El caso que las autoridades ignoraron y por el que ahora está consignado Abarca
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El caso que las autoridades ignoraron y por el que ahora está consignado Abarca

José Luis Abarca no está preso por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sino por la desaparición forzada y el homicidio de tres líderes campesinos ocurrido en el año 2013. La organización civil Red Solidaria Década Contra la Impunidad señala que desde junio de 2013 denunció la responsabilidad del exalcalde de Iguala en este caso, pero las autoridades lo ignoraron.
Por Manu Ureste
7 de noviembre, 2014
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Foto: AP

José Luis Abarca y su mujer, María de los Ángeles Espinosa, fueron detenidos en una casa en la delegación Iztapalapa el pasado 5 de noviembre. Se les acusa de estar detrás de los eventos que provocaron la muerte de 6 personas y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre. // Foto: AP

El exalcalde de Iguala José Luis Abarca no está preso por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sino por tres homicidios ocurridos en el año 2013. Se trata del caso de Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera y Ángel Román Ramírez, integrantes de una organización campesina que fueron privados de su libertad junto con otras cinco personas y posteriormente asesinados entre el 30 de mayo y el 1 de junio de 2013, en Iguala.

El pasado 21 de octubre, a un año y cuatro meses de que tuviera lugar los hechos, la PGR concluyó las investigaciones en las cuales se tenía indicios de la probable responsabilidad de José Luis Abarca en estos tres homicidios y decidió consignar el caso con un juez, quien determinó que había elementos suficientes para girarle orden de aprehensión.

Este viernes un juez federal le informará al exalcalde de Iguala durante su declaración preparatoria que podría ser procesado por los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad y delincuencia organizada.

Destaca que otro de los casos por los que será juzgado es el homicidio de Justino Carbajal Salgado, sobrino del perredista Félix Salgado Macedonio, ocurrido el 8 de marzo de 2013.

Ante la PGR, Abarca declaró ser inocente y no haber participado en el homicidio de estas personas, incluso dijo no conocerlas.

Autoridades ignoraron testimonio contra Abarca durante más de un año: OSC

Tras la detención el pasado 5 de noviembre de José Luis Abarca, la organización civil Red Solidaria Década Contra la Impunidad (RSDCIAC) denunció en rueda de prensa ayer jueves que desde junio de 2013 denunció la responsabilidad del exalcalde de Iguala en la desaparición y posterior asesinato de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera, líderes campesinos de Unidad Popular y opositores al gobierno de Abarca que fueron privados de su libertad el 30 de mayo de 2013 junto con otras cinco personas, entre quienes se encontraba Nicolás Mendoza, sobreviviente y testigo de torturas y asesinatos de los que el exedil sería el autor intelectual y también material. 

La RSDCIAC criticó que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso del asesinato de los tres líderes campesinos hasta julio del 2014, un año después de que en junio del 2013 el Obispo José Raúl Vera solicitara ante los medios de comunicación la atracción del caso por parte de la fiscalía de la República, petición a la que también se sumaron organizaciones civiles internacionales como Human Right Watch, y la Oficina de Washington en Latinoamérica (WOLA, por sus siglas en inglés).

Asimismo, Sofía Lorena Mendoza, viuda de Arturo Hernández Cardona, acusó durante la conferencia de prensa al Congreso del Estado de Guerrero de retardar y entorpecer a la labor de la justicia contra José Luis Abarca. En este sentido, Mendoza, que también es regidora de Desarrollo Rural del municipio de Iguala, recordó que tras el asesinato de su marido y de dos integrantes de Unidad Popular interpuso una solicitud de desafuero contra el expresidente municipal perredista el pasado 27 de junio de 2013.

Sin embargo, la petición nunca fue contestada. Y José Luis Abarca continuó en el cargo hasta el 10 de octubre de 2014, día en el que los diputados locales guerrerenses aprobaron el juicio de revocación de mandato del experredista -a quien ya se le buscaba por los hechos de violencia ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre-, un año y cuatro meses después de la denuncia de Sofía Mendoza.

Ante esta situación, tanto Sofía Mendoza, como la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, recalcaron que la detención el pasado 5 de noviembre del matrimonio Abarca en una casa de la delegación Iztapalapa “no es suficiente”, y exigieron al Gobierno mexicano que responda ante los organismos internacionales “por la omisión a este caso que trajo como consecuencia los lamentables hechos del pasado 26 de septiembre”. 

Además, responsabilizaron a las autoridades federales de la integridad física y psicológica del testigo Nicolás Mendoza y su familia, “subrayando que han tenido que dejar su única propiedad que se encuentra en Iguala y que han sufrido persecución permanente e incursiones de personas armadas, en grupos mayores de seis y siempre vestidas de negro, en los lugares que han habitado y en los que han tenido que abandonar junto con sus pocas pertenencias”.

Nicolás Mendoza, a quien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aún no ha otorgado medidas cautelares de protección, a pesar de que éstas fueron solicitadas en junio del 2013 debido a que su vida corre peligro, narra en su testimonio ante notario que, además de ordenar el secuestro y la tortura de los integrantes de Unidad Popular, el exedil mató personalmente con una escopeta a Arturo Hernández Cardona dándole dos disparos, uno en la cara y otro en el pecho. En estos hechos también participó, según el testigo, el jefe de policía municipal, Felipe Flores, quien actualmente sigue prófugo tras la desaparición de los 43 normalistas.

Lee a continuación el testimonio de Nicolás Mendoza sobre cómo ocurrieron los hechos entre el 30 de mayo y el 1 de junio de 2013 en el que fueron asesinados tres integrantes de Unidad Popular, y por los que el exalcalde de Iguala está hoy preso:

****

“¿Qué tanto estás chingando con el abono? Me voy a dar el gusto de matarte”.

Quien grita, lata de cerveza en mano y escoltado por el jefe de policía municipal, es el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.

Es la madrugada del 1 de junio del 2013 y Nicolás Mendoza y otros siete integrantes de Unidad Popular, llevan casi dos días secuestrados, soportando torturas, y con la angustia de ver sus propias tumbas cavadas.

Todo comienza a las cuatro y media de la tarde del 30 de mayo, cuando los integrantes de la Unidad Popular van de regreso de un acto de protesta contra el alcalde de Iguala. En aquel entonces, detalla el testigo, la camioneta en la que viajan Arturo Hernández (de quien Nicolás Mendoza es su chofer), Héctor Arroyo, Efraín Amates, Gregorio Dante Cervantes, Ángel Román Ramírez, Félix Rafael Bandera y Jimmy Castrejón, es interceptada entre el tramo que va de la caseta de cobro de Iguala hasta el crucero de Tuxpan por una Cherokee color gris y una Ford Explorer roja.

De los autos salen seis personas vestidas completamente de negro y armadas con pistolas. Disparan al ingeniero Arturo Hernández en la pierna derecha para evitar cualquier tipo de resistencia, y luego los amagan a todos, les vendan los ojos, y los trasladan a un paraje a las afueras de Iguala.

“Cuatro hombres armados con cuernos de chivo nos estuvieron cuidando esa noche; uno de ellos nos golpeaba con un machete largo, un látigo de alambre y una tabla con forma de paleta”, cuenta Mendoza en su declaración.

A la mañana siguiente, ya 31 de mayo, diez hombres con armas largas se unen a las torturas contra los integrantes de Unidad Popular. Las palizas se extienden hasta por la tarde, cuando a las 18 horas dos de los sicarios comienzan a cavar una fosa.

“Ya muy noche –dice el testigo- llegaron tres personas de los cuales conozco y conocí a dos y si me las ponen enfrente las puedo señalar y son: el presidente municipal de nombre José Luis Abarca Velázquez, al secretario de Seguridad Pública y otra persona que no conozco. Todas ellas con una cerveza Barrilito en la mano”.

A continuación, José Luis Abarca ordena a los sicarios que continúen con la tortura de las ocho personas. Estos proceden durante un tiempo, hasta que el entonces presidente municipal de Iguala se dirige al ingeniero Arturo Hernández y le dice: “¡Qué tanto estás chingando con el abono, me voy a dar el gusto de matarte!”.

Los sicarios siguen cebándose con el ingeniero y luego le dan un descanso de diez minutos. En ese entonces, el director de la policía municipal lo levanta del suelo y se lo lleva hasta la fosa ubicada a unos diez metros de donde está el resto de secuestrados. Hasta allí llega José Luis Abarca, quien “le da un escopetazo en la cara y otro en el pecho” a Arturo Hernández, para luego dejarlo tirado en la fosa.

Tras las detonaciones, una fuerte lluvia comienza a caer. Uno de los secuestrados trata de huir víctima del pánico, pero es interceptado por los sicarios, quien lo asesinan en el momento.

“El compañero Félix Rafael Bandera Román, al tratar de escapar fue ejecutado, lo sé y me consta porque tres de las personas que nos vigilaban trajeron de regreso el cuerpo”, explica Nicolás.

“Esa noche –agrega- nos volvieron a interrogar, preguntándonos nuestras direcciones, nuestra relación con el ingeniero Arturo Hernández y nuestra participación en la Unidad Popular. Desde ese momento se dedicaron a amenazarnos; sólo decían entre ellos que tenían que esperar para ejecutarnos, se dedicaron a excavar fosas. Alrededor de las 10 de la noche, reciben una llamada, y se escucha la orden de que “se debía de destapar los depósitos y sacar los cuerpos, porque se puso cabrón”.

En cumplimiento de la orden, los sicarios sacan de la fosa los cadáveres de Arturo Hernández y de Félix Bandera, los meten en la Cherokee, y meten también en la camioneta al resto de personas secuestradas. De ahí los llevan hasta un basurero en Mezcala, cuando Ángel Román Ramírez trata de huir y también es asesinado a balazos. Mientras esto sucede, el resto de los secuestrados aprovecha el descuido de sus captores y comienzan a correr con dirección al monte. Allí, entre los árboles, huyen de los disparos de los sicarios.

*Este es el documento del testimonio ante notario de Nicolás Mendoza:

testimonio Nicolás Mendoza

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Por qué en México están apareciendo “antimonumentos” (y cómo reflejan los episodios más oscuros de su historia reciente)

Instalados por movimientos sociales en las calles de la capital mexicana, los "antimonumentos" intentan que las víctimas de casos de violencia emblemáticos y a la espera de justicia no se olviden.
8 de diciembre, 2020
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En México, un país donde nueve de cada diez delitos denunciados quedan impunes, los familiares de las víctimas luchan por conseguir que sus casos no caigan en el olvido.

Con ese objetivo afloraron en los últimos años en el país los llamados “antimonumentos”, unos memoriales que simbolizan historias muy distintas pero que comparten una finalidad: el recordar que sus casos continúan a la espera de justicia.

Todos fueron colocados en espacios de la vía pública por ciudadanos y movimientos sociales al margen de las autoridades, ya que precisamente lo que persiguen es “denunciar la inacción o poca empatía del Estado”, le dice a BBC Mundo el doctor en Antropología Alfonso Díaz Tovar.

Autor de la investigación “Antimonumentos. Espacio público, memoria y duelo social en México”, el experto destaca cómo los monumentos “tradicionales” son instalados por el Estado para que perduren en el tiempo y representen “discursos oficiales y verdades históricas”.

“Pero los antimonumentos surgen para deconstruir esas posturas oficiales mediante una apropiación del espacio público, digamos ‘caótica’, y que sí tienen una temporalidad”, apunta.

Así, según Díaz Tovar, mientras los monumentos representan ideas generales sobre la historia de una nación, los antimonumentos simbolizan historias que aún no han terminado, que actúan como una memoria que no está cerrada sobre algo pendiente y que no ha podido acceder a la justicia.

Varios de estos conjuntos están distribuidos por buena parte de México, como la imponente cruz de clavos en Chihuahua (y su réplica en Ciudad Juárez) que fue uno de los primeros que se instaló para representar a cada una de las mujeres asesinadas o desaparecidas desde los años 90.

Sin embargo, probablemente son los antimonumentos de la capital del país los que logran mayor atención, al haberse levantado en puntos emblemáticos y muy transitados de una de las ciudades más pobladas del mundo.

Esta es la historia -y la reivindicación- de los siete antimonumentos de Ciudad de México.

1. Los 43 de Ayotzinapa

Antimonumento de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

Marcos González

El primer antimonumento fue levantado en 2015 en memoria de uno de los casos de desaparición forzada más escandalosos y reconocidos internacionalmente en la historia reciente de México.

Un año antes, 43 jóvenes estudiantes de una escuela de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, desaparecieron en el municipio de Iguala.

Seis años después, el caso sigue sin resolver y está considerado como uno de los mayores episodios de violaciones de derechos humanos en el país.

El Paseo de la Reforma, una de las arterias principales de la capital mexicana, se convirtió en escenario de habituales protestas por este caso y fue el lugar donde sus padres inauguraron un gran “+ 43” en rojo, en alusión a las otras miles de personas desaparecidas en México.

“Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, se lee en la base del antimonumento.

2. La desaparición de David y Miguel

Antimonumento a la desaparición de Miguel y David

Marcos González

A pocos metros, se encuentra otro antimonumento que recuerda precisamente otro caso de desaparición que tampoco fue resuelto.

Se trata de David Ramírez y Miguel Rivera, dos jóvenes secuestrados en 2012 cerca de Ciudad Altamirano cuando se dirigían al estado de Guerrero para festejar el 20º cumpleaños de uno de ellos.

Los captores se comunicaron con la familia, que llegó a pagar un rescate. Las autoridades iniciaron una investigación pero, en todo este tiempo, ni los jóvenes fueron liberados ni se logró detener a los responsables.

Sus familiares, sin embargo, denunciaron en numerosas ocasiones “inacción” por parte de la policía, y aseguraron que fueron ellos mismos quienes investigaron el paradero de sus hijos rastreando por ejemplo la señal de sus teléfonos, que los secuestradores siguieron utilizando.

La instalación representa una forma de letra T azul que simula dos siluetas dividas a la mitad y los transeúntes son llamados a colocar un candado en su base como muestra de apoyo.

3. Incendio de la guardería ABC

Antimonumento a los 49 niños muertos en el incendio de la guardería ABC.

Marcos González

En el mismo Paseo de la Reforma, un “ABC” de colores recuerda a los 49 niños que murieron en 2009 en el incendio de la guardería que llevaba este nombre en Hermosillo, estado de Sonora. Más de un centenar resultaron heridos.

El fuego se originó en los archivos de un edificio del gobierno estatal contiguo a la guardería mientras los pequeños dormían la siesta. Parte del personal se encontraba en la hora de la comida, y otros ya habían concluido su turno.

Las labores de evacuación fueron caóticas y se prolongaron durante 30 minutos. Vecinos de la zona abrieron boquetes en las paredes incluso con vehículos ante la falta de salidas de emergencia y extintores suficientes.

Cerca de 20 personas, entre funcionarios y encargados del cuidado de los niños, fueron condenadas a prisión. Pero cuando el año pasado se cumplió una década de la tragedia, ninguna había ingresado en la cárcel mientras se resuelven sus recursos de amparo.

Los familiares denuncian que no se ha hecho justicia y por eso colocaron el antimonumento frente a las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través del cual la guardería prestaba sus servicios de manera subrogada.

4. La explosión en la mina de Pasta de Conchos

Antimonumento a los 65 mineros muertos en Pasta de Conchos.

Marcos González

Un gran “+ 65” pide justicia para los 65 trabajadores que fallecieron en 2006 atrapados por una explosión en la mina de carbón de Pasta de Conchos, en Coahuila.

Un año después, la compañía a cargo de la explotación de la mina suspendió las tareas de rescate tras haber recuperado solo dos cuerpos. Argumentó que se ponía en riesgo la vida de los equipos de emergencia.

Varias familias denunciaron que, de ser rescatados los cadáveres, podría evidenciarse que las condiciones de trabajo en la mina no eran adecuadas para garantizar la seguridad de los mineros, como concluyó después la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El pasado octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en 2021 se reanudará el rescate de los cuerpos atrapados. También confirmó que este año los familiares de los fallecidos recibirían sendas indemnizaciones.

Su antimonumento se encuentra desde 2018 en Reforma, frente a la Bolsa Mexicana de Valores. Un año después, los familiares colocaron junto a él decenas de cascos como símbolo de los mineros que quedaban por rescatar.

5. La masacre de Tlatelolco

Antimonumento a la masacre de Tlatelolco.

Marcos González

El simbólico Zócalo de Ciudad de México fue el lugar elegido para inaugurar un antimonumento cuando se cumplieron 50 años de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968.

Aquel día, miles de personas se reunieron en la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México, convocadas por un movimiento de estudiantes cada vez más activo que protestaba contra el gobierno y la violencia de la policía.

Pero ese 2 de octubre la actuación fue aún más desmedida. Cientos de soldados y miembros de grupos paramilitares iniciaron una balacera contra la multitud que participaba en un mitin pacífico. No hay un balance oficial de víctimas, aunque se estima que mataron a cientos de personas.

No fue hasta 2006 que el expresidente Luis Echeverría -quien era secretario de Gobernación en 1968 en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz- quedó en arresto domiciliario acusado de genocidio, aunque fue exonerado tres años después. Ningún funcionario fue declarado nunca culpable.

La emblemática frase “2 de octubre no se olvida” y otra que reza “Fue el Ejército, fue el Estado” pueden leerse en el antimonumento dedicado a una masacre que dio un vuelco a la vida política y social de México para siempre.

6. “Antimonumenta” contra los feminicidios

Antimonumento a los feminicidios

Marcos González

Un antimonumento para denunciar la violencia contra las mujeres parece inevitable en México, un país donde diez mujeres son asesinadas cada día.

El conocido como “Antimonumenta” fue inaugurado en el marco del Día Internacional de la Mujer del año pasado frente al Palacio de Bellas Artes.

Convertido en punto central de muchas de las marchas de mujeres organizadas en los últimos meses en la capital mexicana, junto a él suelen verse veladoras, flores, cruces rosas, fotografías de decenas de mujeres asesinadas o desaparecidas en el país y mensajes exigiendo justicia.

“Ni una más. No más feminicidios”, se lee en este antimonumento que fue saboteado durante una marcha de opositores al aborto el pasado año.

7. Masacre de migrantes de San Fernando

Antimonumento de la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas.

AFP

El último en sumarse a la lista de antimonumentos de Ciudad de México fue un “+72” instalado el pasado agosto en Reforma, frente a la Embajada de Estados Unidos, para reclamar justicia por la masacre ocurrida en San Fernando diez años antes.

En agosto de 2010, 72 personas migrantes -la mayoría de origen centroamericano- fueron brutalmente asesinadas en esta localidad del estado de Tamaulipas, en la frontera norte de México.

El grupo fue secuestrado mientras viajaba en autobús por el cartel de Los Zetas, que los acribilló después de negarse a pagar el dinero que les exigían por dejarlos libres.

Los captores los vendaron, los obligaron a apoyarse contra un muro y luego los balearon. Solo dos personas lograron escapar. Ninguna persona llegó a ser condenada por este espeluznante hecho.

Con el mensaje “migrar es un derecho humano”, el antimonumento fue colocado como homenaje a las víctimas de esta masacre y a todos los migrantes muertos o desaparecidos en el peligroso viaje que emprenden cada año hacia territorio estadounidense.


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