Capturan a militares por violar a indígenas hace 12 años
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Capturan a militares por violar a indígenas hace 12 años

En el último trimestre de 2013, la PGR presentó ante un juez a cuatro integrantes del Ejército que en febrero y marzo de 2002, presuntamente participaron en los ataques sexuales contra las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega.
Por Paris Martínez
6 de enero, 2014
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Valentina Rosendo Cantú, en 2011, el día en que el Estado Mexicano le ofreció una disculpa pública por la agresión sufrida a manos del Ejército. //Foto: Cuartoscuro

Valentina Rosendo Cantú, en 2011, el día en que el Estado Mexicano le ofreció una disculpa pública por la agresión sufrida a manos del Ejército. //Foto: Cuartoscuro

Durante el último trimestre de 2013, la Procuraduría General de la República capturó y presentó ante un juez federal a cuatro integrantes del Ejército Mexicano, que en febrero y marzo de 2002 presuntamente participaron en los ataques sexuales perpetrados en contra de las indígenas guerrerenses Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, casos por los cuales el Estado mexicano fue juzgado y hallado culpable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en agosto de 2010.

Los uniformados procesados, quienes enfrentarán su juicio en prisión, son el cabo de Infantería Armando Pérez Abarca y el cabo jardinero Nemesio Sierra -presuntos agresores sexuales de Valentina Rosendo-, así como el sargento segundo Hugo Humberto García de León y el cabo de transmisiones Salvador Aguilar Otáñez-implicados en la violación sufrida por Inés Fernández-. Todos estaban asignados al 41 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano cuando, en 2002, este contingente fue desplegado en la sierra de Guerrero, como parte de la estrategia federal de combate al narcotráfico.

Cabe destacar que tres de los detenidos aún fungían como elementos activos del Ejército cuando fueron capturados por la PGR, mientras que el cuarto -Nemesio Sierra- había causado baja y al ser detenido se desempeñaba como policía estatal de Guerrero.

Los acusados, quienes entre octubre y diciembre fueron aprehendidos en acciones separadas, por elementos de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres, de la PGR, enfrentarán cargos por violación sexual y abuso de autoridad, además de que los implicados en el ataque a Inés Fernández también están acusados de allanamiento de morada y robo, delitos por los cuales podrían alcanzar sentencias que van de 30 a 60 años de prisión, en caso de ser encontrados culpables.

La memoria

Tal como señala la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en agosto de 2010, en contra del Estado mexicano, Valentina Rosendo Cantú fue atacada por un grupo de ocho militares en febrero de 2002 -teniendo ella 17 años-, cuando estaba lavando ropa en un arroyo cercano a su comunidad, Barranca Bejuco, en la sierra guerrerense.

Luego de interrogarla sobre la presencia de “encapuchados” en la zona, Valentina fue golpeada por dos militares, quienes después la atacaron sexualmente, mientras los otros seis soldados la rodeaban, encañonándola con sus armas y espetando burlas y amenazas.

Según las conclusiones de la Corte Interamericana, la agresión sexual sufrida por Valentina no es atribuible únicamente a los dos militares que consumaron la violación, sino también a los otros seis uniformados que la presenciaron, sin hacer nada, y quienes jugaron un rol específico en la tortura psicológica practicada contra la joven, perteneciente a la etnia me’paa y hablante del tlapaneco.

No obstante, de esos ocho atacantes, la víctima sólo pudo reconocer a dos.

Cabe destacar que, debido al acoso militar que sufrió el poblado de Valentina, luego de qué ésta denunciara el ataque sufrido, la comunidad retiró a la joven el apoyo que inicialmente le había brindado, lo que se tradujo también en que su esposo la abandonara, por lo que, a las secuelas del ataque sexual sufrido, Valentina vio sumarse la sanción social y el rechazo comunitario, los cuales, finalmente, la obligaron a abandonar su tierra junto con su hija, a la que había dado a luz tres meses antes de ser agredida por los militares.

Un mes después de violar a Valentina Rosendo, integrantes del 41 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano también atacaron sexualmente a la indígena me’paa Inés Fernández Ortega, de 25 años.

El ataque, se detalla en la sentencia respectiva de la Corte Interamericana, igualmente emitida en agosto de 2010, fue cometido por un grupo de once militares que en marzo de 2002 surcaron el poblado guerrerense de Barranca Tecoani, donde reside Inés, en cuyo domicilio tres uniformados ingresaron sin autorización, para interrogar a la joven en torno al paradero de su marido, al que acusaban de haber robado carne que tenían secándose al Sol.

Incapaz de responder, por su poco dominio del español, Inés fue forzada a tenderse sobre el suelo, donde uno de los militares la atacó sexualmente, en presencia de los otros dos uniformados que habían allanado la vivienda, y mientras los otros ocho aguardaban fuera, escuchando los gritos de la mujer, quien pedía auxilio, y ante los cuales se mantuvieron omisos. De los once participantes, sin embargo, sólo dos pudieron ser identificados por la víctima.

Además, según las declaraciones de Inés, aunque sus cuatro hijos lograron huir de la casa antes del ingreso de los militares, una de ellas sí alcanzó a presenciar el ataque sexual del que fue víctima su madre.

Por último, Inés no sólo debió enfrentar afectaciones “en la relación con su propia comunidad indígena”, producto del aumento de la presencia militar en la zona luego su denuncia, sino que ella y sus familiares recibieron distintas amenazas de muerte ante su reclamo de justicia.

Epílogo: no hay plazos que no se venzan

Tras comprobar que los ataques por parte de militares en contra de estas dos mujeres indígenas sí fueron cometidos -algo que las autoridades negaron durante ocho años, de 2002 a 2010-, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que, en ambos casos, el Estado mexicano atropelló los derechos de las víctimas a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la protección de la honra y la dignidad, además de que violó las normas internacionales contra la violencia hacia las mujeres.

Además, la Corte Interamericana concluyó que, en estos dos casos, el Estado mexicano también violó las normas internacionales contra la tortura, ya que los ataques sexuales fueron empleados por los elementos del Ejército como método para causar sufrimiento intenso a las víctimas, en castigo por no haberles proporcionado la información reclamada.

Por todo ello, la Corte Interamericana ordenó al Estado mexicano emprender distintas medidas de resarcimiento, entre las que destacan la aplicación de reformas legales que dejaran fuera del ámbito de la justicia militar la persecución de violaciones a derechos humanos cometidas por soldados, el reconocimiento público de los agravios cometidos contra ambas mujeres, así como el otorgamiento de indemnizaciones y becas educativas para ellas y sus hijos, además de la restitución de los procesos judiciales para sancionar a los culpables.

Producto de este último punto es, pues, la captura de los cuatro militares realizada por la PGR a finales del año pasado, aunque, cabe subrayar, queda aún pendiente la identificación y procesamiento penal de otros 15 soldados, que también estuvieron implicados en los ataques a Inés y Valentina.

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EU comenzó a deportar a migrantes haitianos retenidos en Texas

Unas 13 mil personas, la mayoría ciudadanos haitianos, permanecían reunidas bajo un puente fronterizo entre Estados Unidos y México.
20 de septiembre, 2021
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El gobierno de Estados Unidos empezó este domingo a deportar a los migrantes haitianos retenidos en un campamento improvisado bajo un puente en la localidad de Del Río, en el sur de Texas, tras un cruce masivo en la frontera.

Un total de 208 haitianos que intentaban entrar ilegalmente a EE.UU. fueron ya devueltos, según confirmó el gobierno haitiano a Efe, en un contexto sociopolítico y económico marcado por una aguda crisis.

De los tres vuelos previstos para el domingo ya han llegado dos, declaró a la agencia Jean Négot Bonheur Delva, coordinador de la Oficina Nacional de Migración.

Según el funcionario, todos los vuelos deberían traer 145 pasajeros, pero en el primero avión llegaron 98 personas y 110 en el segundo.

“Son personas que han intentado entrar en Estados Unidos a través de sus fronteras con México. Se trata de personas que vivían en Chile, México, Panamá y Brasil en particular”, añadió.

Migrantes con suministros cruzando el río.

Getty Images
Los migrantes tuvieron que cruzar el río hacia México en busca de suministros.

Formaban parte de un grupo de unas 13.000 personas que permanecían acampadas bajo un puente que conecta Del Río en Texas con Ciudad Acuña en México. Aunque la mayoría eran haitianos, entre ellas también había cubanos, peruanos, venezonalos y nicaragüenses.

El jefe de la Patrulla Fronteriza estadounidense, Raúl Ortiz, detalló este domingo que aquellos que aún no habían sido devueltos habían sido trasladados a centros de detención.

“Trabajamos las 24 horas del día para mover rápidamente a los migrantes del calor y de debajo de este puente a nuestras instalaciones para procesar y removerlos de Estados Unidos de acuerdo con nuestras leyes y nuestras políticas”, dijo Ortiz en conferencia de prensa en el puente.

“Quiero vivir una vida sin problemas”

El primer ministro de Haití, Ariel Henry, envió su apoyo a los migrantes en redes sociales en la tarde del sábado, asegurando que “se habían conseguido acuerdos” para recibir a aquellos que regresen.

Sin embargo, algunos migrantes temen volver.

Migrantes cruzando Río Grande.

Getty Images

“En Haití no hay seguridad. El país está en una crisis política”, comentó Fabricio Jean, de 38 años, a Associated Press.

Jean se encuentra en el campo con su esposa y sus dos hijas.

“En Haití hay gente matándose unos a otros. No hay justicia. Solo quiero vivir una vida sin problemas. Quiero vivir donde sepa que hay justicia”, dijo otro padre de dos hijos, Stelin Jean, de 29 años, al Texas Tribune.

El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense dijo a través de un comunicado que las transferencias continuarán “para asegurar que los migrantes irregulares sean puestos bajo custodia, procesados y trasladados fuera de Estados Unidos, en concordancia con nuestras leyes y normas”.

Además, anunció que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza enviará 400 efectivos adicionales a Del Río, una ciudad con cerca de 35.000 habitantes.

Migrantes cruzando Río Grande en la frontera entre México y Estados Unidos.

EPA
Estados Unidos planea regresar a los migrantes a sus países de origen.

El alcalde de Del Río, Bruno Lozano, había declarado el estado de emergencia en la ciudad. Describió la situación como “sin precedentes” y “surrealista”.

También dijo que la patrulla fronteriza había estado abrumada y que los “agitados” migrantes vivían en condiciones imposibles.

El campamento improvisado en Del Río tiene pocos servicios básicos, y los migrantes que esperan a temperaturas de 37°C han estado cruzando el río hacia México para obtener suministros.

La mayoría son haitianos. También hay cubanos, peruanos, venezolanos y nicaragüenses.

Muchos haitianos abandonaron su país tras el devastador terremoto en 2010. Un gran número de los que ahora se encuentran en el campo habían vivido en Brasil y otros países sudamericanos y viajaron hacia el norte tras no poder asegurar empleo o estatus legal.

Migrante en la frontera entre México y Estados Unidos.

Getty Images

Will Grant, corresponsal de la BBC en México, reporta que muchos cubanos también han abandonado la isla en su peor crisis económica desde el fin de la Guerra Fría.

Grant asegura que muchos de los migrantes en Texas probablemente realizaron la travesía migratoria más difícil en América Latina: cruzar a pie la densa selva del Darién entre Colombia y Panamá.

El gobierno de Estados Unidos ha informado de un aumento de migrantes en la frontera con México este año.

El número de migrantes detenidos allí en julio superó los 200.000 por primera vez en 21 años, según datos del gobierno.


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