Martes, próxima reunión de familias de Tepito con procurador del DF
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Martes, próxima reunión de familias de Tepito con procurador del DF

El desgaste físico y de salud de los familiares de las víctimas preocupa a quienes los acompañan en la búsqueda y señalan que el gobierno capitalino ha ignorado ese aspecto.
Por Paris Martínez
3 de junio, 2013
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Este próximo martes, a las 18:30 horas, las familias de los desaparecidos del Bar Heaven, sostendrán una reunión con el Procurador de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza. La mañana de este lunes, allegados de los jovenes informaron que el domingo pasado se denunció oficialmente la desaparición de una joven más, con lo que la cifra aumentó a 12 personas en paradero desconocido.

Ante el Centro de Atención para Personas Desaparecidas o Ausentes (Capea) se reportó la desaparición de Gabriela Ruiz Martínez. Los familiares señalaron además que la Fiscalía Antisecuestros se negó a integrar el reporte de esta desaparición a la averiguación previa por privación de la libertad abierta el miércoles pasado con los 11 casos documentados inicialmente.

Durante esta semana transcurrida de la desaparición de los jóvenes “no hay ningún avance real de las autoridades para su localización, no hay nada concreto. El desgaste físico y de salud entre los familiares ya es preocupante, pero ni siquiera han enviado un médico para revisarnos, ninguna autoridad se ha preocupado por ese aspecto”. Agotamiento y coraje se unen en la voz de Penélope Ramírez Ponce, prima de Jerzy Ortiz Ponce, una de las víctimas.

“Tan sólo el sábado, cuando publicaron que mi primo y otros dos jóvenes habían sido localizados muertos en el Estado de México (noticia que ese mismo día fue desmentida por los gobiernos mexiquense y capitalino), sus abuelitas se pusieron muy graves, porque todas son diabéticas, llegamos a temer que pasara una desgracia, porque esa información, que resultó mentira, en realidad les afectó mucho, y no sólo a ellas, sino a todos.”

A ocho días de los hechos, señala la joven, comerciante como prácticamente todos los familiares de las víctimas, la vida les ha cambiado completamente.

”No hemos podido abrir nuestros negocios, sólo un puesto en Tepito ha podido seguir operando, gracias al apoyo de los empleados, pero un segundo negocio familiar ha estado cerrado, no hemos podido trabajar. Todo nuestro tiempo y energías lo hemos dedicado a la búsqueda, todas las familias estamos así, trabajando unidas, haciendo aquello que pensamos que puede ser útil. Unos estamos todo el día pegando carteles de búsqueda por todos lados, mientras otros acuden a la reunión que diariamente tenemos las familias, en Tepito, y cuando ha habido que acudir con alguna autoridad, ahí vamos, no hemos parado ni un minuto.”

– ¿Cómo han resentido, física y psicológicamente estos ocho días de ausencia de sus familiares, y de búsqueda? –se le pregunta.

Durante todos estos días hemos visto, en un momento u otro, cómo cada uno de los familiares nos hemos desplomado, ha habido instantes en los que uno u otro pierde las esperanzas, ninguno hemos comido y dormido adecuadamente, la tristeza y la desesperación no dejan de crecer, empezamos a resentirlo, pero para eso estamos todos los demás, para levantarles el ánimo, para darnos fuerza, para decinros ‘tenemos que seguir hasta el final, hasta que encontrarlos’, pero obviamente es algo muy difícil. Ya han pasado ocho días y no tenemos ningún avance concreto. Y sí, ha habido momentos de derrumbe, ha habido fricciones, ha habido momentos en los que alguno se ha mostrado alterado, pero ha sido por la misma desesperación. Pero la unidad entre nosotros se mantiene, sólo nos tenemos a nosotros, y a los vecinos del barrio, que no nos han dejado solos nunca.

– ¿Qué tipo de expresiones de apoyo han recibido de la comunidad de Tepito?

– Los vecinos se dan cuenta de que nos vamos acabando, entonces, todos estos días nos han estado mandando comida, agua, refrescos, o vienen y nos preguntan si necesitamos algo, ayer (sábado), por ejemplo, llegó una señora para regalarnos la escultura de un ángel, nos dijo que le pusiéramos una veladora con mucha fe, se ve la muestra de cariño y apoyo de toda la gente de Tepito… Cuando se publicó que habían encontrado cuerpos, fue impresionante ver cómo muchísima gente vino a preguntarnos, algunos llorando, si eso era cierto. Todos estábamos muy sacados de onda. No se dieron cuenta del impacto que pudo tener la noticia falsa que divulgaron.

– Las muestras comunitarias de solidaridad ¿han sido a nivel personal, o algún dirigente o grupo de comerciantes se ha acercado?

– Hasta el momento –señala Penélope–, los vecinos y conocidos han llegado en en plan personal, las agrupaciones de comerciantes establecidos o tianguistas, como tal, no se han acercado, no ha venido ningún dirigente, pero sí la gente que vende y que vive aquí. Han venido, todos los días, a decirnos ‘si quieren que hagamos un plantón, lo hacemos; si quieren que cerremos, cerramos las vialidades; si quieren una movilización pacífica, se hace; y si quieren ver al barrio bravo, lo van a ver bravo, nada más díganos’.

– ¿Tienen planeado realizar nuevos cierres viales, u otro tipo de acciones, en caso de que las acciones de la autoridad no arrojen resultados?

Penélope es enfática al responder.

– Bloqueos, no. Eso es algo que nos han insistido mucho los medios de comunicación y aquí les aclaro: no pensamos realizar más cierres a la vialidad, pero eso no quiere decir que hayamos descartado realizar otro tipo de movilizaciones para presionar a la autoridad. Es algo que hasta el momento seguimos analizando, las familias, todas en conjunto. Tal vez sea algo más formal, como una marcha pacífica a la que convoquemos con anticipación, con un recorrido bien definido, o tal vez otra acción que haga sentir nuestra exigencia. Sería una acción que deje claro que estamos tranquilos, pero que también estamos al pendiente y que, de no haber avances, se va a hacer un relajo…

Antes de concluir la charla, Penélope hace una pausa y medita un instante en su situación, la de su madre y hermanos, todos ahora involucrados de tiempo completo en la búsqueda de Jerzy y los otros 11 desaparecidos.

“Cuando esto termine vamos a tener que cambiar nuestra forma de vida, tal vez ahora estemos en riesgo, no lo sé, pero no vamos a parar. De repente, sí, alguien comenta que tiene miedo, pero así como estamos juntos para ver que unos y otros hayan comido, que se sientan bien, que no decaigan, también estamos juntos para decirnos que hay que echarle ganas, que esta lucha es hasta el final, hasta encontrarlos.

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Qué significa que el caso Ayotzinapa haya sido calificado de ‘crimen de Estado’ y qué puede pasar ahora

BBC Mundo entrevistó a Humberto Guerrero, abogado y representante de la sociedad civil en la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, para conocer las implicaciones de este último informe sobre la desaparición de los 43 estudiantes.
24 de agosto, 2022
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El vendaval que supuso el último informe de la Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa dejó secuelas en México y la pregunta ahora es qué otras consecuencias tendrá.

Solo horas después de darse a conocer el informe, se detuvo por presunta desaparición forzada y tortura al exprocurador (fiscal) general de la República, Jesús Murillo Karam, creador de la versión conocida como “verdad histórica”, que explicaba qué ocurrió con los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 y que fue descartada años después por la investigación.

El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dijo sin embargo en la presentación del informe que existían indicios suficientes para que la Fiscalía investigara a 33 personas señaladas en el documento, entre las que hay funcionarios públicos y militares, para lo que ya se estaban llevando a cabo “las diligencias judiciales correspondientes”.

Además de confirmar públicamente que “no hay indicios” de que los estudiantes sigan con vida, uno de las conclusiones más tajantes destacadas por Encinas fue calificar lo ocurrido de “crimen de Estado”.

Para entender qué implicaciones tiene esta calificación, conocer el impacto del informe y saber qué podría ocurrir a partir de ahora, BBC Mundo entrevistó a Humberto Guerrero*, representante de las organizaciones de sociedad civil en la Comisión de la Verdad por parte del Centro de investigación Fundar, quien estuvo presente en la presentación del informe a los padres de los estudiantes.


¿A qué nos referimos cuando hablamos de “crimen de Estado”?

Hay que decir que este concepto como tal no existe en el ordenamiento jurídico mexicano. Sí existe en el Derecho internacional cuando hablamos de delitos internacionales, entre los que están la desaparición forzada o la tortura, y que se convierten en crímenes de lesa humanidad cuando se cometen de manera sistemática o generalizada.

Hay una serie de principios de Naciones Unidas sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos que incluyen cuando el Estado incurre en estas conductas. Se habla entonces de una “responsabilidad agravada”.

¿Cuál es esa responsabilidad?

Se refiere a que, cuando se cometen esos delitos, se invierte la lógica del Estado. Es decir, quien debe proteger, pasa a ser el atacante.

Además de que, al tratarse de delitos que se cometen desde el poder político principalmente a través del aparato del Estado, se dice que son delitos de realización oculta que dificulta su investigación.

Alejandro Encinas presenta el informe.

Getty Images
El subsecretario de Derechos Humanos de México, Alejandro Encinas, fue el encargado de presentar el informe de la Comisión de la Verdad.

¿Qué consecuencias jurídicas implica que un caso sea calificado como tal?

El Derecho internacional ha desarrollado una serie de reglas que tratan de desmontar todo ese aparato de protección que genera el Estado para evitar que eso se investigue.

Por ejemplo, aunque la mayoría de códigos penales del mundo contemplan la obediencia debida como justificante el estar obedeciendo órdenes, cuando se trata de crímenes de Estado no exime de responsabilidad ante un delito el estar obedeciendo órdenes. Ni en estructuras altamente jerarquizadas como la militar.

También para este tipo de delitos donde participa el aparato estatal se ha desarrollado la regla de que, incluso si tú no tenías certeza de que tus subordinados los estaban cometiendo, puedes llegar a ser responsable bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, si había información que te pudo haber puesto en alerta de lo que sucedía y fuiste negligente por no hacerle caso.

Entonces sí estamos ante un cambio importante en la investigación del caso Ayotzinapa al darle esta calificación de “crimen de Estado”.

Sí, este es un total cambio de enfoque al caso que supone que tanto la Fiscalía como los juzgadores mexicanos van a tener que aplicar este conjunto de reglas desarrolladas en el Derecho Penal Internacional para analizar la desaparición de los 43 estudiantes y las conductas desplegadas después para ocultar lo ocurrido.

Con este reconocimiento se demuestra que en Guerrero existía una red criminal conformada no solo por delincuencia organizada sino también por autoridades de distintos niveles. Y que lo ocurrido no un hecho aislado sino que formaba parte de un patrón de actuación. La investigación debería reflejar eso.

Ahora lo que hay que analizar es si estas declaraciones que se han dado más en el ámbito de lo político, se traducen en un cambio de actuación en el aparato judicial o si sigue enfocándose, por ejemplo, únicamente en perpetradores directos.

¿Así que esa calificación puede quedarse en una declaración del gobierno pero no ser aceptada y aplicada por los jueces?

No se aplicaría por el solo hecho de que lo haya declarado el subsecretario Encinas, ya que hay una autonomía tanto del poder judicial como de la Fiscalía.

Pero sí que hay forma legal de decir que “se tendría que hacer de esta forma”, ya que México es parte de diversos tratados que contienen todo este conjunto de normas al que hemos hecho referencia. Así que tanto Fiscalía como judicatura tienen normas jurídicas de las que echar mano para aplicar esta perspectiva.

Atendiendo a esta calificación, obviamente, la responsabilidad del caso no recaería únicamente sobre individuos sino también sobre el propio Estado.

En este tipo de delitos, y así lo señaló el Comité contra las Desapariciones Forzadas en su reciente visita a México, es que las investigaciones se enfocan mucho en autores materiales y a exigir que haya pruebas directas en contra de las personas.

Y muchas veces es muy difícil encontrarlas porque justo lo que hace el aparato de poder es desplegarse para ocultar toda evidencia y generar impunidad, por lo que hay que ir relacionando distintas pruebas indirectas.

Respecto a la responsabilidad del Estado, sí, subsiste de manera paralela esa responsabilidad por la que le corresponde ofrecer una serie de medidas de reparación, la cual incluye la propia justicia.

Y teniendo en cuenta que el Estado es un ente abstracto, claro, corresponde al gobierno actual asumir esa responsabilidad aunque no viviera aquellos hechos ocurridos hace casi ocho años.

Protesta por caso Ayotzinapa

Getty Images

¿Qué otros casos han sido considerados crímenes de Estado en los tribunales mexicanos?

Es relativamente nuevo que los jueces mexicanos aborden este tipo de casos con esa perspectiva. Hay sistemas judiciales con mucha más experiencia como el argentino, el chileno o incluso el guatemalteco, que han procesado a personajes de alto perfil político.

Sí hay algunos casos, como cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado a México continuar con las investigaciones de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco porque quedó demostrado que hubo una política generalizada en las desapariciones de los años 70 por parte de las fuerzas militares en el país. Y la investigación debe reflejar el carácter sistemático de esas desapariciones.

También están todos los casos de la llamada “guerra sucia” en México entre los años 60 y parte de los 80. Y hay que recordar que informes de la ONU han insistido en que se deben esclarecer los grados de responsabilidad del Estado en las desapariciones en el país, ya que han identificado casos donde los agentes del Estado participan directamente en ellas y otros donde hay una clara colaboración entre crimen organizado y autoridades.

Aunque estos organismos internacionales no los han calificado así, en mi opinión, deberían calificar como crímenes de Estado.

Al igual que los familiares de los estudiantes, Fundar no quiere entrar a una valoración exhaustiva del último informe hasta conocer la postura del grupo de expertos independientes (GIEI), que este lunes pidió acceso a las nuevas pruebas y documentos que plantea el documento. Sin embargo, en base al listado de funcionarios señalados en el informe y el posterior arresto de Murillo Karam, ¿podríamos ver pronto nuevas detenciones?

Hasta donde tenemos conocimiento por lo que se nos informó en la reunión con el presidente donde Alejandro Encinas presentó el informe, no. No se nos informó de más detenciones, se nos informó de lo que hemos estado viendo en estos días.

¿Sí se les adelantó el arresto de Murillo Karam?

No se habló expresamente de detenciones. Se nos dijo que en estos días se estarían viendo acciones por parte del gobierno con relación al caso, pero no se mencionaron nombres específicos. De hecho, se habló de esa famosa lista de 33 personas y en la reunión con padres y madres también se reservaron los nombres .

Jesús Murillo Karam

AFP
Jesús Murillo Karam era procurador general de la República cuando desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.

Ya informes anteriores de expertos habían señalado la presunta responsabilidad de las autoridades y en 2020 la Fiscalía descartó públicamente la validez de la llamada “verdad histórica” creada por Murillo Karam. Pero su detención no tuvo lugar hasta horas después de conocerse este último documento. ¿Qué cambia tanto con este informe respecto a publicaciones anteriores?

Esa pregunta es fundamental. El GIEI ya mostró en un comunicado su preocupación por una posible premura en la publicación del informe, ya que no conocieron con tiempo su contenido y las pruebas que le dan sustento y se presentó a las familias apenas unas horas antes.

En esa reunión con los papás, Encinas mencionó que mucha de la información del informe estaba siendo entregada a la Fiscalía en el momento en que se presentaba. Si esto es cierto, querría decir -y esto es mera especulación mía- que no necesariamente las solicitudes de órdenes de aprehensión y lo que están presentando ahora en la Fiscalía contra Murillo Karam incorpora la evidencia adicional que aportaría este último informe. Pero eso no está muy claro aún.

Así que para responder a la pregunta: no sé si necesariamente este informe marcó una diferencia. O quizá se pusieron a trabajar a marchas forzadas para incorporar esta nueva evidencia al proceso. No está claro.

¿A qué se podría deber esa premura en la publicación y a que los familiares fueran informados con tan poca antelación, al contrario de con otros informes?

Hay que tomar en cuenta que había un contexto de mucha presión, y no solo por los padres y madres que venían haciendo reclamos fuertes al gobierno. Teníamos casi un año sin que hubiera reunión con el presidente, cuando al inicio teníamos como unas dos o tres anuales. Pero tras la última reunión con el presidente, que creo que todo el mundo sabe que fue tensa, hubo un vacío de casi un año.

Además, el presidente reconoció que esta es una de las promesas de campaña que le quedaba pendiente por cumplir, y ya está cerca el octavo aniversario de los hechos. Creo que es imposible no tomar en cuenta este contexto para entender la decisión de salir con el informe en este momento.

AMLO

Gobierno de México
Tras la publicación del informe, AMLO aseguró que el caso Ayotzinapa “no está cerrado” y abogó por “castigar a los responsables” para “la no repetición”.

Si pudo haber premura en la publicación del informe y la detención de Murillo Karam ocurrió solo horas después, ¿hay riesgo de que pudiera acabar siendo liberado porque su arresto no se ha hecho conforme al debido proceso o porque su acusación no incluye esas últimas pruebas? ¿Podría haber ganado la presión pública?

Esa es nuestra principal preocupación. Sin duda, la detención de un personaje como Murillo Karam puede abrir las puertas a conocer la verdad, porque incluso puede resquebrajar el pacto de silencio entre otros personajes.

Pero si esto se hace de manera precipitada o apresurada, se estaría agotando una oportunidad que quizás no volvamos a tener.

En la audiencia contra Murillo Karam, se presentaron testimonios que apuntan a que se habría reunido para fraguar la “verdad histórica” con el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón -prófugo en Israel- y con el entonces coordinador de la policía federal en Guerrero, Omar García Harfuch, quien ya ha negado tajantemente el señalamiento. Tras la detención del exprocurador, ¿sobre quién o quiénes más cree que recaería la responsabilidad de lo sucedido?

Para esclarecer la cadena de responsabilidades, lo primero es que hay que establecer con solidez la responsabilidad de Murillo Karam, ya sea por omisión o como actuación deliberada para ocultar la verdad y contribuir al ocultamiento de los estudiantes, tal y como se plantea.

La gran pregunta es ¿Murillo Karam tomó esa decisión solo? Aunque la respuesta fuera afirmativa, o si la tomó de manera compartida al menos con sus pares en otras instituciones intervinientes que son los secretarios de Estado, habría que esclarecer cuál sería esa contribución.

Sobre el expresidente Enrique Peña Nieto, quien gobernaba cuando desaparecieron los estudiantes, Encinas ya descartó que estuviera en la lista de funcionarios señalados y el propio López Obrador dijo que procesarlo “va a estar difícil”.

Justamente, otra pregunta es si Murillo Karam informó de esa decisión al menos a sus superiores. Ya no es cuestión de si sus superiores se lo ordenaron o no, lo importante es si informó de su decisión incluso después de ejecutarla.

En ese caso, como decía antes, haber tenido conocimiento y no actuar como un superior jerárquico tiene consecuencias.

* Humberto Guerrero es licenciado en Derecho, especialista en Derecho internacional de los derechos humanos y derecho penal internacional, y ejerce como coordinador del Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad del centro Fundar.


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