[contextly_sidebar id=”tmPBuyfshgIGZ0NOOnLr8pfKVFZ36fZV”] Mientras el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto enfrenta una “grave crisis” en materia de derechos humanos por el caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, el Consejo Ciudadano para la Implementación de la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos envió una carta en la que denunció cinco pendientes de la actual administración sobre este tema.
“Las manifestaciones públicas del presidente Enrique Peña Nieto al respecto de cumplir con todos los compromisos de derechos humanos asumidos por el Estado han sido repetidas en los últimos días. No bastan las palabras y vemos con enorme preocupación que hace falta cumplir una serie de pendientes“, indicaron los firmantes de la carta enviada el pasado 28 de octubre al secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; Lía Limón García, subsecretaria de derechos humanos de la Segob; y a Ricardo Sepúlveda Iguíniz, director general de Políticas Públicas de derechos humanos de esa dependencia.
De acuerdo con los integrantes del Consejo Ciudadano son varios los temas que quedan pendientes a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2014, los cuales son:
- La expedición de las leyes reglamentarias que establece el decreto de reforma constitucional de 10 de junio de 2011, en sus artículos transitorios. Particularmente relevantes resultan en estos momentos la Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la de reparación ante violaciones a derechos humanos, que reglamente el artículo 1º párrafo tercero de la Constitución.
- El cumplimiento de la Estrategia 1.1, relativa a la sensibilización de los servidores públicos de la Administración Pública Federal sobre los contenidos de la Reforma en materia de derechos humanos, particularmente quienes tienen a su cargo las labores de seguridad pública.
- El cumplimiento de la Estrategia 2.4, como un claro mecanismo de rendición de cuentas, que implica el control y sanción de los servidores públicos que están vulnerando derechos humanos.
- La atención inmediata de la Estrategia 4.2 relativa a los mecanismos de reparación y atención integral a las víctimas por violaciones a derechos humanos.
- Es necesario establecer a la brevedad el mecanismo independiente para la evaluación y seguimiento para el Programa Nacional de Derechos Humanos, de conformidad con la Estrategia 5.7
“Nuestro papel en un Consejo como el que se ha formado para la implementación de esta histórica reforma, nos compromete con ello, por lo que los urgimos a tomar en cuenta estos puntos apremiantes, y solucionarlos lo antes posible. Estamos dispuestos a tener una participación interactiva y responsable en relación con la agenda en la materia con la que, de nuevo, urge que el gobierno federal se comprometa más allá de las declaraciones”, indicó el Consejo Ciudadano.
Los firmantes: Mariclaire Acosta Urquidi, José Luis Caballero Ochoa, Roy Campos Esquerra, Miguel Concha Malo, Santiago Corcuera Cabezut, Katia D´Artigues Beauregard, Ana Laura Magaloni Kerpel, Ricardo Raphael de la Madrid, José Roldán Xopa, Pedro Salazar Ugarte, Miguel Sarre Iguíniz, Sandra Serrano, Regina Tamés Noriega, Diego Valadés Ríos.
Documento íntegro:
**Nota publicada el 3 de noviembre.
