[contextly_sidebar id=”7d9e685034a4d6edd3b65daf8bda112c”] Cruz Cárdenas, líder religioso que permaneció preso entre octubre de 2012 y julio de 2013 por la demolición de una escuela en la comunidad michoacana Nueva Jerusalén, salió libre después de que el gobierno estatal diera por reparado el daño. Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos denunció que los 4.5 millones de pesos que costó la reconstrucción de las instalaciones educativas no salieron del bolsillo del responsable, sino que fueron tomados del Fondo de Aportaciones Múltiples del estado, lo cual podría representar un desfalco “en agravio del patrimonio del estado”.
Por esa razón, el ombudsman nacional anunció en su recomendación 85/2013 que notificará de esta posible irregularidad a la Auditoría Superior de Michoacán, para que determine las eventuales “responsabilidades penales o administrativas” en las que pudieron incurrir los funcionarios que cubrieron, con recursos públicos, lo que legalmente correspondía pagar al líder religioso que encabezó la demolición de la escuela, acción perpetrada en julio de 2012, luego de tres años de acoso de este grupo religioso en contra de los habitantes de Nueva Jerusalén que no reconocen su autoridad.
Según la recomendación, cuando a Cruz Cárdenas le fue dictado el auto de formal prisión por el delito de “daño en las cosas”, en octubre de 2012, el juez había tasado en 2 millones 754 mil pesos la cantidad que debía abonar “por concepto de garantía de reparación del daño”; sin embargo, nueve meses después, salió de prisión mediante el pago de una fianza que ascendió, únicamente, a 5 mil 299 pesos.
El diablo en los tobillos
El conflicto por la impartición de educación laica en Nuevo Jerusalén data del año 2007, cuando las autoridades estatales erigieron la primera escuela pública de este poblado –34 años después de que fuese fundado–, a petición de un grupo de habitantes quienes advirtieron que sus hijos e hijas debían acudir a poblados aledaños para recibir formación académica, ante la falta de instalaciones educativas propias.
Durante sus primeros cuatro periodos lectivos, la escuela nombrada Vicente Guerrero funcionó sin contratiempos, sin embargo, en 2010, la secta “dominante” en Nuevo Jerusalén anunció que sólo permitiría al plantel funcionar si las autoridades educativas aceptaban someterse al “reglamento” que este grupo religioso intenta imponer a los más de 5 mil habitantes de la comunidad, el cual ordena, entre otras cosas, que las mujeres nunca usen pantalón y, en cambio, lleven siempre faldas que les cubran hasta los tobillos, así como un velo que oculte su cabellera (a lo cual debían adaptarse los uniformes oficiales), mientras que a los niños exigen llevar un corte de pelo específico (avalado por la secta), además de que también reclamaron suprimir cualquier actividad deportiva, todo lo cual “lo manda la santísima virgen” –según el reclamo escrito que el grupo religioso entregó entonces al director de la escuela pública–.
Debido a que las autoridades educativas y los pobladores de Nuevo Jerusalén que se autodefinen como “laicos” rechazaron someterse a dicho “reglamento”, los integrantes de la secta decidieron invadir la escuela y mantenerla tomada entre agosto de 2011 y julio de 2012, tiempo durante el cual los alumnos debieron tomar clase en aulas improvisadas dentro de casas particulares. Sin embargo, dos días después de que los seguidores del grupo religioso aceptara desalojar dichas instalaciones, su líder principal, Antonio Lara Caballero (quien se hace llamar San Martín de Tours), ordenó a sus feligreses volver a la escuela, pero esta vez para destruirla por completo, ante el inminente reinicio de clases.
La recomendación de la CNDH destaca que, aún cuando en septiembre de 2012 –dos meses después de destruir la escuela– se emitió una orden de aprehensión en contra de Lara Caballero, Cruz Cárdenas y otras 74 personas, el principal dirigente de la secta nunca pisó la cárcel, ya que, días después de lanzada la orden de captura, un juez federal le otorgó un amparo, que se mantiene vigente.
De hecho, de los 76 adultos que fueron directamente responsabilizados por la demolición de la escuela –acción en la que participaron cerca de 150 hombres, así como 50 mujeres y niños–, el único que fue apresado, temporalmente, fue Cruz Cárdenas, lugarteniente de Lara Caballero.
Desde agosto de 2013, concluyó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las clases en la reconstruida escuela pública de Nuevo Jerusalén se retomaron “sin ningún enfrentamiento” y así continúan hasta la fecha; sin embargo, destacó, en el poblado permanecen los focos de conflicto, debido a que el grupo religioso encabezado por Antonio Lara Caballero y Cruz Cárdenas mantiene la intención de gobernar sobre el destino del pueblo y de todos sus habitantes (incluso de aquellos que no pertenecen a su secta).
Entre las acciones que este grupo emprende para imponer su voluntad, destacó la CNDH, están la obstrucción de caminos, la denegación de acceso a las autoridades oficiales o a gente ajena a la comunidad, la cancelación de servicios básicos –como la electricidad y el agua potable– a los integrantes del grupo laico e, incluso, la puesta en operación de escuelas propias (que carecen de la autorización que por ley debe otorgar la Secretaría de Educación de Michoacán), así como la creación de un grupo ilegal de vigilancia, que desarrolla no sólo labores exclusivas de los cuerpos de seguridad pública, sino que también de monitorea el comportamiento moral y religioso de los habitantes, a los cuales se exige, además de lo relativo a la vestimenta femenil, la asistencia obligada a misa, la “confesión” constante, se les prohibe practicar deportes o sostener relaciones de noviazgo, así como leer la prensa escrita o poseer televisiones, radios y teléfonos celulares.
