Van cuatro detenidos por operar radios comunitarias sin permiso en lo que va de año
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Foto: Cuartoscuro.

Van cuatro detenidos por operar radios comunitarias sin permiso en lo que va de año

Los operadores de radios comunitarias sin permiso enfrentan sanciones desproporcionadas que incluyen penas de cárcel o multas multimillonarias. La nueva ley Telecom que entrará en vigor el jueves 14 no las reduce.
Foto: Cuartoscuro.
Por Majo Siscar
12 de agosto, 2014
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Alma Delia Olivares fue detenida el viernes 28 de febrero y trasladada mil cincuenta kilómetros hasta el penal femenil de mediana seguridad de Tepic, Nayarit, el mismo donde cumple condena la narcotraficante Sandra Ávila Beltrán, más conocida como La Reina del Pacífico. Olivares era locutora de la radio La Cabina, en el municipio de Omealca, Veracruz, que operaba sin permiso.

La emisora fue cerrada como consecuencia de un procedimiento administrativo contemplado en Ley Federal de Radio y Televisión y Alma Delia fue consignada inicialmente por el delito de “contaminación auditiva”, inexistente en la legislación mexicana, que posteriormente se reclasificó como “uso indebido de un bien de la nación”.

Olivares pasó 5 días encarcelada hasta que su familia pagó la fianza de 25 mil pesos para que siga el proceso en libertad. La consignación de Alma Delia Olivares se suma a la de Salvador Medina y Leslie Saavedra, ambos comunicadores de Tonalá, Oaxaca a quiénes también se les iniciaron procesos penales por operar una radio comunitaria sin permiso.

Estos tres comunicadores judicializados se suman a la sentencia emitida este año contra Paola Ochoa, fundadora de la Radio Diversidad en Paso del Macho, Veracruz. Dos años de prisión que con los beneficios por ser primodelincuente y pagar una fianza puede cumplir en libertad bajo caución. Su marido, Juan José Hernández, acabará el mismo proceso el mes que viene.

El espectro radioeléctrico es un bien público y la ocupación de sus ondas se equipara en la ley mexicana a un robo de combustible de los ductos de Pemex.

La pareja construyó una pequeña cabina en el predio de su casa y consiguió un transmisor de pocos watts suficiente para que se escuchara en el municipio. En 2008 empezaron a emitir en el municipio y cuatro comunidades a la redonda, que hasta ese momento no tenían ninguna emisora local. Las mujeres tenían su programa, el mismo alcalde también tenía uno y pronto, de poner música y pasar saludos, empezó a ser un medio para expresar la disconformidad con las problemáticas locales.

No sabían cuáles eran los requisitos legales para obtener un permiso, así que escribieron una carta al entonces presidente de la República, Felipe Calderón, explicándoles su caso y pidiendo que les explicaran cómo podían hacer. No hubo respuesta, pero al año de emisión sí llegó un operativo federal para decomisarla. Su delito, el “uso indebido de un bien de la nación”.

“Nos trataron como criminales, entraron en la casa armados y encapuchados, decomisaron el transmisor, la computadora y nuestros dos micrófonos y hasta un cargador de celular, y se llevaron a mi marido preso. Yo y mi cuñada íbamos en calidad de testigo”, cuenta ahora Ochoa.

Hernández pasó una semana en un penal federal en Perote, Veracruz, y después de un proceso largo fue condenado en 2012 a dos años de cárcel. Sin embargo al no tener antecedentes penales y ser un delito no grave puede salir en libertad bajo fianza. A Juan José Hernández solo le falta un mes para terminar la condena, durante la cual ha perdido sus derechos civiles y políticos y debe reportarse todos los meses.

En el proceso de Juan José, su esposa Paola, pasó de testigo a imputada y le giraron orden de aprehensión. Paola se escondió durante año y medio hasta que la familia reunió el dinero para presentar un amparo, pero le ratificaron la sentencia. Al igual que su marido no tuvo que cumplir la sentencia en prisión, pero va cada 15 días a firmar ante el Ministerio Público de Córdoba, cuyo pasaje de ida vuelta cuesta cien pesos, y cada mes debe mandar unos documentos a la capital mexicana, por otros cincuenta pesos.

Paso del Macho no ha vuelto a tener otra radio ni comunitaria ni comercial. El proceso judicial desalentó cualquier voluntad de levantar una radio sin permiso. La persecución gubernamental contra las radios que operan sin permiso se endureció a partir de 2008 según la Asociación Mundial de Radios Comunitarios (AMARC).

“El Estado mexicano, a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Procuraduría General de la República (PGR), han enviado operativos a cargo de la Policía Federal con más de 100 elementos a cerrar radios, algunas menores de 5 watts de potencia donde había apenas 5 personas, entre mujeres y niños. Estos hechos constituyen la utilización excesiva de la fuerza pública”, relata la sede mexicana de AMARC en un informe de 2012.

Además de los cuatro judicializados en lo que va de este año y el esposo de Paola, Juan José Hernández, sentenciado desde el 2012, Héctor Camero, en Monterrey, que sigue todavía cumpliendo sentencia por un proceso iniciado en 2008 a raíz del operativo por más de 120 elementos de la Policía Federal Preventiva, para desmantelar la radio Tierra y Libertad.

“El ejercicio de la comunicación es un derecho humano pero además, las radios comunitarias tienen una función social, refuerzan los vínculos y la identidad de las comunidades, y son un servicio público para estas. Difundir información no es un delito, es un ejercicio de derechos que como mucho debería comportar una sanción administrativa, no penal”, explica Gisela Martínez, desde el área jurídica de AMARC México.

Fue a través de la radio Diversidad, por ejemplo, que se informó que el Gobierno Federal tenía un apoyo federal para las personas de la tercera edad, el programa de 70 y más, el municipio lo atrajo y ahora sigue llegando a su población.

A nivel legal, el último permiso para una radio comunitaria en el país se otorgó hace dos meses, pero solo AMARC acompaña la tramitación de otros seis permisos desde hace más de cuatro años sin respuesta gubernamental.

En México hay 1483 emisoras de radio comercial a lo largo de todo el país, el 77.2% son comerciales y el 22.79% de uso cultural o educativo. 10 grupos de radiodifusión controlan el 72% de las estaciones: Radiorama, con 190, ACIR con 159, Radiocima con 92, OIR con 89, Somer con 77, Promosat con 62, RASA con 57, MVS Radio con 51 y Ramsa-Radio Fórmula con 43. En cambio solo hay 20 radios comunitarias que operan con permiso.

Con la Reforma de Telecomunicaciones se logró que la Constitución reconozca las radios comunitarias, antes en un vacío legal. Aunque para AMARC esto fue un “logro histórico” en el país, la reforma se quedó en términos enunciativos. La ley secundaria que entrará en vigor este miércoles 13 de agosto, popularizada como Ley Telecom, no reconoce sus especificidades y las somete prácticamente a los mismos criterios que una radio comercial, además que no retira las sanciones penales.

Según AMARC, “empeoran las condiciones porque vuelve a exigir los mismos requisitos para obtener un permiso, deja criterios arbitrarios que no dan certeza jurídica y a la vez se endurecen las sanciones para quién abre una radio comunitaria sin permiso”, denuncia la abogada Gisela Martínez.

Además no solo persiste el proceso penal, condenado por las Relatoría especiales para la Libertad de Expresión de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que aumentan las sanciones administrativas al no cumplir algunos de los requisitos estipulados.

“Estas multas deberían ser proporcionadas porque ahora es una mordaza invisible, ¿cómo voy a abrir una radio si me pueden llevar preso o poner multas de hasta 4500 millones de pesos? La ley contempla sanciones por hasta 82 millones de salarios mínimos del Distrito Federal, esto es inconcebible en algo que es un derecho humano”, concluye Gisela Martínez.

En su última visita oficial a México de la Relatoría especial para la Libertad de Expresión de la ONU, en 2011, el relator Frank La Rue expresó su preocupación por la criminalización de las radios comunitarias no autorizadas. “El uso de una frecuencia no autorizada no debiera constituir delito, sino una falta administrativa”, señaló La Rue.

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Aborto en América Latina: ¿puede la legalización en Argentina impulsar un cambio en toda la región?

Las activistas a favor del aborto en América Latina aseguran que la discusión no debería ser sobre el apoyo o la oposición al aborto, sino centrarse en la salud de la mujer.
7 de marzo, 2021
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Cuando el Congreso de Argentina votó para legalizar el aborto hasta la semana 14 de embarazo, Renata (no es su nombre real) se sintió emocionada.

“Qué genial”, recuerda haber pensado la joven de 20 años del norte de Brasil a finales de diciembre. Renata, estudiante y trabajadora de un supermercado, vio el cambio en Argentina como el inicio de algo nuevo en América Latina, donde el aborto es mayoritariamente ilegal.

Renata no pensó mucho en el tema hasta una semana después, cuando descubrió que ella misma estaba embarazada. Luego, relató, sintió que “su mundo colapsaba”.

“Bajo ninguna circunstancia podría tener al bebé”, me dijo, y me explicó que en la ciudad donde vive es imposible conseguir trabajo, más aún en el contexto de la pandemia. Renata tenía además la certeza de que en su trabajo la darían de baja con un salario menor si contaba la noticia a su jefe.

“Todo tiene que estar bien para traer un niño a este mundo”, afirmó. La joven agregó que después de haber visto a su madre criar a dos niños sola, nunca quiso tener que pasar por eso.

Mujeres en Argentina con un gran pañuelo verde que dice "Aborto legal, seguro y gratuito"

Reuters
Argentina se sumó en diciembre a la lista reducida de países en América Latina en los que el aborto es legal.

Pero Renata tenía pocas opciones.

El aborto está prohibido en Brasil a menos que el embarazo sea resultado de una violación, la vida de la madre esté en peligro o el feto sea anencefálico, una condición poco común que impide el desarrollo de parte del cerebro y el cráneo.

Renata decidió que viajaría a Colombia. Si bien las restricciones allí son similares a las de Brasil, la interpretación de la ley es más amplia y, por lo tanto, es más fácil acceder a abortos legales.

La joven incluso había pedido dinero prestado para pagar el vuelo, que iba a ser su primer viaje al extranjero.

Pero Colombia prohibió los vuelos desde Brasil debido a una nueva variante de covid-19 detectada en Manaos.

“Empecé a llorar”, recordó Renata. “Era mi última esperanza, estaba inconsolable”.

Ahora, con la ayuda de una organización benéfica llamada “Milhas pela vida das mulheres” (Millas por la vida de las mujeres), mediante la cual las personas donan millas aéreas para ayudar a mujeres a acceder a abortos seguros en el extranjero, Renata viajará a la Ciudad de México, donde el aborto durante las primeras 12 semanas de embarazo es legal.

“Es la mejor decisión para mí”, aseguró sin vacilar.

Poderoso movimiento por los derechos de las mujeres

Solo en Brasil, se estima que un millón de mujeres acceden a abortos clandestinos cada año. Los únicos lugares donde los abortos son legales actualmente en América Latina son Uruguay, Cuba, Guyana y partes de México. Y ahora, por supuesto, Argentina.

Muchas activistas proaborto esperan que el cambio de ley en Argentina presione a otros países para que sigan el ejemplo.

En Argentina, quienes apoyaron la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito lucían un pañuelo verde.

Es un símbolo que desde entonces ha sido adoptado por muchas otras activistas en la región. El pañuelo representa la resistencia pacífica de un creciente movimiento por los derechos de las mujeres que asegura que la sociedad debe cambiar.

Mujeres en Argentina muestran sus pañuelos verdes

Reuters
El símbolo del pañuelo verde usado en Argentina ha sido adoptado por muchas otras activistas en la región.

Debora Diniz, profesora de antropología de la Universidad de Brasilia, señaló que es inusual que un símbolo se extienda a otros países de esta manera.

“Tradicionalmente, América Latina no opera de esta manera”, afirmó la destacada activista feminista.

Era una región colonizada, que miraba mucho más al norte global. Y ahora nos miramos los unos a los otros. Incluso un país que se entiende a sí mismo como un continente, como Brasil, está usando el pañuelo verde para representar las causas de las mujeres”.

El conservadurismo y la Iglesia

Pero América Latina está profundamente dividida. Es una región donde reinan la religión y el conservadurismo.

Si bien Argentina avanzó en una dirección en diciembre, un mes después, el Congreso de Honduras agregó una prohibición del aborto a su Constitución, lo que hace que sea más difícil que nunca legalizar el procedimiento en el futuro.

Por tanto, no es un camino sencillo.

Mujeres en Honduras protestando contra la la incorporación a nivel constitucional de la prohibición del aborto

Reuters
Grupos de mujeres salieron a las calles en Honduras para protestar contra la incorporación a nivel constitucional de la prohibición del aborto.

“Cuando se aprobó la ley en Argentina, la gente en Honduras comenzó pensar si la presión para legalizar el aborto se extendería en la región y tal vez habría un cambio aquí”, afirmó Álvaro Hernández de “Ola Celeste”, un grupo antiaborto que respaldó el cambio a la Constitución.

“Honduras es un país cristiano y el aborto no ha sido un tema de debate a nivel local”, aseguró. Aunque la Iglesia puede ser muy influyente en Honduras, algunos grupos de mujeres salieron a las calles para protestar contra la prohibición del aborto.

En Argentina, muchos observadores dieron crédito al presidente de centroizquierda Alberto Fernández por contribuir a impulsar la legalización del aborto.

Pero en el vecino Brasil, el presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro condenó la medida argentina, y los grupos conservadores siguen siendo fuertes.

No creo que vaya a ser tan fácil legalizar el aborto en Brasil“, señaló Celene Salomão, activista del capítulo de São Paulo de “40 Días por la Vida”, una campaña religiosa internacional contra el aborto.

Salomão opina que los senadores en Argentina “fueron sometidos a mucha presión” de grupos de izquierda para legalizar el aborto. Pero cree que el presidente Bolsonaro se mantendrá firme sabiendo que cuenta con el respaldo de grupos religiosos.

“Muchos brasileños son cristianos, no solo católicos sino también de otras denominaciones, y todos estamos en contra”.

Chile impulsa el cambio

En Chile, el presidente de derecha Sebastián Piñera también dejó en claro que se opone a un cambio en la ley, aunque en enero, a raíz de la decisión de Argentina, el Congreso comenzó a debatir la despenalización del aborto en las primeras 14 semanas de embarazo.

Uno de los temas que une a las activistas proaborto es el argumento a favor del acceso seguro.

Las activistas afirman que la discusión no debería ser sobre el apoyo o la oposición al aborto, sino centrarse en la salud de la mujer.

Y argumentan que las mujeres se someterán a abortos, sean legales o no, por lo que permitirles el acceso legal a la interrupción será más seguro y reducirá el número de muertes como resultado de abortos clandestinos.

La Dra. Karla Figueroa de la clínica GineClinic en México dice que desde que se despenalizó el aborto en la Ciudad de México, ninguna mujer ha muerto por este procedimiento.

“Eso es lo más importante en términos de salud pública”, agregó.

Pancarta en Argentinca que dice "Ni una muerte más por aborto clandestino"

Getty Images
Para muchos, el debate debe centrarse en la salud de la mujer. Desde que se despenalizó el aborto en la Ciudad de México ninguna mujer ha muerto por este procedimiento, afirmó la Dra. Karla Figueroa.

Y es un mensaje que se extiende por toda la región.

“El ángulo de la vida y la salud de las mujeres está muy presente en la discusión en Colombia”, afirmó Mariana Ardila, abogada de la organización Women’s Link Worldwide.

Ardila está haciendo campaña para eliminar la criminalización del aborto y asegurar que las mujeres que se someten a abortos y los equipos médicos que los realizan no sean procesados.

“El derecho penal es en realidad el peor instrumento en este caso y tiene muchas consecuencias como imponer un estigma y generar miedo entre el personal sanitario”, señaló.

Activistas a favor del aborto en la región aseguran que la legalización en Argentina ha galvanizado su lucha.

“Espero que el cambio en Argentina sirva como un punto de inflexión”, afirmó la Dra. Figueroa en la Ciudad de México.

Para Debora Diniz, la decisión argentina proporciona una mayor motivación.

“En Brasil, tenemos algunas de las feministas negras más activas y vibrantes de la región”, afirmó.

“Tenemos un feminismo diverso, y tal vez algo salga de él”.


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