Heaven ya había sido clausurado en 2011 por otro desaparecido
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Heaven ya había sido clausurado en 2011 por otro desaparecido

Hace casi dos años, Antonio César Ortega Márquez desapareció en el mismo bar de la Zona Rosa donde el pasado 26 de mayo 12 jóvenes parecen haberse esfumado. Hasta ahora se desconoce su paradero.
Por Pablo Pérez
18 de junio, 2013
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Cuando la familia Ortega Márquez conoció el pasado 29 de mayo la noticia de que 12 jóvenes habían desaparecido en el Heaven no lo podían creer. No sólo por lo insólito de que secuestren a 12 personas en plena Zona Rosa, a apenas cuatro cuadras de la sede de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Sino sobre todo porque la última vez que supieron de ese bar, había sido clausurado tras la desaparición ahí mismo, el 14 de agosto de 2011, de uno de los hermanos del clan: Antonio César

Antonio, que entonces tenía 33 años, había acudido por primera vez al Heaven con varios amigos. Uno de ellos tuvo un encontronazo con el personal de seguridad del local y decidieron irse, pero Antonio César se quedó un rato más con tres amigas. A los pocos minutos les dijo: “Voy al baño”. Se fue y ya no regresó, por lo que las jóvenes pensaron que se había marchado. Fue entre las 8:00 y las 9:00 de la mañana. Desde entonces, no se ha vuelto a saber de él.

Pablo Ortega Márquez, uno de los hermanos de Antonio, recuerda que en aquel caso también se interrogó a Ernesto Espinosa Lobo, uno de los hoy los detenidos por las desapariciones del pasado 26, de mayo.

“Lo mandaron a llamar dos veces y a la tercera sí fue. Es más, declaró dos veces ahí. Lo tuvieron ahí en antisecuestros sentadito junto a ellos, declarando y él diciendo que no tenía nada que ver”, asegura Pablo.

Familiares de los 12 jóvenes desaparecidos a las afueras del bar Heaven. // Foto: Luis Brito.

Familiares de los 12 jóvenes desaparecidos a las afueras del bar Heaven. // Foto: Luis Brito.

Sin embargo, añade, el hombre mintió en su declaración porque dijo que ese día no había estado en el local, pues lo había alquilado para un evento privado. La familia presentó varios testigos que confirmaron su presencia ese día, incluidas las tres amigas de Antonio dijeron que el propio dueño les mandó unas bebidas en desagravio por el incidente con los de seguridad. Otros testigos dijeron que aunque había una actuación de DJs programada hasta las 15:00 horas, Espinosa Lobo ordenó el cierre a las 10:00 de la mañana.

“Yo les dije que había algo ahí. Yo les dije que el Lobo tenía algo que ver. El Lobo y el ‘Casco Flores (al que identifica como gerente y encargado de la seguridad en ese momento), que son primos”, recuerda con enojo.

A diferencia del caso de los doce jóvenes desaparecidos hace dos semanas, en el que la procuraduría capitalina tardó cuatro días en atraerlo y 10 en dar crédito a la versión de los familiares de que, efectivamente, habían sido llevados del Heaven, lo ocurrido con Antonio Ortega Márquez no pasó a la sección de antisecuestros de la PGJDF hasta ocho días después del hecho.

Fue una vez que su familia presentó ante el Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) grabaciones de las cámaras de seguridad del banco y de un edificio que hay en la acera del frente como pruebas de que su hermano no había salido del Heaven. Como el vehículo de la víctima no estaba en los alrededores, les decían: ‘No, tu hermano está en Acapulco con la novia’, explica Pablo.

No obstante, en los videos que consiguieron, en los que aunque no se ve la puerta del local, sí se ven la entrada y la salida de la calle en el que se encuentra. Se aprecia también cómo en un momento entran dos personas el mismo domingo tras la desaparición, y a los diez minutos salen con un tercero que levanta el brazo con una alarma de coche como buscando un vehículo, y se acaban subiendo los tres en el de Antonio y se van a bordo de él.

También les presentaron los extractos de la cuenta de Antonio y el registro de llamadas de su celular en los días siguientes a la desaparición. Con la tarjeta se pagó en una gasolinera y en una tienda de ropa, y en ninguno de los dos sitios reconocieron a su hermano como la persona que hizo la compra. Tanto los usos de la tarjeta como las llamadas telefónicas apuntaban hacia el municipio de Ecatepec.

El coche fue encontrado al mes siguiente: unos policías lo llevaron al corralón en Ecatepec y dijeron que lo habían recuperado de un baldío en Texcoco después de que los vecinos les avisaran de que llevaba varios días abandonado. Sin embargo, a Pablo le llamó la atención que estuviera completamente limpio.

Pablo nunca supo cómo explicaron los policías a la procuraduría esa contradicción. Aunque reconoce que antisecuestros sí les hizo caso, al final no obtuvieron mucha información de las autoridades. No les dijeron, por ejemplo, qué se veía en las grabaciones de los días siguientes a la desaparición en los videos del banco y del edificio. “Ya pasaron un año y 10 meses y no sé si acabaron de ver los videos”.

La grabaciones de las cámaras de la Secretaría de Seguridad Pública fueron borradas. “Tardamos más de 20 días. No llegaron a tiempo las solicitudes. Las hicieron un días después”, indica Pablo.

Un mes después de la desaparición, catearon el bar Heaven. Ahí encontraron sangre en una pared del baño, junto al espejo. “Nunca me dijeron si era o no de mi hermano”. En la inspección encontraron a varias menores de edad, drogas y otras irregularidades, así que el local fue clausurado.

La familia de Antonio y sus amigos siguieron investigando y Pablo recuerda que la última vez que pasó por ahí, fue en febrero de 2012 y seguía precintado. Sin embargo, al escuchar la noticia de los 12 desaparecidos, supo que había sido reabierto. Luego les dijeron que un juez había dado la autorización, por lo que pide “que investiguen a ese servidor público”.

Además, “nos enteramos de que habían cerrado nuestro caso a finales de marzo: Lo mandaron para CAPEA, que es como archivarlo. Claro, entonces no sabían que iba a pasar esto”.

Ahora el caso ha sido reabierto y los han invitado a las reuniones con las familias de los otros 12 desaparecidos para explicarles los avances de las investigaciones después de que se presentaran a las puertas de la procuraduría capitalina el pasado martes, en el segundo encuentro de este tipo.

La familia de Antonio tiene “sentimientos encontrados” tras lo sucedido el pasado 26 de mayo. Por una parte, tristeza y rabia porque, pese a los antecedentes del antro, hayan desaparecido 12 jóvenes. Por otra, “alegría porque ahora sabremos de mi hermano”, dice Pablo, que está convencido de que “donde estén los 12 muchachos va a estar mi hermano, porque son los mismos (responsables)”.

No obstante, admite que no se hacen muchas esperanzas: “Nosotros como que ya estamos esperando su cuerpo. Un año y 10 meses ¿quién lo va a mantener? Mi hermano tiene diabetes, no creo que le hayan dado su insulina”.

“Estar un año y 10 meses así, que de repente estás bien, o de repente mi mamá o mi papá se ponen mal… Ya no queremos eso. Queremos asimilar lo de mi hermano y no lo vamos a asimilar nunca si no sabemos dónde está”, sostiene.

*Publicada el 7 de junio de 2013.

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El gobierno de Maduro redujo ingresos de funcionarios públicos y desató una nueva ola de protestas en Venezuela

En 2022 ha habido un repunte de las protestas en Venezuela, luego de dos años consecutivos en los que venían disminuyendo. BBC Mundo te cuenta qué hay detrás de este cambio,
23 de agosto, 2022
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El descontento ha vuelto a tomar las calles de Venezuela.

Luego de dos años durante los cuales el número de protestas en ese país habían ido reduciéndose progresivamente, en 2022 la tendencia parece haberse revertido.

Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, durante el primer semestre de este año hubo unas 3.892 protestas, un promedio de 22 al día, lo que significa un incremento de 15% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Pero a diferencia de lo ocurrido en 2019 -el año en el que se produjeron más manifestaciones en la última década- cuando las protestas por motivos políticos fueron las más numerosas, durante el primer semestre de este 2022 fueron los derechos laborales los que impulsaron la mayor cantidad de muestras de descontento: 42% del total.

Este giro tiene que ver con un choque entre las políticas laborales del gobierno de Nicolás Maduro y las exigencias de los empleados públicos.

BBC Mundo te explica por qué.

Rebajas de ingresos

En los últimos meses ha habido un recrudecimiento de las protestas de funcionarios públicos en Venezuela, en especial de parte de aquellos empleados en los sectores de salud y educación.

Solamente en julio pasado, hubo unos 143 conflictos laborales, de acuerdo con el Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin).

Protesta de trabajadores en Venezuela.

Getty Images
Muchos trabajadores culpan al ONAPRE por la reducción en sus ingresos.

Detrás de estas protestas está un instructivo emitido en marzo por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) que reduce entre 40% y 70% el ingreso de los empleados públicos, de acuerdo con un informe del Inaesin.

“La ONAPRE se ha dado a la tarea de emitir un instructivo para pagar el salario a los trabajadores y, desde que ellos se han inmiscuido en eso, han estado violando la Constitución, las leyes y los derechos laborales, pues a medida que se aplican estos instructivos, el salario de los trabajadores ha ido disminuyendo”, dice Belkys Bolívar, miembro de la directiva nacional de la Federación Venezolana de Maestros.

Explica que por medio de estos instructivos la ONAPRE ha estado obviando los beneficios previstos en los contratos colectivos de los empleados públicos y ha estado reduciendo los montos de los bonos y primas allí previstos, los cuales representan una parte importante del ingreso de estos funcionarios.

“En marzo de este año, cuando se dio un aumento salarial por la vía Ejecutiva, ellos decidieron rebajar todas nuestras bonificaciones que están en la convención colectiva. Las rebajaron 50%. Por ejemplo, las primas de compensación académica por las cuales el docente estudia posgrados, maestrías o doctorados, las rebajaron todas 50%”, dice.

Señala que también redujeron, por ejemplo, las primas por antigüedad que, en su caso, pasó de 60% a 30% del salario, y que una prima geográfica, para quienes laboran en áreas rurales, pasó de 25% a 10%, una disminución mayor al 50%.

Esta política ha afectado también a otros sectores de la administración pública.

Según explica Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, Fetrasalud, los funcionarios sanitarios en Venezuela también han perdido más de 50% de sus ingresos por la aplicación de este instructivo de la ONAPRE.

Victoria parcial

Aunque este instructivo más reciente de la ONAPRE viene generando expresiones de descontento desde su promulgación en marzo, la chispa se encendió recientemente cuando los empleados del sector educativo recibieron el pago de su tradicional bono vacacional por un monto muy inferior al esperado.

Según afirma Bolívar, la ley establece que ese bono debe pagarse tomando en cuenta el último salario percibido por el trabajador, pero que el gobierno en vez de hacerlo tomando en cuenta ese salario que fue aprobado en marzo pasado, lo hizo en función del sueldo vigente para diciembre de 2021.

La diferencia es notable.

“En mi caso, me pagaron 140 bolívares (unos US$23) y deberían haberme pagado 2.400 bolívares (unos US$400)“, apunta Bolívar.

“A raíz de esa arbitrariedad, entonces fue que empezaron a surgir manifestaciones. Ya nosotros veníamos manifestando desde hacía tiempo por el tema de que el salario no nos alcanza para vivir, pero entonces nos volvimos a activar. Salimos a las calles, estuvimos más de 3 semanas protestando para que no pudieran pagar ese bono vacacional con el sueldo con el último salario”, comenta.

Y obtuvieron una victoria parcial.

El pasado 15 de octubre, Maduro destituyó al entonces director de la ONAPRE, Marco Polo Cosenza, y nombró en ese cargo a Jennifer Quintero de Barrios, quien hasta ese momento estaba a cargo de la Tesorería Nacional.

Y poco después, los funcionarios del sector educativo comenzaron a recibir en sus cuentas la diferencia pendiente del bono vacacional.

Sin embargo, el instructivo de la ONAPRE no ha sido derogado, por lo que los trabajadores públicos han anunciado que se mantendrán activos pues su objetivo es que esta norma se elimine y que el gobierno se ponga al día con otras deudas que tienen pendientes con ellos.

Salarios de hambre

Bolívar indica que el malestar causado por el pago incompleto del bono vacacional no tiene que ver con las vacaciones de los funcionarios sino con la necesidad que tienen del dinero.

Una enfermera muestra un cartel que dice "No al salario de hambre".

Getty Images
Los funcionarios públicos en Venezuela se quejan por cobrar un “salario de hambre”.

“La gente siempre espera las vacaciones para resolver problemas personales con ese dinero porque no lo usamos realmente para irnos de vacaciones. Eso no alcanza para irnos de vacaciones con nuestro grupo familiar”, afirma y apunta que esos recursos los destinan a tapar los agujeros en el presupuesto que no logran cubrir con sus salarios.

Explica que entre los docentes que trabajan en la administración pública en Venezuela hay seis categorías. En la más baja ganan unos 400 bolívares al mes (unos US$67) y en la más alta, unos 900 bolívares al mes (unos US$150).

“Esos son salarios indignos. Es un salario de hambre porque no nos alcanza para cubrir las necesidades alimentarias. Además de que nosotros también tenemos necesidades de salud y de otro tipo. Cuando se nos presenta un siniestro, cuando fallece un familiar, no tenemos cómo cubrir estas situaciones y tenemos que buscar la solidaridad, pedir en las redes sociales, pedir a nuestros compañeros y familiares que nos ayuden, porque el salario no nos permite cubrir esas necesidades”, afirma.

La situación no es mejor en el caso de los trabajadores de la salud.

Pablo Zambrano explica que empleado administrativo devenga el equivalente a unos US$30 al mes, mientras que un médico gana un poco más de US$100.

Con esos salarios tienen que hacer frente a un elevado coste de la vida.

La llamada canasta alimentaria -que se refiere al dinero que hace falta para alimentar cada mes a una familia de cinco personas- se ubicó en junio en US$459,84, de acuerdo con cálculos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).

Así, harían faltan los ingresos de unos tres o cuatro médicos por familia para cubrir esa canasta mensualmente.

Qué ha dicho el gobierno

El gobierno de Maduro ha manejado este tema con discreción sin que sus principales figuras lo hayan abordado públicamente.

De acuerdo con la prensa venezolana, el pasado 8 de agosto, mientras daba un discurso, Maduro fue interrumpido por una mujer que le gritó algo relacionado con la ONAPRE a lo que el mandatario respondió: “Eso que estás diciendo no es así y si quieres lo hablamos personalmente. No es verdad. No es verdad. Es una campañita que nos tienen por las redes y no es verdad”.

Ese mismo día, durante una sesión de la Asamblea Nacional, el diputado oficialista Pedro Carreño hizo una defensa del instructivo de la ONAPRE, señalando que el verdadero problema era que el Estado no tiene dinero.

“Ese instructivo que satanizan, que someten al escarnio público, se constituyó en una suerte de muro de contención para frenar las pretensiones de la derecha reaccionaria que lo que pretende hacer ver es que hay una desidia en Venezuela porque no se está en consonancia con los derechos de los trabajadores, cuando el instructivo en realidad dice es que no hay recursos, no hay medios, para resolver las necesidades”, señaló.

BBC Mundo se puso en contacto con el Ministerio de Comunicación del gobierno de Venezuela para consultarles sobre este tema, pero al momento de publicar esta nota no habíamos recibido respuesta.

Manda el bolsillo

Luego de un 2019 convulso, el malestar expresado en las calles venezolanas había disminuido de forma notable.

Protesta de trabajadores en Venezuela.

Getty Images
2022 ha visto un repunte de las protestas callejeras en Venezuela.

De acuerdo con cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en 2019 hubo en Venezuela unas 16.739 protestas. La cifra se redujo a 9.633 en 2020 y siguió cayendo hasta 6.560 en 2021.

En ese descenso jugaron un rol varios factores que van desde un aparente debilitamiento de las fuerzas de oposición, hasta las limitaciones a la movilidad derivadas de la pandemia de covid-19, entre muchos otros.

Pablo Zambrano, de Fetrasalud, asegura que los sindicatos se mantuvieron movilizados todo este tiempo, pero reconoce que el impulso reciente tomado por las protestas tiene que ver con algunos cambios recientes.

Señala que los trabajadores no se sienten satisfechos porque se les está aplicando el instructivo de la ONAPRE que cercena sus derechos laborales y que, para hacer las cosas peor, la respuesta del gobierno ante el reclamo ha sido la persecución, el amedrentamiento y la criminalización de las protestas.

“También ha generado descontento que el gobierno viene hablando de recuperación económica, pero eso no se siente entre los trabajadores. Puede ser para un sector que de alguna forma representará un 10% de la población y que forma parte de todas estas élites que se han construido ahora dentro de este gobierno, pero los trabajadores, los asalariados en este momento no tienen para vivir con dignidad, no tienen para mantener a su familia”, apunta.

Zambrano asegura que un elemento clave en la reactivación de las protestas ha sido el hecho de que los sectores de salud y educación han unido fuerzas para impulsar las protestas de forma conjunta, pero también que lo que exigen son respuestas concretas del gobierno a las exigencias de los trabajadores, sin otras banderas.

“Nosotros logramos que los trabajadores respondieran al reclamo, inclusive más allá del partido, más allá de la ideología, más allá del debate sobre el capitalismo, el comunismo, la izquierda o la derecha -esos discursos que ya están agotados-. Eso aquí en este momento se acabó. La gente indistintamente de su pensamiento sabe que el gobierno lo está haciendo mal, sabe que está cometiendo errores garrafales y que tiene una política que va en contra de la clase obrera y de la clase trabajadora venezolana”, asegura.


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