[contextly_sidebar id=”16b61669bd3a489e6a10828695c9d9ea”]De acuerdo con la más reciente encuesta nacional en vivienda de Parametría, 90 % de los entrevistados considera que en los distintos niveles de gobierno se usan ilegalmente las relaciones con funcionarios para obtener algún favor o recibir un trato especial.
Los escándalos protagonizados por familiares de funcionarios públicos, como el caso conocido como ‘Lady Profeco’, y en algunos casos por los mismos servidores (como el caso de la senadora perredista Luz María Beristáin, conocida como Lady del Senado han evidenciado que el uso de tráfico de influencias y el abuso del poder son prácticas recurrentes en el país.
El 38 % de las personas afirma que el uso de influencias ocurre en los tres niveles de gobierno; el 20 % supone que es frecuente en el gobierno federal; el 19 % asevera que donde más se saca provecho de las relaciones con funcionarios es en los gobiernos municipales; y el 13 % piensa que esto ocurre constantemente en el gobierno estatal. Sólo el 1 % cree que esto no sucede en ninguna instancia de gobierno.
Los encuestados perciben que el uso de las relaciones para sacar ventaja u obtener algún beneficio ocurre tanto en el sector público como en el privado, pero no con la misma frecuencia.
Organizaciones como Transparencia Mexicana afirman que pese a que el uso de tráfico de influencias está penado en el país, los procesos son lentos y en algunos casos no llegan a concretarse; y que muchas de estas prácticas no se denuncian porque dichas actividades se dan sutilmente, lo que dificulta la identificación de actos ilícitos.
El tráfico de influencias es una práctica ilegal que se castiga con dos a seis años de prisión, multa de 30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito. Además de la destitución e inhabilitación de dos a seis años para desempeñar otro empleo o cargo público.
La mayoría de la población (63%) está dispuesta a denunciar prácticas en las que se aprovechen las relaciones con algún funcionario de gobierno; 28 % mencionó que no denunciaría; y sólo 9% no externo opinión alguna por desconocimiento -tal vez- del tema o de lo que implica el tráfico de influencias.
De aquellos que contestaron que no denunciarían, la mitad (48%) admitió que no lo haría por temor a represalias, 29% porque no le interesa, 17% considera que denunciar es una pérdida de tiempo, y 5% cree que no pasaría nada.
Al preguntarles si alguna vez habían recurrido a algún amigo, conocido o familiar para obtener algún favor o trato especial, nueve de cada 10 contestó que no, y sólo el 10% restante admitió sacar provecho de estas relaciones.
