Éstos son los municipios con mayor "ambiente de violencia", según Segob
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Éstos son los municipios con mayor "ambiente de violencia", según Segob

En nueve alcaldías de Chihuahua, seis de Tamaulipas, cinco de Morelos, cuatro de Guerrero, tres de Sinaloa, una de Colima y otra más de Oaxaca se cometieron 12% de los asesinatos en 2013.
Por Paris Martínez
10 de junio, 2014
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Operativo en Tamaulipas. // Foto: Cuartoscuro.

A través del Diario Oficial de la Federación, el pasado 29 de mayo la Secretaría de Gobernación hizo pública la lista de los municipios con mayor “ambiente de violencia” del país, que incluye nueve alcaldías de Chihuahua, seis de Tamaulipas, cinco de Morelos, cuatro de Guerrero, tres de Sinaloa, una de Colima y otra más de Oaxaca, en las cuales, de 2013 a la fecha, se han cometido un total de 2 mil 674 homicidios dolosos, es decir, 12% de los 21 mil 837 asesinatos registrados en México durante el periodo referido.

La lista de los municipios con mayor “ambiente de violencia” fue elaborada por la Secretaría de Gobernación, con la finalidad de calcular el “factor de riesgo” por las labores de custodia que presta el Servicio de Protección Federal (órgano desconcentrado de la Segob, que brinda vigilancia y seguridad a funcionarios públicos e instalaciones gubernamentales en toda la República), y así poder establecer tarifas diferenciadas en el cobro que se realiza por dichos servicios.

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Chihuahua…

La lista incluye en total 29 municipios, y el estado en donde se concentra el mayor número de alcaldías identificadas por su violencia es Chihuahua, empezando por Aldama, donde a mediados del mes pasado fue aprehendido el narcotraficante José Borunda, uno de los líderes del grupo criminal conocido como La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez; Camargo y Meoqui, plazas disputadas por el Cártel de Sinaloa y el de Juárez; así como Julimes, donde en 2013 fue ejecutado el aspirante panista a la presidencia municipal, David Carrasco Carnero.

Además, se incluye a los municipios chihuahuenses de Allende, donde el año pasado fue asesinado el juez José Isabel Arrieta Mendoza, por dos hombres encapuchados que ingresaron a su oficina y lo acribillaron; San Francisco del Oro y Cusihuiriachi, municipios en los que en el pasado se han cancelaron festividades patrias ante la amenaza de ataques del crimen organizado;  Bocoyna, donde las comunidades indígenas tarahumaras denunciaron la semana pasada despojo de tierras, amenazas y agresiones por parte de caciques locales; y Matamoros, donde el mes pasado se reportó un enfrentamiento entre policías y un grupo de hombres a los que se les decomisó un arsenal que incluía chalecos antibalas, radicomunicadores, granadas, fusiles de asalto y munición.

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Guerrero…

Con 1 mil 77 homicidios dolosos, Acapulco de Juárez es, por mucho, el municipio del país con más asesinatos de 2013 a la fecha (según las estadísticas de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública), y fue incluido en la lista de las alcaldías con mayor ambiente de violencia elaborada por la Secretaría de Gobernación, aún cuando su titular, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró en abril pasado que en esta localidad portuaria y turística “en 2013 logramos reducir este índice en más de 50%, en comparación con 2012”.

En Acapulco, cabe destacar, fue asesinado a principios de este mes el periodista Jorge Torres Palacios.

La lista federal incluye, además, a los municipios guerrerenses de Iguala de la Independencia, donde en abril fueron recuperados 19 cuerpos de fosas clandestinas, y otros nueve en mayo;  Ixcateopan de Cuauhtémoc, municipio en el que en 2013 la alcaldesa Filiberta Barrera denunció un éxodo de familias y comerciantes, por la presencia de grupos delictivos; y Zihuatanejo, donde a principios de 2014 fueron secuestradas, torturadas y asesinadas dos mujeres de la Policía Federal Ministerial y un tercero fue abandonado, con un tiro en el cuello, a un costado de la carretera.

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Morelos…

De los 29 municipios con mayor ambiente de violencia identificados por Gobernación, Cuernavaca, capital de Morelos, es el que mayor número de delitos ha registrado de 2013 a la fecha, 27 mil 283 hechos delictivos registrados por las autoridades, entre los que destacan 163 homicidios dolosos. La violencia en Cuernavaca, de hecho, motivó que el pasado 7 de mayo, la ciudadanía saliera a marchar, en protesta por el asesinato del profesor universitario Alejandro Chao y su esposa, Sara Rebolledo.

Los otros municipios morelenses incluidos en la relación de los más violentos son Jojutla, en donde la regidora Norma Elvia Bucio informó el mes pasado que se han acumulado en un año 300 casos de agresiones contra mujeres, y en donde apenas en mayo pasado fue reportado el secuestro y asesinato de una mujer de 51 años; Jonacatepec, en el que 50% de las mujeres han sufrido violencia sexual, según el Observatorio Contra la Violencia a la Mujer; Puente de Ixtla, en donde la Dirección de Seguridad Municipal reconoció el año pasado que 40% de la población padece violencia intrafamiliar y en donde se tienen identificados diez poblados en los que el fenómeno de la violencia está asociado al elevado consumo de alcohol; así como Tlaltizapán, en donde en 2013 el alcalde Matías Quiroz reconoció que existe una “psicosis en la municipalidad”, debido a la incidencia de “violencia en las calles, secuestros y extorsiones”.

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Tamaulipas…

De los 29 municipios más violentos del país, según las estimaciones del gobierno federal, seis se ubican en el estado de Tamaulipas, zona de operación del Cártel del Golfo y Los Zetas, y en donde apenas el mes pasado la población afectada por la violencia criminal marchó bajo la consigna “La paz es primero”.

Los municipios tamaulipecos cuya violencia fue subrayada por la Secretaría de Gobernación son González, en donde hace tres meses fue acribillado un agente de la Policía Federal; Mier, cuyos pobladores se manifestaron contra la violencia en abril pasado, encabezados por el alcalde Roberto González; Nuevo Laredo, en donde se han cometido 102 asesinatos en un año y medio, y cuyo principal líder criminal, Fernando MartínezMagaña, alias Z16, fue capturado hace un mes en Monterrey; y Padilla, en donde  la semana pasada la Policía Federal reportó la captura de una célula de Los Zetas, integrada por seis sicarios.

Además, en la lista de los municipios más violentos del país están también las alcaldías tamaulipecas de San Fernando, en donde 72 migrantes fueron masacrados en 2011, y donde se han localizado 47 fosas clandestinas desde entonces; así como Valle Hermoso, uno de los municipios controlados por Juan Manuel Rodríguez, alias Juan Perros, que el 25 de mayo pasado fue detenido y presentado por la Policía Federal como líder estatal del Cártel del Golfo.

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Sinaloa, Oaxaca y Colima…

El estado de Sinaloa, base de operaciones del Cártel del Pacífico, tiene tres alcaldías en la lista de los municipios más violentos de México, empezando por su capital, Culiacán, en donde se han cometido 620 asesinatos en el último año y medio y en donde, en el mismo periodo, se han registrado 10 mil 787 asaltos; los otros dos son Angostura, localidad en la que fue acribillado el periodista Alberto Angulo Gerardo a finales de 2013, y Mocorito, en donde en 2012 las autoridades reportaron un éxodo de familias, a causa de la violencia generalizada.

Por último, la lista de los municipios con mayor ambiente de violencia elaborada por Gobernación incluye a la alcaldía oaxaqueña de Villa de Etla, cuyo presidente municipal, Daniel Ramírez, fue acusado en 2013 del robo de 16 millones de pesos otorgados por la federación, para lo cual usó documentación falsa; así como el municipio de Tecomán, Colima, en donde se refugian los líderes del Cártel de Los Caballeros Templarios, según el líder de las autodefensas michoacanas, José Manuel Mireles, y localidad en donde el pasado 10 de mayo fueron asesinadas la hermana y la sobrina del presidente municipal.

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Elecciones de mitad de período en Estados Unidos: ¿por qué la esclavitud está en las boletas de 5 estados?

La abolición de la esclavitud en Estados Unidos se estableció en 1865. Pero hay excepciones en algunos lugares. Los votantes decidirán en las elecciones del próximo 8 de noviembre si las mantienen.
6 de noviembre, 2022
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Han pasado 157 años desde que Estados Unidos prohibió la esclavitud, entendida como el acto por el cual una persona es propiedad legal de otra. Sin embargo, existe una exención para los presos condenados.

En la mayor parte de Estados Unidos, la esclavitud sigue siendo legal como castigo por un delito.

Pero el 8 de noviembre, los votantes de cinco estados (Alabama, Luisiana, Oregón, Tennessee y Vermont) decidirán si eliminan estas exenciones de sus constituciones estatales en un esfuerzo por prohibir la esclavitud por completo.

El resultado podría permitir que los presos dejen de estar sujetos al trabajo forzoso.

Unos 800 mil encarcelados trabajan actualmente a cambio de unos centavos, o a cambio de nada en absoluto.

Siete estados no pagan a los trabajadores presos ningún salario por la mayoría de las asignaciones de trabajo.

Los partidarios del cambio dicen que se trata de un vacío legal que permite la explotación y que debe terminarse.

Pero los críticos argumentan que eliminar esa exención no es asequible económicamente y que podría tener consecuencias no deseadas en el sistema de justicia penal.

“Trabajé durante 25 años y regresé a casa con US$124”

El sistema moderno tiene sus raíces en los siglos de esclavitud de los afroestadounidenses, dicen los investigadores de derechos humanos.

Curtis Ray Davis

Curtis Ray Davis
Davis escribió un libro sobre su experiencia en la cárcel de Luisiana.

En los años posteriores a la prohibición de la esclavitud, se aprobaron leyes que tenían como objetivo específico reprimir a las comunidades negras y que las obligaban a ingresar en prisiones donde se les exigiría que trabajaran.

En la actualidad, algunos estadounidenses negros encarcelados todavía se ven obligados a recoger algodón y otros cultivos en las plantaciones del sur donde sus antepasados fueron encadenados.

“Estados Unidos de América nunca tuvo un día sin esclavitud codificada”, dice Curtis Ray Davis II, quien pasó más de 25 años cumpliendo trabajos forzados en una prisión de Luisiana por un asesinato que no cometió, antes de ser indultado en 2019.

Davis tuvo una variedad de trabajos en la Penitenciaría Estatal de Luisiana -apodada “Angola”, por el país del que fueron llevados muchos de los esclavos africanos a esa área.

“Trabajé durante 25 años y regresé a casa con US$124”, describe Davis, a quien nunca le pagaron más de 20 centavos por hora por su trabajo. Fue “contra mi voluntad y a punta de pistola”, asegura.

Alrededor del 75% de los presos en la penitenciaría son negros, según Innocence Project, un grupo que trabaja para exonerar a los reos condenados injustamente.

Presos en una cárcel de Washington DC.

Getty Images

Argumentan que “Angola” es, esencialmente, un lugar donde la esclavitud estadounidense nunca terminó.

“Aunque la esclavitud se abolió, realmente fue solo una transferencia de propiedad de la esclavitud privada a, literalmente, una esclavitud sancionada por el estado”, afirma Savannah Eldrige de la Red Nacional Abolir la Esclavitud.

Su organización ha estado trabajando para ampliar el número de estados que prohíben la esclavitud sin excepciones y ha tratado de persuadir a los legisladores de Washington para que aprueben una ley similar que modifique la Constitución de Estados Unidos.

Colorado, Nebraska y Utah han aprobado medidas que prohíben todas las formas de esclavitud desde 2018.

Eldrige señala que el movimiento sumó el apoyo bipartidista, la única forma en que podría aprobarse en Utah y Nebraska, dominados por los republicanos.

En 2023, predice que las legislaturas de 18 estados votarán una legislación para prohibir la esclavitud.

“Consecuencias no deseadas”

Son pocos los opositores que se han manifestado en contra de los esfuerzos de los estados para eliminar el lenguaje de la esclavitud.

El movimiento encontró cierta resistencia por parte de los críticos que dicen que sería demasiado costoso pagar a los presos salarios adecuados, que no merecen la misma compensación, o que los cambios podrían perjudicar a los mismos reclusos.

Una votación en la legislatura de California para eliminar de la ley las referencias a la esclavitud fracasó este año después de que los demócratas, incluido el gobernador, advirtieran que pagar a los presos el salario mínimo estatal de US$15 por hora costaría más de US$1.500 millones.

Un grupo de presos encadenados fotografiados en 1909.

Getty Images
Un grupo de presos encadenados fotografiados en 1909.

La Asociación de Alguaciles de Oregón se opone también a la medida en ese estado, argumentando que conduciría a “consecuencias no deseadas” y a la pérdida de todos los “programas de resinserción”, que incluyen tareas mal pagadas como trabajar en la biblioteca, la cocina y la lavandería.

El grupo dice que les dan a los presos algo que hacer y “sirve como un incentivo para el buen comportamiento”, que es un factor durante las audiencias de libertad condicional.

Según ellos, existen dos problemas con la medida: que solo se aplica a los condenados, dejando fuera a las personas en prisión preventiva, y que podría significar el fin de cualquier programa penitenciario no autorizado específicamente por una sentencia judicial.

“Los alguaciles de Oregón no aprueban ni apoyan la esclavitud y/o la servidumbre involuntaria de ninguna forma”, asegura la asociación en un panfleto a los votantes, pero agrega que la aprobación de la medida “dará como resultado la eliminación de todos los programas de reinserción y el aumento de los costos para las operaciones carcelarias locales”.

Mano de obra penitenciaria

Los reclusos contribuyen a la cadena de suministro y la economía de muchas maneras, algunas de ellas sorprendentes.

Presos combatiendo el fuego.

Getty Images
Los presos son reclutados para combatir incendios forestales cada verano en algunos lugares del país.

Se les ha encargado hacer de todo, desde anteojos, placas de automóviles, hasta bancos de parques de la ciudad.

Procesan carne de res, leche y queso y trabajan en centros de soporte de llamadas para agencias gubernamentales y empresas importantes.

Puede ser difícil rastrear qué empresas utilizaron mano de obra penitenciaria, ya que el trabajo generalmente se realiza para un subcontratista.

El subcontratista luego vende los productos y servicios a grandes empresas que a veces desconocen su origen.

Las empresas que anteriormente se beneficiaron del trabajo penitenciario solo en Utah incluyen American Express, Apple, Pepsi-Co y FedEx, según un informe de junio de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Al menos 30 estados incluyen a los trabajadores penitenciarios en sus planes de operación de emergencia para desastres naturales y otros disturbios civiles.

Combaten incendios forestales en al menos 14 estados, según el informe de la ACLU.

“Necesarios pero no suficientes”

Sin embargo, es poco probable que la vida de los presos cambie de la noche a la mañana si los cinco estados con próximas votaciones respaldan un cambio.

“Estos referendos son necesarios pero no suficientes para acabar con la esclavitud”, opina Jennifer Turner, investigadora de derechos humanos de la ACLU.

Los tribunales aún tendrían que interpretar qué derechos tienen los trabajadores encarcelados y si obtendrán beneficios, como licencia por enfermedad.

Penitenciaría en Washington DC.

Getty Images

En los estados que eliminaron previamente la exención para este tipo de esclavitud hubo resultados variados.

En Colorado, un preso demandó al estado, argumentando que se estaba violando la prohibición de la esclavitud.

Pero un tribunal dictaminó en agosto que los votantes no tenían la intención de abolir todo el trabajo penitenciario y desestimó el caso.

Una cárcel en Nebraska comenzó a pagar a los reclusos entre US$20 y US$30 por semana después de que se eliminó la exención allí, según el diario The New York Times.

Se esperan más demandas legales a medida que los presos continúan presionando por derechos y protecciones.

Davis, quien fue encarcelado por error en Luisiana, dice que quitar la exención de la esclavitud para los presos eliminará un “incentivo” para que su estado natal encarcele a sus ciudadanos.

“Creo que cualquier persona de conciencia que entienda la ley de propiedad, sabe que los seres humanos no deben ser propiedad de otras personas”, le dice a la BBC.

“Y ellos no deberían ser propiedad del estado de Luisiana”.


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