Éstas son las víctimas de las protestas en Venezuela
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Éstas son las víctimas de las protestas en Venezuela

Las manifestaciones que se tornaron violentas en Venezuela dejaron numerosos heridos y detenidos. El gobierno y la oposición se acusan mutuamente. Aquí las historias de algunos de los que han sido hospitalizados.
14 de febrero, 2014
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Leonardo Blanco Leonardo Blanco, uno de los heridos tras las protestas contra el gobierno del 12 de febrero en Caracas, casi no puede respirar y suda del esfuerzo para poder hablar.

La bala que recibió en el abdomen el martes -según le dice a BBC Mundo en su habitación compartida del Hospital Clínico de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas- le quitó un riñón y tiene su columna vertebral en peligro.

Sin embargo, el mesero de 41 años no duda al afirmar: “Yo solo quiero que no me duela más para poder volver a salir a protestar”.

Blanco vive en Maracay, a unos 100 kilómetros al oeste de Caracas, y tras dos horas de trayecto en bus vino a la manifestación que estudiantes y miembros de la oposición convocaron para protestar en contra de la crisis económica y la inseguridad que azotan al país gobernado por Nicolás Maduro.

Como él hay 65 heridos más, según la fiscal general de la nación, Luisa Ortega Díaz, quien también aseguró que hay 69 detenidos tras las manifestaciones que dejaron tres muertos.

No obstante, organizaciones no gubernamentales creen que hubo muchos más lesionados y, según el Foro Penal de Venezuela, al menos 129 personas fueron arrestadas por las autoridades.

Confinados a las redes sociales

Protestas en Venezuela

El Foro Penal es uno de los numerosos colectivos que, en situaciones como la que vive ahora Venezuela, conectan a una red de abogados y voluntarios en todo el país para verificar quiénes son los detenidos y publicar sus nombres en las redes sociales.

“A falta de información de los medios y las instancias oficiales, Twitter se ha vuelto la única forma de informarnos de los detenidos y así me enteré que mi hermano estaba detenido en Chacao”, le dijo a BBC Mundo una mujer que esperaba al frente de los tribunales del Ministerio de Justicia por la situación de su familiar.

Uno de los miembros del Foro Penal, el abogado Gonzalo Himiob, le describió a BBC Mundo el grupo como un colectivo de más de 200 “abogados de calle” que les presta “asistencia legal a quienes no pueden contar con el sistema judicial venezolano, que muchos consideran ineficiente o políticamente parcializado”.

Twitter, ciertamente, ha sido un protagonista esencial de las protestas: ahí se comparten las versiones que los medios de comunicación considerados cercanos al gobierno no difunden, las cuales implican muchas veces el estado de los damnificados.

De hecho, los familiares de uno de los tres muertos, Bassil Dacosta, aseguraron que se enteraron por esa red social de la muerte del joven de 24 años.

¿Permiso para marchar?

Entre esa información están las listas de los detenidos y los lugares del país donde se encuentran.

Del total de los detenidos, este miércoles fueron liberados 54 personas que, según Himiob, fueron arrestados bajos cargos “extraños” como “delito que está por determinarse” y “quemar bolsas en el Parque Carabobo”.

Aunque protestar es una garantía de la Constitución venezolana, muchos han acusado al gobierno de violar tal derecho.

El mismo Maduro dijo el martes tras las protestas que “el que quiera marchar en Venezuela debe pedir permiso”. Si no, aseguró, habrá detenciones.

El gobierno acusa a la oposición de tratar de conspirar en su contra y sostiene que grupos de inflitrados, así como “fascitas de la derecha venezolana”, fueron los responsables de los incidentes de violencia en las manifestaciones.

En medio del caos murió el activista pro gubernamental Juan Montoya, a quien Maduro conocía personalmente. Aún no es claro por qué el hombre de 40 años participó en la movilización de la oposición, aunque el gobierno asume que estaba para apoyar la gestión del presidente venezolano y dice que fue “asesinado vilmente por el fascismo”.

Los tres muertos

La mayoría de las personas arrestadas en las protestas fueron estudiantes, uno de los cuales estaba en la sede del barrio de Chacao del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CISPC) cuando BBC Mundo visitó esa unidad policial.

Su madre, quien pidió no revelar su identidad, dijo que estaba en buenas condiciones después de que le permitieron darle las pastillas que necesitaba para mantenerse saludable.

Nicolás Yanes

Al joven, que según reportes extraoficiales lo acompañan siete detenidos más, lo arrestaron en el mismo lugar de este barrio del este de Caracas, de mayoría opositora, donde resultó muerto Robert Redman y el miércoles se realizaron las más recientes protestas antigubernamentales.

Redman se convirtió en una suerte de símbolo para los manifestantes, porque su cara apareció en varias de las fotos que se compartieron en las redes sociales y él aparecía ayudando a los heridos, con una bandera de Venezuela de tapabocas.

El miércoles, sus amigos, un artista plástico y varios estudiantes más le hicieron un sentido homenaje en la esquina donde le dispararon.

Según dirigentes de la oposición, la muerte de Redman y Dacosta fue responsabilidad de colectivos armados considerados cercanos al gobierno que se infiltraron en las protestas para generar violencia.

Y el presidente Maduro asegura que Dacosta y Montoya, opositor y chavista respectivamente, fueron asesinados con la misma arma.

Nicolás Yanes, un joven de 20 años que recibió una bala en la pierna y se encuentra estable en la clínica Sanatatrix del barrio Campo Alegre, comparte la apreciación de los opositores, según la cual las muertes fueron ocasionadas por infiltrados chavistas que buscaban sabotear la marcha.

En entrevista con BBC Mundo, dijo: “Me dispararon motorizados (motociclistas) encapuchados y vestidos de rojo después de que una barricada de la policía se abrió de repente”.

Según él, que recuerda los hechos con un sinnúmero de detalles, “los motorizados no habrían podido entrar a la protesta sin la complicidad de la policía”.

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5 cambios que propone hacer el gobierno de Chile al proyecto de Constitución

Tras intensas negociaciones, los partidos que forman parte de la coalición gobernante llegaron a un acuerdo en el que se comprometen a hacer modificaciones a la propuesta de nueva Carta Magna, si los chilenos votan a favor de un nuevo texto constitucional.
11 de agosto, 2022
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Cuando faltan pocas semanas para el plebiscito del 4 de septiembre en el que los chilenos decidirán si reemplazan o mantienen la Constitución del país, los partidos políticos oficialistas firmaron este jueves un acuerdo en el que se comprometen a introducir cambios a la nueva Carta Magna si gana la opción “apruebo”.

El acuerdo entre los partidos que forman parte de la coalición política que respalda al presidente Gabriel Boric se produce en medio de las divisiones que han generado algunos puntos del texto elaborado por una Convención Constitucional que fue elegida por voto popular tras el estallido social de fines de 2019.

Si los chilenos aprueban la nueva Constitución, ésta reemplazaría inmediatamente a la Carta Magna creada durante el gobierno de Augusto Pinochet.

El oficialismo se comprometió este jueves a modificar el texto en aquellos aspectos más controvertidos si se impone la opción de aprobar la nueva Carta Magna, que sustituiría a la que ha regido el país por más de cuatro décadas.

Según los firmantes, el objetivo del compromiso firmado es “mejorar” el texto que será sometido a votación.

Las modificaciones buscan “contribuir a que las chilenas y chilenos (…) tengan certezas acerca de las mejoras y aclaraciones del texto propuesto y del proceso de implementación del mismo”, dijeron los representantes del oficialismo.

Estos son los principales cambios propuestos por los partidos de gobierno:

1- Plurinacionalidad

El oficialismo propone que el mecanismo de consulta indígena se aplique “sólo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas” y que el consentimiento previo de las comunidades, establecido en la propuesta de Constitución, “no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales”.

Sobre las autonomías territoriales, el acuerdo contempla que seguirán “los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile y de las libertades reconocidas y protegidas para todas las personas”, para lo cual se establecerá “expresamente” que sus atribuciones deben ser “coherentes con el carácter único e indivisible del territorio de Chile“.

EL presidente de Chile sostiene el borrador de nueva Constitución

Getty Images
El presidente Gabriel Boric ha promovido que los chilenos aprueben la propuesta de nueva Constitución.

Finalmente, en cuanto a los sistemas de justicia indígena, el oficialismo reafirmó la “igualdad ante la ley como principio rector”

Además, propusieron que “la justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales”.

2- Derechos sociales

Sobre pensiones, el oficialismo se comprometió a que la implementación “del derecho a una pensión digna será en base a un un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual, en los mismos términos que en la actualidad”.

También el documento especificó que la propiedad de las viviendas está “absolutamente asegurada”.

“Se asegura explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, se protegerá bajo toda circunstancia”.

Una mujer sostiene un ejemplar del proyecto de nueva Constitución

Reuters

Por otro lado, el oficialismo abordó el Sistema Nacional de Salud, señalando que “permitirá a distintos gobiernos, de diversas tendencias políticas, innovar en nuevas soluciones y no limita la posibilidad de que participen los privados como prestadores” de los servicios.

“La ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada, donde siguen existiendo clínicas, hospitales y centros médicos privados”.

El acuerdo también contempla la educación como un derecho, planteando que “se respetará la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada, siempre con pleno reconocimiento del Estado dentro del Sistema Nacional de Educación”.

3- Seguridad

Los partidos que respaldan el gobierno de Gabriel Boric abordaron los cuestionamientos referentes a los “Estados de Excepción”.

Proponen “establecer en la Constitución el Estado de Emergencia por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, a requerimiento de la autoridad civil y en las condiciones calificadas que establezca la ley, en tareas de resguardo del orden constitucional y del Estado de derecho”.

4- Sistema Político

En este tema, el oficialismo se comprometió a analizar el nuevo sistema político que propone el texto de la Convención “para lograr el mejor equilibrio entre el poder legislativo, el gobierno central y las entidades territoriales”.

Puntualmente acordaron que “la reelección presidencial no proceda consecutivamente”.

En cuanto al gasto fiscal, los partidos anunciaron que consideran necesario “eliminar la atribución de presentar mociones parlamentarias” que causen perjuicios directamente a los gastos del Estado.

Además, plantearon que “la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales fijadas por ley deberán ajustarse al máximo anual que a este efecto fije la Ley de Presupuestos, con expresa regla de responsabilidad fiscal”.

5- Poder Judicial

Finalmente, los partidos del gobierno abordaron la independencia del poder judicial, para lo cual proponen “reemplazar, en la Constitución, la denominación ‘Sistemas de Justicia’ por la de ‘Poder Judicial”.

Y argumentaron la necesidad de revisar la composición del Consejo de la Justicia para asegurar su integración por una mayoría de jueces.

Adicionalmente señalaron que “conviene hacer explícito que la calificación de los jueces por ese Consejo no considerará el contenido de sus fallos”.

¿Cuál es el origen del cambio constitucional?

Casi tres años después del estallido social de 2019, Chile realizará este 4 de septiembre la última de las tres votaciones de su proceso de cambio constitucional.

Tras aprobar redactar una nueva Constitución (en 2020) y elegir la Convención que la escribió (en 2021), el país decidirá finalmente si aprobar o rechazar el texto.

La Convención comenzó su trabajo el 4 de julio de 2021, bajo el gobierno de Sebastián Piñera.

Si gana la opción “apruebo”, la nueva Carta Magna empezará a regir a medida que se creen los nuevos órganos que contempla, como por ejemplo una Agencia Nacional de Aguas o la Cámara de las Regiones, que reemplazará al Senado.

Si gana el “rechazo”, la Constitución de 1980 seguirá vigente, en contraste con la abrumadora mayoría (casi 80%) que votó por su reemplazo.


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