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Capturan a militares por violar a indígenas hace 12 años
En el último trimestre de 2013, la PGR presentó ante un juez a cuatro integrantes del Ejército que en febrero y marzo de 2002, presuntamente participaron en los ataques sexuales contra las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega.
Por Paris Martínez
6 de enero, 2014
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Valentina Rosendo Cantú, en 2011, el día en que el Estado Mexicano le ofreció una disculpa pública por la agresión sufrida a manos del Ejército. //Foto: Cuartoscuro

Valentina Rosendo Cantú, en 2011, el día en que el Estado Mexicano le ofreció una disculpa pública por la agresión sufrida a manos del Ejército. //Foto: Cuartoscuro

Durante el último trimestre de 2013, la Procuraduría General de la República capturó y presentó ante un juez federal a cuatro integrantes del Ejército Mexicano, que en febrero y marzo de 2002 presuntamente participaron en los ataques sexuales perpetrados en contra de las indígenas guerrerenses Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, casos por los cuales el Estado mexicano fue juzgado y hallado culpable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en agosto de 2010.

Los uniformados procesados, quienes enfrentarán su juicio en prisión, son el cabo de Infantería Armando Pérez Abarca y el cabo jardinero Nemesio Sierra -presuntos agresores sexuales de Valentina Rosendo-, así como el sargento segundo Hugo Humberto García de León y el cabo de transmisiones Salvador Aguilar Otáñez-implicados en la violación sufrida por Inés Fernández-. Todos estaban asignados al 41 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano cuando, en 2002, este contingente fue desplegado en la sierra de Guerrero, como parte de la estrategia federal de combate al narcotráfico.

Cabe destacar que tres de los detenidos aún fungían como elementos activos del Ejército cuando fueron capturados por la PGR, mientras que el cuarto -Nemesio Sierra- había causado baja y al ser detenido se desempeñaba como policía estatal de Guerrero.

Los acusados, quienes entre octubre y diciembre fueron aprehendidos en acciones separadas, por elementos de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres, de la PGR, enfrentarán cargos por violación sexual y abuso de autoridad, además de que los implicados en el ataque a Inés Fernández también están acusados de allanamiento de morada y robo, delitos por los cuales podrían alcanzar sentencias que van de 30 a 60 años de prisión, en caso de ser encontrados culpables.

La memoria

Tal como señala la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en agosto de 2010, en contra del Estado mexicano, Valentina Rosendo Cantú fue atacada por un grupo de ocho militares en febrero de 2002 -teniendo ella 17 años-, cuando estaba lavando ropa en un arroyo cercano a su comunidad, Barranca Bejuco, en la sierra guerrerense.

Luego de interrogarla sobre la presencia de “encapuchados” en la zona, Valentina fue golpeada por dos militares, quienes después la atacaron sexualmente, mientras los otros seis soldados la rodeaban, encañonándola con sus armas y espetando burlas y amenazas.

Según las conclusiones de la Corte Interamericana, la agresión sexual sufrida por Valentina no es atribuible únicamente a los dos militares que consumaron la violación, sino también a los otros seis uniformados que la presenciaron, sin hacer nada, y quienes jugaron un rol específico en la tortura psicológica practicada contra la joven, perteneciente a la etnia me’paa y hablante del tlapaneco.

No obstante, de esos ocho atacantes, la víctima sólo pudo reconocer a dos.

Cabe destacar que, debido al acoso militar que sufrió el poblado de Valentina, luego de qué ésta denunciara el ataque sufrido, la comunidad retiró a la joven el apoyo que inicialmente le había brindado, lo que se tradujo también en que su esposo la abandonara, por lo que, a las secuelas del ataque sexual sufrido, Valentina vio sumarse la sanción social y el rechazo comunitario, los cuales, finalmente, la obligaron a abandonar su tierra junto con su hija, a la que había dado a luz tres meses antes de ser agredida por los militares.

Un mes después de violar a Valentina Rosendo, integrantes del 41 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano también atacaron sexualmente a la indígena me’paa Inés Fernández Ortega, de 25 años.

El ataque, se detalla en la sentencia respectiva de la Corte Interamericana, igualmente emitida en agosto de 2010, fue cometido por un grupo de once militares que en marzo de 2002 surcaron el poblado guerrerense de Barranca Tecoani, donde reside Inés, en cuyo domicilio tres uniformados ingresaron sin autorización, para interrogar a la joven en torno al paradero de su marido, al que acusaban de haber robado carne que tenían secándose al Sol.

Incapaz de responder, por su poco dominio del español, Inés fue forzada a tenderse sobre el suelo, donde uno de los militares la atacó sexualmente, en presencia de los otros dos uniformados que habían allanado la vivienda, y mientras los otros ocho aguardaban fuera, escuchando los gritos de la mujer, quien pedía auxilio, y ante los cuales se mantuvieron omisos. De los once participantes, sin embargo, sólo dos pudieron ser identificados por la víctima.

Además, según las declaraciones de Inés, aunque sus cuatro hijos lograron huir de la casa antes del ingreso de los militares, una de ellas sí alcanzó a presenciar el ataque sexual del que fue víctima su madre.

Por último, Inés no sólo debió enfrentar afectaciones “en la relación con su propia comunidad indígena”, producto del aumento de la presencia militar en la zona luego su denuncia, sino que ella y sus familiares recibieron distintas amenazas de muerte ante su reclamo de justicia.

Epílogo: no hay plazos que no se venzan

Tras comprobar que los ataques por parte de militares en contra de estas dos mujeres indígenas sí fueron cometidos -algo que las autoridades negaron durante ocho años, de 2002 a 2010-, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que, en ambos casos, el Estado mexicano atropelló los derechos de las víctimas a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la protección de la honra y la dignidad, además de que violó las normas internacionales contra la violencia hacia las mujeres.

Además, la Corte Interamericana concluyó que, en estos dos casos, el Estado mexicano también violó las normas internacionales contra la tortura, ya que los ataques sexuales fueron empleados por los elementos del Ejército como método para causar sufrimiento intenso a las víctimas, en castigo por no haberles proporcionado la información reclamada.

Por todo ello, la Corte Interamericana ordenó al Estado mexicano emprender distintas medidas de resarcimiento, entre las que destacan la aplicación de reformas legales que dejaran fuera del ámbito de la justicia militar la persecución de violaciones a derechos humanos cometidas por soldados, el reconocimiento público de los agravios cometidos contra ambas mujeres, así como el otorgamiento de indemnizaciones y becas educativas para ellas y sus hijos, además de la restitución de los procesos judiciales para sancionar a los culpables.

Producto de este último punto es, pues, la captura de los cuatro militares realizada por la PGR a finales del año pasado, aunque, cabe subrayar, queda aún pendiente la identificación y procesamiento penal de otros 15 soldados, que también estuvieron implicados en los ataques a Inés y Valentina.

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Trump y la frontera: qué se sabe del incidente entre militares mexicanos y estadounidenses en el límite entre los dos países
El percance entre los efectivos militares en la frontera reavivó las discusiones sobre el flujo de migrantes y la seguridad en EE.UU.
24 de abril, 2019
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Dos soldados estadounidenses hacían un recorrido de rutina cerca de la frontera cuando fueron interceptados e interrogados por militares mexicanos, que incluso les apuntaron con sus armas.

Al menos esa es la versión de Washington sobre un roce que ocurrió el pasado 13 de abril y que México asegura que se produjo en su lado de la frontera.

La confusión escaló a un conflicto político este miércoles cuando el presidente Donald Trump lo usó para reavivar la polémica por la seguridad en la frontera entre México y EE.UU., y adelantó que piensa enviar tropas armadas al sur de Texas.

Trump, en Twitter, afirmó que el incidente en la frontera pudo tratarse de una estrategia para crear una distracción que facilitaría el tráfico de droga hacia EE.UU.

“¡Más vale que no vuelva a suceder!”, advirtió.

Trump además insistió en que las autoridades mexicanas “no hacen lo necesario” para proteger las fronteras de la entrada de inmigrantes.

Pero lo que para el mandatario estadounidense fue un hecho grave, para las autoridades mexicanas solo califica como una confusión.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1121021160827887616

¿Cuándo ocurrió?

El encuentro ocurrió el pasado 13 de abril cuando los soldados estadounidenses estaban en un vehículo sin identificación que realizaba “operaciones de apoyo fronterizo” en el lado estadounidense de la frontera, señaló el Comando Norte de los Estados Unidos en un comunicado citado por AFP.

El comunicado agrega que incidente se dio en las cercanías localidad de Clint, al norte del Río Grande en Texas, en un área en la que la frontera no está delimitada por ninguna valla o cerca.

“De cinco a seis militares mexicanos interrogaron a dos soldados del Ejército de EE.UU.”, detalló el Comando Norte de Estados Unidos citado por CNN.

“Los militares mexicanos creían que los soldados del Ejército de EE.UU. estaban al sur de la frontera. Sin embargo, los soldados estadounidenses estaban apropiadamente en el territorio de EE.UU.”, señaló el Comando Norte.

Durante el incidente, los soldados mexicanos apuntaron con sus armas a los militares estadounidenses, retirando el arma de uno de los soldados, dice el comunicado.

El Departamento de Defensa de EE.UU. dijo también que “a lo largo del incidente, los soldados estadounidenses siguieron todos los procedimientos y protocolos establecidos“, esto con el fin de evitar que la situación escalara.

¿Qué dicen las autoridades mexicanas?

La noticia pareció sorprender en la mañana de este miércoles al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien al ser cuestionado sobre su postura al respecto pidió a un miembro de su gabinete que le mostrara los tuits de su homólogo estadounidense.

Tras leerlos declaró: “No vamos a caer en ninguna provocación. Le digo al presidente Trump que nosotros queremos mantener una relación respetuosa y de amistad con su gobierno”.

“Vamos a analizar este incidente y vamos a tomar en cuenta lo que está señalando y se va a actuar conforme a la ley”, dijo.

https://twitter.com/GobiernoMX/status/1121047732192411651

“Lo más importante es decirle que no vamos a pelearnos con el gobierno de Estados Unidos“.

Horas más tarde, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México confirmó el suceso a través de un comunicado de prensa.

Las contradicciones y las coincidencias

La SRE reconoció que los soldados fueron detenidos por sus pares mexicanos el pasado 13 de abril al viajar en un vehículo no identificado como oficial, pero ubicó el lugar de los hechos a la altura de la colonia Parcelas, Ciudad Juárez, y no en los alrededores de Clint en Texas como habían mencionado las autoridades estadounidenses.

La Cancillería también informó que el lugar del incidente es “una zona en la que los límites de la frontera no resultan claros por su geografía“.

Sin embargo, “tras la investigación correspondiente, se determinó que el vehículo de los militares de ese país (EE.UU.) se colocara al norte de la valla fronteriza para evitar confusiones”.

“Este tipo de incidentes es común, toda vez que se trata de una verificación de patrullaje ordinario, sin consecuencias para ambos gobiernos, quienes mantienen comunicación permanente y fluida. Sobre este hecho en particular, estuvieron en contacto directo y oportuno”, explicó la SRE.

La dependencia gubernamental no mencionó nada sobre que los soldados estadounidense fueran apuntados con armas.

Por su parte la Secretaría de Marina de México dijo en entrevista en Radio Fórmula que investigará la presunta agresión de militares mexicanos a estadounidenses.

Se reaviva la discusión fronteriza

A principios de abril, Trump cedió en su amenaza de clausurar la frontera con México, afirmando que dará al país vecino un año para detener el flujo de migrantes que llegan a EE.UU. desde territorio mexicano.

El gobernante estadounidense reconoció entonces que la medida podría interferir en el renovado acuerdo comercial entre EE.UU., México y Canadá, conocido como T-MEC y pendiente de ratificación por los poderes legislativos de los tres países.

Pero este miércoles Trump volvió a mencionar sus planes de cerrar la frontera enviando a las fuerzas armadas.

“Una caravana muy grande de más de 20.000 personas está México. Se ha reducido en tamaño por (su paso por) México, pero siguen llegando. México debe detener el resto (de los migrantes) o nos veremos obligados a cerrar esa sección de la frontera y llamar al Ejército. ¡Los coyotes y carteles tienen armas!”, tuiteó Trump.


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