A un año de la explosión en las instalaciones centrales de Petróleos Mexicanos (Pemex), las familias de tres de las víctimas mortales exigen una indemnización al Gobierno federal, pues hasta ahora se les ha negado el apoyo bajo el argumento de que no eran empleados de la paraestatal sino que estaban subcontratados.
En el accidente -atribuido a la acumulación de gas en un sótano y a un chispazo eléctrico- fallecieron 37 personas y 128 más resultaron heridas. Hasta ahora, Pemex ha entregado 13.5 millones de pesos en pago de seguros de vida, un millón por concepto de aguinaldos, vacaciones y fondos de ahorro, así como 1.9 millones por gastos funerarios.
Las familias de los fallecidos Luis Ojeda Olguín y Gregorio Vite Valderrama ofrecieron ayer una conferencia, en compañía de su abogado defensor Alberto Guerrero, quien también representa a la familia de Enrique Bartolomé Hernández Martínez. Los tres hombres trabajaban en la empresa Copicosa, la cuál daba servicios a Pemex y se encontraban en la Torre B al momento de la explosión.
Guerrero explicó que Copicosa entregó a cada familia una indemnización cercana a los cien mil pesos y, a través del IMSS, se les entrega una pensión mensual de 2 mil pesos. Sin embargo, la paraestatal no les ha brindado apoyos y ha rechazado indemnizarlos.
La estrategia legal, explicó Guerrero, ha ido en dos vertientes. Una: solicitar acceso a la averiguación previa de la explosión, a fin de que las familias de las víctimas conozcan a detalle el caso, y por el cuál ya han interpuesto un juicio de amparo. “El titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, se ha negado en dos ocasiones a entregar información al juez. ¿Qué esconden? ¿Por qué no permiten que las familias de las víctimas conozcan la investigación?”, señaló.
La segunda vía ha sido reclamar a Pemex la indemnización: el abogado estima que cada familia debería recibir entre 10 y 12 millones de pesos. Hasta ahora, este proceso se sigue por la vía administrativa y no ha escalado a una demanda civil.
[contextly_sidebar id=”75b87b40167d44e18d89e9154895a982″]María Luis Ojeda, hermana de Luis Ojeda, cuyo cuerpo fue el último en ser rescatado de los escombros de la explosión, exigió al presidente Enrique Peña Nieto que cumpla su promesa de tratar a todas las víctimas como petroleros.
“Yo le exijo al licenciado Enrique Peña Nieto que ‘meta su cuchara’ porque él dijo voy a estar al pendiente. Yo tengo un correo que le envié personalmente a él, y me dijo yo voy a estar al pendiente de su caso. A un año no veo que pendiente esté con nuestro caso”, señaló.
La mujer recuerda que su hermano trabajó al menos una década en Copicosa y la mayoría del tiempo estuvo asignado a prestar sus servicios a Pemex, bajo un esquema de outsourcing.
Por su parte, Oswaldo Vite, hijo de Gregorio Vite, explicó que al inicio fueron tratados con amabilidad, pero conforme pasaron los días dejaron de buscarlos y atender sus llamadas.
“Nos dijeron ‘pues nosotros ya los apoyamos con los gastos funerarios, ¿qué más quieren?’. Como si les pidiéramos algo regalado o como si nos estuvieran haciendo un favor. Me da rabia, porque ellos no lo sienten porque no es su familia, no es su padre, no es su hijo el que está en esa situación”, dijo.
El peritaje de la explosión, encargado por Pemex a la UNAM, se encuentra reservado durante 12 años, por lo que podrá ser conocido por la población hasta 2025, de acuerdo con respuestas de información pública que ha entregado el organismo a través de la Ley de Transparencia.
