La PGR acusa de delincuencia organizada y secuestro a 4 maestros
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La PGR acusa de delincuencia organizada y secuestro a 4 maestros

Para la Procuraduría existen pruebas contundentes de que los detenidos, miembros del SNTE y de la CNTE, participaron en el plagio de dos sobrinos del presidente del Consejo Coordinador Empresarial
Por Luis Brito
23 de mayo, 2013
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Foto: Cuartoscuro.

Foto: Cuartoscuro.

Para la Procuraduría General de la República (PGR) existen “pruebas” contundentes para acusar a cuatro maestros oaxaqueños, del secuestro de dos sobrinos de Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Los profesores, junto con otras nueve personas, fueron consignados ayer ante un juez federal como los presuntos autores del plagio.

La PGR asegura que hay pruebas para imputar a los detenidos los delitos de delincuencia organizada, secuestro y portación de arma, no obstante señala que no existen indicios de que el secuestro de los dos menores, ocurrido el pasado 14 de enero en la ciudad de Oaxaca haya sido dirigido por organizaciones magisteriales.

El rescate de los secuestrados, dos menores de 12 y 15 años de edad hijos del empresario farmacéutico Juan José Álvarez Candiani, se logró tras las declaraciones de varios de los 13 detenidos, entre los que se encuentran integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y  de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Los detenidos ligados a las organizaciones magisteriales son: Mario Olivera Osorio, Lauro Atilano Grijalva Villalobos, Leonel Manzano Sosa, y Sara Altamirano Ramos, también candidata por coalición del PRD, PAN y PT a la alcaldía de Jalapa del Marqués, en el estado de Oaxaca.

Mientras la PGR asegura que hay pruebas para imputar a los detenidos delincuencia organizada, secuestro y portación de arma, el abogado Isaac Torres Carmona, quien representa a uno de los nueve detenidos que no están vinculados al magisterio, afirma que existieron irregularidades en las detenciones y que algunos de los aprehendidos fueron obligados a incriminarse.

El abogado Torres Carmona es defensor de un indígena mixe simpatizante de las organizaciones magisteriales cuyo nombre es Damián Gallardo Martínez.

En entrevista con Animal Político, el defensor aseguró que Gallardo Martínez fue detenido por siete agentes en un domicilio del pueblo de Reyes Mantecón, municipio de San Bartolo Coyotepec, a las 2:00 horas del 18 de mayo, pero no fue sino 30 horas después cuando fue puesto a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en la Ciudad de México.

Durante el lapso previo a su remisión a la SEIDO, registrada a las 6:00 horas del 19 de mayo, el activista —dice su abogado— fue torturado psicológicamente por agentes para que en su declaración ministerial manifestara que participó en el secuestro como responsable de señalar la rutina de los menores.

Otra irregularidad que acusó el defensor es que el parte de la puesta a disposición señala que fue detenido en una hora y un domicilio distinto, y que el inmueble fue identificado por los policías federales como una supuesta casa de seguridad.

“En su ampliación de declaración, el martes, ya con nuestra defensa, declaró que fue amenazado y detalla lo que pasó”, explicó Torres Carmona.

El abogado resaltó que Enrique Guerrero Aviña, otro imputado, es un joven que da clases de ajedrez a niños y que fue detenido por policías federales cuando circulaba en su Pointer por las inmediaciones del Estadio Azteca. El hombre, único de los 13 acusados que fue ubicado en el Distrito Federal, incluso pensó que sería secuestrado cuando los agentes le cerraron el paso con una camioneta blanca y descendió de su auto para pedir apoyo a policías preventivos que patrullaban por la zona.

Según el relato que familiares le ofrecieron al abogado, los policías federales dispararon hacia el automóvil de Guerrero Aviña, a quien detuvieron después de identificarse ante los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública con los que se había resguardado.

Los cuatro miembros de la Sección 22 del SNTE y la CNTE fueron detenidos el 18 de mayo, hacia las 18:00 horas, cuando conversaban en el café La Organización, ubicado sobre avenida Universidad, en la capital de Oaxaca, junto con David Vargas Araujo, aparentemente asesor de Sara Altamirano Ramos, la también candidata a alcaldesa.

Olivera Osorio fungía como secretario de la Dirección General de Educación Primaria del Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO) y también es dirigente del Frente Amplio de Comunidades Marginadas (FACMEO), mientras que Grijalva Villalobos ha sido director en primarias del Istmo de Tehuantepec y anteriormente en Chiapas.

Torres Carmona enfatizó que está convencido de que Gallardo Martínez es inocente de la acusación porque se dedica a impulsar proyectos productivos en su comunidad, y agregó que tampoco duda de que otros implicados sean “chivos expiatorios” para afectar las movilizaciones magisteriales en Oaxaca.

No podemos permitir que la PGR sea fábrica de chivos expiatorios con fines políticos, porque esto implica a maestros, al movimiento magisterial, a una candidata por una coalición. Definitivamente es para criminalizar al movimiento, como pasó con la APPO”, dijo el abogado, perteneciente a la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos en Oaxaca.

De los 13 detenidos, los 11 hombres fueron internados la mañana de ayer en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, y las 2 mujeres en el centro federal femenil de Tepic, Nayarit, tras ser consignados ante un Juez de Distrito en Procesos Penales Federales.

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Primeros resultados en Chile muestran amplia ventaja para rechazo en el plebiscito por una nueva Constitución

En una votación obligatoria los chilenos decidieron este domingo si aprueban o rechazan el texto propuesto para nueva Constitución.
4 de septiembre, 2022
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Los primeros resultados del plebiscito de este domingo en Chile por el texto para una nueva Constitución muestran una amplia ventaja para el “rechazo” sobre el “apruebo”.

Con el 23% de las mesas escrutadas, el “rechazo” tiene casi un 63% de votos por el 37% del “apruebo”.

Casi tres años después del estallido social de 2019, Chile celebró este domingo la última de las tres votaciones del proceso de cambio constitucional que se presentó como solución para resolver las tensiones desatadas hace tres años.

Tras aprobar redactar una nueva Constitución (en 2020) y elegir a los miembros de la Convención para escribirla (en 2021), el país decidió finalmente a través de un plebiscito obligatorio si aprueba o rechaza la Carta Magna propuesta.

El resultado de la Convención, compuesta de forma paritaria por mujeres y hombres, fue un texto que consta de 178 páginas, 388 artículos y 54 normas transitorias.

Conforme fue trabajando la Convención y tras conocerse el texto propuesto se agudizó la división en el país, que votó por una abrumadora mayoría de casi el 80% por cambiar la Constitución de 1980, solución que nació como respuesta al estallido social de 2019.

La coalición de gobierno que lidera el presidente Gabriel Boric propuso cambios incluso si la Constitución se aprueba, en un intento de mitigar los miedos de los partidarios del “rechazo” ante ciertas propuestas del texto que ven como “radicales”.

Si ganara la opción “apruebo”, la flamante Carta Magna empezaría a regir en el acto, y a medida que se crearan los nuevos órganos que contempla, como una Agencia Nacional de Aguas o la Cámara de las Regiones, que reemplazaría al Senado.

El gobierno y el Congreso trabajarían de inmediato en acuerdos para ciertas modificaciones.

Si ganara el “rechazo”, la Constitución de 1980 seguiría vigente, en contraste con la abrumadora mayoría (casi 80%) que votó por su reemplazo. Se espera en ese caso que haya algún tipo de acuerdo entre sectores políticos para modificar el texto actual o proponer la redacción de otra nueva versión de Carta Magna.

 


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