"Nos obligaron a buscar justicia fuera del país”: Padres de la ABC en la CIDH
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"Nos obligaron a buscar justicia fuera del país”: Padres de la ABC en la CIDH

Cuatro años después del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las víctimas tienen una nueva esperanza en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por Nayeli Roldán
28 de octubre, 2014
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José García y Patricia Duarte, padres que acudieron a la Comisión Interamericana de DH. //Foto: Animal Político

José García y Patricia Duarte, padres que acudieron a la Comisión Interamericana de DH. //Foto: Animal Político

Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el caso del incendio en la guardería ABC exonerando a los funcionarios de alto rango de cualquier responsabilidad, los padres de los 49 niños fallecidos se sintieron defraudados de la última instancia legal en el país que podía esclarecer el caso. Cuatro años después de ese fallo, las víctimas tienen una nueva esperanza en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “No tendríamos por qué llegar acá, pero la impunidad nos obliga a salir del país”, dice Patricia Duarte, madre de Andrés Alonso, fallecido en la tragedia.

El lunes 27 de octubre, Patricia y su esposo José Francisco García, y los padres de Emmanuel,  Martha García y Manuel Rodríguez, se entrevistaron con los comisionados de la CIDH James Cavallaro, Rosa María Ortiz y el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, durante el 153 periodo ordinario de sesiones realizado en Washington, Estados Unidos, para solicitar la atracción del caso por parte del organismo internacional.

Durante el encuentro, de poco menos de una hora, los comisionados estuvieron receptivos de la exposición que dieron los padres, comenta Martha García en entrevista con Animal Político. “Nos dieron a entender que sí tenemos expectativas. Con esto apenas vamos a la mitad del proceso, pero tenemos la esperanza”.

Los padres coinciden en que después de cinco años de buscar justicia en su caso han sido ignorados. “Lamentablemente en México la justicia no ha sido ni pronta, ni imparcial, ni expedita. El Estado Mexicano nos ha negado el acceso a la justicia. Les falló con el principal derecho, que es el derecho a la vida a nuestros hijos”, afirma José Francisco García.

La principal demanda de los padres es la garantía de no repetición, es decir, que el Estado mexicano provea de los mecanismos legales para que nunca más vuelva a ocurrir un suceso como el que ellos padecieron el 5 de junio de 2009, donde murieron 49 menores de edad en el incendio de la guardería ABC subrogada por el IMSS a particulares.

La búsqueda de la justicia no es solo “por un legado de nuestros hijos, porque a ellos no les pueden regresar la vida, sino es también hacia los demás niños”, dice Guadalupe; su esposo Manuel agrega que aunque el movimiento logró en 2011 la publicación de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil conocida como “Ley 5 de junio”, aún no se está aplicando.

Aún cuando los estados tenían un año para armonizar sus legislaciones con dicha ley, solo Jalisco ha concluido con el proceso. En tanto Sonora, el Estado de México, Puebla, Colima, Baja California y Yucatán ya la publicaron, pero aún falta aprobar el reglamento.

El equipo legal  que acompaña a los padres confía en que la CIDH de entrada a la solicitud, toda vez que cumple con los requisitos de admisibilidad. Stephanie Brewer, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, asegura que el fallo de la SCJN no puede ser impugnado,  por lo tanto, se agotaron las instancias legales en el país para el caso. Además, la no aplicación de la ley 5 de junio hace que no exista garantía para la no repetición, lo cual significa que los principales requisitos están solventados.

Después de esta solicitud y como parte del litigio, la CIDH pedirá al Estado mexicano la respuesta respecto a este caso. Tras analizar los argumentos de ambas partes, los comisionados tomarán la decisión de aceptar o rechazar el expediente para la investigación.

Brewer afirma que el caso tiene altas posibilidades de ser aceptado porque se trata de un “ejemplo paradigmático de la situación de inseguridad, incumplimientos e irregularidades que prevalecían en prácticamente todas las guarderías subrogadas por el IMSS en el país”, cuya responsabilidad incluye a funcionarios de alto nivel como los ex directores del IMSS Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam Toumeh; el ex gobernador de Sonora Eduardo Bours y el ex presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou.

En caso de darle entrada, la CIDH realizaría una investigación sobre lo ocurrido y las omisiones o las faltas por parte del Estado para no garantizar la protección a los derechos humanos. Al final emitiría un informe con las recomendaciones para establecer los mecanismos de reparación de daño, que implicaría la no repetición, y el esclarecimiento de los hechos para que las víctimas tengan acceso a la verdad.

Aunque el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a resolver el caso cuando era candidato, ahora que es parte de la estructura de gobierno, deberá enfrentar esta denuncia internacional, porque “por parte de presidencia hay un desinterés del caso”, sentencia Manuel Rodríguez.

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"Fracasamos": qué pasó con el polémico plan de Suecia contra COVID-19

Suecia ha recibido críticas por su política para manejar la pandemia, menos estricta que la de otros países europeos.
17 de diciembre, 2020
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“Creo que hemos fracasado. Tenemos un gran número de muertos y es terrible”.

Así definió el rey de Suecia, Carlos Gustavo, el año 2020, marcado por la polémica estrategia del país contra la covid-19.

Suecia ha recibido críticas por su gestión de la pandemia, en la que nunca impuso el confinamiento total que se vio en otros países europeos, y basada, más que en normas de obligado cumplimiento, en recomendaciones a la población.

Ha habido casi 350,000 casos de coronavirus confirmados y más de 7,800 muertos en Suecia.

“El pueblo de Suecia ha sufrido tremendamente en condiciones difíciles. Uno piensa en todos los miembros de las familias que no han podido despedirse de sus familiares enfermos. Creo que es una experiencia dura y traumática no poder dar una cálida despedida”, dijo en el programa anual de televisión en el que revisa el año que termina.

Cuando le preguntaron si tenía miedo de resultar infectado con el virus, el rey, que tiene 74 años, respondió: “Últimamente, se ha hecho más evidente, se ha ido acercando más y más. Eso no es lo que uno quiere”.

En lugar de basarse en reglas y sanciones, Suecia apela a la responsabilidad de los ciudadanos y el deber cívico, y las autoridades se limitan a emitir recomendaciones. No hay castigo para quienes hacen caso omiso de ellas.

El gobierno sueco nunca ha impuesto un confinamiento total ni el uso obligatorio de la mascarilla, y bares y restaurantes han permanecido abiertos.

Sin embargo, hace pocos días se solicitó a escuelas en Estocolmo, la capital, que pasen lo antes posible a enseñar a distancia a sus estudiantes de entre 13 y 15 años por primera vez. La medida se anunció en respuesta al aumento de los contagios.

Una semana antes se había decidido la educación a distancia para los mayores de 16 en todo el país.

Y el lunes, llegaron nuevas recomendaciones a nivel nacional sobre distancia social para el periodo navideño que sustituyen a las que habían emitido las autoridades regionales.

El consejo para los suecos es que no se reúnan más de ocho personas, hacerlo al aire libre cuando sea posible y evitar viajar en tren o autobús.

Se mantiene en vigor la prohibición de encuentros públicos de más de ocho personas, lo que afecta a eventos como conciertos, competiciones deportivas y manifestaciones.

La polémica de las medidas “voluntarias”

El epidemiólogo jefe del Estado sueco, Anders Tegnell, dijo en noviembre que la estrategia que seguía el país combinaba medidas legales y acciones voluntarias.

Le dijo a la BBC: “Creemos que es realmente la mejor” en el contexto sueco.

De acuerdo con un informe oficial publicado esta semana, la estrategia nacional fracasó en la protección de los mayores en residencias, algo por lo que el gobierno ha aceptado su responsabilidad.

Más del 90% de las muertes relacionadas con la covid se han producido entre mayores de 70 años y casi la mitad en residencias de mayores y dependientes, afirma el gobierno.

Una mujer recoge muestras de test de la covid-19 en la ciudad sueca de Malmo.

Reuters
La estrategia sueca se ha basado más en la colaboración ciudadana que en normas de obligado cumplimiento.

Tegnell dijo que el organismo que dirige, la Agencia Sueca de Salud Pública, no es responsable de dirigir este tipo de centros y que todos los interesados deben ayudar a mejorar la situación para asegurarse de que los ancianos no se contagien.

Para Tegnell, Suecia ha mejorado en la protección de los mayores, y dijo que ningún país ha tenido un éxito total en esta tarea.

El epidemiólogo sueco recordó en una entrevista en Sverige Radio el miércoles que incluso Alemania estaba siendo ahora duramente golpeada.

Suecia ha sido también señalada por ser uno de los países con un mayor número de casos per cápita y acumula más muertos que todo el resto de estados nórdicos sumados.

Esto ha provocado críticas de vecinos como Noruega, Dinamarca y Finlandia, que se quejan de que la laxa política sueca está poniendo en riesgo la efectividad de sus propias medidas.

El martes, el primer ministro sueco, Stefan Lofven, dijo que tenía la sensación de que muchos expertos habían subestimado la segunda ola.

“Creo que muchos en la profesión no vieron venir semejante ola”, dijo al diario Aftonbladet.


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