Organizaciones afirman que crímenes de lesa humanidad en Baja California son política de gobierno
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Organizaciones afirman que crímenes de lesa humanidad en Baja California son política de gobierno

Dos organizacinoes afirmaron ate la CPI que los crímenes de lesa humanidad en Baja California son sistemáticos y generalizados, además de responder a una política gubernamental, implementada por las autoridades militares y de cuerpos policiales.
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14 de septiembre, 2014
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Foto: Cuartoscuro.

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La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Comisión Méxicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) y la Comisión Ciudada de Derechos Humanos (CCDH) presentaron hoy ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) un informe sobre torturas, graves privaciones a la libertad y desaparición forzada cometidas en Baja California entre los años 2006 y 2012 por las fuerzas armadas y de seguridad del Estado.

El informe demuestra que estos hechos constituyen crímenes de lesa humanidad de competencia de la CPI y fundamenta el carácter sistemático y generalizado de estos crímenes, que responden a una política gubernamental, implementada por las autoridades militares, principalmente, y de cuerpos policiales a través del ataque a civiles, con el objetivo de presentar “avances y logros” en la lucha contra el crimen organizado.

“Los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad en México son crímenes de lesa humanidad que no pueden quedar sin castigo.” señaló Karim Lahidji Presidente de la FIDH. “La CPI es competente para evaluar estos crímenes y, ante la prevalencia de impunidad de los más altos responsables por estos crímenes, proceder a una investigación” añadió.

La información presentada revela que las autoridades, principalmente militares, cometían estos hechos siguiendo un patrón específico, según un comunicado de las organizaciones:

“detenían civiles sin orden judicial en sus casas, los sometían a torturas en instalaciones militares, les obligaban a firmar hojas en blanco que serían utilizadas para su autoincriminación o para incriminar a otros, y se les implantaban drogas y armas como “evidencia”. En múltiples ocasiones se los presentaba ante los medios de comunicación como responsables.”

Estos hechos ocurrían incluso con participación directa de los principales oficiales militares y policiales de Baja California, afirmaron. “En todos los casos documentados por las organizaciones las víctimas resultaron absueltas de los cargos por falta de pruebas, o esperan sentencia en procedimientos plagados de pruebas contradictorias y cuestionables.”

Por el contrario, ningún alto mando militar o policial ha enfrentado cargos penales ante tribunales judiciales mexicanos por los crímenes cometidos contra los civiles, incluidos actos de tortura, señaló el texto.

En la información presentada a la Fiscalía se incluyen casos que ejemplifican este patrón de conducta en donde hay un aproximado de 100 víctimas. Es la segunda comunicación que presenta la FIDH y la CMDPDH ante la Fiscalía de la CPI sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad perpetrados en México en el marco de la llamada “guerra contra el narcotráfico” y viene a completar una primera comunicación presentada en octubre de 2012.

Las organizaciones consideran que en México existe una base razonable para sostener que se cometieron crímenes de competencia de la CPI, los cuales continúan sin investigación o castigo. Por ello, las organizaciones han solicitado a la Fiscalía que proceda, tal como le obliga el Artículo 15 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, a conducir un examen preliminar sobre los crímenes de lesa humanidad, de tortura, privación grave de la libertad y desaparición forzada con miras a decidir sobre la apertura o no de una investigación en México.

“Ante la falta de respuesta de las autoridades mexicanas al clamor por justicia de las víctimas de estos hechos, no queda otro recurso que la CPI para asegurar que los crímenes graves cometidos en México no queden en la impunidad”, declaró Paulina Vega, Vice-Presidenta de la FIDH e integrante del Consejo Directivo de la CMDPDH.

“La población de Baja California ha sufrido, en colectivo, el impacto de estos operativos en contra de los ciudadanos inocentes. Una investigación seria para llevar a juicio a los máximos responsables es necesaria para que este tipo de acciones no se cometan de nuevo y que la tortura deje de formar parte de la forma de actuación de los cuerpos de seguridad del Estado” señaló Raúl Ramírez Baena, director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste.

El Estatuto de Roma entró en vigor para México el 1 de enero de 2006. En diciembre de ese año el Presidente Felipe Calderón anunció su estrategia de seguridad, llamada “guerra contra el narcotráfico”, caracterizada por autorizar a las fuerzas militares funciones propias de la Policía, sin contemplar límites en su uso. Esta estrategia produjo elevados niveles de violencia por parte de las fuerzas armadas y, en respuesta, de los grupos del crimen organizado.

Si bien el discurso en materia de seguridad ha cambiado desde que el Presidente Peña Nieto entró en funciones en diciembre de 2012, las estadísticas evidencian que la violencia no cesa y los crímenes cometidos en este contexto no han sido investigados ni sancionados los más altos responsables.

Desde 2006, las quejas de tortura atribuidas a las fuerzas armadas y de seguridad se han incrementado en un 500%, según el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Asimismo, según cifras oficiales y del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada de Personas, se tiene registro de miles de casos de desapariciones; se han detenido arbitrariamente bajo arraigo más de 8,000 personas según cifras de la Procuraduría General de la República y se han ejecutado arbitrariamente a más de 70,000 personas según los datos del Relator de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales después de su visita a México en 2012.

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Cuál es el papel de Carlos Slim en la producción y distribución de la vacuna contra la COVID

El hombre más rico de México y de América Latina ayudará a financiar a través de su fundación la producción y distribución de la vacuna de Oxford y AstraZeneca en Latinoamérica.
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14 de agosto, 2020
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Parte del acuerdo que hará posible que México y Argentina hagan llegar la vacuna contra el covid-19 a América Latina se gestó en Washington.

Al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lo acompañó el mes pasado en su primera visita oficial a Estados Unidos una delegación de empresarios entre los que se encontraba Carlos Slim.

El hombre más rico de México y América Latina y el duodécimo del mundo, según la revista Forbes, se acercó allí al mandatario para plantearle su intención de participar a través de su fundación en el proyecto que haría llegar a la región la vacuna en la que trabajan el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

“Él me comentó, me pidió mi punto de vista y dije que nosotros apoyábamos esta iniciativa como se estaba haciendo ya en otros casos”, dijo AMLO este jueves.

Esta semana, Slim volvió a contactar con el gobierno a través del canciller, Marcelo Ebrard, para informarle de que el acuerdo final estaba muy cerca y conocer de nuevo su parecer.

“Le informamos al ingeniero Slim que nosotros estábamos de acuerdo”, remarcó el presidente.

Slim y AMLO

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El primer acercamiento entre AMLO y Slim en torno al acuerdo para la producción de estas vacunas tuvo lugar en la visita que el presidente hizo a EU para reunirse con Donald Trump.

Solo tres días después, la noticia salía a la luz: laboratorios de México y Argentina planean producir y distribuir entre 150 y 250 millones de vacunas en toda América Latina (excepto Brasil), previsiblemente, en el primer semestre de 2021.

Pero para llevarlo a cabo, el gobierno mexicano calificó de “crucial” el apoyo de Fundación Slim, que sorprendió alcanzando un acuerdo con AstraZeneca para contribuir a la financiación del proyecto.

Y, aunque en un primer momento no trascendió el monto al que ascenderá su aportación, la fundación aseguró que será “sin fines de lucro y sin beneficio económico” ni para ellos ni para los laboratorios.

¿Cómo participa la fundación de Slim?

Carlos Slim Domit, hijo del magnate, se limitó a decir este jueves que la fundación participará “con la disponibilidad de los recursos en complemento con los gobiernos de los países”, con el objetivo de que la vacuna esté disponible “a precios muy accesibles”.

Presentación del acuerdo para producir la vacuna en México

Gobierno de México
El presidente del Consejo de Administración de Grupo Carso e hijo de Carlos Slim, Carlos Slim Domit (izquierda), participó este jueves en la presentación oficial en México del acuerdo.

López Obrador, quien aseguró que la aplicación de la vacuna en México será universal y gratuita, también evitó concretar esa participación.

“Hay una aportación -no me corresponde a mí mencionar de qué monto- de la fundación, porque no pueden intervenir gobiernos, dado que no tiene fines de lucro todo el proceso de descubrimiento de esta vacuna”, dijo.

El miércoles, el presidente argentino, Alberto Fernández, reconoció que gracias al financiamiento de Slim se conseguiría una vacuna “a precios más razonables” que podría rondar los US$4.

Arturo Elías Ayub, vocero de Carlos Slim, le aseguró a la agencia AFP que la principal motivación del magnate para participar en el proyecto es “salvar vidas”, junto a la necesidad de preservar la salud e impulsar la reactivación económica.

América Latina accederá a la vacuna “a un precio que no contempla lucro porque fue la condición que puso Oxford”, dijo, e insistió: Aquí nadie está ganando dinero: ni AstraZeneca, ni los laboratorios que la van a fabricar ni ciertamente tampoco la Fundación Carlos Slim”.

Según el vocero, pese a que el estudio de la vacuna aún se encuentra en fase 3 y sus resultados finales no se esperan hasta finales de año, su producción en México y Argentina comenzará de inmediato con el fin de ganar tiempo, aún a riesgo de que pudiera no aprobarse finalmente.

Frascos de pruebas

Getty
Fundación Slim anunció que la fabricación de vacunas comenzará incluso antes de que las autoridades sanitarias aprueben su eficacia para adelantar tiempos de producción.

Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de Grupo Carso, enfatizó que “el apoyo de la fundación permitirá que México y América Latina accedan a la vacuna un año antes de lo previsto”.

“Un gol” a favor de Slim

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de comentarios que destacaban la acción de Slim para hacer realidad este proyecto que se ha presentado como trascendental para el futuro de la pandemia en América Latina.

Pero también algunos mostraban sus dudas de que el magnate no fuera realmente a obtener ninguna ganancia con esta implicación.

“Sus decisiones siempre polarizan a la opinión pública. Algunos ensalzan su figura diciendo que así es el capitalismo, y que es mejor tenerlo en México porque genera empleo y negocios”, le dice a BBC Mundo Francisco González, profesor de Política Latinoamericana de la Universidad Johns Hopkins, en EU.

Inyección

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Los firmantes del acuerdo esperan que la vacuna pueda llegar a América Latina en el primer semestre de 2021.

“Pero otros lo acusan de abuso de poder, de tener ventajas por ser siempre muy cercano y positivo con el presidente de turno, independientemente de la ideología”, agrega el experto mexicano.

González califica la participación de la fundación del magnate en este proyecto como “un gol a favor de Slim, de México, y por lo tanto para el actual gobierno de López Obrador”, con quien recuerda que ya tenía buena relación desde que este asumiera como jefe de gobierno de la capital en el año 2000.

Pero la relación ente el presidente y el empresario no siempre ha sido idílica.

Slim, por ejemplo, cuestionó que AMLO cancelara tras su llegada al gobierno el nuevo aeropuerto internacional de México, donde tenía fuertes inversiones a través de su constructora.

Slim y AMLO

Gobierno de México
La relación entre AMLO y Slim ha pasado por altibajos.

Después, el mandatario criticó varios contratos de obra púbica donde participaban empresas del magnate.

Pero su reconciliación se materializó el año pasado con una foto casi histórica en la que Slim, junto a otros empresarios, respaldó públicamente la política económica de López Obrador.

Slim, con una fortuna estimada de US$52.400 millones, según Forbes, es calificado a veces como una especie de Rey Midas por su capacidad para conseguir que casi cualquier negocio que emprende resulte exitoso.

Sin embargo, también ha sido tradicionalmente cuestionado por liderar el mayor monopolio de telecomunicaciones de América Latina gracias a América Móvil, líder en el mercado de telefonía en la región y uno de los mayores operadores de redes móviles en el mundo.

Sus negocios en México son tan omnipresentes -desde telefonía e internet pasando por restaurantes o tiendas departamentales, entre muchos otros- que hace años se popularizó la frase de que “todo México es territorio Slim”.

La Fundación Slim, su brazo filantrópico creado en 1986, ya contribuyó en México con otras estrategias para hacer frente al covid-19, como la donación de equipos médicos e insumos especialmente para el Centro Citi Banamex de la capital, que fue transformado en hospital temporal durante la emergencia.

Ahora, la firma de Slim estará de algún modo también presente en la vacuna que se espera pueda ser la solución para el trágico efecto de la pandemia en América Latina, donde el covid-19 ha dejado ya más de 200.000 muertos y los casos se resisten a disminuir de manera sostenida.

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