Los escándalos que revelan la dimensión de la corrupción en España
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Los escándalos que revelan la dimensión de la corrupción en España

En España hay tantos casos abiertos por corrupción que involucran a ex altos funcionarios que muchos se preguntan cuál es el alcance de este problema. BBC Mundo le explica las claves de los principales escándalos.
29 de octubre, 2014
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Foto: Wikipedia

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La lista de escándalos que se suceden en España proyectan la imagen de un país en el que la corrupción está mucho más extendida de lo que se creía.

Hay tantos casos abiertos por delitos de cuello blanco que a muchos en España les cuesta seguir el goteo de noticias sobre detenciones y juicios.

Casi ninguna institución ha quedado impoluta. Las sospechas de corrupción han salpicado a la familia real, partidos, sindicatos, bancos, empresas y clubes de fútbol.

Incluso algunas de las personas más poderosas del país se encuentran ahora en la picota, como Rodrigo Rato, que fue vicepresidente y director gerente del Fondo Monetario Internacional, o Iñaki Urdangarin, cuñado del rey Felipe VI.

Como los males nunca vienen solos, la cascada de escándalos ha coincidido con una crisis económica que comenzó en 2008 y de la que el país aún no ha conseguido recuperarse.

Por eso no sorprende el desencanto de los españoles para los que la corrupción es la segunda mayor preocupación, solo superada por el desbordado desempleo (que asciende al 24%), según el estatal Centro de Investigaciones Sociológicas.

Para tratar de sintonizar con la ciudadanía, el presidente del gobierno Mariano Rajoy, dijo este martes que “comparte” la indignación y pidió disculpas a los españoles “por haber situado en puestos de los que no eran dignos a quienes en apariencia han abusado de ellos”.

Lea también: Rajoy: “Me equivoqué al mantener la confianza en quien no la merece”

Muchos de los casos abiertos afectan a miembros del partido de Rajoy, el conservador Partido Popular.

Pero ¿cuáles son los últimos escándalos que tienen indignados a los españoles? En esta nota BBC Mundo le explica las claves de los casos más recientes.

Operación Púnica

El caso más reciente estalló el lunes de esta semana, cuando la policía detuvo a más de 50 personas entre políticos, empresarios y funcionarios.

La Operación Púnica (así la ha bautizado la policía por el Punica granatum, nombre científico del granado, en referencia al detenido más famoso en la redada, Francisco Granados) se dirige contra una trama de corrupción en administraciones públicas que actuaba en las regiones de Madrid, Murcia, León y Valencia.

Lea también: La megaoperación contra la corrupción en la que cayeron decenas de españoles.

El detenido más conocido de la Operación Púnica es Granados, exconsejero del gobierno de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular.

Pero entre los detenidos hay también seis alcaldes de la Comunidad de Madrid: cuatro del PP, dos del PSOE y uno de una formación independiente.

Los implicados son sospechosos de adjudicar obras públicas a empresarios a cambio de recibir comisiones.

El dinero recibido se blanqueaba a través de empresas instrumentales o intermediarios.

Medios españoles publican que la red adjudicó fraudulentamente al menos US$318 millones en los últimos dos años.

El desencadenante de la operación fue una investigación sobre blanqueo de capitales que se inicia en Suiza y afecta a Granados.

Las autoridades suizas se pusieron en contacto con las españolas y las pesquisas fiscales y policiales en España culminaron con las detenciones.

Tarjetas “Black”

La operación Púnica se conoció sin dar tiempo a la sociedad española para recuperarse del anterior escándalo, el de las llamadas “tarjetas black” (tarjetas en negro u opacas) de Caja Madrid, que utilizaron consejeros de la entidad bancaria para gastos personales millonarios que no tributaban a Hacienda.

Este caso, que ha ocupado portadas de medios de comunicación desde las primeras semanas de octubre, salpica a casi todos los consejeros de Caja Madrid, una caja de ahorros con fines sociales (en la actualidad denominada Bankia y convertida en banco) rescatada en 2012 con ayudas públicas de unos US$28.300 millones.

Están implicados los consejeros de Caja Madrid y Bankia durante las presidencias de Miguel Blesa (1996-2009) y Rodrigo Rato (2009-2012), quien fuera previamente director del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En total, 86 personas utilizaron estas tarjetas no declaradas al fisco. La cantidad asciende a más de US$19 millones.

Los consejeros habían sido nombrados por los principales partidos políticos (el conservador PP y el partido socialista PSOE) y también por formaciones más pequeñas, como Izquierda Unida, además de por los dos principales sindicatos, Comisiones Obreras y UGT.

Utilizaron esas tarjetas para realizar gastos que no estaban relacionados con su labor como consejeros, entre ellos el pago de restaurantes, viajes, ropa, hoteles y alimentación.

El escándalo salió a la luz porque el presidente de Bankia desde mayo de 2012, José Ignacio Goirigolzarri, encargó una investigación que reveló el uso de las tarjetas desde, al menos, 2003.

El informe llegó a manos de la Fiscalía Anticorrupción y del juez de la Audiencia Nacional.

Rodrigo Rato y Miguel Blesa, quienes proclamas su inocencia en la trama, han declarado ya ante el juez.

Caso Bárcenas

Otro de los casos recientes con mayor relevancia es el llamado “caso Bárcenas”, en relación a Luis Bárcenas, ex tesorero encarcelado del conservador Partido Popular, al que pertenece el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.

Se conoció en enero de 2013, cuando el periódico El Mundo publicó que Bárcenas estaba a cargo de un fondo secreto con el que se pagaron sobresueldos a altos cargos del partido.

Posteriormente, El País publicó los llamados “papeles de Bárcenas”, que recogen las supuestas anotaciones de esos sobresueldos desde 1990 a 2009.

En una nueva pieza del caso Bárcenas, un juez de la Audiencia Nacional (tribunal especial encargado de ciertos delitos graves) imputó hace pocos días a Ángel Acebes, ex número dos del PP y exministro de Justicia e Interior, por autorizar el uso de más de US$560.000 en negro para comprar acciones de Libertad Digital, un medio de comunicación de orientación conservadora.

Acebes dijo este martes ante el juez que no le consta la existencia del fondo secreto.

También está imputado el extesorero del partido Álvaro Lapuerta, que ha admitido que compró acciones del medio de comunicación, pero no con fondos del partido.

Hay una treintena de imputados, entre políticos y empresarios. Entre ellos están el propio Bárcenas y otros dos extesoreros del Partido Popular.

Lea también: Luis Bárcenas, el hombre que mantiene en vilo a España

El caso Bárcenas salió a la luz a raíz de otro caso de corrupción, el Gürtel, una trama de corrupción liderada por el empresario Francisco Correa, quien sobornaba a cargos políticos del PP con dinero y regalos para conseguir contratos para sus empresas y para otras sociedades.

Caso Pujol

Los escándalos alcanzaron también al histórico líder político catalán Jordi Pujol, quien fue presidente del gobierno de Cataluña durante 23 años hasta su salida en 2003.

El caso Pujol comenzó en 2013 con la investigación al hijo mayor del expresidente por dinero procedente de fondos públicos que éste supuestamente tenía en paraísos fiscales.

Tres de los hijos de Pujol están siendo investigados.

En las últimas semanas el escándalo salpicó también al propio expresidente Pujol, quien ha admitido tener cuentas en sin declarar en el extranjero.

Pujol, de 84 años, fue miembro fundador de Convergència Democràtica de Catalunya, partido al que pertenece el actual presidente catalán, Artur Mas.

Lea también: El escándalo que hizo caer a Jordi Pujol, líder histórico de Cataluña.

A consecuencia del escándalo, el partido le retiró a Pujol la presidencia honoraria, así como una pensión y una oficina.

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El caso que puede cambiar cómo se juzgan las violaciones en EU

Por primera vez en Estados Unidos, un jurado convocado por ciudadanos decidirá si un encuentro sexual violento justifica presentar cargos de violación.
4 de octubre, 2021
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Los delitos sexuales son notoriamente difíciles de procesar en un juicio, pero una mujer en Kansas está usando una ley del siglo XIX para pedir a sus conciudadanos que la ayuden a presentar cargos contra el hombre que dice que la violó.

En 2018, Madison Smith alegó que un compañero de clase la atacó cuando era estudiante universitaria en Bethany College en Kansas. La joven denunció el caso como violación.

Sin embargo, el fiscal del condado se negó a presentar cargos de violación, diciendo que Smith simplemente había experimentado un encuentro sexual “inmaduro”. Su atacante fue condenado por agresión.

La decisión del fiscal del condado llevó a Smith, ahora de 23 años, a utilizar una ley estatal que data de 1887 para convocar a un “gran jurado ciudadano”.

Este jurado se reunió por primera vez el miércoles, en lo que se cree que es el primer caso de este tipo en Estados Unidos.

Qué hace este gran jurado

Por lo general, las autoridades que investigan los casos forman un gran jurado para determinar si hay pruebas suficientes para iniciar un proceso judicial.

Este jurado, que se reune en secreto, no decidirá si el imputado es culpable o inocente, solo si se deben presentar cargos.

En entrevista con la BBC, Smith dijo que espera que el resultado anime a otras personas que creen que han sido víctimas de delitos sexuales y quieren presentar cargos. “Las víctimas tienen derechos”, dijo.

La mayoría de las mujeres no denuncian este tipo de delitos y, cuando se denuncian, el proceso no suele seguir adelante.

Madison Smith y su madre, Mandy.

Getty Images
Madison Smith y su madre, Mandy.

Según una investigación realizada en la Universidad de Massachusetts en Lowell, menos del 20% de las violaciones que se denuncian conducen a un arresto.

“Tenemos que cambiar la cultura ”, agregó Mandy, la madre de Madison.

Defensa del acusado

Sin embargo, el excompañero de clase acusado, Jared Stolzenburg, ahora también de 23 años, negó que la hubiera violado.

El joven fue acusado de agresión, de lo que se declaró culpable.

Le dijo a la BBC que lamentaba aquel encuentro, admitió que había sido duro y que erróneamente creyó que estaba todo bien. Pero, insistió, fue consensuado.

Lo que decida el gran jurado en ese condado del estado de Kansas tendrá consecuencias de gran alcance para ambos, tanto para el acusado como para la supuesta víctima, y quizás para el resto del país.

Los expertos dicen que el proceso iniciado por Smith podría sentar un precedente y que otras personas podrían querer convocar un gran jurado en casos relacionados con delitos sexuales.

Pero aquellos que no enfrentaron cargos pueden encontrarse, como Stolzenburg, en un purgatorio legal, esperando a ver si todavía podrían ser acusados.

Un encuentro que se convirtió en ataque

Smith estaba en su primer año en Bethany College, una pequeña escuela luterana a un par de cuadras de su casa, y solía pasar el rato con Stolzenburg y jugar juegos de mesa.

Una noche, en febrero de 2018, acabaron en el dormitorio de Stolzenburg. Se besaron y comenzaron a tener relaciones sexuales, le dijo Smith a la BBC. De repente, él la abofeteó, dice ella, luego la agarró por el cuello y, según ella, comenzó a violarla.

“Estaba tratando de quitar sus manos de mi cuello, y lo miré a los ojos, y tenía una mirada que nunca había visto antes”, dice. “No era la persona que yo pensaba que era mi amigo. Era una persona peligrosa”.

Smith cree que Stolzenburg intentó asesinarla.

Tenía tanto miedo, dijo, que pensó que lo mejor era dejar de luchar.

“Te quedas ahí y simplemente dejas que pase”, dice.

“Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir”.

Al describir lo sucedido esa noche, su voz era firme, como si estuviera contando cosas que le habían pasado a otra persona. Miraba a lo lejos mientras hablaba.

Protesta de mujeres en M'exico

Getty Images
Un estudio encontró que pelear o suplicar durante un episodio de agresión sexual puede, en algunas circunstancias, aumentar el riego de sufrir heridas físicas durante el abuso.

Smith acudió a la policía poco después, y luego de varias semanas la llamaron para ver a un fiscal del condado, Greg Benefiel.

Dejó en claro que quería presentar cargos, dice, pero Benefiel veía las cosas de forma diferente.

Benefiel dijo que no presentaría una acusación sexual contra Stolzenburg, y en su lugar pesentó cargos de agresión agravada. Benefiel no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo.

En 2020, Stolzenburg fue sentenciado a dos años de libertad condicional y tuvo que pagar US$790 en concepto de restitución, una suma que fue destinada a una junta de compensación de víctimas.

Un nuevo camino legal

Después de que el fiscal se negase a presentar cargos por violación, Smith decidió utilizar la antigua ley que le permitía convocar a un gran jurado. Su madre se había enterado de esta fórmula mientras escuchaba un podcast.

En la mayor parte de EE.UU., solo un juez o un fiscal tiene el poder de convocar a un jurado, pero Kansas, junto con Oklahoma, Nebraska y otros tres estados, permiten que los propios ciudadanos convoquen a uno.

Para hacerlo en Kansas, un residente del estado debe hacer circular una petición y recolectar cierta cantidad de firmas. El número varía de un condado a otro, pero se calcula en función del número de personas que votaron en las últimas elecciones a gobernador.

Quien encabeza la petición debe recolectar firmas que equivalgan al menos al 2% del número de votos, y 100 adicionales.

La petición de Smith fue publicada en bares y cafés de la ciudad y, después de varios meses, consiguió el número suficiente de ciudadanos que apoyaban su petición.

Grandes jurados anteriores

Los miembros de los grandes jurados se eligen entre personas que tienen licencia de conducir o están registradas para votar.

Los miembros actúan como agentes de policía, examinando pruebas. A veces, citan documentos del acusado. Otras veces, solo miran las pruebas que han reunido los agentes de policía.

Pancarta en protesta por los abusos sexuales

Getty Images
Hacer la denuncia inmediatamente y someterse a un examen médico no significa necesariamente que el agresor sea identificado y menos condenado.

Por eso, no llaman ni al acusador, ni al acusado ante ellos.

La ley de Kansas se remonta a 1887 y fue diseñada para garantizar que las personas que no tienen dinero o poder tengan la oportunidad de responsabilizar a alguien por sus acciones.

“Es una forma de asegurarse de que todos los ciudadanos tienen acceso al sistema legal”, dice John Mullen, profesor asociado de filosofía en Bethany College.

Los grandes jurados de ciudadanos en Kansas se han convocado anteriormente por el descontento con obras de arte expuestas en público, porque alguien consideraba que una escultura era indecente, o para exigir investigaciones sobre los médicos que realizan abortos.

Pero no parece que ningún gran jurado haya sido llamado alguna vez para decidir si presentar cargos por un delito sexual.

El jurado tiene 60 días para llevar a cabo su investigación en procedimientos cerrados y confidenciales.

Si se presentan cargos, el caso se manejaría como un asunto penal estándar.

El acusado se declara culpable o no culpable en un juicio con jurado tradicional.

Un debate sobre el consentimiento

Smith está ahora casada y trabaja como asistente médica en un centro de atención familiar. Se ha convertido en una figura reconocible en Lindsborg, su ciudad natal, un lugar apartado y rodeado de campos de trigo.

Sentada en un bar de Main Street unas noches antes de que se reuniera el gran jurado, reflexionó sobre los acontecimientos de los últimos tres años.

“Intentó hacerme mucho daño, y de alguna manera lo hizo”, dice sobre Stolzenburg. “Pero también volví para pelear, y no creo que él lo viera venir”.

Mujer atemorizada

Getty

Algunos han aplaudido los esfuerzos de Smith para presionar por la convocatoria de un gran jurado ciudadano y creen que ayudará a fortalecer la determinación de otras mujeres que acudieron a la policía, tras sentirse violadas o agredidas sexualmente.

Caroline De Filippis, activista de Lindsborg, dice que las mujeres necesitan más protección. “Muchos casos de falta de consentimiento aún son desestimados, o ni siquiera llevados ante la justicia, porque no tienen ‘suficientes’ ”.

“La definición de consentimiento es todavía muy amplia”, agregó, “y no muestra una comprensión de lo que significa ser agredido sexualmente”.

Otros, sin embargo, advierten que se podría abusar fácilmente de este procedimiento. Laura Kipnis, autora de Unwanted Advances: Sexual Paranoia Comes to Campus (Avances no deseados: la paranoia sexual llega al campus), dijo que las investigaciones sobre delitos sexuales en el campus plantean una serie de problemas.

Los incidentes tienen lugar en privado y puede ser extremadamente difícil para los miembros de un gran jurado llegar a una conclusión. “Es casi imposible”, dice. “Están adivinando”.

Las investigaciones también pueden ser devastadoras para los hombres acusados, dice, incluso cuando son exonerados: “Sus vidas quedan destrozadas”.

La vida de Stolzenburg ciertamente ha cambiado.

Su voz en el teléfono es tensa y se nota que luchaba por contener las lágrimas.

Fue suspendido de Bethany después del ataque por violar el código estudiantil de la universidad y perdió su trabajo en una compañía discográfica.

“En ese entonces, tenía 19 años y era nuevo en el sexo y las relaciones sexuales”, dice. Sostiene que su agresión contra Smith fue un intento de representar una “escena sexual” que había visto en internet.

“Pensé que sería algo que podía intentar, y fui estúpido al hacerlo”, dice.


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