Van cuatro detenidos por operar radios comunitarias sin permiso en lo que va de año
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Foto: Cuartoscuro.

Van cuatro detenidos por operar radios comunitarias sin permiso en lo que va de año

Los operadores de radios comunitarias sin permiso enfrentan sanciones desproporcionadas que incluyen penas de cárcel o multas multimillonarias. La nueva ley Telecom que entrará en vigor el jueves 14 no las reduce.
Foto: Cuartoscuro.
Por Majo Siscar
12 de agosto, 2014
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Alma Delia Olivares fue detenida el viernes 28 de febrero y trasladada mil cincuenta kilómetros hasta el penal femenil de mediana seguridad de Tepic, Nayarit, el mismo donde cumple condena la narcotraficante Sandra Ávila Beltrán, más conocida como La Reina del Pacífico. Olivares era locutora de la radio La Cabina, en el municipio de Omealca, Veracruz, que operaba sin permiso.

La emisora fue cerrada como consecuencia de un procedimiento administrativo contemplado en Ley Federal de Radio y Televisión y Alma Delia fue consignada inicialmente por el delito de “contaminación auditiva”, inexistente en la legislación mexicana, que posteriormente se reclasificó como “uso indebido de un bien de la nación”.

Olivares pasó 5 días encarcelada hasta que su familia pagó la fianza de 25 mil pesos para que siga el proceso en libertad. La consignación de Alma Delia Olivares se suma a la de Salvador Medina y Leslie Saavedra, ambos comunicadores de Tonalá, Oaxaca a quiénes también se les iniciaron procesos penales por operar una radio comunitaria sin permiso.

Estos tres comunicadores judicializados se suman a la sentencia emitida este año contra Paola Ochoa, fundadora de la Radio Diversidad en Paso del Macho, Veracruz. Dos años de prisión que con los beneficios por ser primodelincuente y pagar una fianza puede cumplir en libertad bajo caución. Su marido, Juan José Hernández, acabará el mismo proceso el mes que viene.

El espectro radioeléctrico es un bien público y la ocupación de sus ondas se equipara en la ley mexicana a un robo de combustible de los ductos de Pemex.

La pareja construyó una pequeña cabina en el predio de su casa y consiguió un transmisor de pocos watts suficiente para que se escuchara en el municipio. En 2008 empezaron a emitir en el municipio y cuatro comunidades a la redonda, que hasta ese momento no tenían ninguna emisora local. Las mujeres tenían su programa, el mismo alcalde también tenía uno y pronto, de poner música y pasar saludos, empezó a ser un medio para expresar la disconformidad con las problemáticas locales.

No sabían cuáles eran los requisitos legales para obtener un permiso, así que escribieron una carta al entonces presidente de la República, Felipe Calderón, explicándoles su caso y pidiendo que les explicaran cómo podían hacer. No hubo respuesta, pero al año de emisión sí llegó un operativo federal para decomisarla. Su delito, el “uso indebido de un bien de la nación”.

“Nos trataron como criminales, entraron en la casa armados y encapuchados, decomisaron el transmisor, la computadora y nuestros dos micrófonos y hasta un cargador de celular, y se llevaron a mi marido preso. Yo y mi cuñada íbamos en calidad de testigo”, cuenta ahora Ochoa.

Hernández pasó una semana en un penal federal en Perote, Veracruz, y después de un proceso largo fue condenado en 2012 a dos años de cárcel. Sin embargo al no tener antecedentes penales y ser un delito no grave puede salir en libertad bajo fianza. A Juan José Hernández solo le falta un mes para terminar la condena, durante la cual ha perdido sus derechos civiles y políticos y debe reportarse todos los meses.

En el proceso de Juan José, su esposa Paola, pasó de testigo a imputada y le giraron orden de aprehensión. Paola se escondió durante año y medio hasta que la familia reunió el dinero para presentar un amparo, pero le ratificaron la sentencia. Al igual que su marido no tuvo que cumplir la sentencia en prisión, pero va cada 15 días a firmar ante el Ministerio Público de Córdoba, cuyo pasaje de ida vuelta cuesta cien pesos, y cada mes debe mandar unos documentos a la capital mexicana, por otros cincuenta pesos.

Paso del Macho no ha vuelto a tener otra radio ni comunitaria ni comercial. El proceso judicial desalentó cualquier voluntad de levantar una radio sin permiso. La persecución gubernamental contra las radios que operan sin permiso se endureció a partir de 2008 según la Asociación Mundial de Radios Comunitarios (AMARC).

“El Estado mexicano, a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Procuraduría General de la República (PGR), han enviado operativos a cargo de la Policía Federal con más de 100 elementos a cerrar radios, algunas menores de 5 watts de potencia donde había apenas 5 personas, entre mujeres y niños. Estos hechos constituyen la utilización excesiva de la fuerza pública”, relata la sede mexicana de AMARC en un informe de 2012.

Además de los cuatro judicializados en lo que va de este año y el esposo de Paola, Juan José Hernández, sentenciado desde el 2012, Héctor Camero, en Monterrey, que sigue todavía cumpliendo sentencia por un proceso iniciado en 2008 a raíz del operativo por más de 120 elementos de la Policía Federal Preventiva, para desmantelar la radio Tierra y Libertad.

“El ejercicio de la comunicación es un derecho humano pero además, las radios comunitarias tienen una función social, refuerzan los vínculos y la identidad de las comunidades, y son un servicio público para estas. Difundir información no es un delito, es un ejercicio de derechos que como mucho debería comportar una sanción administrativa, no penal”, explica Gisela Martínez, desde el área jurídica de AMARC México.

Fue a través de la radio Diversidad, por ejemplo, que se informó que el Gobierno Federal tenía un apoyo federal para las personas de la tercera edad, el programa de 70 y más, el municipio lo atrajo y ahora sigue llegando a su población.

A nivel legal, el último permiso para una radio comunitaria en el país se otorgó hace dos meses, pero solo AMARC acompaña la tramitación de otros seis permisos desde hace más de cuatro años sin respuesta gubernamental.

En México hay 1483 emisoras de radio comercial a lo largo de todo el país, el 77.2% son comerciales y el 22.79% de uso cultural o educativo. 10 grupos de radiodifusión controlan el 72% de las estaciones: Radiorama, con 190, ACIR con 159, Radiocima con 92, OIR con 89, Somer con 77, Promosat con 62, RASA con 57, MVS Radio con 51 y Ramsa-Radio Fórmula con 43. En cambio solo hay 20 radios comunitarias que operan con permiso.

Con la Reforma de Telecomunicaciones se logró que la Constitución reconozca las radios comunitarias, antes en un vacío legal. Aunque para AMARC esto fue un “logro histórico” en el país, la reforma se quedó en términos enunciativos. La ley secundaria que entrará en vigor este miércoles 13 de agosto, popularizada como Ley Telecom, no reconoce sus especificidades y las somete prácticamente a los mismos criterios que una radio comercial, además que no retira las sanciones penales.

Según AMARC, “empeoran las condiciones porque vuelve a exigir los mismos requisitos para obtener un permiso, deja criterios arbitrarios que no dan certeza jurídica y a la vez se endurecen las sanciones para quién abre una radio comunitaria sin permiso”, denuncia la abogada Gisela Martínez.

Además no solo persiste el proceso penal, condenado por las Relatoría especiales para la Libertad de Expresión de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que aumentan las sanciones administrativas al no cumplir algunos de los requisitos estipulados.

“Estas multas deberían ser proporcionadas porque ahora es una mordaza invisible, ¿cómo voy a abrir una radio si me pueden llevar preso o poner multas de hasta 4500 millones de pesos? La ley contempla sanciones por hasta 82 millones de salarios mínimos del Distrito Federal, esto es inconcebible en algo que es un derecho humano”, concluye Gisela Martínez.

En su última visita oficial a México de la Relatoría especial para la Libertad de Expresión de la ONU, en 2011, el relator Frank La Rue expresó su preocupación por la criminalización de las radios comunitarias no autorizadas. “El uso de una frecuencia no autorizada no debiera constituir delito, sino una falta administrativa”, señaló La Rue.

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Los desconocidos casos de bebés y niños secuestrados durante el régimen militar de Brasil

A diferencia de países vecinos como Argentina, donde las causas judiciales por apropiación de niños durante los gobiernos militares llevan años, Brasil aún no parece haber explorado esta parte de su pasado.
4 de mayo, 2022
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Desde hace al menos una década, Rosângela Serra Paraná busca a sus padres biológicos.

Es víctima de un crimen de Estado poco conocido: el secuestro de bebés y niños de activistas que se opusieron al régimen militar en las décadas de 1960, 1970 y 1980 en Brasil.

Rosângela fue apropiada ilegalmente por una familia militar en la década de 1960 y solo descubrió su condición mucho después, durante una discusión con miembros de la familia.

Once de los 19 casos conocidos de secuestros de niños durante el régimen militar están vinculados a miembros de Araguaia, un movimiento guerrillero de oposición que se desarrolló entre fines de la década de 1960 y 1974 en la región amazónica, en la confluencia de los estados de Pará y el actual Tocantins.

Estas 11 víctimas son hijos de guerrilleros y campesinos que dieron cobijo al movimiento.

Los secuestros de niños ocurrieron en la primera mitad de la década de 1970, durante los gobiernos de los generales-presidentes Emílio Garrastazu Médici y Ernesto Geisel.

Los 19 casos están enumerados en el libro de reportajes Cativeiro sem fim (“Cautiverio sin fin”), escrito por mí.

Contactados en el momento de la escritura del libro, el Ministerio de Defensa y los comandos del Ejército y Fuerza Aérea no respondieron a la solicitud de información.

En una entrevista en un libro publicado el año pasado, el general Eduardo Villas Bôas dijo que los informes sobre los secuestros de bebés durante el régimen militar “carecen de verosimilitud“.

En busca de padres biológicos

“Vivo en una pesadilla todos los días, pensando que mi madre podría estar viva, necesitándome”, dice Rosângela Serra Paraná.

“Hoy vivo con la angustia de no saber quién soy, cuántos años tengo y ni siquiera saber quiénes fueron mis padres”, agrega.

La mujer fue apropiada por Odyr de Paiva Paraná, miembro de una familia militar en Río de Janeiro.

La familia dice que la bebé fue adoptada en 1963.

Un acta de nacimiento da como fecha de nacimiento el 1 de octubre de 1963. Pero la inscripción se hizo en el registro civil el 22 de septiembre de 1967.

En el documento elaborado en el Registro Civil de Catete, Rio de Janeiro, consta que Rosângela es hija ilegítima de Odyr y Nilza.

El documento no proporciona el nombre de los padres biológicos. Nilza, según su familia, no podía tener hijos.

Rosângela Serra Paraná en la actualidad.

Archivo personal
Rosângela Serra Paraná en la actualidad.

Odyr es conductor de profesión.

Según Rosângela, su padre adoptivo trabajaba como chofer del general Ernesto Geisel.

“Tenía un gran auto negro que siempre estaba limpiando”, recuerda.

El acta de nacimiento de Rosângela da como lugar de nacimiento una propiedad en Rua Marquês de Abrantes, 160, Flamengo, Rio de Janeiro.

La propiedad pertenece a Rio Previdência, una entidad de empleados estatales, que la compró en 1958, según consta en el certificado de propiedad.

La misma partida de nacimiento tiene dos testigos. Uno de ellos es Alcindo Quintino Ribeiro, propietario de un inmueble donde vivía la familia Serra Paraná.

El otro es Paulo Cardoso de Oliveira, chofer de profesión, como Odyr. La dirección de residencia del testigo, sin embargo, no existe.

El padre de Odyr, Arcy Paraná, estaba en el ejército. Según el Boletín Oficial, alcanzó el grado de sargento. En la década del 50 fue ascendido y comenzó a trabajar en el sector administrativo de las fuerzas militares.

Los casos de Juracy y Miracy

En la región guerrillera de Araguaia, a principios de la década de 1970, los militares secuestraron a dos niños de una misma familia.

El primero, Juracy Bezerra de Oliveira, fue un error de las fuerzas militares.

El objetivo era Giovani, hijo de uno de los líderes guerrilleros, Osvaldo Orlando da Costa, alias Osvaldão, con una mujer llamada María.

En 1972 o 1973, Juracy tenía unos 7 años. Los militares pensaron que era el verdadero hijo del guerrillero Osvaldão con Maria Viana da Conceição. Pero la madre de Juracy era Maria Bezerra de Oliveira y su padre, Raimundo Mourão de Lira.

La confusión en el secuestro se habría dado porque los militares buscaban a un niño moreno, de entre 6 y 8 años, hijo de una mujer blanca, de cuerpo grande y ojos claros, de nombre María.

José Vieira es hijo de un campesino al que mataron los militares.

Eduardo Reina/BBC
José Vieira es hijo de un campesino al que mataron los militares.

Encontraron a la madre de Juracy con las mismas características y se llevaron al niño.

Terminó siendo apropiado por el teniente del Ejército Antônio Essílio Azevedo Costa, quien lo inscribió en una notaría como si fuera su hijo legítimo y vivió con la familia del militar durante muchos años.

“Un día llegaron y me llevaron. Mi madre ni me acuerdo qué hizo. Yo era un niño cuando me llevó el Ejército. Estuve 15 días en el bosque”, contó.

El secuestrado quedó con una mano deformada debido a las quemaduras que sufrió. Dice que los soldados decidieron castigarlo por pensar que su padre había matado a un militar.

Más tarde, en la ciudad de Fortaleza, Juracy fue criado por la madre del teniente Antônio Essílio.

A principios de la década de 2000, decidió regresar a la región de Araguaia, todavía pensando que era el hijo de Osvaldão.

Al llegar, conoció a Antônio Viana da Conceição y descubrió su verdadera historia.

Se reencontró con su madre biológica, Maria Bezerra de Oliveira, cuando descubrió que su hermano, Miracy, también había sido secuestrado por militares.

Hoy vive en una isla en medio del río Araguaia.

Juracy Bezerra de Oliveira con su madre biológica, María Bezerra de Oliveira.

Archivo personal
Juracy Bezerra de Oliveira con su madre biológica, María Bezerra de Oliveira.

El hermano de Juracy, Miracy, tenía piel clara y ojos claros, a diferencia de su hermano.

Fue llevado por el sargento João Lima Filho a la ciudad de Natal, en Rio Grande do Norte, también en 1972 o 1973.

Años después, Juracy y su madre, Maria Bezerra de Oliveira, fueron a buscar a Miracy. Pero no encontraron rastro del sargento que se lo llevó; tampoco obtuvieron información en el cuartel del ejército en Natal sobre el paradero del militar.

Otros secuestros

Después del secuestro por error de Juracy, los militares encontraron a Giovani, hijo de Osvaldão y Maria Viana da Conceição.

El niño tenía entre 4 y 5 años cuando fue secuestrado, según otro de los hijos de Maria, Antônio Viana da Conceição.

El secuestro ocurrió en 1973, en la ciudad de Araguaína, actual Tocantins.

La existencia de este hijo de guerrillero en Araguaia también es revelada por Sebastião Rodrigues de Moura, Mayor Curió, ahora militar retirado y responsable de la cacería de guerrilleros a partir de 1973 en Araguaia.

Se desconoce el paradero de Giovani.

También en Araguaia fue secuestrada Lia Cecília da Silva Martins, hija del guerrillero Antônio Teodoro de Castro, conocido como Raúl.

Lia fue llevada a un orfanato que pertenecía a un teniente de la Fuerza Aérea en Belém do Pará. Fue adoptada por una pareja que trabajaba en la entidad.

Seis niños campesinos también fueron separados de sus familias biológicas y llevados a cuarteles del ejército, de donde luego fueron liberados: José Vieira; Antônio José da Silva, Antoninho; José Wilson de Brito Feitosa, Zé Wilson; José de Ribamar, Zé Ribamar; Osniel Ferreira da Cruz, Osnil; y Sebastião de Santana, Sebastiãozinho.

Solo se localizó a José Vieira. Es hijo de Luiz Vieira, agricultor de subsistencia y residente de la región de São Domingos do Araguaia. Luiz fue asesinado por las fuerzas militares.

Gente caminando en São Paulo

Getty Images
Se desconoce el número de bebés que fue secuestrado.

También hubo casos de secuestro de bebés y niños en Paraná, Pernambuco y Mato Grosso.

Las respuestas de los militares

Cuando investigaba en 2018 para mi libro, el Ministerio de Defensa, el Ejército y la Fuerza Aérea no respondieron a las preguntas enviadas.

El Ministerio de Defensa sugirió que se enviaran nuevas solicitudes a dichas instituciones, alegando que la información solicitada debía estar custodiada bajo el mando de estos cuerpos militares.

El Ejército respondió: “La Institución aclara que no tiene nada que informar al respecto”.

La Fuerza Aérea afirmó que “el 16 de noviembre de 2009, la Procuraduría General de Justicia Militar manifestó interés en analizar los documentos producidos y acumulados por el Comando de la Fuerza Aérea, desde 1964 hasta 1985”.

“En ese sentido, el 3 de febrero de 2010, la colección, que contiene 212 cajas con 49.867 documentos, fue recolectada de la Coordinación Regional del Archivo Nacional del Distrito Federal (COREG), donde se encuentran en dominio público”, agregó.

El año pasado, en una entrevista publicada en el libro “General Villas Bôas-Conversación con el Comandante”, de Celso Castro, de la Fundação Getúlio Vargas, el militar cuestionó que realmente ocurrieran secuestros de niños durante la dictadura.

“Recientemente alguien vinculado a los derechos humanos trajo un tema que yo nunca había escuchado, que un centenar de niños habían sido secuestrados y arrebatados a sus padres”, afirmó Villas Bôas.

“Esta y otras narrativas, como una supuesta masacre de indígenas, en la apertura de la carretera que une Manaus con Boa Vista, carecen de verosimilitud y contribuyen a la falta de exención en la conclusión de las investigaciones”, agregó.


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