A cuatro años de la primera audiencia pública del Tribunal de Tratamiento de Adicciones -que actualmente sólo existe en Nuevo León y se enfoca en que quienes delinquen por primera vez bajo el efecto de alguna droga lleven su proceso en libertad– han sido más los expulsados del programa por el juez que los que logran concluir la rehabilitación.
Según organizaciones civiles, el hecho de que desde 2009 sólo se haya logrado el egreso de 46 personas y sean 54 los expulsados responde a que el programa se basa en “los regaños” de un juez que intentan cambiar la vida de quien delinquió y no tiene un enfoque de salud pública para tratar una adicción que se complemente con uno de impartición de justicia.
El Tribunal de Tratamiento de Adicciones inició actividades en septiembre de 2009 en el municipio neoleonés de Guadalupe. Las llamadas Cortes de Drogas ofrecen a quienes delinquen por primera vez, bajo el influjo de alguna droga, la opción de suspender su proceso judicial para iniciar rehabilitación y seguir en libertad un proceso de “reinserción social”. Según el juez Demetrio Cadena, este modelo “copia exactamente lo que realiza Estados Unidos para no llenar las cárceles de delincuentes que agravian a la sociedad por su adicción”.
El juez Sexto de Control y de Preparación Penal del Tribunal, Pedro Cisneros, explica que es necesario guiar a los pacientes “a una mejor vida” y dejarles claro en cada audiencia que si no cumplen con las directrices del programa —llevar un programa de rehabilitación, entregar certificados de primaria y secundaria, tomar cursos de capacitación laboral y tener un empleo “digno y honrado”—“terminarán en uno de los penales del estado”.
“Ustedes han visto en las noticias cómo se vive ahí. Yo no voy a tener más opción que enviarlos a los penales estatales, que los conocen, el de Cadereyta, el de Apodaca, el de Topo Chico. Quiero que se imaginen cinco semanas en el penal. Lo que va a sentir su familia”, dice.
Para organizaciones civiles tanto de México como de Estados Unidos, el TTA o Cortes de Drogas sí son una alternativa para llevar procesos judiciales en libertad y evitar que “pequeños delincuentes se mezclen con grandes delincuentes internados en penales que los introducen a un mundo de más crimen”, pero lo consideran un modelo acotado, paternalista, que no ataca las causas sociales que llevaron al consumo de drogas.
Martín Carlos Sánchez Bocanegra, director general de la organización Renace ABP, considera que el modelo falla “desde el comienzo” no sólo porque atribuye a la adicción la causa del delito, sino porque el juez no asume su papel como institución de impartición de justicia.
“Es una tendencia sobrevigilante en los individuos que los aleja de la realidad a la que se van a encontrar y es una visión paternalista. Es un error, una equivocación pensar que se trata de reeducar a las personas para reintegrarlos a la sociedad y eso es lo que ocurre en una audiencia en la que el juez se dedica a regañar a la gente”, dijo en entrevista.
Para Renace, una asociación de beneficencia privada que se dedica a la defensa jurídica de personas de bajos recursos económicos injustamente procesadas, la rehabilitación y reinserción social de los integrantes del TTA no es un “proceso natural”.
Sánchez Bocanegra duda del concepto “justicia terapéutica”, que es la base de las Cortes de Drogas, pues argumenta que “si son enfermos, la atención debe otorgarse en una clínica y no en una corte”.
“El enfoque está acotado. El atribuirle la causa del delito a una adicción no me parece lo más completo posible. Lo integral de la problemática delictiva tiene que ver con muchos factores sociales en la cual las adicciones es un factor más”, dice.
476 días vs 5 días
Julio César asiste a su primera audiencia. Hace cinco días aceptó entrar al Tribunal para el Tratamiento de Adicciones y rehabilitarse por su adicción al alcohol.
El delito que cometió es violencia familiar después de golpear a su esposa y a uno de sus hijos. El juez le aconseja que siga paso a paso los compromisos del programa para evitar llegar a un penal estatal.
En el caso contrario está Martín. Con la frente en alto, brazos cruzados y el cuerpo echado hacia atrás le dice con orgullo al juez que tiene 476 días sin consumo.
El juez lo anima a seguir así y le dice que es un “fuerte candidato a egresar” del programa. Martín sonríe.
Hasta agosto pasado, 30 personas fueron rechazadas del programa de TTA en el municipio de Guadalupe por considerar que no cumplían con los requisitos de elegibilidad, que son no tener antecedentes penales, que no se hayan empleado armas de fuego al cometer el delito, que se trate de delitos no graves, que un evaluador en adicciones confirme el vínculo entre su adicción con la comisión del delito y que sea posible receptor a una pena máxima de ocho años.
“Es por su bien”
En una nueva audiencia, Sonia Alejandrina Martínez, titular del Juzgado Séptimo de Control y de Preparación Penal, a cargo del TTA en el municipio de San Nicolás, habla con Jesús, un hombre de 44 años que es adicto al alcohol y golpeó a sus padres.
“No puedes regresar a partir de hoy a la casa de tus padres. Debo iniciar un mecanismo de protección para ti y por eso te digo que no puedes volver allá porque si lo haces resultarás expulsado y si eso pasa regresas a tu proceso legal, que te llevará a la cárcel”, le dice.
La jueza está a cargo de seis casos en el municipio de San Nicolás, mientras que en Guadalupe, Pedro Cisneros lleva otros 36.
Para ser graduado del TTA los participantes deben pasar cinco etapas que en total suman unas 18 semanas.
En la primera se debe aceptar la adicción y se presentan los “compromisos para cambiar”. En los siguientes meses se crea “un proyecto de vida” y en la fase tres se debe “aplicar ese proyecto de vida” con un empleo formal, lícito, que les “brinde herramientas para tener un modo honesto de vivir”.
Después, deben probar que pueden “mantener ese estilo de vida” y cumplir los últimos seis meses sin recaídas ni ninguna llamada de atención del juez.
“Ninguno de los participantes desarrolla sus actividades u obligaciones sin sobrevigilancia. No sólo es el juez que los regaña, hay un comandante de seguridad pública que los vigila y no se les da alternativa de desarrollo por sí mismos, de salir en un ambiente natural”, dice Martín Carlos Sánchez Bocanegra, Director General de Renace ABP.
La reforma penal, el pendiente
El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifirán, dice que el “programa es positivo porque cambia la vida de la gente” y que el beneficio principal es para la sociedad que “no volverá a ser agredida por estos individuos” pues hasta ahora, no hay registros de reincidencia delictiva entre los 46 graduados del Tribunal para el Tratamiento de Adicciones.
El subsecretario dice que es posible que en este año se eche a andar el programa en el Estado de México, Morelos, Durango, Distrito Federal o Baja California, entidades que han avanzado más en la implementación de la reforma en justicia penal, pues se requiere del sistema acusatorio oral para que las Cortes de Drogas funcionen correctamente.
Por ley, el nuevo sistema deberá estar vigente en el país en el 2016, pero sólo tres entidades federativas lo han implementado en su totalidad, 10 tienen una aplicación parcial y en 19 más no hay avances, según datos oficiales.
Al respecto, Campa dice que “ese es el pendiente, pero en el país ya se avanza”.
