[contextly_sidebar id=”6f01f8c54873cb0b41fea28c99191ca4″]Luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos constatara en septiembre pasado que las autoridades de Yucatán se negaron a investigar adecuadamente el fallecimiento de un adolescente ocurrido en 2011 –caso que dio origen a la recomendación 34/2013 del ombudsman nacional–, un juzgado federal de amparo estableció un plazo de 30 días hábiles para que la fiscalía yucateca presente las conclusiones de su indagatoria, mismas que, a más de dos años de ocurrido el deceso, siguen pendientes.
El juez federal de amparo David Gustavo León Hernández determinó que, con esta tardanza en las indagatorias, la Fiscalía General de Yucatán faltó a su obligación de impartir justicia no sólo para el fallecido –el joven Felipe Castillo, quien se presume fue asesinado–, sino también para sus padres, a los que se violó el derecho a una justicia “pronta y completa”.
Según la sentencia, emitida el pasado 19 de septiembre pero notificada a los deudos la semana pasada, con su actuación irregular “la autoridad responsable violenta en perjuicio de los quejosos la garantía prevista en el artículo 17 constitucional, al omitir impartir justicia, debido a que desde el año 2011 inició el trámite de la averiguación previa, sin que a la fecha haya realizado las diligencias que permitan integrar debidamente dicha indagatoria, para que esté en posibilidad de pronunciarse sobre el ejercicio o no de la acción penal”.
Entrevistado al respecto, Jose Antonio Castillo, padre del menor fallecido, señaló que, debido a que el juicio de amparo fue resuelto en un tribunal federal de Veracruz, hasta el día de ayer, miércoles 16 de octubre, la fiscalía de Yucatán aún no había sido notificada oficialmente de esta resolución, trámite que deberá de cumplirse en los próximos días, y “a partir de que esta notificación sea entregada por el Servicio Postal Mexicano, comenzará a correr el plazo de 30 días hábiles otorgados por el juez, para que las autoridades yucatecas cumplan con su responsabilidad” o, de lo contrario, estarían incurriendo en desacato a una determinación judicial.
Entre las irregularidades detectadas en el proceder de las autoridades yucatecas se encuentra que, tras la muerte del menor, prácticamente no realizó ninguna diligencia pericial orientada a determinar las causas del fallecimiento y, por el contrario, el caso fue catalogado en automático como un suicidio, aún cuando durante el levantamiento del cadáver fueron fotografiadas distintas lesiones que contradicen dicha hipótesis.
Los agentes yucatecos que tomaron en sus manos el caso en estos dos años han sustraído del expediente diversas evidencias, entre las que se encuentran la ropa que portaba el menor al fallecer, así como su celular, y en otros casos permitieron que la evidencia se desvaneciera, como en el caso de las llamadas que el menor realizó desde su teléfono personal antes de morir, información que fue solicitada a la empresa prestadora del servicio más de un año después del deceso, lo que impidió que tales datos fuesen preservados para su consulta.
Asimismo, al practicar la autopsia, el forense de Yucatán omitió registrar diversas lesiones en el cadáver, en especial un desgarramiento en el cuero cabelludo, así como moretones y otras huellas defensivas en brazos y manos, omisiones a partir de las cuales se intentó construir la hipótesis de que el menor se había quitado la vida por propia mano.
Además, aún cuando la autoridad yucateca tomó conocimiento de que varias personas estuvieron presentes en el lugar del deceso, horas antes de que éste ocurriera, nunca buscó a esos potenciales testigos para que rindieran declaración ministerial, ni realizó ninguna acción tendiente a determinar si estaban relacionados con la muerte.
Epílogo: reconocimiento
El pasado 4 de octubre, el gobierno de Yucatán aceptó la recomendación emitida por la CNDH por las irregularidades cometidas en la investigación de esta muerte, por lo que cuenta con un plazo de 15 días hábiles para dar cabal cumplimiento a los seis puntos que componen esta reconvención, entre los que destacan restituir la indagatoria, subsanando las anomalías detectadas; realizar una nueva autopsia al cuerpo del joven Felipe Castillo; emprender acciones para reparar el daño causado a los familiares por la falta de procuración de justicia; así como iniciar un proceso penal y otro administrativo contra los funcionarios que faltaron a sus obligaciones.
Este plazo, informó el señor Marco Antonio Castillo, vencerá el próximo 25 de octubre y, de no cumplirse con todo lo dispuesto en la recomendación de la CNDH, advirtió, la denuncia será llevada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
