EU: cuando lanzar una piedra desde México te puede costar la vida
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EU: cuando lanzar una piedra desde México te puede costar la vida

Al adolescente mexicano José Antonio Elena Rodríguez le gustaba jugar al baloncesto con sus amigos y soñaba con alistarse en el ejército de su país una vez acabara los estudios de secundaria.
Por Jaime González / BBC Mundo
25 de agosto, 2014
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La madre de José Antonio presentó una demanda ante un tribunal estadounidense. Foto: AP

La madre de José Antonio presentó una demanda ante un tribunal estadounidense. Foto: AP

Al adolescente mexicano José Antonio Elena Rodríguez le gustaba jugar al baloncesto con sus amigos y soñaba con alistarse en el ejército de su país una vez acabara los estudios de secundaria.

El 10 de octubre de 2012, mientras caminaba por las calles de Nogales (Sonora) junto a la valla que separa México de Estados Unidos, José Antonio, quien entonces tenía 16 años, murió a causa de los disparos de un grupo de agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense.

Los impactos de bala que acabaron con su vida llegaron desde el territorio de Estados Unidos. Las autoridades de ese país aseguraron que José Antonio y otros jóvenes estaban lanzando piedras contra los agentes y por eso estos habían abierto fuego.

La familia de José Antonio, así como varios testigos de lo ocurrido, niegan que el adolescente estuviera lanzando ningún objeto y señalan que tan sólo estaba caminando por ese lugar para ir a encontrarse con su hermano Diego.

Hace unos días, la madre de José Antonio, Araceli Rodríguez, con la colaboración de la Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU, por sus siglas en inglés), presentó una demanda ante un tribunal estadounidense exigiendo que los agentes fronterizos que mataron a su hijo respondan por lo que hiceron.

Las posibilidades de que la justicia dé la razón a Rodríguez son escasas, ya que hasta ahora todos los tribunales que han analizado casos similares excepto uno -cuya decisión ha sido recurrida- han decretado que quienes fallecen fuera de territorio de EE.UU., aunque sea a manos de agentes de ese país, no están protegidos por la Constitución estadounidense.

El portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) en Arizona, Victor L. Brabble, le dijo a BBC Mundo que es política del organismo no hacer comentarios sobre investigaciones que se encuentran en curso.

José Antonio murió en 2010 en Nogales a los 16 años.

José Antonio murió en 2010 en Nogales a los 16 años.

Uso de fuerza letal

José Antonio Elena Rodríguez es una de la veintena de personas que ha muerto desde 2010 a consecuencia de los disparos de la Patrulla Fronteriza estadounidense, tanto en territorio de EE.UU. como de México.

En varios de esos casos, incluido el de José Antonio, los agentes alegaron que habían abierto fuego al sentir que peligraban sus vidas porque estaban lanzando piedras contra ellos.

Esta explicación no satisface a organizaciones como la ACLU, que acusa a la Patrulla Fronteriza de ejercer un uso excesivo de la fuerza, en parte debido a que “no se les exige que rindan cuentas por esas muertes”.

El pasado mes de marzo el Departamento de Seguridad Interior de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés), del que depende la Patrulla Fronteriza, emitió una nueva serie de reglas para determinar cuándo los agentes pueden hacer uso de fuerza letal.

Las nuevas instrucciones nacieron fruto de la preocupación que desató un informe interno que concluyó que algunos agentes fronterizos habían abierto fuego contra personas que les estaban lanzando piedras en la frontera sin que sus vidas corrieran peligro.

Según relató en su momento el diario Los Angeles Times, que tuvo acceso a dicho informe, al menos seis personas, incluidos tres menores, se encontraban en territorio mexicano cuando los agentes estadounidenses los mataron.

Las nuevas reglas emitidas por el DHS instruyen a los agentes a que busquen refugio cuando les estén lanzando proyectiles y les indica que no disparen sus armas a no ser que esos proyectiles sean lo suficientemente grandes como para causar “heridas graves o la muerte”.

Las organizaciones de activistas que trabajan en la frontera denuncian que las nuevas directrices no suponen ningún cambio sustancial sobre el terreno y denuncian que, en la práctica, la totalidad de las denuncias contra los agentes fronterizos son archivadas.

Abusos

Nuestra posición es que nunca debería utilizarse fuerza letal a no ser que sea absolutamente necesario para salvar la vida. No creemos que el lanzamiento de piedras requiera que los agentes abran fuego contra nadie“: Lee Gelernt, abogado de la ACLU.

El abogado de la ACLU Lee Gelernt representa a la familia de José Antonio Elena Rodríguez en la demanda presentada contra la Patrulla Fronteriza frente a una corte estadounidense por la madre del joven.

Se trata de una demanda civil porque sólo el gobierno de EE.UU. tiene potestad de perseguir penalmente a los agentes fronterizos.

Según le dijo Gelernt a BBC Mundo, en su opinión el caso de José Antonio “pone el foco sobre los abusos que cometen los agentes fronterizos de EE.UU.”.

“Hasta ahora el gobierno de EE.UU., siendo el único que está autorizado, no ha hecho que sus agentes respondan penalmente por la muertes ocurridas en la frontera”, señala Gelernt, quien asegura que en el caso de José Antonio las autoridades “no pueden alegar que estaba lanzado piedras porque no fue así”.

“Nuestra posición es que nunca debería utilizarse fuerza letal a no ser que sea absolutamente necesario para salvar la vida. No creemos que el lanzamiento de piedras requiera que los agentes abran fuego contra nadie”, señala el abogado de la ACLU.

Gelernt cree que las nuevas reglas de actuación presentadas en marzo “no van lo suficientemente lejos” y asegura que los agentes fronterizos “carecen del entrenamiento adecuado para saber cuándo deben responder con fuerza letal”.

La voz de un ex jefe

Richard Boren, activista de la Red de Víctimas de la Patrulla Fronteriza, considera que las nuevas directrices del DHS “son correctas”, aunque duda que los agentes las pongan en práctica.

“No hay ninguna prueba de que hayan cambiado la cultura de impunidad que existe en la Patrulla Fronteriza. Hay muchos casos en los que se ha demostrado que utilizaron la fuerza de forma excesiva y pese ha ello no se ha hecho justica”, señala en conversación con BBC Mundo.

La impunidad de la que habla Boren quedó reflejada en unas declaraciones que realizó recientemente a la prensa estadounidense James Tomsheck, quien hasta el pasado junio era jefe de asuntos internos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

No hay ninguna prueba de que hayan cambiado la cultura de impunidad que existe en la Patrulla Fronteriza“: Richard Boren, Red de Víctimas de la Patrulla Fronteriza.

Pese a que mientras estuvo en el cargo Tomsheck fue criticado por grupos de activistas, al abandonarlo aseguró que conocía “muchos casos en los que agentes de la Patrulla Fronteriza hicieron un uso excesivo de fuerza o abusaron de inmigrantes en la frontera, lo que debería haber conllevado acciones disciplinarias, pese a que no fue así”.

Tomsheck dijo que sus jefes “ignoraron sus preocupaciones”, al tiempo que él no tenía la autoridad para castigar a los agentes.

El pasado marzo, el nuevo jefe de la CBP, Richard Gil Kerlikowske, quien ordenó la destitución de Tomsheck, dijo que hay que hacer que los agentes fronterizos se hagan responsables de sus actos.

Además, señaló que su objetivo es que sigan adelante las investigaciones sobre las muertes en la frontera que todavía no han sido conluidas, incluyendo la de José Antonio Rodríguez.

Casi dos años después de su muerte, la familia del adolescente mexicano todavía confía en que se hará justicia.

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Marisol García Alcántara, la mexicana que sobrevivió a un disparo de la Patrulla Fronteriza (y ahora va a demandar a EU)

El balazo lo recibió el 16 de junio, en Nogales, Arizona, a bordo de una camioneta mientras trataba de entrar indocumentada a Estados Unidos. Del incidente le quedan restos del proyectil en la cabeza y unas secuelas permanentes que le impiden trabajar.
12 de mayo, 2022
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“Sentí un golpe en mi cabeza. Me imaginé que me habían pegado con un bate o con la cacha (culata) de una pistola. Yo iba del lado del piloto, en la parte trasera, pegada a la ventana. Fue ahí cuando se me nubló la visión”.

Lo que Marisol García Alcántara recibió fue un balazo.

Le ocurrió hacia las 5 de la tarde del 16 de junio en Nogales, Arizona, cuando iba a bordo de una camioneta Kia blanca, según recoge el reporte policial, junto a otros que trataban de entrar a Estados Unidos indocumentados desde el estado mexicano de Sonora.

Se lo cuenta a BBC Mundo desde su casa en México, a donde fue deportada tras ser sometida a una cirugía y pasar 22 días en un centro de detención, en una conversación por Zoom en presencia de su equipo legal.

El suyo es un relato detallado, pero con pausas. Y es que por momentos le cuesta recordar nombres, busca palabras en su cabeza durante segundos, hace gestos de esfuerzo. A veces lo logra. Otras no.

La pérdida de memoria es una de las “consecuencias de por vida” que asegura le dejó el impacto de la bala y el fragmento que aún alberga su cerebro.

Fotos de migrantes que murieron a manos de la Patrulla Fronteriza, junto a un cartel que exige el fin de los abusos.

Getty Images
Fotos de migrantes que murieron a manos de la Patrulla Fronteriza, junto a un cartel que exige el fin de los abusos.

En diciembre presentó una reclamación civil por daños y prejuicios contra la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), agencia que supervisa a la Patrulla y que depende del Departamento de Seguridad Nacional, exigiendo una indemnización.

Es un paso previo obligatorio antes de entablar una demanda federal contra el gobierno de Estados Unidos, algo que pretenden hacer tan pronto como los plazos legales se lo permitan —no antes del próximo 20 de junio—, tal como le explica a BBC Mundo su abogado Eugene Iredale.

Pero volvamos a la escena inicial, al relato de Marisol.

“Un ángel muy grande”

“Íbamos en la camioneta. Al dar la segunda vuelta, como a media calle, se escucharon las sirenas. Entonces le dijimos al conductor que se parara por favor, porque ya nos habían agarrado“.

Era la Patrulla Fronteriza siguiéndolos, ordenándole al vehículo que se detuviera.

Un supervisor de la Patrulla les diría después a los agentes del Departamento de Policía de Nogales que llegaron a la escena que la camioneta había hecho caso omiso, tal como se recoge en el informe policial, pero García Alcántara insiste en que estaban aminorando la marcha para parar.

El muro fronterizo en Nogales, Arizona, Estados Unidos, el 6 de febrero de 2019.

Getty Images
El incidente ocurrió en la localidad fronteriza de Nogales, en Arizona.

En eso estaban, cuenta, cuando uno de los agentes de la Patrulla —cuyo nombre no se ha hecho público ni se recoge en el informe policial ni en la reclamación civil— le disparó. Ella inmediatamente perdió la visión.

“Yo nomás escuchaba a mis compañeras que estaban pidiendo ayuda. Escuchaba que ellas decían que me ayudaran a mí, que alguien las ayudara.

“Los policías me preguntaban cómo me llamaba, cuántos años tenía, de dónde era y cuántas hijas tenía. Y (me decían) que no me durmiera, que ya iba a llegar la ambulancia por mí”.

Para cuando recuperó la vista ya iba en la ambulancia de camino al centro de salud local, donde una doctora le diría que “tenía un ángel muy grande en el cielo porque estaba viva después de recibir un balazo”.

El disparo le provocó una hemorragia intracraneal, fractura de cráneo y de órbita (uno o más huesos que rodean el ojo) y la bala y algunos fragmentos de hueso se le quedaron incrustados en el lóbulo frontal izquierdo, según se lee en la demanda civil.

La cirugía para extraerle el proyectil se la realizaron en el Hospital St Joseph, en Phoenix, a donde la trasladaron en helicóptero.

De la intervención le queda la marca de 36 grapas, un poco más arriba de la cicatriz que le dejó la bala. “Aquí, arriba de la ceja está la cicatriz, y la de los puntos aquí. Tengo todo esto, hasta acá”, dice mientras mueve el cabello de la frente para mostrarla a cámara.

“Desperté el día viernes (18 de junio). Fue cuando me llevaron a otro cuarto. Y de ahí el sábado me llevaron a Migración y el domingo a Florence”.

— ¿Qué es Florence?

— Florence es la cárcel.

El Centro Penitenciario Florence alberga un centro de detención gestionado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Marisol pasó allá 22 días antes de ser deportada.

“Si me la saca, me muero”

De regreso en su país volvió a ir al médico, ya que en EE.UU., asegura, no le habían dado “ninguna explicación”, ni el informe del alta hospitalaria ni ningún otro documento que informara sobre su estado de salud.

En México “me hicieron estudios y me dijeron que traía un pedazo de bala en la cabeza, que me está cubriendo un pedazo de mi cerebro”.

“No pueden hacer nada más que tratarme con medicamentos. Eso sí, me dijo el doctor que el medicamento es de por vida. Porque sacarme la bala no se va a poder, porque si me la saca, me muero”.

Los fármacos que debe tomar incluyen uno para prevenir ataques epilépticos, además de antidepresivos.

A 10 meses del incidente, “tengo consecuencias como parálisis facial, pérdida de memoria, los dolores de cabeza que no se me van a quitar, me mareo”, cuenta.

“Justamente ayer me mareé y se me fue la visión por segundos”.

Eso le impide seguir trabajando como seguridad privada, a lo que se dedicaba antes de decidir emigrar y buscar en EE.UU. una manera de ayudar a que sus tres hijas sigan estudiando.

Hoy por hoy subsiste con la ayuda que le da su madre y una asociación cuando se siente “más apretada”.

Las demandas

Por ello presentó en diciembre la reclamación civil por daños y perjuicios. Pero no busca solo que la indemnicen con dinero.

“Justicia, pedimos justicia. Que la persona que me disparó me pida una disculpa personalmente y que se haga justicia para que él no siga haciendo más daño a más personas”.

BBC Mundo le consultó a la CBP sobre el incidente y la demanda presentada por Marisol, pero todo lo que obtuvo por respuesta es que no hace comentarios sobre litigaciones en curso. No hay más información pública acerca del caso.

Según el abogado Iredale, recibieron una carta de la CBP fechada el 23 de diciembre solicitando una serie de documentos, incluidos los relativos a los tratamientos médicos, e informando que tenían hasta seis meses para llevar a cabo una investigación y responder a la demanda civil.

La reclamación civil es una etapa obligatoria para poder entablar una demanda en un tribunal federal contra el gobierno de Estados Unidos, aclara el letrado.

Si a los seis meses de presentar la reclamación civil —se cumplen el 20 de junio— la CBP no ha respondido, Iredale confirma que presentarán la demanda federal. Si hay respuesta, tendrán que esperar otros seis meses para hacerlo.

“Queremos una investigación completa”, le dice a BBC Mundo. “Pero creemos que no es solamente una cuestión de culpabilidad civil, sino también criminal, porque este es un asalto con fuerza letal contra una mujer que es inocente de cualquier forma de provocación o asalto”.

“Ella no representó un peligro de ninguna forma para a este agente”, subraya.

“Y va contra las reglas de la Patrulla Fronteriza el utilizar balas, disparar, para tratar de parar un vehículo. Y según entiendo a este punto en nuestra investigación es que el vehículo estaba parado o estaba en el proceso de hacerlo cuando el tiroteo sucede. No hay justificación posible para este uso de fuerza brutal“.

Migrantes tomados en custodia por la Patrulla Fronteriza en Yuma, Arizona, junto al muro que separa Estados Unidos de México, el 7 de diciembre de 2021.

Getty Images
Migrantes tomados en custodia por la Patrulla Fronteriza en Yuma, Arizona, junto al muro que separa Estados Unidos de México, el 7 de diciembre de 2021.

La cantidad de migrantes que tratan de llegar ilegalmente a EE.UU. por la frontera que comparte con México se ha disparado en los últimos años.

El pasado año fiscal —que empezó en octubre de 2020 y terminó el 30 de septiembre de 2021— la Patrulla Fronteriza registró la mayor cantidad de “encuentros” con migrantes indocumentados de las últimas seis décadas.

Y en ese mismo periodo la CBP contabilizó en la frontera sur 628 incidentes en los que agentes de la Patrulla Fronteriza hicieron “uso de la fuerza”, según se recoge en las estadísticas disponibles en su página web, sin especificar de qué tipo ni con qué consecuencias. En lo que va de año fiscal llevan ya 360.

De acuerdo a la Southern Border Communities Coalition (SBCC), una coalición de más de 100 agrupaciones que trabajan en la frontera, desde enero de 2010 al menos 100 personas han muerto a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza. En su página web recogen los datos con detalle, en ocasiones con nombres y apellidos de las víctimas.

Agente de la Patrulla Fronteriza anota información sobre los migrantes tomados en custodian en Yuma, Arizona, en la frontera de Estados Unidos con México, el 7 de diciembre de 2021.

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Los “encuentros” de los agentes de la Patrulla Fronteriza con migrantes indocumentados en la frontera entre Estados Unidos y México en el último año fiscal se han disparado.

Mientras “los agentes de la CBP y los oficiales arriesgan sus vidas todos los días para mantener seguras a nuestras comunidades”, el Departamento de Seguridad Nacional “le debe al público la investigación justa, objetiva y transparente de los incidentes de uso de fuerza para que se mantengan y cumplan nuestros más altos estándares”, dijo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro N. Mayorkas en unas declaraciones recogidas en enero por el diario The New York Times.

La utilización de la fuerza por parte de la Patrulla con consecuencias nefastas no es nueva.

Una de las más sonadas fue la muerte en 2010 de Anastasio Hernández Rojas, un mexicano padre de cinco hijos que llevaba 25 años residiendo y trabajando en construcción en EE.UU. sin los debidos documentos migratorios.

Falleció tras ser detenido en la localidad californiana de San Ysidro y recibir descargas eléctricas de la Patrulla Fronteriza. El informe forense lo catalogó como “homicidio”. El Departamento de Justicia se negó a presentar cargos contra los agentes involucrados y hoy el caso está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La madre de Anastasio Hernández Rojas sujeta un cartel con el nombre de su hijo durante una protesta para denunciar el uso de fuerza excesiva por parte de la Patrulla Fronteriza en San Ysidro, California, en la frontera de Estados Unidos con México, el 23 de febrero de 2013.

Getty Images
La madre de Anastasio Hernández Rojas sujeta un cartel con el nombre de su hijo durante una protesta para denunciar el uso de fuerza excesiva por parte de la Patrulla Fronteriza en San Ysidro, California, en la frontera de Estados Unidos con México, el 23 de febrero de 2013.

“Desde el caso de Anastasio hasta el de Marisol, existe una gran problema de impunidad con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)”, dice Andrea Guerrero, directora ejecutiva de Alliance San Diego, que forma parte de la Southern Border Communities Coalition.

“La CBP es relativamente nueva. Se formó después del 11-S, rápido, sin mucha supervisión y sin un sistema para responsabilizar a los agentes que cometen abusos”, explica.

Guerrero apunta al Equipo de Incidentes Críticos como el centro del problema.

El rol de dicho equipo no está definido públicamente y no tiene autorización del Congreso para llevar a cabo investigaciones ni recopilar evidencias, pero suele involucrarse cuando agentes de la Patrulla se ven envueltos en incidentes con heridos o muertos, apunta.

En el caso de Marisol, el reporte del Departamento de Policía de Nogales hace constar que el Equipo de Incidentes Críticos estuvo en la escena además del FBI.

Guerrero, que lleva años indagando sobre el equipo, lo describe como “unidad encubridora en la sombra”. Por ello, la Southern Border Communities Coalition ha pedido al Congreso que lo investigue y presentó una denuncia ante el Departamento de Seguridad Nacional.

Dos comités del Congreso iniciaron en enero una investigación propia, solicitando a la CBP información sobre la unidad en cuestión.

“Creamos la CBP, la agencia policial más grande de EE.UU., y funciona con mucha impunidad. Y es algo que tiene que acabar”, zanja Guerrero.


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