¿En qué consisten las multas a partidos por 341 mdp aprobadas por el IFE?
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¿En qué consisten las multas a partidos por 341 mdp aprobadas por el IFE?

La sanción más grande fue de 169 millones a la coalición PRI-PVEM; el Movimiento Progresista, alianza de izquierdas, pagará 135.4 millones por rebasar los topes de campaña de 2012.
16 de julio, 2013
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El Consejo General del IFE aprobó, con siete votos a favor y uno en contra, el dictamen consolidado y el proyecto de resolución de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña de la elección de 2012, el cual establece sanciones por un total de 341 millones 877 mil pesos 056.98 pesos.

De acuerdo con el documento, una de cada ocho campañas superaron los límites de gasto establecidos en la normatividad electoral, y el único caso de sanción a la campaña presidencial fue para la coalición Movimiento Progresista por el rebase del tope de gastos.

Los gastos globales reportados por los partidos políticos y coaliciones, en conjunto, ascendieron a dos mil 177 millones de pesos; a los cuales se agregaron 394 millones derivados de las labores de auditoría, con lo que suman dos mil 572 millones de pesos.

Las sanciones fueron por un total de 341 millones 877 mil pesos 056.98 pesos que se desglosan así:

PRD: Recibió una multa de 28 millones 043 mil 169.10. Participó en una coalición con el Partido del Trabajo (PT) y el Movimiento Ciudadano.

Coalición PRD-PT y Movimiento Ciudadano (MC): Postularon a todos sus candidatos juntos y fue la única que rebasó el tope de gastos en la campaña presidencial, haciéndose acreedora a una multa de 135 millones 433 mil 715.13 pesos (59 millones 630 mil 990 pesos del PRD; 38 millones 770 mil 547 pesos del PT y 37 millones 32 mil 177 de MC).

La coalición también violó los topes en dos campañas de senadores y nueve de diputados. Los auditores detectaron un total de 341 faltas administrativas.

PRI: Rebasó los topes de gastos en 28 campañas de diputados. Participó en coalición parcial con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), es decir que en los comicios para senadores y diputados presentaron candidatos comunes en la mayoría de los casos, aunque en la candidatura presidencial fueron juntos en la coalición Compromiso por México, la cual se hizo acreedora a una multa de 169 millones ocho mil 285.35 pesos.

PVEM: Rebasó los topes de gastos en dos campañas para senadores y fue multado por un millón 302 mil 610.83.

Estos partidos cometieron 311 faltas en total.

PAN: Violó los topes de gastos en dos campañas de diputados. Cometió un total de 97 faltas administrativas.Recibió una multa de 519 mil 943.26 pesos.

Nueva Alianza (Panal): No rebasó topes de gastos en ninguna campaña, pero cometió 34 faltas administrativas, por lo que su sanción asciende a dos millones 569 mil 333.31 pesos.

En un debate que se prolongó por más de seis horas, los consejeros electorales y los representantes del Poder Legislativo y de los partidos políticos intercambiaron diversos puntos de vista, sobre todo relativos al criterio de “prorrateo”, mediante el cual se asignaron los gastos a cada una de las diferentes campañas.

El representante del PAN, Rogelio Carbajal Tejeda, consideró un “fracaso” el modelo de fiscalización y anunció que su partido acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a presentar un recurso por su inconformidad en el prorrateo que se realizó a los diversos candidatos de la coalición Compromiso Por México.

El representante del PRD, Camerino Márquez Madrid, desde antes que iniciara la sesión, ofreció una rueda de prensa que estuvo encabezada por el presidente de ese partido, Jesús Zambrano Grijalva, para anunciar que recurrirían al TEPJF para manifestar su inconformidad.

En el debate, de entrada, Valdés Zurita advirtió que pese a que el dictamen y el proyecto de resolución eran “robustos técnicamente y plenamente apegados a la ley vigente”, era posible que socialmente sean insuficientes.

Aseguró que ello refleja un “fenómeno que, por cierto, no se resolverá con otras leyes, sino con mayor cultura política y convicción democrática de todos los actores”.

El consejero electoral Lorenzo Córdova Vianello destacó que en el prorrateo de los gastos de campaña, algunos partidos o coaliciones privilegiaron la campaña presidencial sobre las de diputados y senadores, y otros al revés y señaló que “¿es justo?, sin duda no, pero son reglas que todos han aceptado”.

Córdova Vianello coincidió con Marván Laborde en que la coalición Compromiso por México gastó más que cualquier otra, pero los propios criterios de prorrateo permitieron que la asignación de gastos recayera en las campañas de diputados y no en la presidencial.

En su turno, y luego de anunciar su voto en contra, el consejero Alfredo Figueroa explicó que no podía acompañar la aprobación del dictamen “porque tiene elementos que distorsionan la naturaleza de la fiscalización”.

Consideró que en el documento hay ausencia de criterios comunes entre todos los partidos, por lo que el dictamen “no es Constitucional, legal, ni reglamentario”.

En sesión extraordinaria, el presidente del órgano, Leonardo Valdés Zurita, así como los consejeros María Marván Laborde, Macarita Elizondo Gasperín, Lorenzo Córdova Vianello, Marco Antonio Baños, Benito Nacif y Francisco Guerrero Aguirre, avalaron al documento y sólo votó en contra el consejero Alfredo Figueroa.

El IFE aprobó el dictamen despues de haber pospuesto su votación en tres ocasiones.

Con información de Ntx y Noticieros Televisa.

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El estado de EU donde aún es legal la esclavitud más de 150 años después de la abolición

La esclavitud sigue siendo legal como castigo por un delito para los presos condenados. Un estado del sur de Estados Unidos decidió en las últimas elecciones de medio término mantener el trabajo forzado en las cárceles. ¿Por qué?
3 de diciembre, 2022
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“Todas las personas detenidas como esclavos” dentro de los estados rebeldes “son y en adelante serán libres”.

Así, el presidente estadounidense Abraham Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación el 1 de enero de 1863.

Sin embargo, y 159 años después, aún existe una excepción. La esclavitud sigue siendo legal como castigo por un delito para los presos condenados.

En las últimas elecciones de medio término en Estados Unidos, cinco estados votaron por eliminar el trabajo forzoso en las cárceles.

Los electores de Alabama, Oregón, Tennessee y Vermont decidieron el 8 de noviembre pasado eliminar de las constituciones estatales las exenciones que permiten la esclavitud o la servidumbre involuntaria, en un esfuerzo por prohibir la esclavitud por completo.

El resultado podría permitir a los presos presentar demandas contra el trabajo forzoso en el sistema de justicia penal, dicen expertos.

Entrada a la prisión de máxima seguridad de Luisiana.

Getty Images

Pero un quinto estado decidió mantener la legalidad del trabajo forzado en las cárceles: Luisiana.

¿Por qué?

Hacemos un repaso de esta particular situación en el mardo del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud que se conmemoró este 2 de diciembre.

“Angola”

El trabajo penitenciario es una industria multimillonaria en Estados Unidos.

Unos 800 mil presos trabajan actualmente en Estados Unidos por centavos, o por nada, según las cifras que citan los expertos.

Siete estados no pagan a los trabajadores penitenciarios ningún salario por la mayoría de las asignaciones de trabajo y los presos pueden ser castigados si se niegan a trabajar, según un artículo del periodista de la BBC en Washington, Max Matza.

Un preso en la carcel "Angola"

Getty Images

Luisiana en particular tiene uno de los sistemas laborales penitenciarios más notorios del país.

La Penitenciaría Estatal de Luisiana es la única prisión de alta seguridad para hombres en el estado y la más grande de EU.

Ocupa un poco más de 72 kilómetros cuadrados, casi el tamaño de la isla de Manhattan, en Nueva York.

Es conocida como “La Alcatraz del sur” y como “Angola”, por el país africano de donde provinieron muchos de los esclavos que trabajaban en la plantación de algodón que existía en ese mismo lugar a finales del siglo XIX (algunos historiadores sostienen que este dato es erróneo porque el comercio internacional de esclavos fue prohibido en 1807, por lo que es poco probable que décadas más tarde los trabajadores de la plantación hubieran nacido en África).

En esta prisión están detenidos más de 5 mil hombres, un gran porcentaje de ellos son negros.

Entre la gran variedad de trabajos, los prisioneros todavía cultivan y cosechan algodón.

Prisión "Angola" en Luisiana en 1933.

Getty Images
Prisión “Angola” en Luisiana en 1933.

“Si los trabajadores se niegan a trabajar, son castigados. Peones bien educados trabajan en las casas de los capataces, cocinando y limpiando. Duermen en pequeños dormitorios y se les paga de dos a 20 centavos por hora, que solo pueden gastar en el lugar”, describe el diario The Washington Post.

¿Por qué Luisiana rechazó el cambio?

Luisiana votó a favor de mantener la excepción de la esclavitud en la votación de las elecciones de medio término después de que el legislador que había impulsado la iniciativa electoral se retractara.

Edmond Jordan, un representante estatal demócrata de la ciudad de Baton Rouge, dijo que retiró su apoyo inicial a la medida después de que una lectura más detallada de la ley propuesta lo llevó a creer que en realidad podría haber ampliado las protecciones para la esclavitud.

Actualmente, la ley establece que “están prohibidas la esclavitud y la servidumbre involuntaria, excepto en este último caso como castigo de un delito”.

La nueva propuesta sugería eliminar la frase “excepto en este último caso como castigo por un delito”.

Pero la redacción alternativa planteaba confusiones.

Se podía interpretar que tanto la esclavitud como la servidumbre involuntaria podrían permitirse en ciertas circunstancias pese a que en la Constitución vigente la esclavitud está explícitamente prohibida.

Un oficial vigila en la prisión "Angola".

Getty Images

En una entrevista con la BBC tras las elecciones del 8 de noviembre, Jordan dijo que retiró su apoyo porque no quería “hacer daño” y que mantener la ley no empeoría la situación actual.

Dijo que planea revisar el proyecto de ley y hacer campaña para que se apruebe en 2023.

Cuando se le preguntó si le preocupaba que la ley propuesta pudiera haber permitido la continuidad de la esclavitud, el legislador citó la decisión de la Corte Suprema en junio de invalidar el derecho nacional al aborto después de 40 años como ley establecida.

“Si me hubieras hecho esa pregunta hace un año, te habría dicho que la probabilidad de que fuera una amenaza sería casi nula, porque está prohibido a nivel federal”, afirmó.

“Pero después de Roe vs. Wade la reversión de cosas que alguna vez pensamos que eran leyes bien establecidas, no quiero correr el riesgo con algo que creemos que está bien resuelto”.

Cuestionamientos

Los defensores del cambio en la ley opinan que es necesario para prevenir el abuso de prisioneros.

Y esperan eliminar la misma exención de la Enmienda 13 de la Constitución de Estados Unidos, que abolió la esclavitud pero mantuvo un vacío legal.

Un grupo de prisioneros en "Angola" custodiados por oficiales armados en los campos de la cárcel de Luisiana en 1990.

Getty Images

Curtis Davis III, un exprisionero de Luisiana que fue indultado después de 25 años cuando se volvió a investigar su caso de asesinato, dijo que cree que hubo un “truco político” detrás de escena en las últimas elecciones.

Sus sospechas sobre el retiro de apoyo a la medida se deben a que el estado es uno de los pocos que aún condena a los presos a “trabajos forzados”.

Para Davis, a algunos legisladores les preocupa que el nuevo lenguaje en el proyecto de ley pudiera potencialmente invalidar las sentencias judiciales dictadas a miles de prisioneros en Luisiana.

Jordan negó que los trabajos forzados hayan contribuido a su decisión.

Pese al rechazo de Luisiana, Davis opinó que no está decepcionado de que su estado no haya cambiado la ley.

Según él, el objetivo principal es cambiar la Enmienda 13 de la Constitución de Estados Unidos, que reemplaza a las constituciones estatales.

Para cambiar la Enmienda 13 se requeriría una mayoría de dos tercios de ambas cámaras del Congreso de EU, o por una convención constitucional en la que dos tercios de las legislaturas estatales voten para apoyar el cambio.

Un hombre camina en uno de los pasillos de la prisión "Angola".

Getty Images

Todavía hay más de una docena de estados que incluyen un lenguaje que permite la esclavitud y la servidumbre involuntaria de los presos, según la agencia de noticias Associated Press.

Varios otros estados ni siquiera mencionan la esclavitud o el trabajo penitenciario forzoso en sus legislaciones.

Lee: Elecciones en EU: quién ganó, quién perdió y qué significan los resultados hasta ahora


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