Así lo afirmó Ángeles López García, directora del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, asociación de la sociedad civil que forma parte la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem).

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (Renped) de diciembre de 2012 a septiembre de 2013 se contabilizaron 2 mil 618 casos de personas “no localizadas” en México.

De ese total 225 casos se registraron en el estado de Guanajuato, con lo que la entidad se coloca como la cuarta entidad con mayor número de personas desaparecidas, únicamente por detrás de la Ciudad de México, Jalisco y Michoacán.

Desde hace más de cuatro años, Fundem ha reclamado la creación de un registro nacional de desaparecidos. No obstante, la desaparición ni siquiera es reconocida por las diversas instancias gubernamentales, explicó la activista en entrevista con Zona Franca.

“Lo primero que tienen que reconocer es que la desaparición está creciendo alarmantemente en el país. Está generando mucho miedo, está generando mucho dolor en las familias y hasta ahora estas cifras tan recientes pareciera ser que cada quien tiene su propio registro”.

La activista señaló que, de acuerdo con el informe elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU en 2011, el Estado mexicano no puede o no quiere investigar las desapariciones.

“No es posible que desaparezcan en este país miles de personas, esas personas pasan por las carreteras. ¿Dónde son alimentadas?, ¿en dónde están siendo tratadas o en dónde están siendo concentradas?. Cruzan carreteras, pasan por retenes”, dijo.

Ángeles López, quien también dedica su vida a la defensa y promoción de los derechos de las mujeres señala que, además, en muchas ocasiones las fuerzas estatales son las responsables de las desapariciones.

El Ejército, la Marina y los policías suelen ser quienes perpetran el crimen, esto sin dejar de lado a las organizaciones del crimen organizado.

“Desde nuestro punto de vista hay una responsabilidad del Estado, sea porque son directamente sus agentes o por la omisión del Estado de garantizar que ninguna persona puede ser desaparecida”, sostuvo. (4.40-1)

La guerra contra el narco, factor determinante

La directora de Victoria Diez apuntó que este crimen, cuyo erradicación se pensaba con la finalización de la llamada guerra sucia, comenzó a documentarse nuevamente con la declaración de guerra que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa hizo al narcotráfico.

Para Fundem, añadió, esta declaratoria no fue contra el narcotráfico, sino contra la ciudadanía.

Y aunque en la actualidad ya no se hable al respecto, la realidad mexicana es completamente bélica.

“En términos de víctimas; de ejecuciones, desapariciones, feminicidios, tráfico de personas, el contexto de este país es de guerra. Nadie quiere llamarlo así, pero la situación del país es una situación de guerra, en donde los muertos, el dolor los está poniendo la ciudadanía”.

La diferencia entre las desapariciones que se registraron en los años sesenta y la década del setenta, es que ahora las desapariciones son masivas, agregó López García.

Guanajuato no está exento del conflicto bélico que se vive en el país, agregó.

Éstos casos no solían ser retomados por el Centro de Derechos Humanos. No obstante, ante la emergencia, hubo necesidad de hacer un cambio y comenzar a acompañar a las víctimas.

“Victoria Diez inicialmente no atendía estos temas, sin embargo desde 2011 empezaron a tocar a las puertas del centro familias destrozadas por el impacto que genera la desaparición”.

Actualmente, la asociación acompaña a más de 30 familias, quienes han perdido a uno de sus integrantes, todos ellos hombres en edad productiva.

Cabe hacer notar que el 90 por ciento del total de casos que atiende Victoria Diez se trata de personas que desaparecieron de manera colectiva.

La insensibilidad del Estado

Ninguna organización, ni estatal, ni de la sociedad civil, estaba lista para reconocer esta emergencia.
El núcleo de la situación, apunta la activista, es que el Estado se niega a reconocer el problema y además, actúa con insensibilidad complicando los trámites o criminalizando a las víctimas.

Para Ángeles López esto sólo tiene dos respuestas las autoridades están coludidas o tienen miedo al crimen organizado.

Sin importar la indiferencia, las víctimas siguen ahí, y sus familias también.

“Viven con un dolor asimilable a la tortura. Cada día se levantan pensando en su familiar; no pueden dormir pensando en su familiar. Los impactos que tiene en las vidas de las personas no lo entienden las autoridades”, señala.

Finalmente, la directora sostiene que no existe una “epidemia de Alzheimer” entre la población, los casos de desaparición están presentes y son reclamados.

Y se reclama la vida de las personas, no sus cuerpos ya sin alma

“El mayor reclamo de las familias es ¿quién los está buscando?, ¿en dónde los están buscando?, y una búsqueda con vida, no una búsqueda en fosas, donde inmediatamente les quieran hacer tomas de ADN para buscar en fosas. El país entero es una fosa nacional”.

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