Cherán, de la autodefensa a la autogestión
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Cherán, de la autodefensa a la autogestión

Las autoridades autogestivas que se han instaurado desde 2011 en ese municipio michoacano están potenciando pequeñas empresas que buscan conjugar la recuperación de los bosques y la explotación sustentable.
Por Pablo Pérez
17 de junio, 2013
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Poco más de dos años después de que el 15 de abril de 2011, los vecinos de Cherán comenzaran a asumir su propia seguridad ante los talamontes ilegales, a los que atribuyen vínculos con el crimen organizado y que imponían el terror en la comunidad, este municipio de la Sierra Purépecha ha decidido pasar de la reacción a la acción y procurarse no sólo protección, sino también desarrollo económico.

Las nuevas autoridades autogestivas y horizontales que se han ido instaurando desde 2011 con base en los usos y costumbres indígenas están potenciando pequeñas empresas que buscan conjugar la recuperación de los bosques y la explotación sustentable de los recursos con la generación de empleo y de ingresos para el pueblo.

Desde que los vecinos de Cherán decidieron bloquear todas las entradas del pueblo con barricadas y hogueras y atrajeron la atención de todo el país, distintas instituciones federales y estatales les han ofrecido ayuda. Una de ellas es la Comisión Nacional Forestal (Conafor), que ya el año pasado destinó recursos al municipio purépecha para la reforestación de sus bosques esquilmados.

Sin embargo, los pinos que se plantaban en el municipio provenían de otro lado. Este año, por primera vez, está prevista la reforestación de 400 hectáreas con pinos plantados y cuidados en el vivero creado hace dos años con el impulso del Consejo de Bienes Comunales en el pueblo.

“Tenemos un convenio de 400 mil plantas (mil por hectárea) con Conafor”, si bien “la capacidad de este vivero es de un millón de plantas”, explica Vicente Sánchez, un ingeniero agrónomo que trabaja en el proyecto. A su espalda, varios trabajadores riegan los miles de diminutos pinos listos para ser trasplantados.

Actualmente trabajan unas diez personas en el vivero, pero para la reforestación y el mantenimiento de las hectáreas reforestadas (poda, retirada de maleza, fertilización…) se emplearán muchas más.

Sánchez calcula que faltan unos 15 años para llegar a reforestar lo que deforestaron los talamontes ilegales en dos años.

Entretanto, en los bosques del municipio, una patrulla de la ronda comunitaria –las fuerzas de autodefensa- con cinco hombres y una mujer armados con fusiles AR-15 y M-1 y vestimenta militar, recorre los bosques en una pick-up de la policía estatal y vigila que nadie tumbe más pinos.

El día anterior habían capturado a dos personas con madera fresca, por lo que los llevaron al Morelia. “Si sorprendemos a alguien cometiendo un delito rápidamente es puesto ante el Ministerio Público. Nosotros nada más cumplimos con arrestarlos y llevarlos ante ellos”, explica uno de los miembros de la patrulla que se identifica  sólo con el número 38 por seguridad.

Muchos en Cherán coinciden en que desde la instauración de la ronda comunitaria la inseguridad ha remitido de forma palpable.

“Antes de que se empezó el movimiento casi nadie subía a hacer sus labores allá en el campo y ya prácticamente habían abandonado todos los terrenos. Desde que existió la ronda para acá se empezó a retomar todo el terreno”, asegura el elemento 38.

En total, conforman la ronda comunitaria unas 100 personas, elegidas en asamblea para un periodo de tres años. Unos patrullan dentro del pueblo y vigilan los retenes instalados en los principales accesos a la comunidad, en los que se revisan los vehículos sospechosos. Y otros, los denominados guardabosques, recorren el monte de alrededor.

Así han acabado con los levantones, los asesinatos (unos 20 en total entre ambos delitos desde que empezó el problema), el cobro de piso, los robos y la tala ilegal.

De repente la patrulla escucha una motosierra entre la vegetación. Pero se trata de una de las cuadrillas encargadas de recolectar los restos de los árboles abandonados por los ilegales. Esa madera, es llevada a otra de las empresas comunales, el aserradero.

Cuando los talamontes clandestinos tumbaban un árbol, sólo se llevaban el tronco o parte de él, y dejaban los restos regados por el monte: las ramas, las copas, las bases… Ahora, para poder reforestar, es necesario limpiar todos estos restos.

“Después de evaluar el daño que se había ocasionado por la tala ilegal se llegó a la conclusión de que teníamos en el monte 74 mil metros cúbicos de madera que debían ser extraídos”, indica Pedro Rivera, responsable del Aserradero Comunal San Francisco Cherán.

Con esos restos de árboles que son recuperados del bosque el aserradero da empleo a 24 personas para su procesamiento y a otras 40 para su recolección. Además, busca estimular otros rubros de la economía local ofreciendo su producción a precios bajos a los artesanos y los carpinteros del municipio. “El promedio en una maderera normal está de 10 a 13 pesos el pie-tabla y aquí lo tenemos a 6.50” , comenta Rivera.

La más reciente de estas empresas comunales es la adoquinera, situada junto al aserradero y que emplea arena y grava provenientes de minas del municipio.

Estas iniciativas productivas dependen del Consejo de Bienes Comunales, que es uno de los pilares del nuevo sistema de gobierno basado en los usos y costumbres purépechas. Después de la sublevación de los vecinos y de la formación como autodefensa de la ronda comunitaria, el sistema de elección de autoridades en base a partidos políticos fue desechado y ahora la base de la toma de decisiones son las asambleas generales de los cuatro barrios del pueblo.

Las autoridades oficiales “no dieron respuestas, todo el mundo decía que no le competían los problemas”.

“Simplemente ya no los tomamos en cuenta y se formó un tipo de gobierno comunal, como siempre había sido”, recapitula Don José (rehúsa dar su apellido también por seguridad), uno de los miembros del Consejo Mayor, una especie de autoridad moral formada por 12 representantes, tres por cada barrio del municipio. Colabora con la veintena de comisiones operativas que se encargan de los distintos asuntos del pueblo y ocupa lo que antes era el palacio municipal.

“Este es un gobierno horizontal”, sostiene el miembro del Consejo. “Aquí desde tiempos inmemoriales se ha llevado este tipo de gobierno, que le tiene que informar a la gente del pueblo sobre el dinero, sobre las actividades… sobre todo”.

Junto al vivero comunal ha abierto un nuevo restaurante: La Parangua (“El fogón”, en purépecha). Fue creado, con financiamiento de la Comisión Nacional para el Desarrollo Indígena (CDI) y de las arcas municipales,  para el sustento de un grupo de 19 mujeres cuyos esposos fueron asesinados y hechos desaparecer por los talamontes.

Sin embargo, “las que estamos ahora somos cuatro que no tenemos trabajo en la casa y las demás se quedaron en sus trabajitos”, ya que de momento el restaurante apenas da para cubrir gastos, señala María Juárez. Su esposo, Rafael García, está desaparecido desde el 10 de febrero de 2011, poco antes de que estallara la revuelta.

Los talamontes ilegales, denuncia la mujer, “no querían que uno subiera al cerro y por eso la gente que subía ya no bajaba sino en partes, en pedazos, quemados…”. En uno de los enfrentamientos “mi esposo sí alcanzó a bajar, pero desgraciadamente lo alcanzaron y se lo llevaron y hasta ahorita no sé nada de él”, cuenta.

Apenas unos metros más delante de La Parangua tres miembros de la ronda controlan los vehículos que salen y entran de Cherán en un retén carretero. Visten unos impolutos uniformes verde oliva con la bandera de México en una manga y la purépecha en la otra. Muchas cosas han cambiado en el pueblo desde aquellas primeras fogatas improvisadas en la noche del 15 de abril de 2011.

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La carrera contrarreloj de Alemania por llevar ante la justicia a los últimos criminales nazis

La justicia alemana intenta ajustar cuentas con los últimos responsables vivos del Holocausto, todos ellos mayores de 90 años de edad.
Por BBC
14 de febrero, 2021
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Tienen más de 90 años de edad y el dudoso honor de ser considerados como los últimos criminales nazis en enfrentar la justicia.

No formaron parte del alto mando militar de Adolf Hitler, ni comandaron algún escuadrón de las SS. Eran guardias de seguridad, secretarias o empleados administrativos que trabajaron en los campos de exterminio del Tercer Reich y ahora, más de 75 años después del final de la II Guerra Mundial, finalmente están enfrentando a la justicia.

El martes pasado, fiscales en Alemania acusaron a un hombre de 100 años de edad por ayudar en el asesinato de 3.518 personas que fallecieron mientras él trabajaba como guardia de la SS en el campo de concentración de Sachsenhausen, ubicado a unos 35 kilómetros de Berlín.

La semana anterior, una mujer de 94 años de edad que trabajó como secretaria en el campo de concentración de Stutthof (Polonia) fue imputada como cómplice en 10.000 casos de asesinato e intento de asesinato por su trabajo en apoyo a las atrocidades que se cometieron allí.

Aunque ahora es nonagenaria, dado que era menor de 21 años cuando ocurrieron esos hechos, es probable que esta mujer termine siendo juzgada ante una corte juvenil.

Entrada del campo de exterminio de Auschwitz.

Getty Images
Las investigaciones recientes han logrado imputar a varios exfuncionarios del campo de exterminio de Auschwitz.

Sus casos forman parte de un pequeño grupo de empleados de bajo nivel del régimen nazi que en los últimos años han estado siendo investigados por las autoridades alemanas en un último esfuerzo por ajustar las cuentas pendientes con el pasado nazi: una carrera contrarreloj pues cada vez quedan menos sobrevivientes de aquella época.

Persiguiendo los crímenes del Tercer Reich

Pero, ¿por qué se está investigando ahora a exfuncionarios que ni siquiera tenían puestos de mando durante el Holocausto?

Las indagaciones sobre las atrocidades cometidas por el Tercer Reich comenzaron formalmente en 1943, cuando se creó una comisión internacional para investigar los delitos cometidos por las potencias del Eje. Su trabajo llegó a la imputación de 36.000 funcionarios alemanes y japoneses, de los cuales al menos 10.000 fueron condenados en juicios realizados hasta 1948.

Imagen de los juicios de Nuremberg.

Getty Images
Muchos de los principales líderes nazis fueron condenados en los juicios de Nuremberg.

Al mismo tiempo, entre 1945 y 1949, los tribunales en la zona de Alemania occidental dictaron unas 4.600 condenas por crímenes del nazismo.

Sin embargo, tras el establecimiento de la República Federal Alemana (RFA) en 1949, decayó el interés de seguir persiguiendo los crímenes nazis y, de hecho, se dictaron numerosas amnistías e incluso se aprobó una legislación que permitió que antiguos soldados nazis accedieran a cobrar pensiones.

“Durante la década de 1950, en Alemania occidental no había mucho deseo de perseguir los crímenes nazis, lo que resultó en un verdadero escándalo en el resto del mundo. Alemania oriental, en particular, impulsó una campaña de propaganda que destacaba cómo había antiguos líderes nazis en posiciones destacadas tanto en el sector privado como en el sector público. Eso fue verdaderamente embarazoso para el gobierno de la RFA”, explica Devin Pendas, profesor del Boston College especializado en la historia de los juicios contra los nazis tras la II Guerra Mundial.

La respuesta de la RFA fue la creación en 1958 de la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo, que es la instancia que hasta ahora se sigue encargando de indagar sobre estos temas.

Ficha de Adolf Hitler en la la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo.

Getty Images
La Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo tiene un archivo con más de 1,7 millones de fichas de personas y eventos relacionados con los crímenes del Tercer Reich.

Algunos expertos han señalado que esta agencia gubernamental hizo un muy buen trabajo durante las décadas siguientes, mientras otros destacan que había mucha resistencia de parte de las autoridades judiciales alemanas ante estas investigaciones, Pendas cree que estos dos hechos coexistieron.

“Claramente, muchos jueces y fiscales estaban renuentes en las décadas de 1950, 1960 y 1970 de procesar con fuerza los crímenes nazi, en parte, porque muchos de ellos habían estado trabajando en el Poder Judicial durante el Tercer Reich pero también porque no querían lavar ante el mundo los paños sucios de su país”, dice Pendas a BBC Mundo.

“Pero también es cierto que la Oficina Central y muchos fiscales y jueces individuales se tomaron esto muy en serio, sacando a la luz mucha evidencia y prestando un gran servicio al llevar ante las justicia muchas de estas atrocidades”, agrega.

El trabajo de la Oficina Central se vio limitado además por varias cuestiones legales como el hecho de que las leyes alemanas no contenían disposiciones específicas para procesar crímenes de guerra y por las normas vigentes entonces sobre prescripción de los delitos, que dificultaban que muchos de los casos pudieran ser llevados a juicio después de 1960.

Una fila de mujeres prisioneras en el campo de concentración nazi de Auschwitz.

Getty Images
Se estima que más de un millón de personas, la mayoría judíos europeos, murieron en el campo de Auschwitz.

Esta dependencia gubernamental sufrió además un fuerte revés cuando, en 1969, la Corte Suprema revocó la condena de un antiguo miembro de las SS que trabajó como dentista en el campo de Auschwitz (Polonia) con el argumento de que trabajar en un campo de exterminio no era un crimen en sí mismo.

Como resultado de ese dictamen, la Oficina Central debió abandonar una investigación sobre la Oficina Central de Seguridad del Reich, una dependencia del ministerio de Interior controlada por las SS que era la principal responsable para ejecutar la política de asesinatos masivos de Hitler.

A estas limitaciones hay que sumar el hecho de que la Oficina Central es una entidad pequeña, dotada de poco personal y solamente tiene la potestad para investigar los casos, pues una vez que encuentra evidencias de posibles hechos punibles debe pasar los expedientes a los fiscales que son los responsables finales de llevar a juicio a los presuntos criminales.

El impulso del 11 de septiembre

Todas estas restricciones redujeron la capacidad de acción de la Oficina Central durante muchos años.

Pero las cosas cambiaron a partir de 2007, cuando un tribunal alemán condenó a 15 años de cárcel al marroquí Mounir el Motassadeq por haberle transferido dinero a Marwan al Shehhi, el presunto responsable de estrellar el vuelo 175 de United Airlines en contra de la torre sur del World Trade Center en Nueva York, según la Comisión que investigó los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Mounir el Motassadeq

Getty Images
Mounir el Motassadeq fue condenado a prisi[on por haber enviado dinero a uno de los atacantes del 11-S.

Este precedente impulsó al entonces fiscal de la Oficina Central Thomas Walther a buscar el enjuiciamiento de guardias y otros funcionarios de los campos de concentración, aunque no hubieran participado directamente de estos crímenes.

Siguiendo esta argumentación se logró que en 2011 un tribunal alemán condenara a John Demjanjuk, un antiguo guardia del campo de exterminio de Sobibor (Polonia), por colaborar con el asesinato de las 28.000 personas que fueron muertas allí.

“Se volvió más fácil conseguir una condena. Hasta entonces tenías que demostrar que alguien había estado involucrado directamente en una muerte. En este caso, la Fiscalía argumentó que -y el tribunal estuvo de acuerdo- que dado que estos campos eran centros de exterminio, cualquiera que hubiera pertenecido al personal nazi que estaba allí contribuyó con esas muertes. Ya no tenías que demostrar que un guardia mató a alguien en ese campo, basta con demostrar que había sido un guardia que trabajó allí”, explica Pendas.

Justicia e historia

La condena de Demjanjuk le dio un nuevo impulso al trabajo de la Oficina Central, que durante la última década ha remitido a los fiscales más de 200 casos para su imputación.

Thomas Walther

Getty Images
El abogado Thomas Walther impulsó el enjuiciamiento de exfuncionarios de bajo nivel que trabajaron en los campos de concentración nazis.

No se trata de una cifra menor cuando se considera que esta agencia gubernamental solamente cuenta con un puñado de investigadores, que para armar los casos tienen que buscar información en distintas partes del mundo y que, por su avanzada edad, muchas veces los presuntos criminales mueren antes de que el expediente esté concluido.

Sin embargo, hasta ahora, solamente se han producido un puñado de condenas, incluyendo la de Oskar Groening, un exmiembro de las SS conocido como el “contador de Auschwitz”, pues trabajó en las oficinas de este campo de exterminio y, entre otras cosas, se encargaba de contar el dinero robado a las víctimas.

En 2015, Groening, quien entonces tenía 94 años de edad, fue sentenciado en 2015 a cuatro años en prisión por haber facilitado el asesinato de 300.000 prisioneros. Sin embargo, falleció en 2018 sin haber ingresado en prisión a la espera del resultado de sus apelaciones.

Oskar Groening

Getty Images
Oskar Groening, el llamado “contador de Auschwitz” falleció sin pagar su condena.

Reinhold Hanning fue condenado en 2016 -a los 95 años de edad- por cooperar con la muerte de 170.000 personas en Auschwitz, donde trabajó como guardia de las SS. Aunque durante el juicio dijo estar avergonzado por haber presenciado las muertes sin hacer nada para evitarlas, negó ser culpable de las mismas y apeló la sentencia. Murió al año siguiente sin haber ido a la cárcel.

En 2020, una corte de Hamburgo sentenció a Bruno Dey, un exguardia del campo de concentración de Stutthof, por haber colaborado con el asesinato de las 5.230 personas fallecidas en ese centro mientras él trabajó allí.

Sin embargo, como él era adolescente cuando ocurrieron los hechos fue procesado por un tribunal juvenil y fue recibió una sentencia suspendida de dos años de cárcel.

Bruno Dey.

Getty Images
Bruno Dey intentó ocultar su rostro usando carpetas en las audiencias del juicio en el que fue condenado por colaborar en el asesinato de 5.230 personas.

Aunque han tenido mucha visibilidad, el hecho de que se trate de juicios contra exfuncionarios de bajo rango que ahora están tan mayores y que, hasta ahora, no han cumplido sus sentencias de forma efectiva ha llevado a algunos críticos a cuestionar si tiene sentido seguir con estos procesos.

“Creo que no hay ninguna razón para que una persona tenga inmunidad ante la justicia criminal debido a que era un funcionario de bajo rango”, dice Todd Buchwald, exembajador y coordinador especial de Justicia Criminal Global de Estados Unidos, a BBC Mundo.

Indica que estos juicios tienen muchos objetivos incluyendo llevar a la justicia a algunos de los responsables de las terribles atrocidades que se cometieron, crear un registro histórico de lo que ocurrió y fortalecer el mensaje disuasorio para todos aquellos funcionarios de bajo nivel que en el futuro se encuentren en una situación en la que se vean tentados a pensar que por su bajo rango no pagarán por estos crímenes.

“No está bien ayudar a perpetuar semejantes atrocidades, así que conviene reforzar el mensaje disuasorio de cara al futuro”, señala Buchwald.

“Los crímenes que se cometieron en Alemania fueron tan devastadores que entiendo bien el esfuerzo por intentar llevar ante la justicia a quienes tuvieron responsabilidad en lo ocurrido”, concluye.

 

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