Los niveles de contaminación, ozono y partículas suspendidas en la atmósfera provocan la muerte de miles de personas cada año en México, 14 mil 700 según la última medición y millones de casos de enfermedades respiratorias, incluyendo asma, neumonías y enfisema pulmonar. Sin embargo, la normatividad que fija los niveles de contaminantes permitidos no contribuye a modificar esta situación, según reconoce la propia Secretaría de Salud.
“Los resultados de diversos estudios arrojan que la exposición al material particulado del medio ambiente, con los límites que actualmente tenemos establecidos para la concentración de ozono en el aire ambiente, ponen en riesgo la salud de la población, elevando el índice de mortalidad general, así como el de mortalidad infantil y de las hospitalizaciones por enfermedades respiratorias y cardíacas”.
Esta declaración forma parte de la propuesta de la dependencia para modificar las dos normas oficiales mexicanas en donde se disminuye las concentraciones máximas permitidas de ozono y partículas suspendidas, los elementos ambientales más dañinos para la salud humana.
Esta declaración forma parte de la propuesta de la dependencia para modificar las dos normas oficiales mexicanas en donde se disminuye las concentraciones máximas permitidas de ozono y partículas suspendidas, los elementos ambientales más dañinos para la salud humana.
Sin embargo, los límites establecidos por la Secretaría de Salud todavía se mantienen por debajo de las regulaciones de los países que integran la Unión Europea o los parámetros de la Organización Mundial de la Salud.
La Ssa plantea que la exposición máxima de ozono permitida en un plazo de ocho horas pase de .080 partes por millón (ppm) -la unidad de medición utilizada internacionalmente- a 0.70 ppm, mientras que las partículas suspendidas conocidas como PM10 en un plazo de 24 horas pasarían de 120 microgramos por metro cúbico a 75 y las PM 2.5, mucho más pequeñas y más dañinas para la salud, pasarían de 65 a 45 microgramos por metrocúbico.
De acuerdo con Alan Jiménez, de la Red por los Derechos de la Infancia y representante ante la Ssa de las organizaciones que durante años han buscado la actualización de estas normas, de aprobarse el ordenamiento la Ciudad de México pasaría de los 200 días con mala calidad del aire que registró en 2013 a alrededor de 300, por los niveles de contaminantes registrados el último año en la capital del país.
Con la aprobación de estas normas, los gobiernos estatales y la industria estaría obligados a tomar medidas para emitir menos contaminantes, por lo que tendrían que impulsar políticas orientadas a mejorar el transporte público limpio, a incentivar el uso de vehículos no motorizados como las bicicletas, depurar el parque vehicular, reducir el nivel de contaminantes que emiten las fábricas e incluso Pemex tendría que modificar la composición de sus combustibles.
“Con estas normas, otra serie de normas tendrán que revisarse, básicamente normas de Semarnat donde se dice cuánto de las fuentes fijas (de contaminación) como son la industria en particular y cuánto de las fuentes móviles, como los vehículos, pueden estar emitiendo a la atmósfera para que haya estos valores en el are ambiente, al aprobarla se tiene que revisar en automático muchas normas como la calidad de los combustibles, cuánto se permite a la industria emitir de contaminación, todo esto se reordena para que no se sobrepase el límite de contaminantes”, indicó en entrevista la Comisionada de Evidencia y Manejo de Riesgos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), área responsable de la Ssa de emitir estas normas y vigilar su cumplimiento.
La Cofepris estima que el 50 % de los escolares que estudian en zonas donde las concentraciones de ozono rebasan las 0.130 ppm faltan al menos una vez cada tres meses a la escuela por una afección respiratoria, mientras que las concentraciones cercanas a 0.050 ppm provocan un incremento de hasta el 133 por ciento en las consultas de urgencias por asma en la población menor de 4 años.
Según este organismo, implementar programas para mejorar la calidad del aire en todo el país tendría un costo de 7 mil 798 millones de pesos en 2015, pero ello permitiría disminuir en más de un millón los casos de infecciones respiratorias agudas, neumonías, bronconeumonías y asma cada año, además de evitar 3 mil 49 muertes por estas causas.
Aunque considera que las modificaciones representan un avance porque elevarán los costos políticos a los gobiernos estatales, quienes tendrán más presión para adoptar políticas limpias, Jiménez considera que la norma todavía se queda corta en relación a los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el caso de concentraciones permitidas de ozono, que son de 0.050 ppm como máximo.
Al respecto, Alatorre indicó que se plantea que las nuevas normas solo sean transitorias y que en su próxima revisión, prevista para 2019, ya se incluyan las recomendaciones de la OMS. Sin embargo, en el país no siempre se cumple la obligación de actualizar las normas oficiales mexicanas cada cinco años, como marca la ley. Tan sólo la NOM relativa a concentraciones de ozono no había sido revisada en los últimos 21 años.
“La OMS lo que hace es fijar valores guía, a diferencia de otros organismos no da un límite que debe ser adoptado, generalmente en todo los temas fija percentiles, quintiles y dice son los valores guías que los países, de acuerdo a sus circunstancias, su desarrollo económico y social, va a ir adoptando. En la medida en que los países van avanzando en sus procesos deben adoptar los valores más estrictos, no estamos en el más estricto pero en las siguientes normas se deberá ir hacia allá. Es una norma transicional en lo que se prepara el país en todas las reformas para ir acercándonos a los valores de la OMS”, dijo.
Incluso con la nueva normatividad, las concentraciones de contaminantes permitidas en México estarían muy por arriba de las de la Unión Europea, que tolera .061 ppm y quedaría en niveles similares a los de Estados Unidos, que permite un máximo de 0.075 ppm en un plazo de ocho horas.
Actualmente ambas propuestas de normas se encuentran en consulta ante la Comisión de Mejora Regulatoria, instancia encargada de evaluar su viabilidad. Una vez superado este trámite pueden ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación y entrar en vigor.
Omiten estados medición del aire
Aunque la Secretaría de Salud pretende endurecer las normas en materia de contaminantes en la atmósfera, lo cierto es que en buena parte del territorio nacional no se realizan estas mediciones. De acuerdo con la propia dependencia, solo cuatro de cada 10 mexicanos viven en ciudades o zona metropolitanas en donde se realiza un monitoreo de la calidad del aire.
Según el Análisis de impacto y costo-beneficio que la Ssa presentó para sustentar la propuesta de actualización de las normas ambientales, 15 estados no cuentan con redes de monitoreo atmosférico que formen parte del Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire. Estos estados son Sonora, Sinaloa, Nayarit, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas, Zacatecas, Tlaxcala, Coahuila, Querétaro y Colima.
En lo que se refiere a las grandes concentraciones de población, solo las zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara, Monterrey, Valle de Toluca, Puebla, Tula-Vito Apaxco y las ciudades de Tijuana, Ciudad Juárez y Mexicali miden los niveles de contaminantes que respiran sus pobladores.
Sin embargo, según Alan Jiménez solo el DF, Guadalajara, Monterrey, Toluca y Mexicali informan a la población los resultados de sus mediciones.
Lo mismo ocurre con la implementación de programas públicos destinados a mejorar la calidad del aire, conocidos como Proaires: apenas el 37.7% de la población vive en una ciudad que cuenta con una política de esta naturaleza.
Hoy solo las zonas metropolitanas de León, Toluca, Valle de México, Puebla, la región de la Comarca Lagunera, el estado de Jalisco y las ciudades de Mexicali y Durango cuentan con un Proaire, mientras que la zona metropolitana de Querétaro-San Juan del Río, San Luis Potosí- Soledad de Graciano Sánchez y Villahermosa, así como la ciudad de León, están elaborando un programa de mejora de la calidad del aire.
