Ningún caso de bullying es causa para negar clases, establece protocolo en el DF
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Ningún caso de bullying es causa para negar clases, establece protocolo en el DF

El Marco para la Convivencia Escolar aplicado desde hace dos años por la SEP en la Ciudad de México, establece un protocolo de actuación antes los diferentes niveles de violencia de los alumnos. Ante casos extremos, establece la suspensión temporal de hasta 5 días en primaria, “sin que con ello se condicione la presencia del alumno en la escuela”.
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Por Majo Siscar @majosiscar
21 de agosto, 2014
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Foto: Cuartoscuro.

Foto: Cuartoscuro.

Las alertas por el acoso escolar detonadas hace unos meses protagonizaron el regreso a clases en la capital mexicana. El martes 19 de agosto, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal encomendó a los padres de familia a estar atentos a sus hijos para identificar prontamente posibles casos de acoso escolar.

Ayer miércoles, tercer día de clases, un centenar de personas, entre padres, alumnos y maestros, bloquearon el acceso a la escuela pública José María Mata, en la calle Amores, en la colonia Del Valle norte –un barrio residencial de clase media alta– para impedir el acceso a un niño de nueve años que cursa el quinto año de primaria, acusado de haber agredido el ciclo escolar pasado al menos a otros 25 alumnos y a un profesor. El enojo de los padres llegó al grado que una patrulla policial tuvo que resguardar al niño y a su madre que lo acompañaba. La multitud rodeó al vehículo y no le permitió avanzar durante casi una hora hasta que llegaron otros elementos policiales de apoyo para poder sacar a madre e hijo a pie y evitar que el resto los siguieran.

Los padres acusaron violencia física y agresiones sexuales y la directora del plantel aseguró que el niño golpeó incluso a un profesor. La directora de la escuela refirió que ya se habían interpuesto las denuncias correspondientes ante las autoridades. Los padres también denunciaron que ya habían acudido al DIF, a la Secretaría de Educación y a la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) y que no se había hecho nada. Ahora exigen que se le expulse. Según el diario Milenio, la SEP, a raíz del incidente, avisó a la directora que el menor fue dado de baja de la escuela.

La madre del menor acusado dijo en cambio que tiene comprobantes que refieren que el niño ya ha sido atendido y está rehabilitado de la agresividad que se le imputa. Además, dice, que dichos comprobantes ya los presentó ante la escuela.

En el Distrito Federal rige desde el 2012 el Marco de Convivencia Escolar, un protocolo de actuación para prevenir, evitar y erradicar casos de violencia escolar, que implementó la Secretaría de Educación Pública federal y que sirvió de base para elaborar el Plan Nacional para una Escuela Libre de Acoso que ahora quiere trasladar a todos los estados. Este protocolo, al que se deben apegar los reglamentos de cada escuela, estipula sanciones para los diferentes grados de violencia en las instituciones educativas. Estipula 59 faltas que aumentan desde apostar y participar en juegos de azar, burlas, daño a las instalaciones hasta lesiones con armas.

Para casos de violencia física o agresión sexual el Marco de Convivencia recomienda primero, la reunión entre el profesorado, la familia del menor agresor y personal de los Servicios de Apoyo Educativo. Luego estipula la suspensión continua del menor agresor en la escuela entre 3 y 5 días, y hasta 10 en las secundarias, con actividades dirigidas y supervisadas por personal de los Servicios de Apoyo Educativo. Posteriormente invita a los padres de familia o tutor a que lleven a su hijo a atención psicológica y que presenten las valoraciones psicológicas y los avances. La escuela deberá identificar los factores que pudieran obstaculizar el aprendizaje y participación del menor para implementar el apoyo necesario. En casos de violencia física, la última opción que contempla el Marco es el traslado de escuela.

En casos de agresión sexual se insta además a reportarlo a la Secretaría de Seguridad Pública. Pero siempre se mantiene que las diferentes medidas “no condicionen la presencia del alumno en la escuela”. La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño reconoce la educación como derecho inalienable.

“Lo que yo vi en esa escuela es violencia escolar. Equivalente o peor que entre pares, porque tu como adulto tienes que mediar. Pero los adultos continuamente estamos dando el ejemplo claro de cómo operar en términos violentos. El martes hubo un intento de plagio en NL delante de un jardín de niños que vieron el asalto a uno de sus maestros. O el maestro detenido en las últimas semanas por abusar sexualmente en San Luis Potosí. Todo eso es violencia escolar, pero nos quedamos en la lógica del bullying como punto focal”, subraya Nasheli Ramírez, directora de la organización Ririki Intervención Social, que vela por los derechos de la infancia.

Ayer, al mismo tiempo que los padres y maestros de la primaria José María Mata realizaban el bloqueo para impedir el acceso al niño, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Perla Gómez, participaba en un Foro contra el Acoso Escolar realizado en la UNAM, en el que declaró que “las respuestas simplistas, punitivas y criminalizantes frente al problema de la violencia escolar, no contribuyen a su solución y por el contrario, sí pueden llegar a vulnerar derechos fundamentales de las y los involucrados”.

Lo que vimos ayer es fruto del clima de pánico y linchamiento que hemos ido generando en los últimos meses, y el mensaje que se nos dio en lugar de ser de construcción, ciudadanía, convivencia pacífica es el del autoritarismo, tolerancia y violencia” aseveró en entrevista Nashieli Ramírez, de Ririki.

“Nosotras, las personas adultas, tenemos la responsabilidad de educar en una cultura de la paz” subrayó la directora del Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México, Jacqueline L’Hoist. “Hay una gran relación entre el acoso escolar y la discriminación, y que estas actitudes entre las y los educandos parten de un ambiente social enrarecido”, añadió.

Mónica Hernández Riquelme, Directora de Innovación y Fortalecimiento Académico de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, la misma institución que elaboró el Marco de Convivencia referido, manifestó que “contra la violencia escolar se tiene que trabajar en todos los niveles de la sociedad, más allá del aula, construyendo en cada ámbito relaciones de respeto a los derechos, a la no discriminación y sobre todo atacar las causas de este fenómeno de violencia social”.

Según el único documento nacional sobre violencia que incluye a niños y niñas de 4º, 5º y 6º de primaria, el Informe nacional sobre violencia de género en la educación básica en México, realizado en 2009 por UNICEF y la SEP, una tercera parte de los alumnos sufren violencia física en las escuelas, mientras que 4 de cada 10 denunciaron haber sufrido insultos y humillaciones.

La encargada de salvaguardar por los derechos de los capitalinos concluyó, en el Foro contra Acoso Escolar, que las instituciones educativas deben recuperar su función socializadora y de construcción de ciudadanía, “retomando el componente esencial donde se inculque a las y los estudiantes aprender a vivir juntas y juntos sin violencia, pero sin lugar a dudas el Estado tiene un papel fundamental en este proceso que involucra la calidad de vida de la ciudadanía”.

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Qué resultados tuvo la nacionalización del litio en Bolivia (y por qué AMLO pidió su asesoría)

Ha pasado más de una década desde que Evo Morales anunció que el Estado se haría cargo de potenciar una industria del litio. ¿Qué ha ocurrido en estos años y qué está haciendo el país para aprovechar la alta demanda del mineral?
30 de abril, 2022
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Han pasado 14 años desde que el gobierno de Evo Morales nacionalizó el litio en Bolivia, el llamado “oro blanco” que se ha convertido en uno de los metales críticos para la fabricación de baterías eléctricas o el almacenamiento de energías renovables.

Es tan codiciado que las proyecciones de expertos estiman que su precio podría subir exponencialmente en los próximos 20 años en medio de la transición energética que está experimentando el mundo para reducir las emisiones contaminantes.

Y ahora que la guerra en Ucrania le ha dejado en claro a Occidente que es peligroso depender del gas y el petróleo que exporta Rusia, hay una acelerada carrera por conseguir aquellos metales necesarios para electrificar las economías.

Siendo parte de los metales considerados como “el nuevo petróleo” del siglo XXI, la producción de litio pasó a ser en 2008 un producto manejado por el Estado de Bolivia con el objetivo de que la riqueza de su venta beneficiara a todos los bolivianos.

A más de 6.000 kilómetros de distancia, el gobierno mexicano puso sobre la mesa hace unos días el plan de nacionalizar el codiciado recurso reformando la Ley de Minería para que el litio sea explotado “únicamente por el Estado”.

El blindaje al litio mexicano

“No saben (…) la ambición que despierta en las grandes potencias porque es un mineral estratégico para el desarrollo del futuro”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuando presentó su propuesta.

La reforma estipula que “la exploración, explotación y aprovechamiento del litio estarán exclusivamente a cargo del Estado”, que será patrimonio de la nación y “se reserva para beneficio exclusivo del pueblo de México” por lo que “no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia”.

AMLO

Gobierno de México
El presidente de México ha dicho que busca asesorarse con el gobierno de Bolivia.

En 2008 Bolivia inició un viaje parecido. El gobierno de Morales apostó porque el Estado manejara toda la cadena productiva sin intervención de empresas extranjeras, un modelo de negocios muy diferente al del gas natural, donde se han hecho alianzas con firmas que tienen un 49% de participación en el negocio, mientras que el 51% restante queda en manos del Estado.

Pero con el litio intentaron controlar toda la cadena, con la promesa de que Bolivia crearía fábricas de baterías y hasta autos eléctricos.

La imagen podría haber sido un Tesla versión boliviana al lado del salar de Uyuni.

Pero no fue así.

Ahora, el presidente Luis Arce, ha trazado un nuevo rumbo para, después de muchos años de intentos fallidos, concretar las alianzas estratégicas con empresas privadas extranjeras que ofrecen la tecnología necesaria para que despegue el negocio.

Luis Arce.

Getty Images
Luis Arce, presidente de Bolivia, recibirá propuestas de ocho empresas extranjeras para el desarrollo del litio.

Según dijo AMLO, su gobierno le ha pedido asesoría a Bolivia para desarrollar su propio negocio estatal del litio sin participación de empresas extranjeras.

Pero… Bolivia está -en este preciso momento- trabajando con empresas extranjeras en el desarrollo de negocios compartidos.

Las ocho empresas interesadas en participar están analizando las muestras del mineral con el fin de presentar sus propuestas en las próximas semanas y el gobierno tiene previsto el anuncio de los ganadores de los contratos hacia fines de mayo.

¿Cuál será el tipo de asesoría que le entregará el gobierno boliviano al mexicano? Por ahora no está claro.

Un “botín de guerra”

Morales tenía un plan ambicioso: contar para 2015 con toda una industria de baterías y automóviles eléctricos en el país.

Ese objetivo no se consiguió, como tampoco se logró que Bolivia exportara grandes cantidades de cloruro de potasio y carbonato de litio, los dos principales productos de litio que el país vende en el mercado internacional.

Salar de Uyuni, Bolivia.

Getty Images

“La estrategia falló”, le dice a BBC Mundo Juan Carlos Zuleta, analista de la economía del litio y consultor internacional.

“No funcionó porque faltaban los recursos humanos calificados, la tecnología, la estrategia y la voluntad política”, agrega.

Bolivia solo produce 500 toneladas al año de litio, una cantidad que Zuleta considera muy baja para que pueda poner un pie firme en el mercado.

Uno de los problemas, apunta, es que los gobiernos han tomado al litio como un “botín de guerra” con una perspectiva más política que técnica y con un gasto cercano a los US$800 millones que no ha dado los frutos que se esperaban

Una prueba contundente del fracaso, argumenta el experto, es que el actual gobierno boliviano cambió drásticamente el rumbo de lo que venía haciéndose en el país, convocando a ocho empresas extranjeras para hacer una explotación compartida del metal.

Si bien es cierto que durante los gobiernos de Evo Morales hubo acercamientos con firmas privadas, los acuerdos comerciales no llegaron a buen puerto.

“Tecnologías mucho más ecológicas”

“La nacionalización del litio en Bolivia ha sido una buena idea pero el proceso ha tardado demasiado“, señala Diego Von Vacano, catedrático de Ciencia Política en la universidad Texas A&M University, Estados Unidos, y colaborador externo del actual gobierno.

“Con el gobierno de Luis Arce el tema se ha comenzado a tomar en serio. Lo que no se logró en más de una década se avanzó en un año”, le dice a BBC Mundo.

Salar de Atacama, Chile

Getty Images

Von Vacano explica que los gobiernos anteriores hicieron esfuerzos por sacar adelante el desarrollo del litio en beneficio de los bolivianos, pero que no contaban con la tecnología necesaria para lograrlo.

De hecho, sostiene, ni siquiera existía la tecnología necesaria para extraer el litio de la salmuera boliviana, la cual es muy diferente a la que existe en otros países.

Recién en los últimos tres o cuatro años, explica, “han surgido nuevas tecnologías mucho más ecológicas”.

Desde otra perspectiva, Von Vacano sostiene que los gobiernos anteriores centraron sus esfuerzos en otras prioridades como, por ejemplo, el desarrollo de la industria del gas natural.

“Creo que ahora realmente va a despegar la industria del litio en Bolivia para aprovechar las ventanas de oportunidades”.

¿Por qué AMLO le pidió asesoría a Bolivia?

La reforma a la Ley de Minería propuesta por el gobierno mexicano dice que “la minería en México ha representado en los últimos 30 años, como nunca en la historia de México, la sobreexplotación de los yacimientos mineros a favor de intereses particulares, principalmente extranjeros”.

Para la nacionalización del litio, la reforma contempla que “un organismo público descentralizado” se encargue de su exploración, explotación y aprovechamiento del mineral.

Batería eléctrica de auto

Getty Images
El litio es uno de los elementos clave para fabricar baterías eléctricas.

Beatriz Olivera, directora de la organización social Engenera, plantea que AMLO le ha pedido asesoría a Bolivia por su larga experiencia en la extracción y procesamiento de litio y también por una cuestión de afinidad política.

“La apuesta es que el gobierno mexicano tenga un control total del mineral en la exploración, extracción y procesamiento. Esto se debe en parte, a las fuertes críticas que ha hecho el presidente a las empresas mineras privadas que están plenamente justificadas”, dice Olivera.

El problema, apunta, es que las empresas privadas en México tienen una regulación minera que les favorece, “incluso por encima de los derechos humanos de los pueblos indígenas”.

“El presidente ha dicho que son empresas que contaminan y no le dejan nada al país. Incluso no pagan impuestos”, explica.

Salar de Jujuy, Argentina.

Getty Images
Argentina desarrolla su industria para hacer más eficiente la producción de los químicos del litio.

Respecto al ejemplo de Bolivia, Olivera dice que si bien el proyecto del gobierno no contempla alianzas con empresas privadas, quizás éstas puedan desarrollarse en el futuro.

Mirando el caso boliviano, Carlos Aguirre, académico de la Universidad Iberoamericana especialista en tratados y comercio internacional, señala que el gobierno del país sudamericano “finalmente recapacitó” y entendió que el desarrollo de experiencia y de tecnología requiere de recursos de los que no necesariamente dispone el Estado.

Argentina y Chile, por ejemplo, que también se han reservado la titularidad del Estado sobre la explotación del litio, sí han concretado asociación con particulares para poder llevar a cabo la producción.

El resultado es que esos países, especialmente Chile, “se encuentran entre los principales productores de litio del mundo. Bolivia, con una extensión mayor de reservas, no se encuentra en ese listado”, señala Aguirre.

Auto eléctrico

Getty Images
El mercado de autos eléctricos ha aumentado rápidamente. Sus baterías requieren litio.

En eso coincide Francisco Ortiz, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana.

A su juicio, AMLO anunció la búsqueda de asesoría en Bolivia porque “es un mensaje propagandístico, un mensaje más ideológico que con fundamentos técnicos”.

Desde un punto de vista publicitario, apunta, “es un discurso muy bueno para sus seguidores” por el acercamiento a otros gobiernos de su misma línea.

Ortiz espera que la nacionalización del litio en México no termine como la experiencia de la petrolera estatal Pemex.

“Pemex tiene una deuda gigantesca. La riqueza ha generado pobreza, ha generado deudas por una mala administración. El riesgo es que con el litio tengamos otro Pemex“.


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