La recién creada Comisión de Atención a Víctimas enfrenta diversos pendientes para este año: organizar una Defensoría Pública federal, elaborar un Registro Nacional de Atención a Víctimas y establecer las reglas operativas del Fondo de reparación de daños -cuyo monto asciende a 500 millones de pesos-.
Así lo dijo Olga Noriega, la comisionada presidenta del organismo, quien detalló que la Defensoría Pública será “un área de acompañamiento a las víctimas del delito y de violaciones a sus derechos humanos” y que el Fondo de reparación de daño servirá para apoyar a las víctimas de delitos.
Otro asunto pendiente: la aprobación, en máximo noventa días, de la normatividad y reglamentos internos de la Comisión.
[contextly_sidebar id=”2bfce63b5be34138139fe8e83769c107″]Para Noriega, uno de los mayores retos de la Comisión es coordinarse con los gobiernos estatales. La funcionaria admite que existe un desafío en lograr que los gobiernos de los estados “bajen” y operen de manera correcta sus leyes para la atención a víctimas.
“(Estamos trabajando) en la creación de políticas públicas para bajarlos a todos los estados. Porque el problema principal, y lo tengo que decir de manera contundente, son los Estados y el compromiso que deben de tener y el trabajo en equipo que deben hacer con la Comisión y poner a trabajar cada uno su Ley de Víctimas”, señaló Noriega.
Con la desaparición de Províctima, ordenada por el presidente Enrique Peña Nieto a través de un decreto publicado a inicios de enero, la Comisión entrará finalmente en funciones y heredará la mayoría de su presupuesto aprobado para este año.
Los recursos autorizados por el Congreso para Províctima fueron por 470.5 millones de pesos, pero se estima que sólo 400 serán asignados a la Comisión.
La razón es que la Subprocuraduría de Atención a Personas Desaparecidas o No Localizadas se integrará a la PGR para continuar con su trabajo. De esta transferencia, al menos 70 millones se irán junto con 44 personas que se han especializado en la localización de personas ausentes.
“Vamos a tener atención de primer piso para las víctimas, porque jamás les vamos a cerrar las puertas, aunque serán encausadas a las autoridades correspondientes y nosotros checaremos que se les dé la atención debida”, explicó la comisionada.
La semana pasada, el presidente Peña Nieto encabezó la instalación del Sistema Nacional de Víctimas, el cual dirige pero el brazo ejecutor es la Comisión.
Este sistema estará integrado además por la PGR, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los Gobiernos de las 32 entidades, a fin de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos.
Províctima heredó a la Comisión los expedientes de 23 mil personas, a los cuáles se les dará seguimiento a través de la Defensoría Pública, una vez que sea creada.
Los integrantes de la Comisión, que tomaron protesta el 10 de octubre de 2013 ante el Senado, son Julio Hernández, Adrián Franco, Thalía Pedroza, Carlos Ríos, Jaime Rochín y María del Rosario Torres.
Noriega y los seis comisionados que integran el nuevo organismo, ocupan desde hace meses unas pequeñas oficinas prestadas por la desaparecida Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito (Províctima) en la Colonia Del Valle. En ese mismo edificio, en Eje 6 Sur y Pestalozzi, despachará la Comisión.
