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Un “fenómeno social violento” será motivo para suspender tus derechos

Comisiones del Senado aprueban el reglamento del artículo 29 para el Estado de Excepción que, según organizaciones civiles, permite la criminalización de la protesta.
Por Tania L. Montalvo
29 de abril, 2014
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Foto: Cuartoscuro

Foto: Cuartoscuro

Cada vez que el presidente de la República considere que en todo el país o en un territorio determinado existe un “grave peligro o conflicto” o “un fenómeno social violento” podrá ordenar la suspensión de derechos y garantías, según el dictamen aprobado por unanimidad en Comisiones del Senado.

Según la legislación reglamentaria del artículo 29 constitucional sobre el Estado de Excepción, el titular del Ejecutivo podrá solicitar la restricción o suspensión de derechos en casos de “invasión, perturbación grave de la paz pública u otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”.

El dictamen —que contempla la iniciativa enviada por el presidente en octubre pasado y la de senadores— fue aprobado este lunes en Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia, y de Estudios Legislativos y podrá ser votado en el pleno del Senado antes del próximo 30 de abril, cuando termina el periodo ordinario de sesiones para pasar a la Cámara de Diputados.

En el artículo 3 se definen lo que, según senadores, son los casos específicos que motivan la suspensión o restricción de derechos, aunque organizaciones civiles agrupadas en el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, argumentan que es justo por esta definición que se abre la puerta a la criminalización de la protesta y libre manifestación. Los escenarios para aplicar la suspensión son:

-Invasión. La entrada de fuerzas armadas, sin la autorización correspondiente, pertenecientes a otro estado a cualquier parte del territorio nacional.

-Perturbación grave de la paz pública. Fenómeno social violento que ponga en peligro la estabilidad o seguridad del estado o su estructura social, política o económica.

-Grave peligro o conflicto. Circunstancia excepcional de tal gravedad que pongan en peligro los intereses vitales de la población, tales como catástrofes naturales o provocadas por alguna persona; epidemias; desabasto prolongado de productos o servicios de primera necesidad; o similares.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos consideran que este dictamen —presentado en comisiones por la senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos— es “regresivo y ambiguo”, sin claridad sobre qué significa “similares”, catástrofes provocadas por alguna persona o en qué situaciones pueden motivar un Estado de Excepción.

¿Control parlamentario?

En el artículo 5 de la legislación se establece que la restricción o suspensión podrá ocurrir cuando los derechos y garantías “fuesen un obstáculo para hacer frente de manera diligente a la situación excepcional”.

Para que se aplique, el Ejecutivo someterá su propuesta a la aprobación del Congreso de la Unión, quien deberá resolverlo “de manera pronta y expedita”, pues quien ejerza la presidencia de la Cámara de Diputados deberá citar a sesión a más tardar en las siguientes 24 horas y los legisladores deberán votar la iniciativa en un plazo máximo de otras 48 horas.

La senadora Angélica de la Peña defendió el dictamen argumentado que se impulsa un “control parlamentario y jurisdiccional” pues el presidente no podrá ordenar la suspensión sin contar con la aprobación del poder Legislativo.

“No hay motivo para la preocupación expresada por diversas organizaciones de la sociedad civil a través de las redes sociales, en torno a que la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional pudiera tener una connotación de persecución política o de la protesta social, pues la ley fue discutida con ONG’s y especialistas desde el inicio de la elaboración del proyecto y se dio respuesta a sus preocupaciones con un riguroso apego a la Constitución”, dijo la legisladora perredista.

Sin embargo, las organizaciones civiles difundieron a través de un comunicado un “extrañamiento” respecto a lo anterior, pues de entre quienes integran el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social —Artículo 19; el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; el Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios; la Comisión Mexicana de Defensa y promoción de los Derechos Humanos; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Propuesta Cívica; Servicios y Asesoría para la Paz; y la Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”— ninguno fue consultado para la integración del dictamen aprobado.

La senadora De la Peña también asegura que la legislación reglamentaria toma en cuenta la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

El dictamen establece que el presidente deberá informar a la Organización de Estados Americanos y a la Organización de las Naciones Unidas sobre el motivo de la restricción o suspensión de derechos y garantías; y el tiempo y territorio en el que se aplicará.

También se menciona que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de pronunciará de oficio sobre la constitucionalidad y validez de los decretos emitidos por el presidente durante la restricción o suspensión de garantías y derechos.

Para que la esta legislación secundaria sea aplicable deberá ser votada en el pleno del Senado y después turnada a la Cámara de Diputados. Según lo establecido tras la reforma de junio de 2011 en materia de derechos humanos, la ley debió haberse aprobado en un plazo máximo de un año, lo que se incumplió en el Congreso.

DICTAMEN LEY REGLAMENTARIA ARTÍCULO 29 CPEUM (abril2014) (2).doc by http://www.animalpolitico.com

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5 países de América Latina más peligrosos para defender los derechos humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha registrado el asesinato de 147 activistas en 2021 y de otros 89 en los primeros 4 meses de 2022.
9 de junio, 2022
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Dedicarse a defender los Derechos Humanos es una labor de alto riesgo, sobre todo si se ejerce en América Latina, región que se ha convertido en la más peligrosa del mundo para denunciar la violación de alguna garantía fundamental o para reclamar su cumplimiento.

La denuncia la hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que contabilizó el asesinato de 147 activistas en 2021, según la información que figura en el informe anual publicado la semana pasada.

Pero si 2021 no fue un buen año para los defensores de Derechos Humanos en la región, 2022 no luce mucho mejor.

La CIDH, en otro reporte preliminar, informó que solo en los primeros 4 meses del año en curso ha contabilizado la muerte de 89 activistas.

Los 5 países más peligrosos

Activistas en riesgo. . Ranking con los países más peligrosos para los activistas de Derechos Humanos Datos de enero a diciembre de 2021.

Con 145 defensores muertos, Colombia es el país más peligroso del continente para promover los derechos y las libertades fundamentales.

Las autoridades colombianas han reconocido la gravedad de la situación y este año le aseguraron a la Comisión que vienen tomado medidas para revertirla, entre ellas destacaron que actualmente tienen a 3.749 líderes sociales bajo resguardo.

“La situación es preocupante”, admitió también el comisionado Joel Hernández, relator para las Personas Defensoras de Derechos Humanos de la CIDH.

México, con 10 asesinados, ocupa el segundo lugar, de acuerdo con los datos de la CIDH. Líderes de comunidades indígenas y ambientalistas fueron las principales víctimas.

Por su parte, Perú con 5 fallecidos, Honduras con 4 y Guatemala con 2 se encuentran en el tercer, cuarto y quinto lugar; respectivamente.

Quiénes son las víctimas

La mayoría de los activistas asesinados ejercían la defensa de la tierra, el territorio y el ambiente o eran integrantes de comunidades indígenas, denunció la CIDH, organismo, adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Eso indica que no solamente están en riesgo aquellas personas que han decidido exponer públicamente los abusos y excesos cometidos por los cuerpos policiales y las fuerzas militares.

Por el contrario, cualquiera que haya decidido promover y proteger, de manera pacífica, la universalidad e indivisibilidad de los derechos de pueblos e individuos puede verse comprometido. Esto incluye a sindicalistas y a los periodistas también.

Los datos que maneja la Comisión también revelan además que las amenazas no se limitan a los activistas únicamente, sino que en algunos casos se extienden hasta su círculo familiar.

El caso del brasileño José Gomes es prueba de ello. El pasado 9 de enero Gomes fue asesinado, a tiros, junto a su esposa y su hija en la región de São Félix do Xingu, estado de Pará. La víctima se dedicaba a liberar crías de tortugas en la Amazonía, en un intento por repoblar esta especie.

Hasta ahora las autoridades policiales no han aportado mucha información sobre el asunto y solamente han dicho que están investigando el crimen.

Aunque el grueso de los fallecidos contabilizados por la CIDH son hombres, casos como el de la activista mexicana Gladys Aranza Ramos, integrante del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quien fue asesinada el 15 de julio de 2021, indican que las mujeres defensoras no están exentas de riesgos.

En la mira. [ 147 activistas de Derechos Humanos fueron asesinados en 2021 en América Latina ],[ 89 activistas han sido asesinados en los primeros cuatro meses del 2022 ], Source: Fuente: CIDH, Image: Fotos de activistas asesinados en un campo

Las cifras de la Comisión son corroboradas por las que manejan otras organizaciones como la irlandesa Front Line Defenders, la cual se especializa en monitorear las condiciones en las que los defensores ejercen su labor alrededor del mundo.

En su informe correspondiente a 2021 Front Line Defenders denunció que de los 358 defensores de Derechos Humanos que fueron asesinados en el mundo, 252 eran latinoamericanos; es decir el 70%.

Las causas del problema

Las debilidades institucionales, especial la falta de independencia judicial, y la violencia criminal son, a juicio del comisionado Hernández, los motivos por los cuales América Latina se ha vuelto tan peligrosa para quienes deciden defender los derechos de otras personas, pero no son los únicos.

El comisionado Joel Hernández preside una audiencia pública de la CIDH en Quito (Ecuador)

CIDH
El diplomático mexicano Joel Hernández, es el relator para las Personas Defensoras de Derechos Humanos de la CIDH.

En distintas partes de la región se están dando situaciones de conflictividad que hacen que los defensores se activen”, le explicó Hernández a BBC Mundo por videoconferencia.

“Por ejemplo, en aquellas zonas donde se están poniendo en marcha proyectos extractivistas, sin el debido consentimiento de las comunidades afectadas, los líderes se están movilizando o están surgiendo y eso los coloca en la mira de grupos de determinados grupos”.

“Esto explica por qué los defensores de los pueblos indígenas, de los campesinos y del medio ambiente están siendo las principales víctimas de atentados y ataques”, agregó el diplomático mexicano.

Un indígena Yanomami en el Amazonas brasileño ve como sus tierras son explotadas por mineros ilegales

Reuters
Los indígenas que se oponen a la minería en sus tierras y quienes los defienden tienen grandes probabilidades de ser asesinados o atacados, de acuerdo a los

Algunos pasos positivos

Pese a calificar de “difícil” la situación que enfrentan los defensores en la región, Hernández aseguró que en algunos países se están produciendo pasos en la dirección correcta.

Así mencionó el caso de Brasil, cuyas autoridades han puesto en marcha el Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos (PPDDH), en los estados de Bahía, Paraíba, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pará y Río de Janeiro, el cual ampara actualmente a 600 activistas.

Honduras, entretanto, ha anunciado ha tomado medidas a favor de 116 defensores y 25 periodistas.

Sin embargo, el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y de Periodistas de México es el de mayor envergadura en el continente y tiene bajo su resguardo a 1.011 activistas y 495 comunicadores.

Por último, Perú anunció a mediados del año pasado la creación de un programa similar.

El comisionado demandó de las autoridades de los países de la región que creen las condiciones para que los activistas puedan realizar su labor de manera segura, que se abstengan de atacarlos y que castiguen cualquier ataque contra ellos.

“La impunidad es muy peligrosa, porque cuando no se castigan los crímenes se invita a su repetición”, dijo Hernández, quien destacó la importancia de contar con un Poder Judicial independiente.


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