Veracruz "desaparece" presupuesto millonario para educación
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Veracruz "desaparece" presupuesto millonario para educación

De 2009 a 2011, la entidad tuvo en sus arcas 716 millones 334 mil 745 pesos como parte del programa Habilidades Digitales para Todos, pero no existe ninguna prueba fiscal de cómo gastó 91 por ciento de ello, es decir 655 millones 782 mil 573 pesos.
Por Nayeli Roldán
6 de octubre, 2014
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El monto que hasta ahora no ha sido comprobado

Con el monto que aún no se ha comprobado se podrían instalar 3 mil 632 aulas equipadas con computadora, proyector, pizarrón electrónico, impresora y conexión a internet.

La Secretaría de Educación Pública erogó más de cinco mil millones de pesos a las entidades federativas durante cuatro años como parte del programa Habilidades Digitales para Todos (HDT) sin que alcanzaran las metas previstas y sin tener la certeza de que el dinero lo hayan gastado para el fin que fue etiquetado: equipar las escuelas con computadoras, proyectores y conexión a internet.

Veracruz es el caso más grave. De 2009 a 2011 tuvo en sus arcas 716 millones 334 mil 745 pesos, pero no existe ninguna prueba fiscal de cómo gastó 91 por ciento de ello, es decir 655 millones 782 mil 573 pesos.

Tan solo en 2011, un año después de que Javier Duarte asumiera la gubernatura del estado, la Federación le entregó 652 millones 210 mil pesos, el mayor monto asignado a alguna entidad para este programa no solo en ese ejercicio fiscal sino durante los tres años de operación de HDT. Incluso, es casi lo mismo que las 32 entidades gastaron en 2009 (779 millones 200 mil pesos), pero la entidad quedó sin comprobar el destino de la totalidad de ese dinero.

Este monto equivale a la instalación de 3 mil 623 aulas, tomando en cuenta que cada una tuvo un costo promedio de 180 mil pesos que incluía computadoras, proyector, pizarrón electrónico, impresora y conexión a internet. El monto también es equiparable al 35% de aulas instaladas en secundarias en todo el país, pues de acuerdo con estadísticas de la SEP, el acumulado de 2009 a 2011 fue de 10 mil 122 salones equipados. Incluso, con ese dinero se podrían comprar 361 mil 735 tabletas electrónicas para un igual número de alumnos, como parte de la nueva estrategia digital de la Federación.

De acuerdo con el “libro blanco” –informe financiero– del programa elaborado por los funcionarios de la dependencia en 2012 y entregada a la nueva administración encabezada por Emilio Chuayffet– esa fue la entidad fue la más irregular durante los ejercicios fiscales de 2009 a 2011.

 ¿Dónde quedó el dinero?

Aunque Veracruz recibió el mayor monto presupuestal durante 2011, al terminar el año no había realizado ninguna licitación, contrato o convenio para equipar y conectar las 3 mil 78  aulas a internet que se había comprometido y ni siquiera había fijado una fecha de entrega y tampoco envió los informes mensuales de la cuenta bancaria donde la SEP realizó el depósito de los recursos, según lo reporta la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública.

La única justificación de los más de 652 millones de pesos se esboza en el primer informe de gobierno de Javier Duarte -2011-. En un párrafo se informa la instalación de 444 aulas telemáticas y la capacitación a mil docentes.

En el informa del siguiente año, la información es más ambigua: “se benefició a 306 mil 88 alumnos de 924 escuelas de educación básica y se incorporaron cinco escuelas de educación al programa (HDT) con la participación de UNETE”, sin aclarar cuántas aulas telemáticas se instalaron durante el año, pero menciona que entre los logros de HDT está la “preparación de 25 docentes como capacitadores-evaluadores de proyectos de aprendizajes con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación”.

Con base en estas irregularidades, la ASF solicitó a la Contraloría General del Gobierno del Estado de Veracruz una investigación y el inicio de procedimientos administrativos correspondientes “por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no acreditaron la aplicación de los recursos ministrados”, toda vez que esta falta constituye “un probable daño” al erario público.

Además, en 2009 cuando recibió 63 millones 829 mil pesos, dejó sin comprobar tres millones 397 mil 73 pesos; para el año siguiente, de los 295 mil 500 pesos, no hubo justificación de 175 mil 500 pesos y en 2011, recibió 652 millones 210 mil pesos, de lo que no comprobó un peso.

Por ello, la Secretaría de Educación Pública pidió al gobierno estatal el reintegro de ese dinero, como lo establece las reglas de operación del programa para los recursos no devengados. En el oficio con fecha 29 de mayo de 2012, dirigido a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Función Pública se explica que Veracruz “ha sido omiso en la atención de los requerimientos del cumplimiento a los compromisos y obligaciones previstos”,  referente a la comprobación del destino del gasto, por lo que se pide la intervención de la dependencia para “aclarar la utilización del recurso conforme a la norma o en su caso el reintegro del mismo”.

Otra solicitud en el mismo sentido fue dirigida al contralor general de Veracruz, Iván López Fernández el 19 de julio de 2012, para que “iniciar los procedimientos correspondientes y demás acciones legales”, pero hasta el momento no se ha hecho público nada de la investigación. Sin embargo, en marzo pasado hubo la destitución de Gabriel Deantes, subsecretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado y el oficial mayor de la Secretaría de Educación de la entidad, Edgar Spinoso, sin que el gobierno estatal diera explicación sobre el motivo, pero sucedió unos días después de que el presidente de la organización Mexicanos Primero, Claudio X. González, acusara a Veracruz como “el número uno en irregularidades”.

A través de una solicitud de información, Animal Político pidió a la Secretaría de Educación de la entidad el gasto desglosado, copia de las facturas y contratos realizados en los ejercicios fisacales de 2009, 2010 y 2011 como parte del programa HDT. Además de la base de datos de las escuelas con aulas telemáticas, incluyendo clave de trabajo y dirección; sin embargo, no entregó la información.

La oficina de Acceso a la Información del estado respondió que se trata de “información reservada”, pues aunque se trate de un recurso entregado hace tres años, está en etapa de “solventación de observaciones ante las autoridades federales (…) En tanto no cause definitividad, no es posible atender la solicitud”.

Aunque este medio solicitó una entrevista con el titular de la dependencia, Adolfo Mota Hernández, no ha habido respuesta hasta el momento. Y es que lo ocurrido en el ejercicio fiscal de 2011 forma parte de su responsabilidad, toda vez que asumió el cargo en 2010, al inicio de la gubernatura de Javier Duarte, luego de ser subsecretario de Educación durante la administración de Fidel Herrera y presidente del comité directivo estatal del PRI y diputado federal por ese partido.

 Estados incumplidos

Los recursos a los estados eran asignados por la Subsecretaría de Educación Pública, cuyo titular era Fernando González yerno de Elba Esther Gordillo, la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Sin embargo, los mecanismos de distribución carecían de claridad, según detectó la ASF por lo que realizó observaciones al respecto durante el análisis de la cuenta pública de 2010. Las reglas de operación “no se incluían los criterios de distribución, aplicación y comprobación que permitieran asegurar la transparencia de los recursos”, se explicó.

Los otros implicados en el programa y que distribuían los recursos y debían dar seguimiento a las metas del programa eran Juan José de la Mora, entonces coordinador nacional de HDT y la directora de Materiales Educativos, Edith Bernáldez, gente de confianza de Fernando González y Elba Esther Gordillo, y quien actualmente es titular de la Unidad de Vinculación, Fortalecimiento Educativo y Coordinación Paraestatal en la SEP de Puebla.

Sin embargo, ninguno de estos funcionarios lograron que HDT cumpliera con las expectativas. Al inicio del programa, la SEP planteó como meta la instalación de 208 mil aulas telemáticas en todo el país, para lo cual recibió un presupuesto de siete mil 22 millones 693 mil 470 pesos, de 2009 a 2011, de lo cual, cinco mil millones 490 mil pesos se otorgó a las entidades federativas. Sin embargo, al concluir dichos ejercicios fiscales solo lograron 10 mil 122 aulas telemáticas, según se informa en el libro blanco de la SEP.

Ahí se explica que tan solo en 2011 la meta de cumplimiento alcanzó 7.9 por ciento y se justifica que “el equipamiento de aulas se ha mantenido por debajo de la meta esperada debido a que el programa no contó con el recurso suficiente para el equipamiento y conectividad que se distribuye a las entidades, por lo que sólo fue posible atender a Secundarias Generales, Técnicas y Telesecundarias”.

En tanto, la ASF reportó que, aunque la federación otorgó recursos para este programa, no los aplicaron, por lo que Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Zacatecas realizaron reintegros extemporáneos por 290 millones 519 mil pesos. Mientras que Jalisco tuvo que regresar 272 millones 278 mil pesos que no ejerció.

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Vacunas COVID: A qué se debe el secretismo que rodea los contratos entre los gobiernos y las farmacéuticas

Los detalles de los contratos entre algunas grandes farmacéuticas y los gobiernos son confidenciales, lo que ha provocado críticas y sospechas.
28 de enero, 2021
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El mundo entero se disputa una plaza para recibir la vacuna contra el coronavirus, un bien todavía demasiado escaso y producido por pocos laboratorios farmacéuticos.

Los gobiernos firman contratos con las compañías que han desarrollado esas vacunas en tiempo récord y, sin embargo, información crítica de esos acuerdos permanece oculta para el gran público debido a estrictas cláusulas de confidencialidad.

Cuánto cuestan o cómo se distribuirán son detalles que en la mayoría de los casos la ciudadanía desconoce, porque así lo exigen los acuerdos firmados.

En Perú, por ejemplo, las negociaciones entre el gobierno y la compañía Pfizer encallaron por este motivo. Y en Colombia el gobierno afirma que las cláusulas de confidencialidad le impiden ofrecer aún un cronograma claro de vacunación.

El problema es mundial.

En respuesta a una petición de información en el Parlamento Europeo a mediados de noviembre, la comisaria de Salud, Estela Kiriakides, afirmó: “Debido a la naturaleza altamente competitiva de este mercado, la Comisión está legalmente imposibilitada para desvelar la información que contienen estos contratos”.

Y la ministra belga de Presupuesto, Eva de Bleeker, tuvo que retirar poco después de publicarlo un mensaje en Twitter en el que recogía la lista de precios de los laboratorios con los que había negociado la UE.

A las quejas por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por algunos fabricantes de vacunas, se suman ahora las de las voces que exigen mayor transparencia en un asunto de salud pública vital.

Y la polémica sigue subiendo de tono, sobre todo en la Unión Europea (UE), enojada después de que los laboratorios Pfizer y AstraZeneca le comunicaran que no estarán en condiciones de suministrar al bloque la cantidad de dosis iniciales acordadas.

Ello ha llevado a que, según fuentes de la UE citadas por la agencia Reuters, desde Bruselas se les exija a las farmacéuticas que hagan públicos los términos de los contratos y amenace con controlar las exportaciones de las vacunas producidas en Europa.

¿Por qué tanto secreto?

Una práctica habitual

Según Jonathan García, experto en salud pública en la Universidad de Harvard, en EE.UU., “esto no es nada nuevo; es frecuente que en los contratos entre los sistemas de salud de los países y las farmacéuticas se incluyan cláusulas de confidencialidad”.

“Los laboratorios buscan fraccionar el mercado para poder negociar precios distintos con los distintos países”, añade.

Esto les permite negociar con los países en función de sus recursos, ofreciéndoles precios más bajos a los países pobres o en desarrollo y exigiendo cantidades más altas a los más ricos.

La compañía AstraZeneca ha revelado que la vacuna que ha desarrollado en colaboración con la Universidad de Oxford tendrá un coste aproximado de entre 3 y 4 dólares por dosis (se requieren dos). Pero el suyo es por ahora un caso excepcional.

Además de los precios, se mantienen muchas veces en secreto la información relativa a la producción y logística, y las conocidas como cláusulas de responsabilidad.

En ellas se estipulan límites a la responsabilidad de los laboratorios en el caso de posibles efectos adversos de los medicamentos y se indica que si hay diferencias no las resolverán los tribunales nacionales, sino unas cortes especiales de arbitraje internacional.

Vacuna de Pfizer.

Reuters
Pfizer es una de las compañías señaladas por la exigencia de confidencialidad en los contratos.

Las voces que reclaman mayor transparencia alertan de que la urgencia por el desarrollo de una vacuna para una enfermedad que se ha cobrado ya más de dos millones de vidas en todo el mundo ha podido llevar a los gobiernos a aceptar limitaciones de responsabilidad aún mayores.

En la Estrategia para la Adquisición de Vacunas que hizo pública la Comisión Europea se decía que “la responsabilidad por el desarrollo y el uso de la vacuna, incluida cualquier indemnización específica requerida, recaerá sobre los Estados miembros que la adquieran”.

El caso de Perú

Un país de América Latina, Perú, se ha convertido en ejemplo destacado de los problemas que acarrea esta limitación de responsabilidad para las farmacéuticas.

Las negociaciones del gobierno peruano con la compañía Pfizer para la adquisición de la vacuna no cuajaron porque, según dijo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, “se identificaron algunas cláusulas que requerían un análisis más profundo para determinar la compatibilidad con las leyes peruanas y los alcances que puede asumir el Estado”.

BBC Mundo trató de contactar con Pfizer, pero no obtuvo respuesta.

La falta de acuerdo con Pfizer llevó a las autoridades peruanas a buscar otras opciones, como la vacuna del fabricante chino Sinopharm.

Mujer recibe la vacuna en Hungría.

EPA
El ritmo al que avanza la vacunación varía según los países.

Al contrario de lo que sucede en otros países de la región, como Argentina o Chile, la vacunación no ha comenzado aún en Perú y las autoridades no han podido ofrecer un cronograma seguro.

En Colombia, el gobierno ha sido objeto de fuertes críticas por no haber comenzado aún a vacunar a la gente y haber aludido a las cláusulas de confidencialidad para justificar por qué no podía ofrecer aún una fecha para comenzar a hacerlo.

La confidencialidad en los contratos, sin embargo, cuenta con defensores, con base, sobre todo, en los llamados “subsidios cruzados”. Al poder cobrarles más a los países ricos, los laboratorios se ven en condiciones de ofrecer precios asequibles a los países con menos recursos.

El economista David Bardey señala en conversación con BBC Mundo que si hubiera transparencia en los precios de los medicamentos, “sería más complicado para los laboratorios cobrar precios más altos a los países más ricos si estos pueden observar precios menores para otros países”.

“Si queremos que los países más desarrollados paguen más, es mejor que los precios no sean públicos“, indica el experto, que alerta además de que los países más avanzados están adquiriendo muchas más dosis de las que necesitan porque “sus gobiernos tienen una gran presión de su opinión pública y eso los está empujando a una especie de nacionalismo sanitario”.

Se suele aludir también al derecho que tienen las compañías a obtener un beneficio de las grandes inversiones que hacen en investigación.

Y un tercer factor son los derechos de propiedad intelectual. Un experto español en salud pública que prefirió no dar su nombre resume el papel que, a su juicio, están jugando los grandes laboratorios occidentales: “Están defendiendo su patente para evitar que otros la fabriquen en la India y se las vendan a menor coste a los países pobres”.

Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

EPA
Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se enfrenta al problema de hacer que las farmacéuticas cumplan sus compromisos.

Jonathan García cree que los argumentos a favor de la transparencia ganan valor en el contexto de la pandemia.

“Estamos hablando de una emergencia sanitaria global, de algo que sucede cada 100 años, ante lo que uno esperaría que el sistema utilizara mecanismos mucho más transparentes y buscara un esquema más cooperativo. En cambio vemos que se sigue buscando un mercado monopólico y mantener ventajas en los precios”.

Las diferencias en el acceso a las vacunas han llevado al mundo a un riesgo de “fracaso moral catastrófico”, como definió el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, el hecho de que los países más necesitados vayan a tener que esperar años para inmunizar a su población.

La historia de las epidemias muestra que no sería la primera vez. Ya sucedió con la poliomielitis y la viruela, enfermedades erradicadas mucho antes en los países más avanzados.

O con el VIH, que todavía diezma a muchas poblaciones africanas cuando los pacientes en el llamado primer mundo han visto prolongada significativamente su esperanza de vida gracias al desarrollo de los tratamientos antirretrovirales.

“Los medicamentos están disponibles; el problema son los costos”, indica García.

Y los países de renta media, como la mayoría de los de América Latina, no pueden permitirse al negociar con los laboratorios la actitud exigente mostrada por la Unión Europea, un bloque formado por 27 estados entre los más prósperos del mundo.

*Con información adicional de Martín Riepl en Lima y Carlos Serrano en Miami.


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