Un tribunal congeló las órdenes de aprehensión giradas contra nueve ex funcionarios acusados por la Procuraduría General de la República (PGR) de contratar con sobrecostos la construcción de la Estela de Luz.
Olga Estrever Escamilla, Magistrada del Tercer Tribunal Unitario Penal en el Distrito Federal, concedió en la última semana a nueve ex gerentes y ex subgerentes de la empresa III Servicios una suspensión definitiva de los mandamientos judiciales que pesan en su contra, después de que promovieron una demanda de amparo.
III Servicios es una subsidiaria de Pemex, responsable de la obra proyectada por el gobierno del ex Presidente Felipe Calderón para celebrar el Bicentenario de la Independencia.
De acuerdo con información judicial, los ex trabajadores obtuvieron la suspensión de su detención después de tramitar un juicio de amparo indirecto ante Estrever Escamilla contra la orden de captura que giró Enrique Escobar Ángeles, Magistrado del Sexto Tribunal Unitario Penal en el DF.
En marzo, el Magistrado ordenó la aprehensión de 11 ex funcionarios de iii Servicios y del titular de su Órgano Interno de Control (OIC), dependiente de la Secretaría de la Función Pública, por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, y ejercicio indebido del servicio público, tras revocar un fallo del Juez Décimo Cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales en el DF que previamente negó a la PGR las capturas por considerar que no aportó pruebas suficientes.
De los 12 implicados, nueve ex trabajadores comenzaron a buscar la protección federal a partir de la segunda semana de abril: Domitilo Barragán Álvarez, ex gerente Jurídico; Bernardo Garza Garza, ex gerente Comercial; Mario Xavier Rodríguez González, ex gerente Administrativo y de Mantenimiento Inmobiliario, y Ricardo Morales Jaramillo, ex gerente de Administración y Finanzas.
También Fernando Raúl Spadoni Rodríguez, ex subgerente de Concursos; Erick Treviño Lartundo, ex subgerente de Evaluación, Estadística y Mejora; Carlos Olivares Correa, ex subgerente de Contabilidad y Presupuesto, y Sergio Salas Arellano, ex coordinador de Mantenimiento en la Zona Centro.
Esos ocho ex funcionarios son acusados del delito de uso indebido de atribuciones, y el noveno ex trabajador que buscó la protección federal es Aarón Vázquez Figueroa, ex subgerente Jurídico, sobre quien pesa orden por ejercicio indebido del servicio público.
Los tres ex trabajadores restantes con orden de captura son Juan Ricardo Díaz Ortega, ex subgerente de Construcción; Rubén Enrique Arenal Alonso, ex subgerente Jurídico, y Ernesto Villaseñor García, ex titular del OIC. El primero es buscado por uso indebido de atribuciones y los otros dos por ejercicio indebido del servicio, sin embargo, no existen registros de que promovieran demanda de amparo.
La PGR fincó acusación por el delito de uso indebido de atribuciones contra los ex trabajadores porque presuntamente se contrató sin licitación a constructoras para el desarrollo de la obra de la Estela de Luz y se cubrió el sobreprecio que registró, pues costó más de mil millones de pesos cuando estaba presupuestada en 339 millones. En tanto, por el ilícito de ejercicio indebido del servicio público por una aparente supervisión ilegal de la obra.
Originalmente, los nueve ex funcionarios que consiguieron frenar su detención habían pedido la protección federal a los Jueces Primero y Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el DF, pero estos declinaron su competencia porque las órdenes habían sido emitidas por un Tribunal Unitario.
Los expedientes, en total siete que aglutinan los nueve casos, fueron turnados a la Magistrada Estrever Escamilla, quien concedió una primer suspensión provisional mientras recababa información.
En el caso de Vázquez Figueroa, en su demanda de amparo expuso que la orden en su contra parte de una acusación que no está fundada ni motivada por la PGR.
Una vez que el Sexto Tribunal Unitario y la PGR le confirmaron la existencia de las órdenes de aprehensión, la Magistrada determinó entre el 19 y el 24 de abril que los ex trabajadores no sean detenidos en tanto analiza el juicio y emite una sentencia definitiva sobre si los ampara o no.
La Magistrada fijo una garantía de 5 mil pesos a cada uno de los ex funcionarios, quienes consiguieron evitar por el momento su detención porque los delitos de los que son acusados no son graves. El Código Penal Federal establece una pena máxima de 12 años por uso indebido de atribuciones y de 7 años por ejercicio indebido del servicio público.
