Los 20 desaparecidos en Veracruz que no están ni en las estadísticas
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Los 20 desaparecidos en Veracruz que no están ni en las estadísticas

El 2 de agosto del 2013 patrullas de la policía estatal se llevaron a 20 personas en una comunidad de Atoyac, Veracruz, según acusan las familias. Nunca fueron presentadas. Denunciaron la detención de 11 de ellos. 15 meses después, no hay ningún indicio de su paradero. Ni siquiera aparecen computadas en los registros de la procuraduría sobre secuestros de ese mes.
Por Majo Siscar @majosiscar
3 de noviembre, 2014
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Jovita sostiene la foto de su hijo Jairo.

Jovita sostiene la foto de su hijo Jairo.

Juana Peña se aferra al tenis de su hijo menor, como si así pudiera alcanzar a acariciarlo. Juan Carlos Martínez Peña tenía 14 años el viernes 2 de agosto del año pasado. Apuraba las vacaciones de la secundaria. Lo único que volvió a ver de él es uno de los tenis que calzaba aquella tarde, cuando el calzado apareció tirado en un cañar cercano al poblado de Corral de Piedra, en Atoyac, a 11 kilómetros de donde era originario: Potrero Nuevo, otra comunidad del mismo municipio.

Los vecinos del pueblo relatan que a media tarde entraron a Potrero Nuevo cerca de una decena de patrullas de Seguridad Pública del Estado de Veracruz. De tres pudieron identificar los números: 0812, 1420 y 1154. El resto tenían los números tapados con cinta. Los agentes también acostumbran a traer la cara tapada. Llegaron a La Potra Zaina, una suerte de congal donde despachaban los Zetas, y se llevaron a trabajadoras y clientes. Los vecinos todavía recuerdan cómo los policías sacaron a la patrona, Carmen Arias, de 80 años, jalándola de los pelos. Aseguran que vendía droga. Su nieta, Inés Sánchez Arias, de 35 años, dirigía rezos a la Santa Muerte en Corral de Piedra. También la detuvieron en camino. Y con ella, a Juan Carlos y a su hermano mediano, Margarito, de 18 años. Se llevaron a otros dos menores: Diego Jair Valero y Marco Antonio Fernández, de 17 y 16 años. También, cuentan, a una mujer de origen centroamericano, por la que nadie ha reclamado.

20 personas en total. No les imputaron cargos. Tampoco los presentaron ante ningún ministerio público. Ninguna ha aparecido todavía.

Juana fue a la tienda y una vecina le avisó. “Detuvieron a tus hijos”. Las madres se juntaron. Acudieron a la policía municipal pero no les supieron dar razones. Esperaron todo el fin de semana a ver si ellos o la policía daban señales. El lunes fueron a Córdoba, a unos 20 minutos en carro, a poner la denuncia ante la Subprocuraduría regional.

Ese mismo miércoles se manifestaron en su municipio y en Córdoba. El jueves la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (PGJE) informó en un comunicado que se había denunciado la desaparición de 11 personas en Atoyac y que la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) iniciaría “de inmediato las indagatorias para dar con el paradero de estas personas”. Y negó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través del Mando Único, hubiese realizado “ningún operativo en esa comunidad ni detuvo a ninguna persona ese día”.

“¿Cómo es que entran en camionetas estatales y no sabe nadie de la policía ni el mando único? ¿A poco les van a robar 10 o 12 camionetas?”, se pregunta Juana indignada. Al cabo de una semana de ese primer comunicado, los medios locales publicaron que según la misma PGJE los tres números de patrullas reportados sí existían, pero ya no estaban en servicio.

En Córdoba opera, desde abril de 2012, el Mando Único, una coordinación de 600 efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. Al entrevistar al Comandante Raúl Gómez, de la Subsecretaría de Logística, es decir la Unidad de Inteligencia de ese Mando Único, dijo que los secuestrados de Atoyac “es una investigación abierta todavía” y “hasta el momento no se ha comprobado que fueran policías estatales (los perpetuadores)”.

Actualmente se mimetiza mucho la delincuencia. En cualquier parte del país han encontrado patrullas clonadas, uniformes clonados, y bueno, yo pienso que la mejor forma de esconderte es que te vean, entonces no asumiría que fueron policías estatales”, agrega el Comandante Gómez. Y continúa: “es una situación muy difícil para que nosotros la asumamos. Compartimos responsabilidades con más instituciones. Aquí damos una asistencia legal, de patrullaje y obviamente todo nuestro apoyo en la búsqueda. Tenemos despliegues. La prueba es que no ha vuelto a suceder. No es una justificación pero la contención también es trabajo. Estrictamente lo que nos toca lo estamos haciendo, que es tener presencia en la zona”, concluye.

Pero sus palabras suenan huecas cuando apenas unas horas antes, al rozar las 8 de la mañana y a cuatro cuadras del turístico zócalo de Córdoba, le dispararon 5 tiros a Antonio Pérez Luna, un joven de 25 años, al entrar a su coche, detenido en doble fila, después de dejar a sus dos hijos de 3 y 6 años en una guardería particular contigua al popular centro comercial La Garza.

Seis días después de esa misma entrevista, el 15 de octubre, 6 jornaleros de caña de Potrero Nuevo, la misma comunidad de los 20 desaparecidos de hace quince meses, desaparecieron camino a trabajar a un municipio cercano. Todavía no aparecen. Los cañeros trabajaban para Teódulo León, un empresario local asesinado el pasado 6 de septiembre delante de la Iglesia principal del pueblo.

“Hay una política de negación permanente de la violencia. Borran a las víctimas de las estadísticas oficiales, de los medios. El gobernador Javier Duarte quiere mostrar a Veracruz como un caso de éxito en la pacificación del país pero la realidad es que sigue teniendo situaciones muy complicadas. Todo ese corredor Orizaba-Córdoba-Xalapa ha sido territorio Zeta. Su presencia es menor ahora que hace tres años, pero todavía hay. Muchos a lo mejor ya no responden a un liderazgo, pero siguen operando. Según fuentes del gobierno, después de la detención del Z-40 (Miguel Ángel Treviño) una parte de la estructura de los Zetas quedó suelta”, explica el experto en seguridad y narcotráfico Alejandro Hope.

Potrero Nuevo es una comunidad de 14 mil habitantes fundada alrededor de los ingenios azucareros que crecen en las orillas de una carretera secundaria, que enlaza a Córdoba con el Puerto. En la Región central de Veracruz, la de las Grandes Montañas, a tan solo 20 minutos de la ciudad en carro, Potrero Nuevo es conocido por sus ingenios y una cascada de 8 metros que se ve desde el paso del ferrocarril, la Bestia. La región está controlada por el grupo criminal Los Zetas. Los policías municipales, según aseguran en el pueblo, están coludidos con ellos. Cuando fui a reportear, el mismo taxista con el que llegamos al pueblo otro periodista y yo, avisó al Jefe de la Policía Municipal que íbamos a pasar el día allí. Dos agentes nos vigilaron toda la jornada.

El investigador Alejandro Hope explica que la zona sigue siendo importante para la delincuencia organizada porque forma parte de la ruta de la cocaína hacía el norte, pero sobretodo por la trata de personas y la extracción de rentas a través de la extorsión, los secuestros y los robos. En Córdoba, entre 2010 y 2012 prácticamente todos los comercios pagaban cuota. “M”, comerciante de ropa americana que prefiere salvaguardar su identidad, asegura que los Zetas le cobraban 4 mil pesos mensuales para dejarla operar su tienda. Es más de lo que le pagaba a la empleada. Después de 8 meses cerró porqué no le rendía. “A veces eran los propios municipales quiénes cobraban, destrozaron el comercio en la ciudad”, asevera.

En diciembre de 2011, la Marina –con el apoyo de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA)– detuvo, justo en un rancho de Córdoba, a Raúl Lucio Hernández Lechuga, El Lucky o Z-16, operador de Los Zetas en el centro del país. EU ofrecía un millón de dólares por él y la Procuraduría General de la República otros 15 millones de pesos. En su declaración ministerial, filtrada 5 meses después por el diario Reforma, Hernández confesaba que los Zetas pagaban una nómina de 30 millones de pesos al mes a policías municipales y estatales de Veracruz y que tenían un enlace en el gobierno de Duarte, de apellido Lagos. Según el rotativo, el único alto funcionario con ese apellido es Erick Lagos Hernández, quién todavía ahora sigue siendo el Secretario de Gobierno del Estado, después de negar las acusaciones.

La Marina se instaló en la región. Los policías municipales de Córdoba fueron reemplazados por el Mando Único. Sin embargo, los índices de delincuencia no han mejorado significativamente. “Cuando entró la Marina y el Ejército, hubo una matazón de halcones y cobradores de cuota. Ahora con el Mando Único la gente tampoco está contenta y sigue habiendo delincuencia pero ya no es tan explícito”, explica la comerciante cordobesa. Hope lo corrobora: “en 2012 y 2013 la Marina barrió con buena parte de la estructura de los Zetas con técnicas a lo Tlatlaya. Mataron a mucha gente, a familiares, violentaron todas las normas posibles e inimaginables”.

Quitaron a los policías municipales, que no pasaron el examen de confianza porque tenían vínculos con el crimen organizado, pero ponen a otros que no sé si lo pasarían”, sostiene Edmundo Reyes Yeladaqui, organizador de las dos Marchas por la Paz que han tenido lugar este año en Córdoba y presidente de la organización civil Pacto Ciudadano. Él asegura tener conocimiento directo de dos personas que han sido secuestradas el último año por agentes del Mando Único. Uno apareció al día siguiente muerto en un arrollo cercano a Córdoba, otro fue liberado dos meses después y no quiere hablar por amenazas.

Veracruz es la tercera entidad con mayor número de secuestros, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año se registraron 132 víctimas. Solo por atrás del Estado de México que, con el doble de población, acumula 144, y Tamaulipas. En averiguaciones previas iniciadas entre enero y septiembre de este año por secuestro vemos un incremento del 49% respecto al mismo período de 2013.

“Y hay muchos delitos que no se denuncian, sobretodo secuestros. ¿Quién se va a animar a denunciar? Si denuncian quedan en la impunidad y encima los amenazan o los matan. No hay justicia ni estado de derecho”, agrega Yeladaqui.

Para Hope el mando único “no resuelve el problema”. “Quita responsabilidades al traspasarlas a Marina y Ejército, quita presión a los municipales, pero si no va acompañada de otras medidas de desarrollo policial u otras reformas al marco legislativo, no necesariamente mejora la calidad de los policías”, añade el investigador.

En el caso de Atoyac, la pregunta principal que asalta es quién dio la orden. “No es la primera vez que un grupo criminal usa policías estatales o municipales. Lo que habría que saber es si estas patrullas estaban operando por cuenta propia para barrer Zetas o alternativamente estaban a las órdenes de un grupo criminal rival, o la tercera posibilidad es que fuese un ajuste de cuentas entre los mismos Zetas que usaran a la policía como músculo. El drama es que no sabemos bien a bien que sucede”, plantea Hope.

***

Jairo Manuel Flores Donado salió de la vidriera Schott, una multinacional con sede en Amatlán, a apenas 7.5 kilómetros de Potrero Nuevo, alrededor de las 4 de la tarde. Trabajaba allí como técnico de maquinaria desde los 19 años. Ahora tendría 31. Empezaba el fin de semana y antes de regresar a casa se detuvo a tomar algo en la cantina La Potra Zaina. También se lo llevaron. Junto al tenis del adolescente Juan Carlos apareció una tarjeta de cliente de un centro comercial a nombre de Jairo. Hace 15 meses que su madre, Jovita Donado, y su abuela lo esperan.

15 meses sin saber nada. 15 meses de visitas a dependencias gubernamentales, de concentraciones, de lamentos. 15 meses con 20 personas desaparecidas. En una de las primeras visitas a la Subprocuraduría de Justicia del Estado, con sede en el municipio vecino de Córdoba, un funcionario les dijo a Juana y a Jovita que “si se los llevaron es porque algo habrían hecho” y el estigma les sigue pesando. No ha habido grandes marchas por ellos, ni los medios internacionales han volteado a verlos.

“Muchos eran malandros”, dice un periodista regional en un intento de explicar por qué el caso no ha saltado a la opinión pública. Pero el derecho internacional y la Constitución mexicana estipula que cualquier ciudadano merece un juicio justo. Las desapariciones forzadas son un delito de lesa humanidad y el estado es el responsable de garantizar la vida y la seguridad de los ciudadanos.

Las familias de Donado y Martínez Peña se aferran a que sus hijos estén vivos. Sin embargo, este verano se hicieron las pruebas de ADN. Entre el 16 de junio y el 2 de julio se descubrieron 12 fosas en el municipio de Cosamaloapan, a 150 km al sureste de Atoyac, en la misma Veracruz. Aparecieron 31 cuerpos, todos con signos de tortura y mutilaciones.

Ninguno respondía a los 20 de Atoyac. En mayo, se descubrió otra fosa en medio de los cañares cercanos a Potrero Nuevo y aparecieron los restos de dos personas calcinadas.

Pero a estos 20 no se los tragó la tierra. Tal vez sí lo hizo el silencio que impone el miedo y la carencia de recursos para ir a reclamar. El altar a la virgen de Guadalupe dónde Juana acomodó las fotos de sus dos hijos desaparecidos ocupa una sexta parte del largo de toda su casa. Juana, su esposo, su hija de 18 años y su bebé de 5 meses comparten un cuarto que debe medir alrededor de 20 metros cuadrados. En él tienen dos camas matrimoniales, una cocina básica, un comedor y las pocas pertenencias de los cuatro. De la pared descarapelada y con manchas de humedad que ensombrecen todavía más un rosa chicle añejado, cuelgan estampas de imágenes católicas y un ventilador que apenas palia los calores tropicales y los embates de los mosquitos del poblado. Juana gana 70 pesos al día haciendo empanadas y gorditas en el puesto de otra vecina. Su marido es chofer de los autobuses que van a los pueblos vecinos. Solo para ir a Córdoba necesitan gastar 100 pesos y perder un día de trabajo. Cuando fue con Jovita a Xalapa se gastaron 800 pesos. La visita a la Subprocuraduría especializada en Investigaciones en Delincuencia Organizada (SEIDO), en la capital mexicana, les costó alrededor de 2 mil pesos y tampoco dio frutos. Eso sí, tuvieron que dormir en la calle porque no tenían ni para el hotel. Han tenido 8 reuniones en total. Han ido hasta el Centro Estatal de control, comando, comunicaciones y cómputo de la PGJE, más conocido como el C4, a ver si los tenían allí recluidos. No tienen avances.

Ese mes de agosto de 2013 en el que desaparecieron, la PGJ de Veracruz reportó al Secretariado Ejecutivo Nacional que inició 12 averiguaciones previas por secuestro. Sin embargo al revisar las cifras de Incidencia Delictiva por municipio, no hay ninguna iniciada en Atoyac ese mes.

“Habla de este fenómeno de negación que sucede en Veracruz”, insiste Hope y asevera que las cifras reportadas por la PGJ del Estado no son confiables. “Las estadísticas delictivas de Veracruz son probablemente las peores del país, compitiendo con las del Estado de México. Las revisiones que realicen son monumentales. En 2013 habían reportado 600 homicidios y de la nada le añadieron 300 más. Se habían comido un número de homicidios similar al que ocurre en Chile en un año. Cada mes deben subregistrar entre 30 y 40 asesinatos”, asevera Hope.

Sin embargo, al revisar un blog impulsado por familiares de desaparecidos en la región Orizaba-Córdoba: las denuncias públicas se multiplican. Un columnista del diario El Buen Tono de Córdoba, Andrés Timoteo, se hace eco en su editorial del 8 de agosto pasado del sobrenombre con que los vecinos de la zona ya bromean sobre la cantidad de desaparecidos que se suceden en la zona, el “Triángulo de los Bermúdez” la llaman, en un juego de palabras por el Triángulo de las Bermudas, donde la leyenda dice que la gente desaparece y el nombre del Secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez

“Estamos en un estado de emergencia, pero Duarte sigue diciendo que Veracruz está seguro, no tiene ningún interés en acabar con esto. El encubrimiento es un delito, ¿no?”, acusa Reyes Delayaqui, desde Pacto Ciudadano.

“Nosotros queremos hablar con el gobernador Duarte, que me digan donde está mi hijo, a mi, mi casa no me interesa, me destierro si hace falta, pero díganme donde está”, suplica ya Jovita desesperada. Mientras pasan los días, los dimes y diretes de quiénes podrían ser y lo que les habrá pasado se multiplican, pero las madres de los desaparecidos no pierden la esperanza de encontrarlos con vida y que se haga justicia.

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El inquietante aumento de los suicidios entre las mujeres en Japón durante la pandemia

Los efectos económicos y sociales de la pandemia y una conducta de imitación por casos de suicidio entre celebridades están impulsando este "impactante" fenómeno en el país asiático.
23 de febrero, 2021
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Japón informa de los suicidios con mayor rapidez y precisión que cualquier otro país del mundo. A diferencia de la mayoría de los países, se recopilan las cifras al final de cada mes.

Durante la pandemia de covid-19 los números han contado una historia inquietante.

En 2020, las tasas de suicidio en Japón subieron por primera vez en 11 años. Lo más sorprendente es que, mientras los suicidios masculinos descendieron ligeramente, las tasas entre las mujeres se dispararon casi un 15%.

Solo en octubre, la tasa de suicidios femeninos en el país dio un salto de más del 70%, en comparación con el mismo mes del año anterior.

¿Qué está ocurriendo? ¿Y por qué la pandemia parece estar afectando mucho más a las mujeres que a los hombres?

*Advertencia: Algunos pueden encontrar el contenido de esta historia perturbador

Encontrarse cara a cara con una joven que ha intentado suicidarse en repetidas ocasiones es una experiencia inquietante. Ha despertado en mí un nuevo respeto por quienes trabajan en la prevención del suicidio.

Estoy sentada en un centro de acogida en el barrio rojo de Yokohama, dirigido por una organización benéfica dedicada a la prevención del suicidio que se llama Proyecto Bond.

Al otro lado de la mesa hay una mujer de 19 años, con el pelo recogido. Está sentada. Muy quieta.

En silencio, sin mostrar emoción alguna, empieza a contarme su historia.

Dice que todo empezó cuando tenía 15 años. Su hermano mayor empezó a abusar de ella con violencia. Al final se escapó de casa, pero eso no puso fin al dolor y la soledad.

Acabar con su vida parecía la única salida.

“Desde el año pasado por estas fechas, he estado entrando y saliendo del hospital muchas veces”, me cuenta.

“Intenté muchas veces suicidarme, pero no lo conseguí, así que ahora supongo que he renunciado a intentar morir”.

Lo que la detuvo fue la intervención del Proyecto Bond. Le encontraron un lugar seguro para vivir y empezaron a darle asesoramiento intensivo.

Jun Tachibana es la fundadora del Proyecto Bond. Es una mujer fuerte, de 40 años, con un optimismo infatigable.

Jun Tachibana

BBC
Tachibana, del Proyecto Bond, afirma que la covid-19 parece estar llevando al límite a quienes ya son vulnerables.

“Cuando las chicas tienen verdaderos problemas y sufren, realmente no saben qué hacer”, asevera.

“Nosotros estamos aquí, dispuestos a escucharlas, a decirles: estamos con vosotras”.

Tachibana afirma que la pandemia parece estar llevando al límite a quienes ya son vulnerables.

Describe algunas de las desgarradoras llamadas que ha recibido su personal en los últimos meses.

Escuchamos muchas frases como “Quiero morir” o “No tengo adónde ir”, asegura. “Dicen: ‘Es tan doloroso, me siento tan sola que quiero desaparecer'”.

Para quienes sufren abusos físicos o sexuales, la pandemia ha empeorado mucho la situación.

“Una chica con la que hablé el otro día me confesó que su padre la acosa sexualmente”, cuenta Tachibana.

“Pero, debido a la pandemia, su padre no trabaja mucho y está más en casa, así que no puede escaparse de él”.

Un patrón “muy inusual”

Si se observan los anteriores periodos de crisis en Japón, como la crisis bancaria de 2008 o el colapso del mercado bursátil y la burbuja inmobiliaria a principios de la década de 1990, el impacto se dejó sentir sobre todo en los hombres de mediana edad.

Se observaron grandes picos en las tasas de suicidio masculino.

Pero la crisis de la covid-19 es diferente, está afectando a los jóvenes y, en particular, a las mujeres jóvenes. Las razones son complejas.

Número de suicidios en Japón. 2008 - 2020. .

Japón solía tener la tasa de suicidio más alta del mundo desarrollado.

En la última década, ha tenido un gran éxito en la reducción de las tasas de suicidio: han caído alrededor de un tercio.

La profesora Michiko Ueda es una de las principales expertas en suicidios de Japón. Me cuenta lo impactante que ha sido presenciar el fuerte retroceso de los últimos meses.

“Este patrón de suicidios femeninos es muy, muy inusual”, me revela.

“Nunca había visto un aumento tan grande en mi carrera como investigadora en este tema. Lo que ocurre con la pandemia de coronavirus es que las industrias más afectadas son las que cuentan con personal femenino, como el turismo y el comercio minorista y las industrias alimentarias”.

Japón ha visto aumentar considerablemente el número de mujeres solteras que viven solas -muchas de ellas optan por ello en lugar de casarse- lo que desafía los tradicionales roles de género que aún perviven en el país.

La profesora Ueda afirma que las mujeres jóvenes también son mucho más propensas a tener empleos precarios.

depresión

Getty Images
En octubre del año pasado, 879 mujeres se quitaron la vida. Esto supone un aumento de más del 70% respecto al mismo mes de 2019.

“Muchas mujeres ya no están casadas”, relata.

“Tienen que mantener su propia vida y no tienen trabajos permanentes. Así que, cuando ocurre algo, por supuesto, se ven afectadas muy duramente”.

“El número de pérdidas de empleo entre el personal no permanente es enorme en los últimos ocho meses”.

Hay un mes que destaca. En octubre del año pasado, 879 mujeres se quitaron la vida. Esto supone un aumento de más del 70% respecto al mismo mes de 2019.

Los titulares de los periódicos dieron la voz de alarma.

Algunos comparaban el número total de suicidios de hombres y mujeres en octubre (2.199) con el número total de muertes en Japón por coronavirus hasta ese momento (2.087).

Algo particularmente extraño estaba ocurriendo.

El 27 de septiembre del año pasado, una actriz muy famosa y popular llamada Yuko Takeuchi fue encontrada muerta en su casa. Después se conoció que se había quitado la vida.

Yuko Takeuchi

Getty Images
La actriz japonesa Yuko Takeuchi fue encontrada muerta en su casa y los expertos han percibido un efecto de imitación.

Yasuyuki Shimizu es un antiguo periodista que ahora dirige una organización benéfica dedicada a combatir el problema del suicidio en Japón.

“Desde el día en que se hace público que un famoso se ha quitado la vida, el número de suicidios aumenta y se mantiene así durante unos 10 días”, estima.

“A partir de los datos podemos ver que el suicidio de la actriz el 27 de septiembre provocó 207 suicidios femeninos en los 10 días siguientes”.

Si se observan los datos de los suicidios de mujeres de la misma edad que Yuko Takeuchi, las estadísticas son aún más reveladoras.

“Las mujeres de 40 años fueron las más influenciadas de todos los grupos de edad”, sostiene Shimizu.

“Para ese grupo (la tasa de suicidio) se duplicó con creces”.

Otros expertos coinciden en que existe una conexión muy fuerte entre los suicidios de famosos y un repunte inmediato de los suicidios en los días posteriores.

El fenómeno de los famosos

Este fenómeno no es exclusivo de Japón, y es una de las razones por las que informar sobre el suicidio es tan difícil.

Cuanto más se hable del suicidio de un famoso en los medios de comunicación y en las redes sociales, mayor será el impacto en otras personas vulnerables.

Una investigadora de este tema es Mai Suganuma. Ella misma vivió de cerca un suicidio. Cuando era adolescente, su padre se quitó la vida.

Ahora colabora en apoyar a las familias de otras personas que se han suicidado.

Y al igual que el coronavirus está dejando a familias sin poder llorar a sus seres queridos, también está haciendo más difícil la vida a los parientes de las víctimas de suicidio.

“Cuando hablo con los familiares, su sentimiento por no poder salvar a su ser querido es muy fuerte, lo que a menudo hace que se culpen a sí mismos”, explica Mai Suganuma.

People walk past the entrance of an Karaoke store closed due to the spread of the conoravirus in Tokyo

Getty Images
Las calles de Japón se han vaciado por la tercera ola de la pandemia.

“Yo también me culpé por no haber podido salvar a mi padre”.

“Ahora les dicen que deben quedarse en casa. Me preocupa que el sentimiento de culpa se haga más fuerte. Para empezar, los japoneses no hablan de la muerte. No tenemos una cultura de hablar de los suicidios”.

Japón se encuentra ahora en la tercera ola de infecciones por covid-19, y el gobierno ha ordenado un segundo estado de emergencia.

Es probable que se prolongue hasta bien entrado febrero. Más restaurantes, hoteles y bares están cerrando sus puertas. Más personas están perdiendo sus empleos.

Para Ueda hay otra pregunta persistente. Si esto ocurre en Japón, sin cierres estrictos, y con relativamente pocas muertes por el virus, ¿qué está ocurriendo en otros países donde la pandemia es mucho peor?


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