En el DF sólo se considera víctimas si una autoridad acepta que violó derechos
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En el DF sólo se considera víctimas si una autoridad acepta que violó derechos

Contrario a la Ley General de Víctimas, las reglas de reparación del daño de la capital dicen que la autoridad sólo se hará responsable si hay una recomendación de la CDHDF o de la CNDH y pagará si es que tiene recursos.
Por Tania L. Montalvo
24 de noviembre, 2014
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Actualmente se encuentra en proceso la designación del nuevo ombudsman en el Distrito Federal. //Foto: Cuartoscuro.

Actualmente se encuentra en proceso la designación del nuevo ombudsman en el Distrito Federal. //Foto: Cuartoscuro.

En la capital del país sólo son víctimas de violaciones a derechos humanos las personas que consigan que la autoridad agresora acepte los abusos a través de una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) o de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); pues de otra forma no puede exigir la reparación del daño por las faltas cometidos en su contra.

Una persona deberá ser plenamente identificada “por nombre y apellido” en la recomendación de una de esas comisiones para que una autoridad asuma su responsabilidad en las violaciones de derechos humanos y sólo entonces se podrá decir que es una víctima, según los Lineamientos para el pago de la indemnización económica que publicó el pasado 23 de septiembre el Gobierno del Distrito Federal.

La calidad de víctima queda limitada a la aceptación por parte de la autoridad responsable de la violación a los derechos humanos, lo que representa el riesgo de excluir un universo amplio de víctimas y deja fuera a las víctimas que puedan ser identificables en relación con los mismos hechos (…) Los lineamientos parecen ser una medida inadecuada para implementar en el Distrito Federal la Ley General de Víctimas, representan un retroceso en materia de reparación por violaciones a derechos humanos y desnaturaliza el concepto de reparación integral”, concluye el análisis del documento del GDF hecho por diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos.

En la Ley General de Víctimas se establece que una víctima es aquella persona que ha sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquiera que ponga en peligro sus buenos o derechos; por la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos.

Pero organizaciones civiles como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Litigio Estratégico para Derechos Humanos o la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho advierten que los lineamientos del GDF para la atención de víctimas no sólo son en perjuicio de éstas y propician su revictimización; si no que complican la implementación de la Ley General promulgada por el presidente, Enrique Peña Nieto, en enero de 2013.

Los lineamientos del GDF establecen que para ser reconocidas como víctimas y recibir la indemnización, una persona deberá acudir personalmente y con identificación oficial con una autoridad para manifestar “bajo protesta de decir verdad que es víctima de violación de derechos humanos y (su caso) se encuentra perfectamente individualizado en una recomendación o conciliación” de la CDHDF o de la CNDH.

Un procedimiento así revictimiza, pues después de un largo proceso ante un organismo autónomo como la CDHDF o la CNDH las víctimas deberán enfrentarse a otro proceso para determinar y establecer una indemnización”.

Pero además, los lineamientos del GDF indican que los recursos que se dispondrán para las indemnizaciones sólo serán con los que cuente la autoridad responsable de la violación y no señala la obligatoriedad de resarcir el daño en caso de que una entidad se declare “sin recursos disponibles” en su presupuesto.

No se cuenta con un fondo específico para ello (la indemnización) ni se indica que se haya previsto etiquetar recursos para ello, sino que el pago de la cantidad que sea determinada, dependerá de la existencia de los recursos de la autoridad responsable. (Y) los lineamientos dejan de lado la atención inmediata que se le debe dar de manera gratuita a las víctimas de violaciones a derechos humanos, como la atención médica, psicológica, de educación, alimentación, vivienda o en materia de protección a la integridad personal, servicios que además  se deberán otorgar hasta la total rehabilitación e integración de la víctima”, alertan las organizaciones civiles.

El GDF también considera que las víctimas en situación de vulnerabilidad serán un caso especial al calcular el monto de reparación por daño material e inmaterial y ubica a mujeres, personas con discapacidad, indígenas, menores de 18 años, de la población Lésbico Gay Bisexual Transexual Travesti Transgénero e Intersexual y en situación de calle en ese rubro.

Sin embargo, los defensores de derechos humanos señalan que el GDF toma en cuenta un concepto de vulnerabilidad cambiante y deja fuera a las personas privadas de su libertad como un grupo a tomar en cuenta.

“Hay parámetros y criterios arbitrarios para determinar las indemnizaciones y la incorporación a programas sociales del Distrito Federal a las víctimas de violaciones a los derechos humanos”. Por ejemplo, un Grupo de Trabajo integrado por la Secretaría de Gobierno, la Contraloría General y la Secretaría de Finanzas, determinará cómo llevar a cabo la reparación del daño; en lugar de que se haga a través de “órganos imparciales”.

Y aunque la CDHDF celebró en septiembre pasado la emisión de los Lineamientos y los calificó como “un avance significativo en la garantía de los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos”, los defensores de derechos humanos piden que el organismo haga uso de sus atribuciones constitucionales y su autonomía para proteger los derechos de las víctimas.

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La mujer chilena que quiere que le dejen interrumpir su embarazo tras tomar anticonceptivos defectuosos

Más de 170 mujeres quedaron embarazadas luego de que el sistema de salud público chileno les diera anticonceptivos defectuosos. Esta es la historia de una de ellas.
20 de marzo, 2021
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Fue en octubre del año pasado cuando Javiera*, de 32 años, descubrió que estaba embarazada.

La noticia le resultó sorprendente. Hacía tres años que tomaba anticonceptivos.

Sin embargo, el test salió positivo.

La mujer descubrió entonces que no era la única.

Ella y otras 170 mujeres en Chile habían sido víctimas de un escándalo que ha golpeado fuertemente al sistema de salud público de ese país: la administración, por error, de anticonceptivos defectuosos a miles de mujeres.

La pastilla se llama Anullete CD, del Laboratorio Silesia S.A, y, hasta hace siete meses era repartida a más de 300.000 personas acogidas al programa de planificación familiar del Estado.

El Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile alertó de esta situación en agosto del año pasado, solicitando el retiro del mercado de estos anticonceptivos.

Pero la medida llegó demasiado tarde. El comprimido había estado en circulación por más de un año y las denuncias sobre embarazos no deseados aumentaban todos los días.

A pesar de que la mayoría de esas 170 mujeres ha optado por continuar con sus embarazos, Javiera decidió solicitar un aborto.

Así, el 17 de diciembre del año pasado, la joven se dirigió al Centro de Salud Familiar (Cesfam) donde la atendían y presentó su petición.

mujer embarazada

Getty Images
La mayoría de las chilenas afectadas por los anticonceptivos defectuosos han decidido continuar con sus embarazos.

En Chile, la interrupción del embarazo está permitida bajo tres causales: la inviabilidad del feto, peligro de la vida de la madre o violación. Para las dos primeras, no hay límite en las semanas de gestación del embarazo.

Javiera se acogió a la segunda causal, argumentando que, producto de la situación en la que se encuentra, estaba sufriendo un importante daño psicológico y, en consecuencia, su vida estaba en peligro.

El Cesfam no respondió a su solicitud y entonces Javiera decidió acudir a los tribunales.

Argumentos del recurso de protección

Desbalance en su salud psíquica, crisis de pánico, angustia, falta de apetito, síntomas de desánimo e incluso carencia de motivación que le han impulsado a tener “ideas suicidas” fueron parte del cuadro de salud que la mujer esgrimió ante la justicia chilena.

La joven aseguró además que no cuenta con medios económicos ni redes de apoyo para cuidar a un hijo o hija, pues recién está dando los primeros pasos para ejercer su profesión técnica.

movimiento feminista chile

Getty Images
El movimiento feminista en Chile ha abogado fuertemente por los derechos reproductivos de la mujer.

El recurso de protección presentado ante los tribunales por la defensa de Javiera -quien hoy ya tiene 23 semanas de embarazo-, plantea que el Cesfam donde se atendía tuvo un “actuar ilegal y arbitrario” al omitir la solicitud de aborto y solicita que se evalúe su estado psíquico con el fin de optar a una interrupción del embarazo.

Un fallo “significativo” para los derechos de las mujeres en Chile

Este miércoles, la Corte de Apelaciones de San Miguel, en Santiago, acogió el requerimiento de la joven, marcando un importante precedente para los derechos reproductivos de las mujeres en Chile.

En un fallo unánime, el tribunal resolvió que en el caso de Javiera hubo vulneración al derecho a la vida, integridad física y psíquica de la mujer, como también una vulneración a su derecho a la igualdad ante la ley.

Además, la sentencia concluyó que al no responder a la solicitud inicial de la mujer, el Cesfam había actuado, en efecto, no solo de forma “caprichosa” y “arbitraria” sino también “ilegal”.

La Corte de Apelaciones ordenó que dentro del plazo de cinco días el Centro de Salud Familiar evalúe a la mujer para determinar si se puede o no acoger a la causal de interrupción del embarazo.

De acuerdo con el dictamen, el Estado de Chile tiene una “obligación proactiva de cuidar la vida y la integridad física y psíquica de las personas” y “abandonó esta obligación desde que entregó anticonceptivos defectuosos”.

Los jueces, además, afirmaron que “la falta de medios físicos, espirituales, económicos y sociales” en un embarazo no deseado representa un riesgo vital en sí mismo, que muchas veces “perpetúa la precariedad de las mujeres”.

aborto manifestaciones

Getty Images
En Chile, el aborto es legal solo en tres causales.

“Este fallo es muy significativo en la posibilidad de avanzar, tanto en términos jurídicos como sociales, en los derechos reproductivos de las mujeres en Chile”, dice a BBC Mundo la abogada Laura Dragnic, de la Corporación Miles, que representó a Laura en el requerimiento.

La abogada, además, asegura que la sentencia marca un precedente respecto a la ley de aborto en el país sudamericano.

“El fallo habla de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho legal. Y eso es importante porque en general la interpretación de la ley de aborto en Chile es para circunstancias de extrema necesidad”, señala.

“Hasta ahora no se ha comprendido como un derecho propiamente. Y eso es muy significativo, sobretodo considerando las discusiones que se avecinan en cuanto al aborto legal dentro del proceso constituyente”, agrega.

Pero a Javiera todavía le queda camino por recorrer. La Cesfam deberá pronunciarse respecto a su salud y, luego, se resolverá si puede interrumpir o no su embarazo.

De todas maneras, la demora en el proceso no la ha ayudado. Con 23 semanas de embarazo, un aborto no es lo más recomendado.

Al respecto, Laura Dragnic afirma que la decisión la tomará una vez que exista una resolución final por parte del Cesfam.

*La organización querellante solicitó mantener la confidencialidad respecto al verdadero nombre de Javiera, con el fin de resguardar su privacidad.


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