Naciones Unidas advierte corrupción en compras del gobierno mexicano
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Cuartoscuro

Naciones Unidas advierte corrupción en compras del gobierno mexicano

Aunque el sistema de adquisiciones y contrataciones del gobierno mexicano goza de un "alto grado de legitimidad", esta situación es sólo "aparente", ya que, en realidad, el mecanismo nacional para las compras oficiales resulta "altamente propenso a la corrupción", señala el estudio Transparencia, Objetividad y Competencia en las Contrataciones Públicas.
Cuartoscuro
Por Paris Martínez
8 de abril, 2014
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Las "mordidas" parecen una actividad cotidiana.

Aunque el sistema de adquisiciones y contrataciones del gobierno mexicano goza de un “alto grado de legitimidad”, esta situación es sólo “aparente”, ya que, en realidad, el mecanismo nacional para las compras oficiales resulta “altamente propenso a la corrupción”, según las conclusiones a las que llegó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en su estudio Transparencia, Objetividad y Competencia en las Contrataciones Públicas, divulgado a finales de marzo pasado por su representación en México.

Elaborado a partir de entrevistas con representantes del sector privado mexicano, y tomando como base los informes rendidos por distintas dependencias de gobierno, así como diferentes reportes emitidos por otros organismos internacionales, el análisis de la UNODC determinó que, a pesar de que en México se han dado avances legislativos en materia de adquisiciones públicas, aún “subsiste un marco jurídico insuficiente e ineficaz para combatir la corrupción, un mal funcionamiento de las instituciones públicas, poca confianza de la comunidad empresarial en los políticos y falta de eficacia en la competencia”.

De hecho, destacó la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, la corrupción es considerada como el primer factor que impide hacer negocios en México, según el Reporte Global de Competitividad 2012-2013 –cuyos resultados, cabe destacar, no mostraron variación significativa en el informe siguiente, sobre el periodo 2013-2014  –.

Citando dicho reporte del Foro Económico Mundial, la UNODC destaca en su propio estudio que entre las prácticas más frecuentes relacionadas con irregularidades en contrataciones y compras del gobierno mexicano se encuentran los sobornos y pagos irregulares a funcionarios, el desvío de fondos públicos para beneficiar a ciertas empresas, el “despilfarro” del erario, la poca transparencia en políticas de gobierno, la poca eficacia en el marco legal para resolver disputas y la sobrerregulación. A ellos, además, hay que sumar otros factores que también destaca el Reporte Global de Competitividad en materia de corrupción en México, como el favoritismo en decisiones de funcionarios públicos y el comportamiento poco ético de las empresas.

Asimismo, en entrevistas con representantes del sector público mexicano, la UNODC tomó nota de la existencia de actos de corrupción promovidos por el sector empresarial, tales como “acuerdos previos entre los proveedores o la designación de distribuidores exclusivos por parte de grandes empresas trasnacionales”, mientras que también “se ha detectado que algunas empresas participan en licitaciones con la intención premeditada de no cumplir, sino asumiendo el riesgo de recibir una multa o castigo”.

Legitimidad aparente

La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito destaca en su estudio que los procesos de adquisición pública, “en todos los niveles del gobierno de México, cuentan con un alto grado de legitimidad”, debido a que del total de compras realizadas por las autoridades, únicamente son impugnadas entre 3% y 5%.

Sin embargo, subraya, “la aparente legitimidad de los procesos es, en gran medida, producto de la desconfianza de la ciudadanía ante las instituciones de gobierno”, ya que, de los encuentros con representantes de la iniciativa privada, se desprendió que “a pesar de la existencia de mecanismos de quejas, muchos ofertantes prefieren no reportar violaciones a procesos de adquisición pública por miedo a ser vetados para participar en licitaciones futuras, especialmente cuando se trata de asignaciones directas o de invitación restringida. También se descubrió que muchos miembros del sector privado pudieran no estar al tanto de su derechos y obligaciones para reportar dichas violaciones“.

Además, añade la UNODC, “los recursos de impugnación son onerosos y de larga duración”, mientras que los representantes empresariales entrevistados “también afirmaron que el abstencionismo en la impugnación se debe a la falta de confianza en las instituciones destinadas para ello”.

En las mismas entrevistas se señaló que, aún cuando no son denunciadas, existen prácticas irregulares recurrentes por parte de servidores públicos, tales como definir las bases de licitación “favoreciendo a un ofertante”, mostrar “preferencias por recurrir a ciertos proveedores o ciertas marcas, así como la existencia de agentes económicos dominantes”.

Por último, señala la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, aún en los casos en que se denuncian estas irregularidades, para los proveedores afectados “no hay certeza en la reposición del procedimiento (ya que) los bienes o servicios se adjudican antes de que concluyan los procesos de impugnación”.

De ida y vuelta

Según el estudio de la UNODC, la otra faceta de la corrupción en las adquisiciones gubernamentales mexicanas está conformada por las prácticas poco éticas en las que incurre el sector empresarial, como, por ejemplo, emitir “ofertas ficticias o de resguardo, que están diseñadas para aparentar competencia genuina. De esta manera, los oferentes se ponen de acuerdo para que al menos uno de ellos presente una oferta más alta que la del ganador designado, una oferta demasiado alta para ser aceptada, o que contenga términos especiales que sabe que son inaceptables para el comprador”.

Otro acto de corrupción en el que incurre el sector privado es la “supresión de ofertas”, que consiste en un arreglo establecido previamente por las empresas que se disputarán una licitación, “donde los competidores acuerdan que uno o más proveedores se abstendrán o retirarán una oferta presentada con anterioridad, de manera que se adjudique la licitación al ganador designado”.

Además, está también identificada una práctica conocida como “rotación de ofertas”, que implica un pacto previo entre proveedores, en el que “las empresas acuerdan con otras, para que una de ellas califique con el menor precio y pueda ganar (la licitación). Posteriormente, en el siguiente procedimiento de contratación pública, le tocará a una empresa diferente ofrecer el precio más bajo que le garantice la adjudicación del contrato”.

El estudio de la UNODC identifica igualmente la práctica denominada “asignación de mercado”, en la cual “los competidores se reparten ciertas zonas geográficas y acuerdan cuántos clientes tendrán. Con base en el acuerdo, los licitadores no podrán presentar ofertas en las zonas asignadas a un licitador particular”.

Por último, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reportó que “en ocasiones, los proveedores actúan de mala fe, puesto que cambian la calidad del producto al momento de ejecutar el contrato“, a pesar de lo cual, “los instrumentos de verificación que emplea la autoridad son ineficaces, ya que no se aplican como procedimiento regular, lo cual genera el riesgo de no constatar la calidad del contrato. Hacen falta los recursos humanos y las capacidades técnicas –remata– para llevar a cabo evaluaciones regulares que permitan, por una parte, evaluar la calidad del bien o servicio ofertado, y por otra verificar que dicha calidad se mantenga hasta la finalización del contrato”.

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Qué es el "criptoinvierno" y por qué el bitcoin ha perdido la mitad de su valor en 6 meses

En medio de la subida de tasas de interés en Estados Unidos y las caídas de Wall Street, el mercado de las criptomonedas se está enfriando. Como si fuera poco, la guerra en Ucrania suma aún más incertidumbre.
10 de mayo, 2022
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Cuando las cosas van bien, en la jerga financiera se dice que los inversores están con “apetito de riesgo”.

Pero cuando la economía global está pasando por un momento difícil, como ahora, los grandes capitales prefieren refugiarse en inversiones más seguras.

Pues bien, en la actualidad los comensales no tienen ganas de probar platos exóticos y le están pidiendo al camarero que lleve a la mesa un menú más tradicional.

Como no hay apetito de riesgo, las criptomonedas son las primeras en perder su valor porque no es estable, lo que se conoce como una alta volatilidad.

Cada vez son más los expertos que advierten sobre la posibilidad de que el mundo esté a las puertas de un “criptoinvierno”, un concepto utilizado entre inversores para referirse a una baja sostenida en el precio de las monedas digitales.

Desde el inicio de este año muchos venían advirtiendo sobre la llegada de nubes negras en el horizonte.

Uno de ellos, David Marcus, emprendedor estadounidense exjefe del sector de criptomonedas en Facebook y expresidente de Paypal, daba señales en enero de que el frío había llegado.

“Es durante los criptoinviernos que los mejores empresarios construyen las mejores empresas”, dijo Marcus.

Este lunes el bitcoin, la más grande de las criptomonedas por su valor de mercado, encendió la alerta al sufrir una fuerte caída que lo llevó a acumular una pérdida de la mitad de su valor en los últimos seis meses.

Desde el máximo histórico cercano a los US$68.000 por bitcoin en noviembre, se desplomó a US$33.000.

La caída de la principal divisa electrónica arrastró al resto del mercado de criptomonedas que en este medio año negro ha perdido en su conjunto alrededor de US$1.000 millones.

¿Por qué se desplomó el bitcoin?

“Las criptomonedas son un activo de alto riesgo por mucho que haya personas que esperan que en el largo plazo suba el precio y sea un activo de refugio”, comenta José Francisco López, director de contenidos de Economipedia.

Cuando las bolsas caen, le dice a BBC Mundo, “los inversores prefieren quitarse de encima los activos más volátiles”.

Negocio de bitcoin en Turquía

Getty Images

En Wall Street las acciones de las empresas tecnológicas agrupadas en el índice Nasdaq han bajado, “siguiendo una correlación con la caída del bitcoin”, explica Diego Mora, analista senior de la consultora XTB.

Eso ocurre porque tanto las divisas digitales como las acciones de las empresas tecnológicas le han servido a los inversores “para buscar dinero fácil”.

Pero desde que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, por sus siglas en inglés) comenzó a subir las tasas de interés, hay un mayor interés de los inversores por buscar activos más seguros, como por ejemplo, los bonos del Tesoro o el dólar.

“En estas circunstancias la gente vende sus activos más riesgosos”, explica Mora.

Más aún, cuando las perspectivas apuntan a que las tasas de interés seguirán subiendo en distintas partes del mundo para controlar la inflación.

A la subida de tipos de interés (que la semana pasada incluyó a grandes economías como Reino Unidos, Estados Unidos y Canadá), se suman otros factores que ayudan a aumentar la incertidumbre sobre el rumbo de la economía, como los confinamientos en Shanghái por el covid-19 y la tensión geopolítica por la guerra en Ucrania.

¿De dónde viene el concepto de criptoinvierno?

Cuando se enfría el precio de las criptomonedas y cae de manera sostenida durante varios meses, los expertos hablan de un criptoinvierno.

El concepto hace referencia a lo que ocurrió en 2018, cuando el bitcoin cayó hasta un 80% desde los máximos históricos.

Bitcoin y dólar

Getty Images

El desplome sembró el pánico en el mercado de criptomonedas y provocó que la gran mayoría de las divisas digitales cayeran en picada al unísono.

No fue hasta mediados de 2019 que los criptomercados mostraron signos de recuperación, impulsados por una inversión récord por parte de instituciones tradicionales, como los bancos y los grandes fondos de inversión.


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