[contextly_sidebar id=”f8OTxy5XzEAkI9ZfQEFfDfyqz4G1vZrX”]Un centenar de personas, entre familiares, ciudadanos e integrantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, salieron ayer domingo, 10 de agosto, a las calles de Mérida, Yucatán, para demandar con una marcha pacífica la liberación de Ligia Canto Lugo, la mujer de 57 años que, desde 2012, lucha por la recuperación de sus tres nietos, sustraídos por el padre en violación a la orden de custodia concedida a la parte materna, y quien fue detenida el pasado 4 de agosto por la Procuraduría General de la República.
Encabezados por una manta en la que se leía la consigna “Todos somos Ligia”, el centenar de manifestantes marchó, en silencio, del Monumento a la Bandera a la Plaza Grande de Mérida, en donde denunciaron que Ligia Canto fue recluida en un penal de máxima seguridad, acusada de clonación de tarjetas de crédito, imputación que, aseguraron, forma parte de una campaña de acoso judicial, patrocinada por el padre de los niños sustraídos, y que alcanza no sólo a la madre de los menores, sino a toda la familia.
“Somos una familia de ciudadanos y ciudadanas comunes, trabajadoras y que luchamos en el día a día para afrontar los retos que la vida nos presenta –señaló un representante de la familia Canto, en declaraciones recuperadas por el portal informativo local InfoLiteras–, pero ahora estamos de cara a la desgracia, la incertidumbre y el asombro de ver cómo, paulatinamente, nos van desapareciendo uno a uno, sin que exista la intervención de alguna instancia que nos proteja, detenga esta violencia y haga justicia”.
Lo anterior, en referencia a que no sólo la abuela de los niños sustraídos se encuentra actualmente presa, sino también a que la madre de los menores está “exiliada” desde hace un año, debido a esta misma campaña de acoso judicial.
Ya antes, en 2012, la madre de los menores había sido acusada por su excónyuge de robarse el auto familiar, imputación por la cual fue detenida (momento aprovechado para arrebatarle a los niños, cuyo paradero se ignora hasta la fecha) y debió pasar cuatro meses en una prisión de Tabasco –en donde el padre de los menores fungía como asesor financiero del ex gobernador Andrés Granier–, hasta que finalmente un juez le concedió la libertad, al concluir que no había delito qué perseguir.
Luego, en 2013, la madre de los niños fue nuevamente acusada de un supuesto fraude, cometido en el Distrito Federal durante el tiempo en que ella había estado en la prisión de Tabasco, razón por la cual decidió mantenerse escondida, dejando a la abuela de los niños, la señora Ligia Canto, al frente de la lucha por su recuperación.
Fue en este contexto que, tanto en diciembre de 2012 como en mayo de 2014, la señora Ligia Canto encaró al presidente Enrique Peña Nieto –durante actos públicos celebrados en Yucatán, de donde ella y sus nietos son originarios– para exigir su ayuda en la búsqueda de los niños Isabel, Martín y Mariana, de 5, 6 y 8 años, ayuda que, en ambas ocasiones, le fue garantizada por el mandatario federal.
Tres meses después de la última vez que interceptó a Peña Nieto, sin embargo, Ligia Canto fue detenida por agentes de la PGR tras ofrecer una entrevista de prensa a un diario de Yucatán, y conducida al penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, y este lunes, según las previsiones de su defensa, podría definirse si se le dicta auto de formal prisión, o si es puesta en libertad por falta de elementos.
