Este jueves 10 de octubre rendirán protesta los siete integrantes elegidos por el Senado para conformar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el órgano operativo de la Ley General de Víctimas que busca atender a los ciudadanos que han sufrido delitos o violaciones a sus derechos humanos. Ese es un primer paso para que se instale y comience a operar formalmente el Sistema Nacional de Ayuda, Atención y Reparación Integral de Víctimas, que encabezará el Presidente de la República.
El pasado martes, el Senado eligió a los siete integrantes: Julio Hernández, Adrián Franco, Thalía Pedroza, Carlos Ríos, Jaime Rochín, Olga Noriega y María del Rosario Torres.
[contextly_sidebar id=”6cc75737c8247fdfde08e336ace4b363″]Entre las tareas que tendrá la Comisión está crear y gestionar el Registro Nacional de Víctimas, a fin de garantizarles el acceso a servicios de salud y sociales. Además, los comisionados serán los responsables de definir los montos de indemnización para víctimas del Estado.
Jaime Rochín, uno de los integrantes, señaló en entrevista que otro pendiente de la Ley es emitir su Reglamento, en el cuál se definirá a detalle cómo operará el Sistema Nacional de Víctimas.
“Falta el Reglamento que regule el funcionamiento de la Ley y de la Comisión. Tenemos entendido que el Presidente y su área jurídica ya trabajan en él, y que nosotros daremos observaciones una vez que tomemos protesta”, explicó.
Además, falta definir qué ocurrirá con ProVíctima, organismo de la Secretaría de Gobernación, puesto que la Comisión tiene un carácter autónomo pero dependerá del Sistema, cuyo titular es el Presidente.
Por el momento, la Comisión no cuenta con instalaciones oficiales y en el Presupuesto 2013 no le fue asignado presupuesto, por lo que sus integrantes consideran que será hasta 2014 cuando comience a operar en su totalidad.
Cuatro de los nuevos comisionados fueron propuestos por Universidades públicas, mientras que tres fueron respaldados por grupos de la sociedad civil.
Los comisionados estarán en los cargos con diferentes tiempos. Para estar durante cinco años en el puesto, fueron seleccionados Franco, Pedroza y Hernández.
Mientras que por 3 años, se votó por Rochín y Ríos, y por un año fueron Noriega y Torres.
Los perfiles de los comisionados fueron seleccionados por su trabajo en materia de derechos humanos. A decir de los Senadores que presentaron sus posicionamientos durante la votación, se hizo un análisis profundo de los 21 candidatos registrados.
Franco, por ejemplo, es penalista y medalla Gabino Barreda por la UNAM, y ha trabajado en la Procuraduría General de la República.
Pedroza fue visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y trabajó de cerca el caso de la mujer indígena Ernestina Ascencio.
Rochín fue el primer Ombudsman del IPN, ha trabajado en la CNDH, la CDHDF y en la Unidad de Víctimas de Gobernación.
El perfil de Noriega se destaca por su trabajo sobre justicia alternativa y víctimas de trata, mientras que Hernández es abogado por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, grupo que impulsó la creación de la Ley de Víctimas.
Aunque desde el año pasado la Ley estaba lista, el entonces presidente Felipe Calderón no la publicó, lo que motivó que organizaciones de la sociedad civil acusaran un veto de su parte.
Sin embargo, la legislación fue publicada por el actual presidente, Enrique Peña Nieto, aunque sufrió algunas reformas en abril pasado.
