Por qué los padres de los normalistas de Ayotzinapa siguen sin creer en la versión oficial
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Cuartoscuro

Por qué los padres de los normalistas de Ayotzinapa siguen sin creer en la versión oficial

Para una familia, el hallazgo de dientes calcinados y fragmentos de hueso no son una prueba convincente de la muerte de los estudiantes.
Cuartoscuro
14 de noviembre, 2014
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Nota del editor: Este texto fue publicado en noviembre de 2014, unas semanas después de la desaparición de los 43 normalistas.

María Telumbre conoce el fuego. Se dedica a hacer tortillas en una cocineta de carbón, y la experiencia le dice que cocinar un chivo lleva cuatro horas. Por eso, se niega a creer en la explicación dada por el gobierno mexicano de que integrantes de un cártel del narcotráfico incineraron a su hijo y a otros 42 estudiantes desaparecidos en una gigantesca hoguera en menos de un día, lo que habría borrado cualquier huella que permita identificar los cadáveres.

Para ella, el hallazgo de dientes calcinados y fragmentos de hueso no son una prueba convincente y tienen el mismo valor que las fosas clandestinas descubiertas en el estado de Guerrero desde que los estudiantes desaparecieron el 26 de septiembre. Simplemente, se rehúsa a aceptar que esas cenizas pertenezcan a su hijo de 19 años y a sus compañeros de escuela.

¿Cómo es posible que en 15 horas hayan quemado a tantos jóvenes, los hayan puesto en bolsas y los tiraran al río?“, dice Telumbre. “Eso es imposible, como padres, no les creemos”.

Para Telumbre, su esposo Clemente Rodríguez y otros padres la explicación oficial es tan solo otra mentira de un gobierno que quiere silenciar a los pobres y echarle tierra a este escándalo. Sus exigencias de que se diga la verdad han alimentado la rabia contenida de un país frente a la incapacidad del gobierno de confrontar a los brutales carteles de la droga, a la corrupción y la impunidad.

El escepticismo de la familia Rodríguez tiene su origen en la colusión entre autoridades mexicanas y el crimen organizado. Los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron vistos por última vez cuando la policía de la ciudad de Iguala los detuvo, presuntamente por órdenes del alcalde. Soldados y policías federales no respondieron a las urgentes peticiones de los padres para que les ayudaran. El gobierno federal tardó 10 días en intervenir y cuando lo hizo, dicen los padres, las autoridades se concentraron en descubrir tumbas clandestinas en lugar de buscar a los estudiantes vivos, por eso sólo han encontrado las fosas.

“Los tendrán por allá escondidos, pero tengo la esperanza que cualquier día los van a soltar”, dice Rodríguez, insistiendo en que su hijo Christian Rodríguez Telumbre aún está vivo.

Guerrero es un estado violento con un historial de revueltas armadas y en cuya economía el cultivo de marihuana y amapola son un factor importante. La familia Rodríguez vive lejos de los lujosos centros vacacionales de Acapulco e Ixtapa, en una zona agrícola cercana a la Escuela Normal Rural, una universidad que forma maestros en Ayotzinapa. Rodríguez trabaja como vendedor de agua embotellada mientras que su esposa vende las tortillas que hace en una estufa al aire libre. El humo se cuela a su casa, de un solo cuarto dividido con cortinas y construida de adobe, que comparten sus tres hijas, la madre de Rodríguez, y hasta hace poco, Christian.

La noche del 26 de septiembre, Telumbre y Rodríguez recibieron una llamada de su hija. Había problemas. Ambos acudieron inmediatamente a la escuela. Les dijeron que decenas de estudiantes habían ido a la ciudad de Iguala a recaudar dinero y que la policía había disparado contra los autobuses que se habían tomado por la fuerza. Los detalles iban apareciendo poco a poco: Christian formaba parte del grupo atacado; un estudiante recibió un disparo en la cabeza; tres más murieron al igual que tres personas que pasaban por el sitio; uno de ellos fue encontrado al lado de la carretera, le habían arrancado la piel de la cara y le habían sacado los ojos, una marca de los asesinatos cometidos por los narcos.

Rodríguez se encaminó a Iguala con otros 10 padres. Su primera parada fue la oficina local de la procuraduría federal. Los guardias no los dejaron entrar pero los padres, desesperados, entraron a la fuerza y exigieron ayuda. Los funcionarios dijeron que no tenían información.

Luego fueron a la policía de Iguala, que también dijo que no conocía nada del tema aunque uno de ellos dejó entrever a Rodríguez que quizá los radicales estudiantes en realidad eran criminales que habrían recibido su merecido. Después se supo que las autoridades federales habían retenido a unos cuantos estudiantes, que esa tarde fueron liberados y que habían regresaron a la escuela. Pero Christian no estaba entre ellos.

Durante tres días más, los padres continuaron su desesperada búsqueda en hospitales, el edificio del Ayuntamiento y la base militar local. Siguieron pistas que los llevaron a cuevas oscuras y a una hacienda abandonada donde se decía que el cartel Guerreros Unidos, escindido del cartel de Los Beltrán Leyva, los tenía prisioneros. En Iguala, Rodríguez dio su número de teléfono móvil a extraños y suplicó que le dieran información de manera anónima. Pero todos parecían temerosos de hablar.

Las autoridades estatales detuvieron a 22 policías de Iguala en relación con el ataque al autobús y anunciaron que continuaban con la búsqueda de los 43 estudiantes. El alcalde, José Luis Abarca, solicitó licencia mientras se efectuaba una investigación y luego se fugó acompañado de su esposa María de los Ángeles Pineda.

Aún no había noticias de Christian.

Ocho días después de la desaparición de los estudiantes las autoridades federales anunciaron más detenciones. Dijeron que sospechosos los habían llevado a tumbas clandestinas en una colina de las afueras de Iguala, cerca de Pueblo Viejo. Veintiocho cuerpos fueron hallados en las fosas pero esos restos no encajaban con los de los estudiantes.

Diez días después de la desaparición de los jóvenes, el presidente Peña Nieto anunció el envío de fuerzas federales de seguridad para “conocer la verdad y asegurar que se aplique la ley a los responsables de estos hechos que son, sin duda, indignantes, dolorosos e inaceptables”.

Con el tiempo 10 mil policías federales y decenas de investigadores forenses, ataviados con sus trajes de protección para residuos peligrosos, se unieron a la búsqueda. También se ofreció una recompensa de 1,5 millones de pesos (alrededor de 112.000 dólares) a quien diera información sobre el paradero de los estudiantes desaparecidos. Se detuvo a más personas: 76 en total.

Pero aún no había rastros de los estudiantes.

Finalmente, el viernes pasado, el procurador general Jesús Murillo Karam dio una conferencia transmitida por televisión en la que detalló cómo hay “indicios” de que fueron asesinados los estudiantes, de acuerdo con confesiones ofrecidas por detenidos del caso.

Los jóvenes fueron llevados a un basurero cerca de Cocula en camionetas de carga tan atestada que 15 de ellos murieron de asfixia en el camino. Los sospechosos sostienen que los estudiantes fueron asesinados allí y que los asesinos apilaron sus cuerpos y encendieron una enorme fogata que ardió durante 15 horas. Luego metieron los restos pulverizados en bolsas que lanzaron al río.

“El alto nivel de degradación por el fuego hace muy difícil la extracción de ADN que permita la identificación”, dijo Murillo Karam ese día con un rostro lúgubre.

Las autoridades, no obstante, enviaron los restos a un laboratorio especializado en Austria para su identificación, en la esperanza de obtener información que permita a padres como Telumbre y Rodríguez aceptar la muerte de sus hijos.

AP.

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Cómo Uruguay pasó de ser una excepción en la pandemia de coronavirus al país con mayor tasa de casos nuevos en América Latina

A la cabeza de la región en cantidad de casos nuevos cada millón de personas, Uruguay enfrenta semanas "muy difíciles" en la pandemia luego de su relativa calma, sostienen expertos.
21 de marzo, 2021
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Cuando muchos en el mundo aún veían a Uruguay como una excepción latinoamericana en el control de contagios de COVID-19, el doctor Julio Medina lanzó una advertencia desde allí.

“Inexorablemente vamos perdiendo nuestro lugar de privilegio. Debemos restringir nuestra movilidad e interacción física para desacelerar la propagación del virus”, tuiteó Medina, catedrático de enfermedades infecciosas en la Universidad de la República (Udelar), el 29 de noviembre.

Menos de cuatro meses más tarde, la situación del país ha dado un giro en la peor dirección.

Uruguay pasó a Brasil el domingo como la nación latinoamericana con mayor número de casos nuevos de covid-19 por cada millón de habitantes, según el promedio móvil de siete días de Our World in Data.

Si bien las posiciones en este ranking pueden variar de un día al otro, los expertos observan preocupados el panorama uruguayo.

El país marcó el domingo su récord de contagios diarios, casos activos y pacientes en terapia intensiva desde el inicio de la pandemia hace un año.

Con 33,51 casos de promedio por cada 100 mil personas en una semana, Uruguay está en zona roja de riesgo según los parámetros de la Universidad de Harvard (a partir de 25 casos).

“Estamos en el peor momento de la epidemia en nuestro país y las próximas semanas van a ser muy difíciles”, anticipa Medina en diálogo con BBC Mundo.

Entonces ¿a qué se debe esto?

Vacunación en Uruguay.

Getty Images
Uruguay, que ya ha comenzado a vacunar, registró el pasado domingo un récord de contagios diarios.

“Presos del propio éxito”

Uruguay aún está mejor que varios de sus vecinos regionales en algunos indicadores de la pandemia.

Con menos de 3,5 millones de habitantes, el país llevaba hasta el lunes 712 muertes por COVID-19, según la base de datos de la Universidad Johns Hopkins.

Su tasa de letalidad por COVID-19 (1%) es una de las más bajas en América Latina y menor que la de naciones con población similar, como Costa Rica, Panamá y Paraguay, de acuerdo a Our World in Data.

Uruguay mantiene además uno de los registros más bajos en la región de muertes por COVID-19 por millón de habitantes.

Hasta ahora, el sistema de salud uruguayo nunca se vio desbordado por la pandemia.

Y aunque fue uno de los últimos países de la región en recibir vacunas contra el COVID-19, a fines de febrero, ahora es el segundo latinoamericano con más dosis administradas por cada 100 personas (5,9), detrás de Chile (34,5).

Dos personas del equipo sanitario en Uruguay.

Getty Images
Uruguay fue uno de los últimos países latinoamericanos en obtener vacunas, pero inocula a uno de los ritmos más rápidos de la región.

Uruguay llamó la atención desde el año pasado por haber aplicado una singular estrategia frente a la pandemia, sin confinamientos obligatorios.

El presidente Luis Lacalle definió este camino como de “libertad responsable”: pidió a la población que permaneciera en sus casas, pero evitó los controles policiales de otros países.

Como la población siguió los consejos y el virus estaba bajo control, a partir de abril de 2020 el gobierno reabrió gradualmente actividades que había cerrado al inicio de la pandemia: construcción, comercio, escuelas presenciales, restaurantes…

https://www.youtube.com/watch?v=dDHHLysaCHg

Pero la primera ola de contagios comenzó a subir a fin de año en Uruguay y los expertos creen que lo que observan ahora es un rebote de la misma.

Parte del fenómeno es atribuido al comportamiento de las personas, que interactúan más en su regreso de las vacaciones del verano austral.

“A veces es estar preso del propio éxito: al país le había ido muy bien y las personas relajaron las medidas, eso explica buena parte de lo que nos está pasando”, señala Medina.

Agrega que la otra explicación posible del aumento de casos es que la variante brasileña del virus —definida como la P.1 y más transmisible— haya entrado a Uruguay por su frontera terrestre con Brasil.

Si bien el gobierno de Lacalle dispuso un cierre parcial de fronteras, esto es difícil de lograr en ciudades fronterizas con Brasil,donde apenas una calle marca el límite binacional.

“Estamos convencidos de que (la P.1) debe estar en el país, simplemente todavía no logramos demostrarlo”, señala el infectólogo.

Y sostiene que, si esto se confirma en estudios que se realizan, “quiere decir que las medidas que venía usando el país para contener la epidemia dejan de ser tan eficientes y usted tiene que ser más estricto”.

La liebre y la tortuga

El gobierno uruguayo tiene previsto analizar la situación sanitaria este martes en un Consejo de Ministros.

Por lo pronto, ya ha decidido solicitar al Parlamento que renueve un límite impuesto al derecho a reunión para evitar aglomeraciones, informaron medios locales.

Hospital en Montevideo.

Getty Images
Es probable que Uruguay anuncie más medidas restrictivas esta semana.

El presidente Lacalle se mostraba contrario hasta la semana pasada a adoptar medidas más restrictivas, como la prohibición de circulación.

Sin embargo, el Grupo Asesor Científico Honorario (Gach), integrado por expertos como Medina y que aconseja al gobierno en la pandemia, sugirió en febrero limitar reuniones sociales o familiares y las actividades de comercios no esenciales.

Y el lunes distintos especialistas reclamaron públicamente más medidas.

“A diferencia de la fábula de la carrera entre la liebre (virus) y la tortuga (nosotros), acá no se va a dormir sola. Es ahora que hay que noquearla, bajando la movilidad con nuevas medidas, y así llegar a la meta”, tuiteó Gonzalo Moratorio, un virólogo del Instituto Pasteur de Montevideo, el lunes.

El nefrólogo Oscar Noboa sostuvo en la misma red que “cada minuto sin medidas tiene costos muy altos para los enfermos y sus contactos”.

Enfermera en Uruguay.

Getty Images
Uruguay estableció un calendario singular de vacunación, sin comenzar por los mayores.

“La realidad ya no nos permite ser optimistas. Es una carrera entre el aumento de casos y el muy buen ritmo de vacunación. En este mes (entre hoy y mediados de abril) se juegan las finales. Es necesario adoptar medidas duras, aunque no gusten”, tuiteó Oscar Ventura, catedrático de la Universidad de Química de la Udelar.

Uruguay también ha adoptado un calendario singular de vacunación, sin comenzar por la población de mayor edad como hicieron otros países por ser grupo de riesgo.

Esto se debe a que, según expertos locales, las primeras vacunas que recibió el país, del laboratorio chino Sinovac, carecían de suficientes ensayos clínicos en mayores de 60 años.

El lunes el gobierno anunció que comenzará a vacunar a personas de entre 50 y 70 años. Pero aún se desconoce cuándo exactamente inoculará a quienes tienen entre 70 y 75 con dosis de otros laboratorios.

Medina destaca la importancia clave de vacunarse contra la covid-19, pero señala que, sin otras medidas, incluso una tasa alta de inoculación tendría escaso impacto en el momento actual del país.

“Esto no nos va a ayudar en esta etapa de aceleración de la epidemia”, advierte. “Nos va a ir ayudando más adelante”.


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