[contextly_sidebar id=”DMUt3yw7ZeVfpzjBaCCEAxELOhV4CBHY”]La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Comisión Méxicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) y la Comisión Ciudada de Derechos Humanos (CCDH) presentaron hoy ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) un informe sobre torturas, graves privaciones a la libertad y desaparición forzada cometidas en Baja California entre los años 2006 y 2012 por las fuerzas armadas y de seguridad del Estado.
El informe demuestra que estos hechos constituyen crímenes de lesa humanidad de competencia de la CPI y fundamenta el carácter sistemático y generalizado de estos crímenes, que responden a una política gubernamental, implementada por las autoridades militares, principalmente, y de cuerpos policiales a través del ataque a civiles, con el objetivo de presentar “avances y logros” en la lucha contra el crimen organizado.
“Los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad en México son crímenes de lesa humanidad que no pueden quedar sin castigo.” señaló Karim Lahidji Presidente de la FIDH. “La CPI es competente para evaluar estos crímenes y, ante la prevalencia de impunidad de los más altos responsables por estos crímenes, proceder a una investigación” añadió.
La información presentada revela que las autoridades, principalmente militares, cometían estos hechos siguiendo un patrón específico, según un comunicado de las organizaciones:
“detenían civiles sin orden judicial en sus casas, los sometían a torturas en instalaciones militares, les obligaban a firmar hojas en blanco que serían utilizadas para su autoincriminación o para incriminar a otros, y se les implantaban drogas y armas como “evidencia”. En múltiples ocasiones se los presentaba ante los medios de comunicación como responsables.”
Estos hechos ocurrían incluso con participación directa de los principales oficiales militares y policiales de Baja California, afirmaron. “En todos los casos documentados por las organizaciones las víctimas resultaron absueltas de los cargos por falta de pruebas, o esperan sentencia en procedimientos plagados de pruebas contradictorias y cuestionables.”
Por el contrario, ningún alto mando militar o policial ha enfrentado cargos penales ante tribunales judiciales mexicanos por los crímenes cometidos contra los civiles, incluidos actos de tortura, señaló el texto.
En la información presentada a la Fiscalía se incluyen casos que ejemplifican este patrón de conducta en donde hay un aproximado de 100 víctimas. Es la segunda comunicación que presenta la FIDH y la CMDPDH ante la Fiscalía de la CPI sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad perpetrados en México en el marco de la llamada “guerra contra el narcotráfico” y viene a completar una primera comunicación presentada en octubre de 2012.
Las organizaciones consideran que en México existe una base razonable para sostener que se cometieron crímenes de competencia de la CPI, los cuales continúan sin investigación o castigo. Por ello, las organizaciones han solicitado a la Fiscalía que proceda, tal como le obliga el Artículo 15 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, a conducir un examen preliminar sobre los crímenes de lesa humanidad, de tortura, privación grave de la libertad y desaparición forzada con miras a decidir sobre la apertura o no de una investigación en México.
“Ante la falta de respuesta de las autoridades mexicanas al clamor por justicia de las víctimas de estos hechos, no queda otro recurso que la CPI para asegurar que los crímenes graves cometidos en México no queden en la impunidad”, declaró Paulina Vega, Vice-Presidenta de la FIDH e integrante del Consejo Directivo de la CMDPDH.
“La población de Baja California ha sufrido, en colectivo, el impacto de estos operativos en contra de los ciudadanos inocentes. Una investigación seria para llevar a juicio a los máximos responsables es necesaria para que este tipo de acciones no se cometan de nuevo y que la tortura deje de formar parte de la forma de actuación de los cuerpos de seguridad del Estado” señaló Raúl Ramírez Baena, director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste.
El Estatuto de Roma entró en vigor para México el 1 de enero de 2006. En diciembre de ese año el Presidente Felipe Calderón anunció su estrategia de seguridad, llamada “guerra contra el narcotráfico”, caracterizada por autorizar a las fuerzas militares funciones propias de la Policía, sin contemplar límites en su uso. Esta estrategia produjo elevados niveles de violencia por parte de las fuerzas armadas y, en respuesta, de los grupos del crimen organizado.
Si bien el discurso en materia de seguridad ha cambiado desde que el Presidente Peña Nieto entró en funciones en diciembre de 2012, las estadísticas evidencian que la violencia no cesa y los crímenes cometidos en este contexto no han sido investigados ni sancionados los más altos responsables.
Desde 2006, las quejas de tortura atribuidas a las fuerzas armadas y de seguridad se han incrementado en un 500%, según el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Asimismo, según cifras oficiales y del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada de Personas, se tiene registro de miles de casos de desapariciones; se han detenido arbitrariamente bajo arraigo más de 8,000 personas según cifras de la Procuraduría General de la República y se han ejecutado arbitrariamente a más de 70,000 personas según los datos del Relator de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales después de su visita a México en 2012.
