Contratación de “inteligencia legislativa” por 115 mdp viola la ley: Expertos
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Contratación de “inteligencia legislativa” por 115 mdp viola la ley: Expertos

La Cámara de Diputados no puede otorgar contratos multianuales ni por adjudicación directa a empresas como "Pulso Legislativo".
Por Lilia Saúl Rodríguez
18 de marzo, 2013
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La Cámara de Diputados no puede otorgar contratos multianuales ni por adjudicación directa a empresas como Pulso Legislativo y menos aún para contratar servicios que ya les brindan en el propio Congreso, de acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria así como la Ley de Adquisiciones.

Por ello, debe investigarse si se violó la ley en el caso de la contratación de la empresa Pulso Legislativo, la cual fue contratada  para ofrecer servicios de “inteligencia legislativa”, explicó Marco Cancino, investigador y experto en rendición de cuentas.

La empresa obtuvo un contrato multianual, pero la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria sólo justifica este tipo de contratos cuando se trata de infraestructura y no de servicios, como es este caso.

En cuanto a la Ley de Adquisiciones, se establece que un contrato por adjudicación directa sólo es posible en tres situaciones: Al tratarse de temas de seguridad nacional, porque son los únicos expertos o porque son los únicos que cuentan con la patente.

En ninguno de estos tres supuestos entra Pulso Legislativo.

“Cualquier compra o contratación de un servicio debe ser resultado de un requerimiento específico y por escrito de una área administrativa en concreto. Es decir, la contratación de un servicio o la compra de un bien debe buscar satisfacer una necesidad concreta de una área administrativa y/u operativa específica. Las unidades administrativas del Poder Legislativo no son la excepción porque se rigen, igual que el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, de la Ley Federal de Adquisiciones”, explicó el experto.

La compra debió formar parte del Plan Anual de Trabajo y debió tomarse en cuenta en la proyección del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), aprobado en diciembre del 2012.

Cancino aseguró que dado el monto del contrato, se debió llevar a cabo una licitación pública abierta. “Sólo en el caso en el que dicha licitación se hubiera declarada desierta en dos ocasiones, se pudiera convocar a una invitación a cuando menos tres proveedores. En este caso, independientemente del proceso, el área administrativa de la Cámara de Diputados debió haber realizado un estudio de mercado para determinar el precio de los servicios o similares. Sólo hasta que se declare desierta la invitación a cuando menos tres, o se caiga en los supuestos de la Ley para la excepción (confidencialidad, únicos en el mercado, seguridad nacional, institución pública) es que se puede proceder a una adjudicación directa”, dijo.

Para Cancino, al igual que otros investigadores como María del Carmen Nava, los servicios que ofrece Pulso Legislativo ya los tiene la Cámara de Diputados de manera desarticulada, pero existen.

“El Sistema de Información Legislativa (SIL), que maneja la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, también la Gaceta Parlamentaria. Los legisladores ya cuentan con los Centros de Estudio y cuerpos de asesores”, explicó el experto.

Falta información

La Cámara de Diputados decidió bajar de su sitio de internet los datos del contrato otorgado a la empresa Pulso Legislativo.

El contrato DGAJ-001/2013 es el único que no se encuentra con datos completos en el Portal de Adquisiciones del Congreso.

Los legisladores pagarán 115 millones de pesos por  “inteligencia legislativa” además de una aplicación (APP) para teléfonos y tabletas electrónicas, servicios que no cuestan más de 500 mil pesos, según comparativos hechos por otras empresas que ofrecen los mismos servicios.

El contrato fue aprobado por la Junta de Coordinación Política en enero de este año y hasta agosto de 2015 y se pagará en 32 pagos mensuales de 3.6 millones de pesos, para que sume un total de 115 millones de pesos.

Deben aclarar contratos: Ugalde

Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, dijo que la Cámara de Diputados deberá aclarar qué tipo de concurso emitió para darle el contrato a Pulso Legislativo.

“La Cámara debe aclarar si el contrato otorgado fue una licitación restringida, abierta o pública, en la que concursaron más de dos empresas, si fue adjudicación directa o invitaron a más personas”, explicó.

“Además se debe justificar el servicio pues para ello existe ya la Dirección de Asuntos Parlamentarios y la Secretaría General, mientras un área realiza indicadores del trabajo que desarrolla la Cámara de Diputados, la otra área cuenta con tecnología de punta para ofrecer este tipo de servicios”, dijo.

Ugalde mencionó que existe también el Sistema de Información Legislativa (SIL) que depende de la Secretaría de Gobernación, la cual provee también de esta información.

“Si quieren sistemas más modernos, lo que se debe hacer es proveer un software, porque el análisis legislativo, que es lo que ofrece esta empresa (Pulso Legislativo) lo hacen asesores y secretarios así como los centros que ya tiene la Cámara, entonces, creo que no hay al parecer una justificación para haber otorgado este contrato”, dijo.

Los socios

Pulso Legislativo está ligada a los ex diputados del PRI, Luis A. Godina y Sebastián Lerdo de Tejada, de acuerdo con el diario Reforma.

Actualmente, el Director General de Pulso Legislativo es Emiliano Morales Rosales, pero los socios son Ángel Lerdo de Tejada, quien es sobrino del priista Sebastián Lerdo de Tejada y Oscar Mendoza.

Los socios de Pulso Legislativo también tenían sociedad con otra organización denominada Pauta Política Consultores S.C.

El contrato otorgado a Pulso Legislativo –el DGAJ-001/2013– fue firmado el 10 de enero pasado por el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, Humberto Aguilar, así como por el director general de Recursos Materiales y Servicios de la Cámara, el perredista Jesús Aboytes.

La otra razón social de Pulso Legislativo es Sistema de Seguimiento Legislativo Mexicano, S. A. De  C.V. En diciembre de 2011 se constituyeron.

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136 países firman un histórico acuerdo sobre un impuesto mínimo global a las multinacionales

El acuerdo hará que las grandes corporaciones paguen un porcentaje mínimo del 15% en todo el mundo.
8 de octubre, 2021
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La mayor parte de los países del mundo firmaron este viernes un histórico acuerdo que hará que las grandes compañías paguen más impuestos.

Un total de 136 países acordaron un impuesto mínimo global del 15%, así como un sistema más justo de gravar los beneficios allí donde se ganen.

Esta medida surge de la preocupación de que las compañías multinacionales redireccionan sus beneficios a través de jurisdicciones donde los impuestos son menores, para así reducir la carga impositiva a pagar.

Algunos, sin embargo, dicen que el acuerdo no va lo suficientemente lejos.

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) ha liderado desde hace una década las conversaciones para alcanzar este acuerdo.

Se estima que pueda generar un extra de US$150.000 millones de impuestos al año, lo que ayudará a que las economías se recuperen tras la pandemia de coronavirus.

No se va a eliminar la competición impositiva entre países, sino que sólo se limita.

El impuesto mínimo global a las multinacionales comenzará en 2023. Hay países que reasignarán algunos derechos impositivos para grandes compañías multinacionales desde sus países de origen a los mercados donde tienen actividades y ganan beneficios.

Y sin importar si las firmas tienen presencia física allí, algo que se espera tenga un impacto en grandes empresas digitales como Amazon y Facebook.

La OCDE dijo que afectará a US$125.000 millones de beneficios de cerca de un centenar de las multinacionales del mundo más grandes y con más beneficios.

“Es un acuerdo de amplio alcance que asegura que nuestro sistema impositivo internacional se ajusta a una economía mundial digitalizada y globalizada”, dijo el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann.

Más de 100 países apoyaron las propuestas iniciales de la OCDE cuando fueron anunciadas en julio.

Irlanda, Hungría y Estonia, países con impuestos a las multinacionales inferiores al 15%, inicialmente se resistieron, pero terminaron por sumarse al acuerdo.

El pacto resuelve también la disputa entre Estados Unidos y países como Francia y Reino Unido, que habían amenazado con un impuesto digital para las grandes tecnológicas estadounidenses.


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