José Romero Enríquez, uno de los cinco gobernadores tradicionales del pueblo guarijío, cuyo territorio en el estado de Sonora se encuentra amenazado por la eventual construcción de una presa, denunció que fueron amenazados por funcionarios públicos con el retiro de programas de apoyo gubernamental, para obligarlos a autorizar permisos de construcción.
“Nos amenazaron a nosotros y a la gente. Nos dijeron que las becas y las viviendas, los proyectos y apoyos del gobierno van al lado de la presa, que si no firmábamos teníamos que devolver todo lo que nos había dado el gobierno este año y que no nos iban a dar (el programa) Oportunidades. Fueron con policía a sacar a los gobernadores de sus casas para llevarlos a firmar”, dijo Romero Enríquez quien desde ayer luens 12 de agosto se encuentra en la ciudad de México con la intención de reunirse con el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Igualmente, este gobernador tradicional afirmó a Animal Político que ya solicitaron una cita con el comisonado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz y con Nuvia Mayorga, directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Romero Enríquez también denunció que la comisionada aún no responde a una carta enviada el 29 de julio, en la que solicitaron su intervención ante las amenazas y presiones que los gobernadores tradicionales han recibido por la posible construcción del proyecto conocido como Los Pilares.
El gobernador tradicional señaló como autores de las amenazas al coordinador general de la Secretaría de Gobierno del estado, Manuel Borbón Holguín, al regidor del municipio de Álamos, Lauro Borbón Ayón, y al subdirector de programas de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comuindades Indígenas, Carlos Navarrete Baldenebro.
Romero Enríquez recordó que para que se pueda realizar la obra, que afectará a nueve comunidades, dos de las cuales quedarán bajo el agua, el gobierno estatal requiere del consentimiento de los cinco gobernadores tradicionales, razón por la cual los presionaron y obligaron a firmar a espaldas de las asambleas y les ofrecieron dinero.
[contextly_sidebar id=”1bb43d242eeb9d2d493be2373b32f7e4″]“A mí me ofrecieron 20 mil pesos y 15 mil a mi hijo y 15 mil a mi hija, para el proyecto que quisiéramos”. Según afirmó el gobernador tradicional, así consiguieron cuatro de las cinco firmas, y al negarse él a firmar, manipularon la asamblea que se llevó a cabo en Makurawi, su comunidad, el 4 de agosto para obtener su autorización.
De acuerdo a sus declaraciones esa firma no es válida, como tampoco lo es ya la del gobernador tradicional de Mesa Colorada, otra de las localidades afectadas, pues la asamblea comunitaria lo destituyó por haber firmado sin su autorización y sin la del comisariado ejidal.
Por último, aclaró que las amenazas que recibieron sus asesores Armando Haro Encinas y Ramón Martínez Coria, quienes la semana pasada tuvieron que abandonar la región y se encuentran actualmente dentro del Programa de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, no vienen de personas del pueblo guarijío.
