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Servidores públicos, sin obligación de publicar declaración patrimonial
Sólo 3 de 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) argumentaron a favor del derecho de acceso a la información. La discusión se postergara hasta el jueves para responder uno a uno los argumentos expresados por sus colegas que están en contra de otorgar un amparo en favor de Fundar.
Por Lilia Saúl Rodríguez
19 de junio, 2013
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se perfila para votar en contra de que las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos sean abiertas al escrutinio  público.

Sólo 3 de 11 ministros argumentaron a favor del derecho de acceso a la información. Estos ministros fueron Juan Silva Meza, Sergio Valls Hernández y José Ramón Cossío, el ministro ponente. El resto de los ministros expresaron como principal argumento el derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales y que no por ser servidores públicos estén exentos de la protección de sus datos.

En la sesión del Pleno, el ministro Cossío pidió que la discusión se postergara hasta el jueves para responder uno a uno los argumentos expresados por sus colegas que están en contra de otorgar un amparo en favor de Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.

La organización pidió un amparo que llegó hasta el máximo tribunal constitucional pues los diputados federales se negaron a entregar versiones públicas de sus declaraciones patrimoniales. La norma que se impugna es el artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

El ministro José Fernando Franco González Salas expuso su argumento en contra: “No desconozco que haya una fuerte corriente que tienen la tendencia a motivar que las declaraciones patrimoniales sean públicas. Y que esto abona a la consolidación de un estado democrático. El punto es, si estamos obligados jurídicamente a eso”.

Luis María Aguilar, ministro de la Corte, también expuso su argumento en contra: “Hay un espacio ajeno a la función del servidor que no puede alterarse salvo cuando se cuente con su consentimiento. Por eso no comparto de inicio la premisa que sostiene el proyecto respecto a que por su interés general, algunos datos de los servidores públicos que pudieran calificarse de privados, deben considerarse información pública”.

Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo: “Los servidores públicos estamos al escrutinio de la sociedad. En este caso, la intención concreta de quien solicitó la información es tener acceso a la situación patrimonial de los integrantes de la Cámara de Diputados. Y yo entiendo que todos los servidores públicos estamos sujetos a este escrutinio, pero también me parece que las leyes establecen los cauces para hacer este tipo de investigaciones. Yo creo que las declaraciones patrimoniales tienen esa función. Para que tú autoridad en el marco de tus atribuciones, tengas mi información a la mano. Aquí lo que se pretende es que el particular tenga información y pueda hacer esa investigación y determinar si hay irregularidad al respecto”.

Por su parte, el ministro presidente Juan Silva Meza expuso que sí es relevante el hecho de ser servidor público.

“Este derecho de acceso a la información, en este tema, el punto más conflictivo es el de los datos personales como uno de los límites o excepciones, que debe regir al acceso a la información pública y por eso pienso que este asunto no debió verse desde esa óptica como lo planteó el proyecto. También debe observarse desde la óptica desde el derecho de la privacidad. Pero los servidores públicos nos debemos a los gobernados. Debe ceder racionalmente, ponderadamente frente al interés público.  Esta exigencia democrática creo es más que nunca patente en tanto que la confianza de la sociedad. Por eso yo comparto en esencia en el proyecto”, concluyó el ministro.

La  votación final se postergó para este jueves 20 de junio.  

*Publicada el 18 de junio de 2013.

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