Van cuatro detenidos por operar radios comunitarias sin permiso en lo que va de año

Los operadores de radios comunitarias sin permiso enfrentan sanciones desproporcionadas que incluyen penas de cárcel o multas multimillonarias. La nueva ley Telecom que entrará en vigor el jueves 14 no las reduce.

Van cuatro detenidos por operar radios comunitarias sin permiso en lo que va de año
Foto: Cuartoscuro. Cuartoscuro
Alma Delia Olivares fue detenida el viernes 28 de febrero y trasladada mil cincuenta kilómetros hasta el penal femenil de mediana seguridad de Tepic, Nayarit, el mismo donde cumple condena la narcotraficante Sandra Ávila Beltrán, más conocida como La Reina del Pacífico. Olivares era locutora de la radio La Cabina, en el municipio de Omealca, Veracruz, que operaba sin permiso.

La emisora fue cerrada como consecuencia de un procedimiento administrativo contemplado en Ley Federal de Radio y Televisión y Alma Delia fue consignada inicialmente por el delito de “contaminación auditiva”, inexistente en la legislación mexicana, que posteriormente se reclasificó como “uso indebido de un bien de la nación”.

Olivares pasó 5 días encarcelada hasta que su familia pagó la fianza de 25 mil pesos para que siga el proceso en libertad. La consignación de Alma Delia Olivares se suma a la de Salvador Medina y Leslie Saavedra, ambos comunicadores de Tonalá, Oaxaca a quiénes también se les iniciaron procesos penales por operar una radio comunitaria sin permiso.

Estos tres comunicadores judicializados se suman a la sentencia emitida este año contra Paola Ochoa, fundadora de la Radio Diversidad en Paso del Macho, Veracruz. Dos años de prisión que con los beneficios por ser primodelincuente y pagar una fianza puede cumplir en libertad bajo caución. Su marido, Juan José Hernández, acabará el mismo proceso el mes que viene.

El espectro radioeléctrico es un bien público y la ocupación de sus ondas se equipara en la ley mexicana a un robo de combustible de los ductos de Pemex.

La pareja construyó una pequeña cabina en el predio de su casa y consiguió un transmisor de pocos watts suficiente para que se escuchara en el municipio. En 2008 empezaron a emitir en el municipio y cuatro comunidades a la redonda, que hasta ese momento no tenían ninguna emisora local. Las mujeres tenían su programa, el mismo alcalde también tenía uno y pronto, de poner música y pasar saludos, empezó a ser un medio para expresar la disconformidad con las problemáticas locales.

No sabían cuáles eran los requisitos legales para obtener un permiso, así que escribieron una carta al entonces presidente de la República, Felipe Calderón, explicándoles su caso y pidiendo que les explicaran cómo podían hacer. No hubo respuesta, pero al año de emisión sí llegó un operativo federal para decomisarla. Su delito, el “uso indebido de un bien de la nación”.

“Nos trataron como criminales, entraron en la casa armados y encapuchados, decomisaron el transmisor, la computadora y nuestros dos micrófonos y hasta un cargador de celular, y se llevaron a mi marido preso. Yo y mi cuñada íbamos en calidad de testigo”, cuenta ahora Ochoa.

Hernández pasó una semana en un penal federal en Perote, Veracruz, y después de un proceso largo fue condenado en 2012 a dos años de cárcel. Sin embargo al no tener antecedentes penales y ser un delito no grave puede salir en libertad bajo fianza. A Juan José Hernández solo le falta un mes para terminar la condena, durante la cual ha perdido sus derechos civiles y políticos y debe reportarse todos los meses.

En el proceso de Juan José, su esposa Paola, pasó de testigo a imputada y le giraron orden de aprehensión. Paola se escondió durante año y medio hasta que la familia reunió el dinero para presentar un amparo, pero le ratificaron la sentencia. Al igual que su marido no tuvo que cumplir la sentencia en prisión, pero va cada 15 días a firmar ante el Ministerio Público de Córdoba, cuyo pasaje de ida vuelta cuesta cien pesos, y cada mes debe mandar unos documentos a la capital mexicana, por otros cincuenta pesos.

Paso del Macho no ha vuelto a tener otra radio ni comunitaria ni comercial. El proceso judicial desalentó cualquier voluntad de levantar una radio sin permiso. La persecución gubernamental contra las radios que operan sin permiso se endureció a partir de 2008 según la Asociación Mundial de Radios Comunitarios (AMARC).

“El Estado mexicano, a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Procuraduría General de la República (PGR), han enviado operativos a cargo de la Policía Federal con más de 100 elementos a cerrar radios, algunas menores de 5 watts de potencia donde había apenas 5 personas, entre mujeres y niños. Estos hechos constituyen la utilización excesiva de la fuerza pública”, relata la sede mexicana de AMARC en un informe de 2012.

Además de los cuatro judicializados en lo que va de este año y el esposo de Paola, Juan José Hernández, sentenciado desde el 2012, Héctor Camero, en Monterrey, que sigue todavía cumpliendo sentencia por un proceso iniciado en 2008 a raíz del operativo por más de 120 elementos de la Policía Federal Preventiva, para desmantelar la radio Tierra y Libertad.

“El ejercicio de la comunicación es un derecho humano pero además, las radios comunitarias tienen una función social, refuerzan los vínculos y la identidad de las comunidades, y son un servicio público para estas. Difundir información no es un delito, es un ejercicio de derechos que como mucho debería comportar una sanción administrativa, no penal”, explica Gisela Martínez, desde el área jurídica de AMARC México.

Fue a través de la radio Diversidad, por ejemplo, que se informó que el Gobierno Federal tenía un apoyo federal para las personas de la tercera edad, el programa de 70 y más, el municipio lo atrajo y ahora sigue llegando a su población.

A nivel legal, el último permiso para una radio comunitaria en el país se otorgó hace dos meses, pero solo AMARC acompaña la tramitación de otros seis permisos desde hace más de cuatro años sin respuesta gubernamental.

En México hay 1483 emisoras de radio comercial a lo largo de todo el país, el 77.2% son comerciales y el 22.79% de uso cultural o educativo. 10 grupos de radiodifusión controlan el 72% de las estaciones: Radiorama, con 190, ACIR con 159, Radiocima con 92, OIR con 89, Somer con 77, Promosat con 62, RASA con 57, MVS Radio con 51 y Ramsa-Radio Fórmula con 43. En cambio solo hay 20 radios comunitarias que operan con permiso.

Con la Reforma de Telecomunicaciones se logró que la Constitución reconozca las radios comunitarias, antes en un vacío legal. Aunque para AMARC esto fue un “logro histórico” en el país, la reforma se quedó en términos enunciativos. La ley secundaria que entrará en vigor este miércoles 13 de agosto, popularizada como Ley Telecom, no reconoce sus especificidades y las somete prácticamente a los mismos criterios que una radio comercial, además que no retira las sanciones penales.

Según AMARC, “empeoran las condiciones porque vuelve a exigir los mismos requisitos para obtener un permiso, deja criterios arbitrarios que no dan certeza jurídica y a la vez se endurecen las sanciones para quién abre una radio comunitaria sin permiso”, denuncia la abogada Gisela Martínez.

Además no solo persiste el proceso penal, condenado por las Relatoría especiales para la Libertad de Expresión de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que aumentan las sanciones administrativas al no cumplir algunos de los requisitos estipulados.

“Estas multas deberían ser proporcionadas porque ahora es una mordaza invisible, ¿cómo voy a abrir una radio si me pueden llevar preso o poner multas de hasta 4500 millones de pesos? La ley contempla sanciones por hasta 82 millones de salarios mínimos del Distrito Federal, esto es inconcebible en algo que es un derecho humano”, concluye Gisela Martínez.

En su última visita oficial a México de la Relatoría especial para la Libertad de Expresión de la ONU, en 2011, el relator Frank La Rue expresó su preocupación por la criminalización de las radios comunitarias no autorizadas. “El uso de una frecuencia no autorizada no debiera constituir delito, sino una falta administrativa”, señaló La Rue.

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