menor en 97 que los 342 reportados por el INDAABIN y han transcurrido 9 años sin que PGPB proceda a la baja en el patrimonio inmobiliario de un terreno con un valor histórico de 8 millones 577 mil pesos, que no le pertenece desde el 2003, por una resolución judicial en su contra.

Invasión de predios

Pemex Petroquímica (PPQ) cuenta con inmuebles “no regularizados”. 5 bienes inmuebles registrados contablemente, por 50 millones de pesos, carecen de la documentación que acredite su propiedad. Se detectaron 16 fracciones invadidas de la Reserva Ecológica Cangrejera I, de las cuales en 5 no existe evidencia de las acciones legales para su recuperación.

Además, los registros contables de la entidad fiscalizada no son confiables, ya que 18 bienes inmuebles están registrados con valor de un peso y un bien inmueble fue registrado sin valor.

e-México, un fiasco

El Fideicomiso e-México no cuenta con objetivos claros.

Había 18 proyectos autorizados y vigentes en 2011, por 2 mil 454 millones de pesos pero sólo se gastaron 125 millones de pesos.

Se incumplió con el objetivo de incrementar a 16 mil 700 los centros comunitarios digitales, al alcanzar sólo 6 mil 787, el 40.6% de lo programado.

Además carecen expedientes de 15 contrataciones por 73 millones de pesos.

CONADE y Juegos Panamericanos, irregulares

La CONADE no cumplió con las normas aplicables a los fideicomisos estatales de Jalisco y Veracruz.

Se detectaron diferencias por 5 mil 892 millones de pesos, se pagaron 93 millones de pesos por eventos y ensayos de los Juegos Panamericanos con recursos federales, en vez de estatales; un contrato por mil 113 millones de pesos se adjudicó directamente sin el debido fundamento; asimismo, se aceptó un cheque como garantía con el nombre incompleto del CODE Jalisco; un contrato por 336 millones de pesos, por el desarrollo de un programa cultural y la coordinación para su implementación, se celebró extemporáneamente; se pagaron 519 mil pesos por la elaboración de un estudio de impacto ambiental con recursos federales, en vez de estatales, así como atraso en el depósito de recursos federales en la cuenta del “Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura y Equipamiento Deportivo para los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011”, que generó una recuperación de mil 512 millones de pesos.

Censida no cumplió

El Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA no cumplió con lo programado para la Prevención y Atención de VIH/SIDA y Otras ITS.

Hubo 99 mil 195 medicamentos equivalentes a 190 millones de pesos que entraron de manera irregular, diferencias en entrega a pacientes de 298 mil 369 medicamentos por 546 millones de pesos y en 13 entidades federativas y 1 instituto se caducaron mil 050 medicamentos antirretrovirales, equivalentes a 1 millón 499 mil pesos.

En el ámbito nacional existe un exceso de medicamentos antirretrovirales de 31 claves por 57 mil 539 insumos y escases de 5 claves por 20 mil 719 insumos; además, el CENSIDA no realizó visitas de supervisión en las 32 entidades federativas del país y en los 5 institutos, por lo que se dejó de verificar la correcta recepción y distribución de los medicamentos transferidos.

La línea 12 del Metro

En su reporte, la Auditoría encontró que no se acreditaron con facturas el pago por trabajos que finalmente no se ejecutaron, por montos de alrededor de 32 millones de pesos. Además se incumplió la normativa en las instalaciones para personas con discapacidad y faltó el suministro e instalación de equipos electromecánicos.

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Chile vota en plebiscito histórico: 4 claves para entender qué está en juego

La votación definirá el destino político institucional de Chile para los próximos años. Más allá del "apruebo" o "rechazo", varios analistas explican qué está en juego.
25 de octubre, 2020
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Por primera vez en la historia de Chile, este 25 de octubre se pregunta a la ciudadanía si aprueba o rechaza la redacción de una nueva Constitución.

El referendo chileno, aprobado en un acuerdo político en el Congreso tras un ciclo de manifestaciones que comenzó con las marchas estudiantiles el 2006 y culminó en octubre del 2019, definirá el destino político institucional de Chile en los próximos años.

De ganar el “apruebo”, será la primera vez desde 1833 que la Constitución es redactada por una convención ciudadana elegida en votación popular.

Qué está en juego en el referéndum, más allá del “apruebo” o “rechazo” y del tipo de convención que eventualmente surja para redactarla es lo que responden a BBC Mundo aquí analistas chilenos y latinoamericanos.

1. Generar una Constitución “sin traumas”

Pese a que sufrió numerosas reformas, la Constitución vigente hasta hoy en Chile fue redactada y aprobada en 1980 bajo el régimen militar del general Augusto Pinochet y, según afirma el politólogo Gabriel Negretto, “simbólica y políticamente, nunca superó ese defecto congénito”.

Por eso, lo que está en juego en el proceso constituyente que podría comenzar con el triunfo del “apruebo” es la legitimidad de origen de una eventual nueva Constitución para Chile, le dice a BBC Mundo Negretto, quien ha sido consultor de Naciones Unidas en procesos de reforma constitucional en distintos países latinoamericanos.

Augusto Pinochet votando en el referéndum en 1980.

Getty Images
La Constitución vigente fue aprobada y redactada durante el gobierno militar del general Augusto Pinochet.

“¿Qué rodeó a la Constitución de Pinochet?: que nació de un acto de fuerza, de violencia; que se hizo en un clima de miedo, de terror”, describe el académico. “Para marcar un contraste con el origen de la vieja Constitución, la nueva debe nacer de un amplio respaldo ciudadano y en un entorno pacífico”, precisa.

“En ese sentido, hay un llamado a la atención de quienes apoyan el ‘apruebo’ de llamar a la calma… El estallido social, que incorporó gran cantidad de demandas legítimas, también estuvo asociado a actos de violencia injustificados que hasta hoy no están claros. No se puede eliminar toda la violencia, pero tiene que quedar claro que corresponde a grupos aislados”, plantea.

Para que Chile efectivamente cuente con una Constitución que no arrastre los traumas de la actual, argumenta Negretto, se requiere además que una de las dos opciones gane por una mayoría suficientemente amplia y en una votación con una participación importante, ojalá mayor a los promedios de las últimas elecciones chilenas.

“No es lo mismo un referéndum como el que se hizo por el acuerdo de paz en Colombia que uno sobre las reglas fundamentales con las que queremos vivir como sociedad, como se definirá en Chile. En este caso, si la diferencia entre la opción que gana y la que pierda es pequeña, es problemático”, advierte el académico.

“Sería un mal comienzo que el ‘apruebo’ ganara por un margen pequeño: el trauma que vive Chile respecto a los legados de la dictadura provienen del plebiscito de 1988, cuando la dictadura militar terminó cediendo la transición a la democracia con un altísimo poder político (el “Sí” a Pinochet obtuvo un 43% y el “No” un 54.7%). Aquí no debe quedar duda de la posición mayoritaria”, sostiene Negretto.

Simpatizante de la opción de "apruebo", durante una manifestación.

Getty Images
El estallido social de octubre de 2019 incorporó entre sus demandas la redacción de una nueva Constitución.

“Si el resultado fuera 51 para el ‘apruebo’ y 49 por el ‘rechazo’, estaría muy preocupado por el futuro de Chile”, agrega Negretto.

“Porque eso querría decir que el cambio constitucional no lo rechaza una minoría, sino la mitad de la población. Y eso es preocupante en un contexto polarizado, porque aquí no hay medias tintas: se cambia la Constitución o no”.

2. Recuperar legitimidad de la política

Vicky Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en Nueva York, precisa que el plebiscito en Chile emergió como respuesta a la movilización social, “síntoma de la crisis de representación del sistema político” en el país.

“La toma de la calle y los gritos buscaban que los políticos escucharan a la ciudadanía, incluso cuando esta demanda de atención requiriera romper la puerta del salón donde se toman las decisiones, como dice la canción de ‘Hamilton'”.

La académica se refiere a “The room where it happened” uno de los temas del popular musical estadounidense que describe las negociaciones secretas donde la élite negocia fuera del ojo de la opinión pública, una práctica que en Chile se describe como “la cocina”.

“Es importante recordar las expectativas que conlleva el proceso constituyente y la importancia de mantener esa puerta abierta. Esto implica que no solo el resultado, sino también el proceso constitucional será clave para la recuperación de la legitimidad política”, dice Murillo.

De ganar el “apruebo”, la politóloga advierte que es importante “asegurar la entrada de nuevos actores como agentes de representación ciudadana y, al mismo tiempo, que tanto viejos como nuevos representantes garanticen su atención a la ciudadanía incluso cuando no grite o esté en las calles”, dice.

Disturbios durante una manifestación en el aniversario del inicio de las protestas antigubernamentales.

Getty Images
El pasado 18 de octubre se cumplió un año del inicio del estallido social en Chile.

¿Cómo lograr ese objetivo? Estableciendo una conexión humana, basada en la empatía y la experiencia compartida, propone.

“Que la ciudadanía se reconozca en sus representantes y pueda confiar en ellos. El proceso no podrá ser participativo hasta las últimas instancias, requerirá de esperas, y puede involucrar errores. Por ello, la confianza en quienes están en el salón donde se tomen las decisiones depende tanto de una puerta abierta como de la empatía entre estos y quienes han estado ya por demasiados años pidiendo ser oídos”, describe la politóloga.

3. Redistribuir poder y bienes públicos

“Las constituciones definen las reglas del juego”, describe Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.

“La etiqueta mayor que yo pondría al proceso chileno sería la opción de cambiar las reglas del juego sobre la distribución del poder y los bienes públicos valiosos para la existencia de toda la sociedad. No sólo los derechos civiles, las libertades, también los sociales, como agua, vivienda, educación”.

Henríquez plantea que, si se lleva adelante el proceso constituyente, una de las opciones es que se remuevan los obstáculos que hoy impiden cambiar algunas políticas públicas en Chile a través del Congreso. Bajo la Constitución actual, incluso si una ley es aprobada por una súper mayoría parlamentaria, puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional (TC).

“Si uno establece en la Constitución que los asuntos se regularán por ley simple, por ejemplo, y se modifica el TC, el efecto será que los cambios de políticas públicas serán más sencillos”, dice la académica.

Partidarios de la opción del "rechazo".

Getty Images
En la opción del “rechazo” también hay personas que creen que se necesitan cambios profundos.

“El ‘rechazo’ supondría que la ciudadanía no tiene voluntad de cambiar la Constitución, porque las cosas como están, están bien. Pero eso no obsta que se pueden hacer reformas. Hay personas del ‘rechazo’ que creen que se necesitan cambios profundos y se han comprometido a emprenderlos”, dice Henríquez.

“La diferencia es que en el apruebo hay un itinerario, un camino claro, un órgano específico. Las reformas que se hicieran en el caso del ‘rechazo’, se harían a través del actual Parlamento, y los cambios no tendrían tanta legitimidad como los que tendría un órgano especialmente elegido para ello”, agrega.

“Es posible que una nueva Constitución se parezca bastante a la actual, y las expectativas pueden quedar frustradas, pero insisto en la importancia del hecho de sentarse a conversar. Esa diferencia ya debería satisfacer muchas expectativas: tener un pacto social que sintamos propio”, concluye.

4. Generar un proceso constituyente único en Latinoamérica

Tanto la realización del plebiscito como el proceso constituyente que derive de sus resultados se normarán por la Constitución vigente, que fue especialmente reformada por el Congreso con este fin. Eso marca una de las diferencias del referéndum constitucional chileno con otras experiencias latinoamericanas.

“No es tan habitual que una Constitución vigente se modifique para su reemplazo. Es excepcional que Chile siga este cauce, este proceso, con procedimientos y plazos establecidos. Y es un desafío máximo que los cumplamos”, precisa Henríquez.

Trabajadora del Servicio Electoral chileno, durante un ensayo para el referendo.

Getty Images
El referendo tendrá lugar siguiendo las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

Además, en este caso no es el gobierno el que definirá el cambio constitucional ni el órgano que podría redactar la nueva Constitución, sino la ciudadanía.

“En Chile, además, no hay una fuerza hegemónica que se imponga en el debate. Varios de los procesos latinoamericanos han sido marcados por la existencia de fuerzas políticas muy preponderantes, donde se impone una mayoría. Eso no ocurre en Chile porque las fuerzas están fragmentadas. Y eso, que podría ser complejo y lo es, nos obliga a hacer pactos” dice la politóloga.

“Cada proceso en Latinoamérica tiene algo que lo hace único. En el caso chileno que todas, o gran parte de las fuerzas políticas hayan acordado un cauce institucional a la crisis es algo que lo hace único”, remata Henríquez.


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