El General de División Ricardo Escorcia Vargas aguarda el fallo que podría tirar el juicio en su contra y ordenar su libertad del penal federal de máxima seguridad del Altiplano, tras ser acusado el año pasado por la Procuraduría General de la República (PGR) de colaborar con el narcotráfico basándose en señalamientos de testigos protegidos.
Su defensa estima que en tres semanas se dará la resolución en el juicio de amparo que el ex comandante de la 24 Zona Militar en Morelos tramitó en contra del auto de formal prisión que el 6 de agosto del 2012 dictó en su contra el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raúl Valerio Ramírez.
Escorcia Vargas fue sujeto a juicio por delincuencia organizada junto con los Generales Tomás Ángeles Dauahare, Rubén Pérez Ramírez y Roberto Dawe González, además del Teniente Coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y el Mayor Iván Reyna Muñoz. La PGR los acusó de colaborar con la organización criminal de los Beltrán Leyva a partir de una denuncia anónima y señalamientos de los testigos protegidos “Jennifer” y “Mateo”.
Ángeles Dauahare obtuvo su libertad el 17 de abril, después de que solicitó el cierre de su juicio y en las conclusiones el procurador Jesús Murillo Karam ratificó que no sostenía la imputación formulada en su contra cuando la PGR era encabezada por Marisela Morales en el sexenio anterior.
A diferencia de los otros 5 militares implicados en la causa penal 44/2012, la defensa de Escorcia Vargas optó por tramitar la protección federal ante el Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo en el Estado de México en lugar de apelar la formal prisión dictada por Valerio Ramírez.
Su abogado José Cristopher López Olguín explicó, en entrevista con Animal Político, que la decisión se basó en que se violaron las garantías del General de División durante la investigación y la etapa de pre instrucción del juicio, es decir, en los 6 días que transcurrieron desde su puesta a disposición ante el Juez Valerio Ramírez y la formal prisión.
La solicitud de amparo se centra en que, a pesar de que lo solicitaron, en ese periodo no hubo acceso a los expedientes de dos juicios realizados en contra de policías federales y militares por supuestamente permitir que, el 27 de diciembre de 2007, la organización criminal desembarcara en el aeropuerto de Cuernavaca un cargamento de cocaína de un avión procedente de Venezuela, cuyo vuelo sospechoso fue detectado por la DEA desde Centroamérica.
Para la defensa, los expedientes de esos procesos ya concluidos, uno ante un juez federal y otro ante uno militar, eran desde el inicio una prueba toral para echar abajo las imputaciones de los testigos colaboradores, pues ni en las investigaciones de la PGR ni en los procesos se menciona a Escorcia Vargas como protector de los Beltrán Leyva en Morelos durante los 11 meses de 2007 que fue el mando de la Zona Militar.
“No se recabaron por las autoridades esas documentales públicas, a las cuales ni el General ni mucho menos la defensa teníamos acceso para pedirlas porque no éramos parte de esas causas”, agregó el litigante.
Otro factor que toca la demanda es que, en junio, cuando se encontraba en el arraigo de 80 días, Escorcia Vargas fue obligado por dos fiscales de la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) a firmar una declaración ya preparada en la que relacionaba a Ángeles Dauahare con una supuesta entrega de un soborno en Cuernavaca.
Los funcionarios amenazaron que su familia corría peligro en caso de que se negara a firmarla, además de que la diligencia se realizó sin la presencia de su abogado o al menos un defensor de oficio que lo asistiera.
El General de División negó ese testimonio después, durante la declaración preparatoria que rindió en agosto ante el Juez Valerio Ramírez y su defensa presentó una denuncia ante el Órgano Interno de Control de la PGR y una queja ante la CNDH.
López Olguín manifestó que están confiados en que el Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo les dará la razón y obtendrán la libertad de Escorcia Vargas en un menor tiempo a que si eligen pedir el cierre del juicio, como lo hizo Ángeles Dauahare, en el cual también han presentado pruebas para desestimar las imputaciones.
“Nos descontroló la vida por completo”
A casi un año de la detención del General de División Ricardo Escorcia Vargas, su esposa Florida Ramírez Cruz todavía no encuentra una explicación a la repentina persecución que la PGR hizo en su contra.
Para el 17 de mayo de 2012, cuando fue presentado ante la SEIDO, Escorcia Vargas tenía dos años de que vivía de su pensión porque había pasado a situación de retiro por cumplir los 63 años de edad, el límite para los Generales de Brigada, que era el grado que entonces ostentaba.
La mujer recuerda que, debido a su retiro, el 22 de abril de 2010 su marido recibió de manos del entonces Secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, una placa como reconocimiento a una trayectoria de más de cuatro décadas, patriotismo y vocación de servicio.
Tenía 8 días de haber celebrado su cumpleaños cuando fue el acto en el que también obtuvo el ascenso al grado de Divisionario. En contraste, el 14 de abril de este año llegó a los 66 años de edad preso en el penal del Altiplano, sufriendo una hipertensión que antes no padecía.
“Esto es algo que no nos explicamos, mi esposo nunca ha tenido aspiraciones políticas. Vivíamos tranquilos, viviendo de su pensión, no sabemos de dónde viene o por qué. No lo entendemos”, expresó la esposa en entrevista con Animal Político.
También cambió la vida para la mujer que recién cumplió 42 años de casada con el General cuyo último puesto en activo fue como Jefe del Estado Mayor de la Tercera Región Militar en Mazatlán, Sinaloa. Desde hace 9 meses, cada semana y media se traslada de Morelos a La Palma; se forma en la fila del acceso y llena el papeleo para visitarlo, con todas las circunstancias que conlleva ingresar a un penal de máxima seguridad, aunque asegura que el trato ha mejorado a partir del cambio de sexenio.
“A raíz que entró el nuevo Gobierno ha cambiado favorablemente, hacia ellos y hacia nosotros. Ha sido mucho mejor, por lo menos nos tratan como personas y nos toman en cuenta”, comentó Abril Escorcia, la hija.
Antes de ser comandante de la 24 Zona Militar, en 2007, Escorcia Vargas fue por 5 años subjefe Administrativo y Logístico del Estado Mayor de la Sedena. Fue de los pocos mandos que Galván Galván mantuvo en el mismo puesto cuando asumió en 2006 la titularidad de la dependencia.
Por eso fue inesperada su detención, arraigo y encarcelamiento por señalamientos de que colaboró con narcotraficantes. La dependencia que apenas dos años atrás había reconocido a Escorcia Vargas por sus acciones en contra de la delincuencia organizada no contactó a la familia durante los seis meses que restaron del sexenio de Felipe Calderón.
“Nos descontroló la vida por completo, éramos una familia tranquila, tratando de llevar las cosas honestamente. Jamás pensamos en una situación así de dolorosa”, manifestó Florida.
En prisión, el General enfrentó en octubre la muerte de su madre, aunque su estado de ánimo ha mejorado desde que el caso penal dio un vuelco con la decisión de la PGR de no sostener su acusación en contra de Ángeles Dauahare.
“Está convencido de que se van a llevar las cosas limpiamente. Ya lo estamos viendo con el General Dauahare, y de ánimo está, dentro de lo que cabe, bien; es un hombre fuerte, por su mismo trabajo es metódico, disciplinado”, agregó la esposa.
