Siete años para que el PRD pague una deuda a un empresario
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Siete años para que el PRD pague una deuda a un empresario

Desde 2006, un empresario espera a que el IFE emita una resolución que obligue al PRD a pagarle 25 millones de pesos por prestarle servicios de audio, video y colocación de lonas en el plantón del Paseo de la Reforma en apoyo a Andrés Manuel López Obrador
Por Lilia Saúl Rodríguez
22 de julio, 2013
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plantón reforma

En 2006, el PRD contrató lonas para el plantón de la Avenida Paseo de la Reforma. Por ese y otros conceptos, el partido adeuda 25 millones a un empresario. //Foto: Cuartoscuro.

 

El empresario Rafael Goycoolea Incháustegui tuvo que esperar siete años y pasar por cinco instancias distintas de la justicia mexicana –incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación- para que el IFE discuta un proyecto de resolución que obligue al PRD a pagarle 25 millones de pesos por prestarle sus servicios de instalación de lonas, video y audio durante la campaña electoral y el plantón del Paseo de la Reforma en 2006, tras la derrota del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

Pese al tiempo ya pasado, el órgano electoral todavía debe determinar este lunes 22 de julio si el PRD paga en una sola exhibición o en mensualidades.

El primer juicio mercantil en contra del partido político se solicitó ante el Juzgado 56 de lo Civil. La demanda la recibió en octubre de 2007 y fue tres años después cuando la misma instancia dictó una sentencia y fue parcialmente a favor del empresario, pues éste demandó el pago de diversas facturas por 25 millones de pesos y el juez sólo reconoció la validez de éstas por 7 millones de pesos.

Rafael Goycoolea llevó el caso a la siguiente instancia: la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Ahí se emitió una sentencia a favor del empresario y ésta tuvo que enviarse al IFE, quien debía ejecutarla. El PRD la impugnó.

Cuando el caso llegó al IFE, en 2012, se elaboró un recurso en el que se resolvió pagarle al empresario so pena de que el partido no recibiera los fondos públicos que obtiene periódicamente, pero el PRD nuevamente impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia que determinó que las prerrogativas de los partidos políticos no podían ser embargables.

La situación era compleja, pues si no se embargaban los recursos por parte del IFE, el partido político podía negarse a pagar a pesar de que se resolviera a favor del empresario. Es decir, es más fácil que el IFE pague lo que debe el PRD a que el PRD lo haga.

Sin embargo, después del fallo del Tribunal Electoral, el empresario Goycoolea no se quedó cruzado de brazos y apoyado por el abogado Israel Enrique Montiel Miranda –quien trabajó como apoderado legal del gobierno capitalino durante la administración de Andrés Manuel López Obrador— logró llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Primera Sala resolvió que las prerrogativas de los partidos políticos sí son embargables y por lo tanto, el IFE y no el PRD debía pagar la deuda. Es decir, el IFE tenía la facultad de omitir la entrega de recursos al partido, para dárselos al empresario.

La resolución de la Corte se dio apenas este año, por lo que el IFE enlistó para este lunes 22 de julio la discusión de este nuevo proyecto que debió elaborar. Sin embargo, el PRD podría presentar nuevamente una impugnación ante el Tribunal Electoral, ahora por la resolución que tome el IFE al embargarle sus recursos en una sola exhibición o en varios pagos.

Animal Político buscó a Rafael Goycoolea Incháustegui para entrevistarlo pero los registros que otorgó al IFE para su localización ya no corresponden con los actuales, según respondieron a esta reportera en el teléfono registrado en el padrón de proveedores del Instituto.

“Parece venganza”: Belauzarán

Para el PRD, el asunto del pago de esta deuda “pareciera venganza” y afirman que el empresario Goycoolea Incháustegui falsificó la firma de su entonces secretario de finanzas, José Borge.

“Parece venganza. Yo espero que no hagan eso. Estamos demostrando que falsificaron las firmas. Ya está levantada en la PGR la denuncia. El Secretario de Finanzas de entonces no firmó, ya lo demostró, es un fraude”, aseguró Fernando Belauzarán, representante del PRD por parte del Poder Legislativo ante el IFE.

Apenas la semana pasada el órgano electoral determinó multar al PRD junto con el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano (Coalición Movimiento Progresista) por 135 millones de pesos, al haber rebasado el tope de gasto de campaña de la candidatura presidencial.

El argumento de Belauzarán es que además la Corte no permite “embargar” al PRD, sino que le da al IFE esa “posibilidad”.

“La Corte no dice que se tenga que embargar y entregar el dinero. La Corte dijo que el IFE pudiera decidir embargar. Eso dice, pero es sólo una posibilidad”, afirmó el perredista.

De cualquier modo, anunció que impugnarían nueavamente la resolución del IFE ante el Tribunal Electoral.

Empresario con contratos en el GDF

Aunque no se especifica para qué fueron utilizados sus servicios, Goycoolea Incháustegui también fue contratado por el Gobierno del Distrito Federal.

Su nombre aparece junto al de varias empresas que están en el padrón de “beneficiados” (aunque no se determina en qué año fueron beneficiadas) y también en el de la actual administración de la Delegación Iztacalco. Igualmente aparece en el padrón de 2004 de la delegación Azcapotzalco. 

En cuanto al PRD, el instituto político reservó toda la información relacionada con este caso en su portal de internet. La documentación no se puede dar a conocer porque contiene “información importante que puede ser utilizada para el fallo”.

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'Solo sí es sí': por qué muchos agresores sexuales en España podrán salir de prisión antes de tiempo bajo una nueva ley

Un agujero legal en la nueva legislación sobre la libertad sexual en España ha abierto la puerta a la rebaja de la pena a personas ya condenadas por agresión sexual.
18 de noviembre, 2022
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Lleva en vigor apenas un mes, pero la polémica no abandona a la nueva ley española conocida como del “solo sí es sí”.

Un “agujero legal” en La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que impulsó el sector más izquierdista del gobierno español, ha provocado que la aplicación de la norma tenga una consecuencia indeseada para sus promotores: la reducción de la pena a algunos condenados.

Desde que comenzó a aplicarse, una quincena de agresores condenados con la legislación antigua han obtenido una rebaja automática en sus penas, entre ellos un hombre que abusó sexualmente de su hijastra de 14 años. Tres de ellos han sido excarcelados.

El cambio en el régimen jurídico, que se aprobó tras más de cuatro años de debate, no incluyó una disposición transitoria para acotar los casos susceptibles de revisión de la pena, una especie de reglas que establecen el paso de un Código al otro.

Esta es una disposición que suelen adjuntar las nuevas leyes que modifican el Código Penal español.

La ley de Libertad Sexual ha eliminado la distinción entre abuso y agresión sexual. Ahora, toda interacción sexual sin consentimiento se considera una agresión.

Sin embargo, esta refundición de conductas también ha ampliado el rango de las penas que se aplican a estos comportamientos, que pueden ser muy distintos.

En algunos supuestos, las penas mínimas y las máximas son más bajas.

Esto ha sido aprovechado por los abogados de algunos condenados, que tienen derecho a que su pena se adapte a la nueva ley si esta les resulta más favorable.

Perspectiva de género

Para la ministra española de Igualdad, Irene Montero, de Podemos, el problema radica en que “hay jueces que no están cumpliendo con la ley” por “machismo“, y ha pedido que se refuerce la formación en igualdad en el sistema judicial.

La ministra española de Igualdad, Irene Montero.

EPA
La ministra española de Igualdad, Irene Montero.

Según la ministra, la ley está bien redactada y el problema se encuentra en la aplicación e interpretación de la misma por jueces a los que les falta “perspectiva de género”.

La titular de Derechos Sociales y líder del partido izquierdista, Ione Belarra, también ha dicho que los jueces están aplicando “mal” la nueva ley, y ha acusado a una parte de la magistratura de erigirse como “oposición al gobierno de coalición, y especialmente al ministerio de Igualdad”.

Ante las críticas, los jueces aseguran que ellos mantienen un compromiso con las víctimas, pero que la nueva ley puede dar lugar a interpretaciones.

El Consejo General del Poder Judicial, conocido como “gobierno de los jueces”, ya había advertido en un informe antes de que se aprobara la ley que ésta podría dar lugar a “una revisión de las condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas”.

Varias agrupaciones de jueces, entre ellas la Asociación Profesional de la Magistratura, que reúne al mayor número de juristas en España, han pedido la dimisión de la ministra de Igualdad por sus ataques a los jueces y por generar “una alarma innecesaria y devastadora” entre las víctimas.

En el Gobierno de coalición, los socialistas se han abierto a revisar la ley del “solo sí es sí”.

“Si hay que abordar una reforma para conseguir un respaldo más sólido a las víctimas, habrá que abordarla”, ha dicho la ministra socialista de Educación, Pilar Alegría.

La ley, sostiene, se aprobó para la protección integral de las víctimas.

El propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que corresponde a los jueces y fiscales “unificar” la doctrina al respecto.

Origen

La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual tiene su origen en el polémico caso conocido como de “la manada“, que generó manifestaciones en todo el país y la exigencia de parte de la sociedad española de reformar las leyes para proteger a las mujeres de ataques sexuales y endurecer los castigos para quienes los perpetren.

En este caso, cinco hombres violaron a una joven de 18 años en un portal de Pamplona y fueron condenados a penas de 15 años.

Paradójicamente, la nueva ley podría rebajar la condena de alguno de ellos.

Su abogado ya ha dicho que, a la luz del nuevo código, pedirá la reducción de la pena de al menos uno de los condenados.

La ley se conoce como de “solo sí es sí” por uno de sus postulados más importantes y, a la vez, más polémicos: la del consentimiento antes de cualquier agresión sexual.

“Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”, expone el texto legal.

Esto supone que una agresión sexual no implica necesariamente el uso de la fuerza o que la víctima haya tratado de resistirse.

La nueva norma también castiga el acoso callejero y la violencia sexual digital, entre otros delitos.


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