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Un “fenómeno social violento” será motivo para suspender tus derechos

Comisiones del Senado aprueban el reglamento del artículo 29 para el Estado de Excepción que, según organizaciones civiles, permite la criminalización de la protesta.
Por Tania L. Montalvo
29 de abril, 2014
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Foto: Cuartoscuro

Foto: Cuartoscuro

Cada vez que el presidente de la República considere que en todo el país o en un territorio determinado existe un “grave peligro o conflicto” o “un fenómeno social violento” podrá ordenar la suspensión de derechos y garantías, según el dictamen aprobado por unanimidad en Comisiones del Senado.

Según la legislación reglamentaria del artículo 29 constitucional sobre el Estado de Excepción, el titular del Ejecutivo podrá solicitar la restricción o suspensión de derechos en casos de “invasión, perturbación grave de la paz pública u otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”.

El dictamen —que contempla la iniciativa enviada por el presidente en octubre pasado y la de senadores— fue aprobado este lunes en Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia, y de Estudios Legislativos y podrá ser votado en el pleno del Senado antes del próximo 30 de abril, cuando termina el periodo ordinario de sesiones para pasar a la Cámara de Diputados.

En el artículo 3 se definen lo que, según senadores, son los casos específicos que motivan la suspensión o restricción de derechos, aunque organizaciones civiles agrupadas en el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, argumentan que es justo por esta definición que se abre la puerta a la criminalización de la protesta y libre manifestación. Los escenarios para aplicar la suspensión son:

-Invasión. La entrada de fuerzas armadas, sin la autorización correspondiente, pertenecientes a otro estado a cualquier parte del territorio nacional.

-Perturbación grave de la paz pública. Fenómeno social violento que ponga en peligro la estabilidad o seguridad del estado o su estructura social, política o económica.

-Grave peligro o conflicto. Circunstancia excepcional de tal gravedad que pongan en peligro los intereses vitales de la población, tales como catástrofes naturales o provocadas por alguna persona; epidemias; desabasto prolongado de productos o servicios de primera necesidad; o similares.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos consideran que este dictamen —presentado en comisiones por la senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos— es “regresivo y ambiguo”, sin claridad sobre qué significa “similares”, catástrofes provocadas por alguna persona o en qué situaciones pueden motivar un Estado de Excepción.

¿Control parlamentario?

En el artículo 5 de la legislación se establece que la restricción o suspensión podrá ocurrir cuando los derechos y garantías “fuesen un obstáculo para hacer frente de manera diligente a la situación excepcional”.

Para que se aplique, el Ejecutivo someterá su propuesta a la aprobación del Congreso de la Unión, quien deberá resolverlo “de manera pronta y expedita”, pues quien ejerza la presidencia de la Cámara de Diputados deberá citar a sesión a más tardar en las siguientes 24 horas y los legisladores deberán votar la iniciativa en un plazo máximo de otras 48 horas.

La senadora Angélica de la Peña defendió el dictamen argumentado que se impulsa un “control parlamentario y jurisdiccional” pues el presidente no podrá ordenar la suspensión sin contar con la aprobación del poder Legislativo.

“No hay motivo para la preocupación expresada por diversas organizaciones de la sociedad civil a través de las redes sociales, en torno a que la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional pudiera tener una connotación de persecución política o de la protesta social, pues la ley fue discutida con ONG’s y especialistas desde el inicio de la elaboración del proyecto y se dio respuesta a sus preocupaciones con un riguroso apego a la Constitución”, dijo la legisladora perredista.

Sin embargo, las organizaciones civiles difundieron a través de un comunicado un “extrañamiento” respecto a lo anterior, pues de entre quienes integran el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social —Artículo 19; el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; el Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios; la Comisión Mexicana de Defensa y promoción de los Derechos Humanos; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Propuesta Cívica; Servicios y Asesoría para la Paz; y la Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”— ninguno fue consultado para la integración del dictamen aprobado.

La senadora De la Peña también asegura que la legislación reglamentaria toma en cuenta la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

El dictamen establece que el presidente deberá informar a la Organización de Estados Americanos y a la Organización de las Naciones Unidas sobre el motivo de la restricción o suspensión de derechos y garantías; y el tiempo y territorio en el que se aplicará.

También se menciona que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de pronunciará de oficio sobre la constitucionalidad y validez de los decretos emitidos por el presidente durante la restricción o suspensión de garantías y derechos.

Para que la esta legislación secundaria sea aplicable deberá ser votada en el pleno del Senado y después turnada a la Cámara de Diputados. Según lo establecido tras la reforma de junio de 2011 en materia de derechos humanos, la ley debió haberse aprobado en un plazo máximo de un año, lo que se incumplió en el Congreso.

DICTAMEN LEY REGLAMENTARIA ARTÍCULO 29 CPEUM (abril2014) (2).doc by http://www.animalpolitico.com

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Los países con menos inflación de América Latina (y qué dice de sus economías)

No deja de sorprender la hiperinflación de Venezuela y la crisis en Argentina. ¿Pero qué pasa en las economías de otros países de la región donde la inflación es muy baja?
14 de septiembre, 2019
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Mientras Venezuela está sumida en una de las peores hiperinflaciones de la historia reciente y Argentina sufre el golpe de una inflación anual de 54%, el resto de América Latina ha logrado evitar que los precios se disparen fuera de control.

No solo la inflación se ha mantenido baja en la región, sino que incluso algunos países bordean el 0%.

¿Quiere decir esto que mientras más baja es la inflación de un país, mejor está su economía?

No, dicen los expertos. Un mismo nivel de inflación puede ser positivo en un país y negativo en otro, haciendo que las comparaciones resulten confusas. Eso explica por qué no existe una inflación ideal que funcione como una medida estándar.

“A veces una inflación baja puede estar diciéndote que los motores del crecimiento se están apagando“, explica Ramón Pineda, oficial de Asuntos Económicos de la División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en diálogo con BBC Mundo.

En ese sentido, si el consumo de los hogares y las inversiones de las empresas se debilitan, “una inflación muy baja puede ser una mala noticia porque refleja una desaceleración”.

En América Latina, los países con la inflación más baja en agosto (en comparación al mismo período del año anterior) son El Salvador (-0,5%), Ecuador (0,3%) y Panamá (1,1%), tres economías cuya moneda oficial es el dólar.

Países de América Latina con la inflación anual más baja (%). Agosto. .

“Como tienen economías dolarizadas, estos países no están expuestos a las volatilidades cambiarias y eso los beneficia”, comenta Pineda. Sin embargo, deben enfrentar el desafío del crecimiento.

“Los bajos niveles de inflación de El Salvador y Ecuador muestran que la demanda sigue siendo débil“.

Andrew Powell, asesor principal del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dice que en general, si la inflación es baja, pero positiva, no hay un gran problema.

“Lo grave es cuando hay una deflación persistente y en ese caso los países necesitan un ajuste”, comenta en diálogo con BBC Mundo.

“25 años de baja inflación”

Con una población de apenas 6,4 millones, El Salvador enfrenta una compleja situación económica, con un lento crecimiento económico (2,5% en 2018), una baja recaudación fiscal y un alto endeudamiento (70,7% del Producto Interno Bruto (PIB).

Uno de sus grandes desafíos es modernizar el sector agrícola de la franja norte del país, donde se concentra el 75% de la pobreza extrema y generar más empleos, mientras que más del 20% de su PIB, depende de las remesas.

Hemos tenido 25 años de baja inflación“, le dice a BBC Mundo el economista y consultor César Villalona.

Mercado en El Salvador

Getty Images
El Salvador, Ecuador y Panamá son economías dolarizadas.

“Por eso no es sorprendente que en agosto la inflación haya sido negativa. Aquí no hay exceso de circulante, ni peligro de devaluación”.

Los problemas del país son otros, explica, como por ejemplo, los bajos salarios y pensiones, el bajo crecimiento y la poca inversión.

“Una inflación baja es positiva porque no se le encarecen las cosas a la gente y los empresarios tienen bajos costos”, apunta

Pero por el otro lado, agrega, como los empresarios no tienen muchas utilidades, prefieren invertir en otros países.

“Si tuviéramos una inflación más alta, cercana al 3% o el 4%, sería una buena señal”.

Crisis, deuda y ajuste

“Lo que muestra la baja inflación de Ecuador en los últimos años es una desaceleración de la actividad económica”, explica Ramón Pineda.

Según estimaciones del Banco Central de Ecuador, la economía del país crecerá este año solo 0,2%, mientras que organismos internacionales prevén que podría incluso ser negativo.

Lenín Moreno, presidente de Ecuador

Getty Images
El gobierno de Ecuador está implementando una política de austeridad.

“Siempre dijimos que las medidas (de ajuste) iban a desacelerar la economía”, señaló la gerente del Banco Central ecuatoriano, Verónica Artola, en declaraciones al periódico El Comercio de Quito.

Como el país enfrenta un excesivo endeudamiento, el gobierno decidió restringir el gasto público, reduciendo instituciones públicas, eliminando subsidios a los combustibles y liberando el precio de la gasolina de mayor octanaje, entre otras medidas.

Panamá crece por debajo de su potencial

Al contrario, Panamá ha sido una de las economías con crecimiento económico más rápido en América Latina, con un promedio anual de 5,6% en los últimos cinco años.

En paralelo, el aumento en el nivel de precios se ha mantenido bajo el 1% en los últimos cuatro años.

Trabajadores en Panamá

Getty Images
Panamá es un país con gran crecimiento económico y baja inflación.

¿Cómo se explica entonces una inflación tan baja?

“Panamá está creciendo por debajo de su potencial”, le dice a BBC Mundo, Alejandro Santos, jefe de Misión en Panamá y jefe de división en el Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“El país tiene un crecimiento potencial de 5,5%, pero hemos bajado la proyección a 4,5% este año“.

El economista explica que las tensiones comerciales a nivel mundial, afectan las expectativas de tráfico en el Canal de Panamá. Eso hace que la gente piense dos veces antes de invertir, lo que no ayuda a los negocios.

En otros países se deprecia el tipo de cambio cuando hay turbulencias, como un mecanismo de absorción del shock externo.

Pero como Panamá es una economía dolarizada, está más expuesta a esos vaivenes. “Cuando el dólar tiende a depreciarse, el ajuste se traduce en una menor demanda y una menor inflación”, apunta.

El fantasma del pasado: alta inflación

“Históricamente, la alta inflación ha sido una preocupación mucho mayor para América Latina. Erosiona los salarios reales, y particularmente golpea a los trabajadores informales, que tienen poca capacidad para renegociar sus salarios”, le dice a BBC Mundo Benjamin Gedan, asesor senior del Programa Latinoamericano del centro de estudios Wilson Center, con sede en Washington.

Protesta en Argentina

Getty Images
En contraste, en Argentina la inflación anual ha superado el 50%.

La inflación promedio en América Latina, explica, ha estado creciendo desde un 5% en diciembre a un 8,1% en los primeros cinco meses del año (excluyendo a Venezuela).

“Pero las tendencias no son uniformes, como tampoco sus causas”.

Basta mirar el caso de Argentina, donde “la altísima inflación es en parte el resultado de la dramática depreciación del peso y los aumentos en el costo de los servicios públicos”, entre otras razones.

En el otro extremo, agrega, “una baja inflación persistente, puede ser una señal de una actividad económica deprimida”.


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