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En México sólo se investiga 1% de las desapariciones reportadas, según registros oficiales (parte 2)
Estos son logros reales que ha arrojado la búsqueda de víctimas de desaparición forzada en México. Logros obtenidos por aquellos que, urgidos por amor, han tomado en sus manos las investigaciones sobre el paradero de los miles de desaparecidos que hay en el país. Éste es un vistazo a la guerra por la verdad que hoy libran las víctimas de la violencia en México.
Por Paris Martínez
2 de septiembre, 2014
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Foto: @PrometeoLucero.

Foto: @PrometeoLucero.

Entre enero de 2006 y julio de 2014, en México se han reportado 29 mil 707 casos de desaparición forzada o involuntaria. Diecisiete mil 175  de ellos resueltos con la ubicación de las víctimas, más otros 12 mil 532 casos en los que los afectados aún siguen sin ser localizados, tal como reportó el gobierno federal el pasado 21 de agosto. Sin embargo, en el mismo periodo, las autoridades mexicanos sólo han iniciado 291 averiguaciones previas por este delito, equivalentes al 1% de las desapariciones forzadas reconocidas en el país, mientras que el restante 99% de los casos no han sido procesados legalmente.

A pesar de estos resultados, las autoridades federales aseguraron ante la ONU en el informe que presentaron sobre esta problemática en marzo pasado, que “el Estado mexicano comprende la gravedad y el carácter pluriofensivo de este delito que atenta contra la libertad personal, la integridad física y, en ocasiones, incluso contra la vida, y que impide el acceso a la justicia de las víctimas y de sus familiares. Por ello, ha intensificado sus esfuerzos para combatir la desaparición forzada de personas”.

No obstante, Rosario, quien busca a su hijo Óscar Germán Herrera Rocha, empleado de un negocio de electrodomésticos desaparecido en 2009 por policías de Coahuila, resume de otra forma la postura del gobierno mexicano ante este delito: “Nomás nos están dando mucho atolito con el dedo. ¡Mucho! Porque no están haciendo nada…

Las mismas cifras presentadas por las autoridades respaldan el dicho de esta madre de familia –quien desde hace cinco años busca a su hijo y a seis jóvenes más, todas víctimas de la policía municipal de Francisco I. Madero, Coahuila–, ya que, según el informe que el Estado mexicano entregó a la ONU, en el país sólo han sido emitidas seis sentencias condenatorias por desaparición forzada: una por un caso de 1977, ocurrido en el contexto de la “guerra sucia” desatada por el gobierno contra movimientos de oposición, y las cinco restantes contra exagentes de la PGR que desaparecieron a sus víctimas entre 2002 y 2005.

Así, de hecho, este mismo dato revela que por las más de 29 mil desapariciones acumuladas de 2006 a la fecha nadie ha sido procesado y sentenciado penalmente.

“La realidad es que no se ha resuelto ningún caso –subraya Rosario–. A pesar de que el Estado se haga supuestamente responsable, estamos exactamente igual: no hay nada. A algunas víctimas nos atiende la autoridad y a otras víctimas no las atienden, pero unas y otras estamos igual, sin resultados…”

Incluso, la cifra oficial de víctimas que permanecen desaparecidas –más de 12 mil, según las autoridades–, es cuestionable. El hijo de Rosario, por ejemplo, no fue incluido por el gobierno federal en su Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, a pesar de que éste es uno de los 291 casos en el que sí hay una investigación formal. Incluso, actualmente, enfrentan juicio nueve policías y un civil que presuntamente participaron en el rapto de su hijo, perpetrado justo enfrente de las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Francisco I. Madero.

Es así que, como otros y otras en su mismo caso, Rosario ha asumido como propia la responsabilidad de las autoridades de indagar el paradero de su hijo, y de otras víctimas, no sólo rastreando por su cuenta en busca de indicios, sino también haciendo de intermediaria entre las autoridades y los detenidos, para ofrecerles beneficios carcelarios –como asistencia a sus familiares y facilidades para que éstos los visiten en Tepic, donde se encuentra recluidos–, a cambio de datos que permitan encontrar a Óscar y a los otros seis jóvenes desaparecidos por la policía municipal, aunque esta misma estrategia, reconoce, ha sido fallida.

“Tontamente –narra–, yo pensé que los iba a conmover con mis lágrimas, diciéndoles que a nuestros desaparecidos los estamos esperando, les suplico (…) pero ellos se cerraron absolutamente, uno de ellos hasta estuvo a punto de golpearme.”

Pero el desgaste emocional, señala Rosario, integrante de la agrupación civil de defensa de derechos humanos Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Coahuila (Fundec), no sólo lo propician la falta de acciones efectivas de las autoridades y la cerrazón de los involucrados, sino también por la apatía y franco desinterés de la población.

“La gente te dice cosas como ‘ya te gustó andar en el borlote’, ‘lo que quieres es hueso’, ‘ya chole con lo mismo’, ‘tienes más hijos’, ‘ya dale vuelta a la página‘, y mucho de eso viene de la propia familia”, dice.

Rosario es una mujer que se esmera en poner sobre la pena de su rostro sonrisas, gestos cordiales. Pero la pena se desborda, por instantes, con furia, como agua que hierve.

No está en manos de Dios echarnos la manos –se lamenta–, no lo creo. Si fuera así, no estaríamos pasando por esto… mejor les hubiera echado la mano a los muchachos, en su momento, para qué quiero que Dios me eche la mano ahorita, a cinco años de la tragedia.”

Rosario, sin embargo, se reconstituye, cobra fuerzas y advierte: “Esto no se va a quedar así, las familias que estamos en la lucha, vamos a seguir luchando, y no nos vamos a meter a una cueva a lamernos las heridas. Tenemos que saber qué pasó con nuestros hijos: somos muchas mamás y son un montón de Óscares…

Sólo los nazis…

El 10 de febrero de 2007, una veintena de personas armadas y con uniformes de la Agencia Federal de Investigaciones allanaron la casa familiar de Fernando Ocegueda Ruelas, un estudiante de 23 años de ingeniería del Instituto Tecnológico de Tijuana, para llevárselo por la fuerza. Nada se sabe de él, desde entonces.

En su búsqueda, el padre de este joven, Fernando Ocegueda Flores, fundó, de la mano de otras familias de víctimas de desaparición, la asociación Unidos por los Desaparecidos en Baja California. Se trata de una organización civil que no sólo ha logrado documentar al menos 700 casos en este estado, de 2006 a la fecha, sino que, más importante aún, han instrumentado un sistema de rastreo de campo que, hasta la fecha, les ha permitido encontrar cuatro fosas clandestinas, sólo en Tijuana.

A través de información extraoficial, así como estudiando con detenimiento las declaraciones que distintos integrantes del crimen organizado han formulado al ser detenidos, Fernando explica: “Hemos identificado alrededor de 80 predios en los que presuntamente hay fosas clandestinas, y de esos predios, en cuatro ya han sido hallados restos (…) y hay otros 50 predios por revisar“.

De las fosas clandestinas que han sido localizadas por Unidos por los Desaparecidos en Baja California, cabe destacar, dos eran predios usados por Santiago Meza, El Pozolero, detenido en 2009 y quien por una década se dedicó a disolver con sosa cáustica los cuerpos de víctimas de la delincuencia organizada para luego depositar los fluidos bajo tierra.

Y este hecho, subraya Fernando, es el mejor ejemplo del deficiente desempeño de las autoridades que obliga a los familiares a emprender sus propias búsquedas, ya que, en el caso de las fosas de Santiago Meza, aunque él mismo confesó la existencia de varios predios tras ser detenido y dio información de su ubicación aproximada, la autoridad sólo buscó uno de ellos, para exhibir ahí a su detenido ante los medios de comunicación, pero nunca intentaron localizar el resto de los terrenos con fosas.

No fue sino 11 meses después, explica Fernando, cuando la agrupación de víctimas obtuvo una copia de la declaración ministerial de Meza, que lograron detectar esta anomalía y emprendieron el rastreo de las otras casas de El Pozolero.

“Nos aventamos cuatro horas caminando –recuerda Fernando–, lloviendo, y conmigo venían varias señoras mayores, que no podían caminar por el cerro, pero que el coraje que te da la desesperación de saber qué pasó con tu hijo les daba energía…”

El predio descubierto por las familias es conocido como La Gallera (debido a que anteriormente fue usado como punto de crianza de gallos de pelea), y en él se encontraron aproximadamente 17 mil litros de “restos humanos desintegrados en ácidos”, almacenados en dos piletas ocultas bajo una capa de tierra suelta.

Hasta el momento, destaca, de esa emulsión cáustica ha sido imposible extraer rastros de ADN que permitan descubrir la identidad de las víctimas, por lo cual, luego de que las autoridades tomaran conocimiento del lugar y de que realizara peritajes de campo, se decidió que los restos permanecerían ahí, ahora como un sitio dignificado, convertido en memorial, en honor a las víctimas.

Analizando la declaración ministerial de Santiago Meza, las familias de desaparecidos también lograron dar con un segundo predio con fosas en las que se depositaron cuerpos disueltos en sosa. Se cree que en los tres predios empleados por El Pozolero están los restos de 300 personas. Pero esta creencia se basa en la confesión misma de Meza, y nada permite saber si más personas fueron desintegradas, una acción tan brutal que el mismo Fernando sólo puede comparar “con lo que los nazis hacían… estos son delitos de lesa humanidad“.

En la actualidad, Fernando camina con familiaridad por los predios que pertenecieran a Santiago Meza, en los que se tiene planeado erigir memoriales que sirvan como punto de encuentro a las familias que aún esperan a sus seres queridos.

Yo no sé si mi hijo está aquí –lamenta Fernando–, no quiero ni pensar en eso… No lo sé, porque no hay nada que me lo diga. La lógica me dice que aquí es donde normalmente los traían, pero mientras yo no tenga información fidedigna, una investigación científica, muestras de ADN que me muestren que está aquí mi hijo, yo voy a seguir buscándolo, no puedo darme el lujo de darme por vencido, esta es la triste historia…”

El joven Fernando Ocegueda Ruelas tampoco fue incluido por las autoridades federales en el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, aún cuando la misma Procuraduría General de la República lleva la investigación de su caso.

* El presente trabajo es la segunda entrega de un reportaje en tres partes realizado con el apoyo de la Red de Periodistas de a Pie, en colaboración con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH), como parte del proyecto de protección de los defensores de derechos humanos financiado por la Comisión Europea. El contenido no refleja la posición de la Unión Europea.

Lee la primera parte del reportaje aquí.

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Los tres mexicanos que libraron la muerte en la horca en Malasia tras 11 años en prisión por narcotráfico
Pasaron 11 años en una prisión de Malasia, sentenciados a muerte por narcotráfico. Son tres hermanos que ahora regresan a casa tras recibir el perdón del sultán Ibrahim Ismail Ibni Almarhum Sultan Iskandar Al-Haj.
Getty Images
20 de mayo, 2019
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Aquel día de 2008, los hermanos Luis Alfonso, Simón y José Regino González Villarreal limpiaban una fábrica en Malasia cuando los sorprendió la policía.

Llevaban una semana trabajando en el lugar. Viajaron más de 15.000 kilómetros desde Sinaloa, México, donde vivían, hasta la ciudad de Johor Bahru, donde fueron detenidos.

La persona que los contrató dijo que había un buen proyecto donde ganarían mucho dinero.

El empleo era en una empresa donde aparentemente se fabricaban globos gigantes para publicidad. Pero en realidad era una fachada para producir drogas sintéticas, como metanfetaminas.

Los hermanos González Villarreal lo sabían. “Nosotros estábamos en esa fábrica, a un lado tenían el laboratorio”, cuenta ahora José Regino a BBC Mundo.

Uno no es tonto, llegamos con la idea de que se iba a hacer algo ilegal“, reconoce.

José Regino y sus hermanos fueron sentenciados a morir en la horca, por procesar narcóticos.

Durante 11 años pelearon en los tribunales pero perdieron dos apelaciones a la condena.

Su última esperanza era un indulto. Y lo consiguieron de parte del sultán del estado malasio de Johor, Ibrahim Ismail Ibni Almarhum Sultan Iskandar Al-Haj.

El pasado 10 de mayo los hermanos regresaron a Culiacán, Sinaloa, después de ser perdonados con una condición: que jamás regresen a Malasia.

“Está bien”, dice José Regino. “Después de todo lo que pasó no quedan ganas de volver”.

“¿A quién íbamos a acudir?”

El mismo año de la captura de los hermanos González Villarreal, agencias internacionales antidrogas, como la DEA estadounidense, detectaron que narcotraficantes mexicanos producían drogas sintéticas en países de Asia y Oceanía.

De hecho, fueron desmantelados laboratorios del Cartel de Sinaloa en Australia y Nueva Zelanda, por ejemplo.

Durante el primer juicio que enfrentaron en la Corte Superior de Kuala Lumpur, los mexicanos fueron señalados de pertenecer al cartel.

Ellos siempre lo negaron.

E inclusive, cuando se conoció el caso la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR) dijo que los hermanos no tenían antecedentes penales en México.

Pero una de las pruebas que presentó la fiscalía de Malasia en el juicio fue la ropa de los detenidos con restos de metanfetaminas.

José Regino recuerda que a principios de 2008 un amigo le ofreció un empleo bien pagado en Malasia.

No lo pensó mucho. Como sus padres y diez hermanos, Regino se dedicaba a fabricar ladrillos, una actividad de mucho esfuerzo físico y pocas ganancias.

“Estaba con la ilusión de hacer una casita y dije, nos aventamos, todo va a estar bien”, cuenta.

“El amigo nos dijo: ‘Yo los llevo y los traigo’. Pero allá nos abandonó.

La realidad los enfrentó en Johor Bahru.

Cuando llegaron a la fábrica, encontraron el laboratorio de drogas. José Regino insiste a BBC Mundo que no pudieron escapar.

En el juicio los hermanos dijeron que les habían obligado a permanecer en la fábrica.

“Cuando llegamos y vimos todo eso no tuvimos la oportunidad de salir ni nada porque nos quitaron los pasaportes”, asegura.

“No sabíamos hablar inglés ni malayo, se nos hacía muy difícil comunicarnos y teníamos muy poquito dinero. ¿A quién íbamos a acudir?”.

Una semana después, al llegar la policía, empezó su odisea.

Abandonados

Los tres mexicanos fueron enviados a una antigua prisión, construida en el siglo XIX, que no tiene baños ni letrinas.

Las condiciones eran “terribles, muy duras”, le dice a BBC Mundo Luis Alfonso González Villarreal.

Su hermano José contrajo tuberculosis y así enfrentó el primer juicio.

Ellos denuncian que durante los primeros tres años no recibieron apoyo de la embajada de México y sus familias no tenían dinero para enviarles.

“Estábamos abandonados, solos, no teníamos ni para comprar jabón”, recuerda.

Sin embargo, la Cancillería afirmó en un comunicado que en marzo de 2008, cuando fueron capturados, los hermanos González Villarreal recibieron asistencia consular.

Y durante el juicio la diplomacia mexicana asegura que también solicitó atención médica para los detenidos e informó a su familia de los avances del caso.

La dureza de la prisión era una parte de su vida. La otra fue el proceso judicial que se complicaba cada vez más.

El abogado de los mexicanos aseguró que existían irregularidades graves, como la pérdida de evidencias sobre la culpabilidad de los clientes.

Tampoco contaron con traductores y denuncian que sufrieron maltratos.

Un informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo señala que, en el caso de Malasia, “continuaron recibiéndose noticias sobre uso innecesario o excesivo de la fuerza, así como denuncias de tortura y malos tratos a detenidos a manos de la policía”.

Los argumentos de su defensa fueron desechados por la Corte Superior que emitió una sentencia de muerte.

Los hermanos González Villarreal apelaron la decisión pero en 2015 la Corte Federal de Malasia ratificó la condena.

Para ese momento la embajada mexicana ya había contratado un nuevo equipo de abogados, “pero era tarde, ya todo había terminado, recuerda José Regino.

No obstante, solicitaron una nueva revisión del caso con la esperanza de que, al evidenciar las fallas en el proceso, se repusiera el juicio. Tampoco hubo suerte.

La última salida era el indulto del sultán.

Los diplomáticos mexicanos pidieron que se les conmutara la sentencia de muerte.

Es un procedimiento que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aplica en todos los casos de mexicanos que enfrentan la pena capital.

En México, está prohibida la pena de muerte y legalmente es obligación de la cancillería trabajar para impedir que se aplique esta sanción a los nacionales que reciben esa sentencia en otros países.

BBC Mundo solicitó a la SRE detalles de su participación en el indulto a los hermanos González. La cancillería declinó ofrecer comentarios sobre el tema.

La sorpresa

A partir de 2015, el caso se mantuvo virtualmente estancado, a la espera de la respuesta del sultán.

En marzo de 2018, el sultán ordenó conmutar la pena de muerte de los mexicanos por una sentencia de 30 años de prisión y, meses después, en octubre de ese año, el gobierno anunció la intención de derogar ese castigo de sus leyes.

La conmutación de la sentencia es algo que cumple con una de las tradiciones en Malasia. Cuando se celebra algún acontecimiento importante, las autoridades suelen otorgar medidas de gracia a los sentenciados a muerte.

Eso ocurrió en este caso. Pero los hermanos González Villarreal no esperaban la sorpresa del año siguiente.

Luis Alfonso cuenta que unos días antes de volar a México fueron enviados de la cárcel donde se encontraban a la prisión central de Malasia.

Para los sentenciados a muerte en ese país y que solicitan el perdón del sultán ese movimiento es una apuesta arriesgada: puede ser que les informen de un indulto, pero también pueden enterarse de que no fueron perdonados.

Los mexicanos sospecharon que podrían recibir buenas noticias porque su sentencia de muerte ya había sido anulada.

“El jefe de la prisión quiso jugar con nosotros”, considera José Regino. “Nos preguntó qué le pediríamos a Dios si lo tuviéramos enfrente. Yo le dije que regresar con mi hija y mis viejos (padres)”.

Respuesta atinada.Nos dijo: ‘Ya pueden regresar a México, el sultán los indultó‘”.

Las horas siguientes parecieron tan largas como la estancia en prisión, dice Luis Alfonso.

“En todo el viaje de regreso no dormimos nada. Estábamos ansiosos por pisar Sinaloa. Yo quería que se apuraran las horas pero con el tiempo no se puede”.

No está claro por qué el sultán los dejó en libertad, pero los mexicanos creen que fue otro momento de misericordia por algún asunto importante.

Ahora es lo de menos. Desde hace unos días los hermanos González Villarreal gozan de su segunda oportunidad de vida.

Su plan es empezar otra vez, con un nuevo empleo y el empeño de redimirse. Y aprovechar el tiempo porque “cada minuto es valioso”, dice Luis Alfonso.

“Dejé a mi hija chiquita y ahora ya cumplió 15 años”, cuenta José Refugio. “Le dije: ‘Mija, no tengo para hacer su fiesta’. Y me responde: ‘Regresaste, tú eres mi mejor regalo'”.


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https://www.youtube.com/watch?v=rUrDvYJtKPU&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=gFkihTytGRU

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