Radiografía de los jóvenes reclutados por el crimen
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Radiografía de los jóvenes reclutados por el crimen

11 mil 559 adolescentes en todo el país fueron objeto de diversas medidas por haber cometido infracciones a las leyes penales. De ellos, 4 mil 959 fueron privados de su libertad por considerar que cometieron delitos graves.
Por Nayeli Roldán
10 de noviembre, 2014
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Foto: Cuartosuro.

Foto: Cuartosuro.

Cecilia ingresó a un centro de internamiento a los 17 años para cumplir una sentencia de nueve años por homicidio calificado. En Tijuana, aun siendo adolescente, un grupo criminal la adiestró “en la guerra en contra de los guachos (soldados)”. Fue entrenada para ser sicaria. Por la vida de una persona le ofrecieron 200 mil pesos. “Los acepté; lo maté con una daga”, relata.

Fue detenida por elementos del Quinto Batallón del Ejército después de un operativo que  incluyó cerrar las carreteras porque sus habilidades le permitían escabullirse con facilidad. Actualmente tiene 20 años y con la misma seguridad que confiesa su crimen, reconoce un vínculo familiar inquebrantable. “Si sigo siendo un ser humano es por mi mamá y si tengo algo bueno en mí, es por ella”.

Incluso, le gustaría ser como esos a los que alguna vez combatió. Su sueño es ingresar al Ejército y estudiar Ingeniería para llegar a ser “General de tres estrellas”. Desde niña supo que no repetiría el destino de la mayoría de mujeres en su pueblo: ser casada a la fuerza y cambiar los golpes de su padre por los de su marido.

Este es uno de los testimonios recogidos por Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), en el estudio La reinserción socio familiar de los adolescentes en conflicto con la ley. De la situación actual hacia una propuesta de intervención, publicado en agosto pasado.

En él se destaca que en México, 11 mil 559 adolescentes en todo el país fueron objeto de diversas medidas por haber cometido infracciones a las leyes penales. De ellos, 4 mil 959 fueron privados de su libertad por considerar que cometieron delitos graves. Del total, 93% fueron hombres y 7% mujeres.

El pasado 28 de octubre, como parte del Seminario sobre violencia en México realizado en el Colegio de México, Azaola dictó la conferencia “Fábrica de sicarios” para explicar los hallazgos de su estudio donde realizó entrevistas y encuestas a 278 menores de entre 14 y 18 años de edad recluidos en Centros para adolescentes en conflicto con la ley ubicados en Morelos, Hidalgo, Coahuila y Sinaloa. 

El título de la conferencia es demoledor. La primera pregunta que surge es ¿Qué estamos haciendo como sociedad para que niños y adolescentes delincan? La explicación es multifactorial, pero con una coincidencia: las omisiones. “Tiene que ver con carencias importantes en su formación familiar, económica y sin un Estado que tampoco respondiera de manera apropiada”. El resultado del abandono hacia la niñez y adolescencia de este país “hoy en día saltan de esa manera”, dice la investigadora en entrevista con Animal Político.

Así impacta el crimen en la vida de niños y jóvenes 

Los casos “más severos y preocupantes” son los de los adolescentes captados por grupos de la delincuencia organizada, pues han vivido experiencias que trastocaron su vida de manera radical, explica el estudio.

El crimen organizado necesita de personas para hacer funcionar su negocio. Los puestos más bajos de la estructura son ocupados por jóvenes de las colonias y barrios donde operan y son también los más expuestos a ser detenidos o asesinados.

De los 278 entrevistados, 10% fue acusado de delitos contra la salud y 10% por delincuencia organizada; 9% utilizó armas de alto poder para delinquir.

La presencia del crimen organizado en el país tiene un impacto en la vida cotidiana, por lo que niños, niñas y adolescentes están más propensos a cometer delitos. Los grupos “saben cómo buscar, como captar y seducir” a los menores en situación de calle o vulnerables que carecen de atención familiar u oportunidades escolares y económicas, explica la investigadora Azaola.

“Están más propensos porque el crimen organizado no va a tocar a tu puerta y sacar a los niños de tu casa, pero sí va a saber qué niños no cuentan con esa protección por parte de su entorno y son más susceptibles e influenciables a caer”, comenta la investigadora.

En las entrevistas, los adolescentes que participaron en el estudio relataron así su participación con el crimen organizado:

 “A los 15 años me uní a trabajar a la delincuencia organizada. Recibí entrenamiento en McAllen, Texas, mi jefe es un norteamericano que vive en Virginia. Yo era el encargado de controlar a los sicarios y los halcones”

Una chica de 16 años dice: “me detuvieron porque yo reportaba lo que sucedía en las colonias. Yo era halcón, tenía que reportar lo que pasaba en las colonias. Llamaba por teléfono y les decía si pasaba la policía o cómo estaba el movimiento”.

“Yo hacía cualquier trabajo, ya fuera robar, matar o transportar droga… cualquier cosa con tal de ganar dinero”.

 

El contacto con la procuración de justicia

La relación de los jóvenes con las instituciones de procuración de justicia y los funcionarios de primer contacto están distorsionadas, pues ellos también forman parte del crimen, la corrupción y abuso de poder. Uno de los hallazgos del estudio es que de los jóvenes detenidos, 14 por ciento delinquió con la participación de algún adulto integrante alguna corporación policial o miembro del Ejército.

La otra situación de contacto directo con las autoridades es el momento de la detención. Tres cuartas partes de los adolescentes reportan haber sido golpeados por la policía al momento de su detención y, en más de la mitad de los casos, no se les informara de sus derechos ni del derecho a ser asistidos por un abogado.

“Si el dato es grave en sí mismo, más grave aún nos pareció la reacción de prácticamente todos los adolescentes quienes consideraban los golpes como la conducta normal que cabría esperar por parte de la policía”, argumenta el estudio.

Los testimonios de los adolescentes respecto a su detención:

“Los militares me metieron una manguera en la boca y me echaron aceite de carro, después me llevaron a un terreno a golpearme. También cuando llegué al Ministerio Público me volvieron a golpear”.

“Nos torturaron los policías federales que nos detuvieron. Nos dieron toques, me pusieron una bolsa en la cara y me golpearon. Yo ya no escucho con un oído. Nos tuvieron todo un día golpeando en las oficinas de los federales. Me trataron como si fuera una cosa, una materia que se desecha”.

 

Una vez recluidos en los centros de adolescentes en conflicto con la ley, el panorama no mejora. Los entrevistados  refieren que son maltratados por los custodios, que se toleran las drogas, que hay pocas oportunidades para estudiar, de esparcimiento o de ayuda para que al salir puedan retomar su vida de otra forma. Uno de los testimonios ejemplifica la situación. “Aquí adentro sólo aprendes a ser malo, algunos llegan por una tontería o una equivocación pero aquí aprenden a ser delincuentes”, dice un joven.

En el estudio se informa que las deficiencias más importantes en los centros de internamiento tienen que ver con los insuficientes programas educativos y los talleres de capacitación que se imparten. “En todos los centros, las autoridades señalaron no tener el presupuesto necesario para poder impartir los talleres que los adolescentes necesitarían para adquirir algún oficio o para producir bienes por los cuales pudieran obtener algún ingreso.

“El tedio, el hastío, el aburrimiento y el fastidio es lo que prevalece, situación que preocupa de manera muy importante ya que implica no poder cumplir con los fines legales que la institución tiene previstos. Implica, sobre todo, la pérdida de oportunidades y el uso de energías y capacidades que los adolescentes no pueden ni podrán desarrollar más adelante, con el riesgo, además, de habituarse a una vida en institución que poco o nada les ofrece para que logren reinsertarse de manera sana, productiva y responsable a la sociedad”, detalla el estudio.

 

Aquí, una radiografía de la situación de quienes fueron recluidos en los Centros para adolescentes en conflicto con la ley:

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Casos como los de Cecilia no son únicos y peor, pueden seguir sucediendo si el Estado no implementa políticas suficientes y acordes a las necesidades de miles de niños vulnerables en medio de situaciones de violencia y pobreza, sobre todo para prevenir la formación de un caldo de cultivo que enrole a las nuevas generaciones en la delincuencia.

Azaola enumera algunas: “hacer políticas de prevención en violencia familiar, mejorar el sistema educativo para que no abandonen la escuela que es un factor que los deja mucho más expuestos; que tengan mejores oportunidades para que no se dejen atraer por los grupos de crimen organizado. Hay muchas ausencias en la familia, sociedad y el Estado que tendrían que corregirse”.

En el caso de quienes ya han delinquido y privados de la libertad necesitan tratamientos idóneos, atención especializada para poder superar estos problemas, pero “lamentablemente no se ve como una necesidad importante, prioritaria y es absolutamente fundamental. Si no se invierte en lo que ellos requieren no van a salir en las mejores condiciones sino quizás a repetir lo mismo”.

Sin embargo, también se requieren de procesos de paz, la inseguridad ha generado conflictos, confrontaciones y debilitado los lazos sociales en las comunidades, entonces ¿cómo recibirá la sociedad a Cecilia en seis años más cuando cumpla su sentencia por haber matado a un hombre? ¿Podrá encontrar empleo y ser vista como una persona que cumplió su deuda con la ley? El estudio explica que “la reconciliación en estos casos tiene que ver, sí, con la búsqueda de la justicia, pero también con el perdón”.

Así, la paz no puede lograrse en las comunidades mientras no incluya la seguridad personal y la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. Tampoco la reconciliación puede alcanzarse hasta que la sociedad logre alterar sus preceptos fundamentales para aceptar que todos en la comunidad política tienen el derecho de que les sea reconocida su dignidad humana y sean tratados justamente, incluyendo, desde luego, a los adolescentes en conflicto con la ley”.

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Dondequiera hay cadáveres: cómo la segunda ola de la pandemia está devastando al estado más poblado de India

Con una población más grande que la de Brasil, el estado indio de Uttar Pradesh está siendo arrasado por la pandemia de COVID-19.
21 de abril, 2021
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India está siendo azotada por una severa segunda ola de covid-19 y muchos estados están luchando para hacer frente al aumento de casos.

Uttar Pradesh, el estado más poblado del país, se encuentra entre los más afectados y su gente está sufriendo a pesar de que las autoridades insisten en que la situación está bajo control, como informa la periodista de la BBC Geeta Pandey.

El padre de Kanwal Jeet Singh, Niranjan Pal Singh, de 58 años, murió el viernes en una ambulancia cuando lo transportaban de un hospital a otro.

Cuatro hospitales lo habían rechazado por falta de camas.

“Fue un día desgarrador para mí”, explicó por teléfono desde su casa en la ciudad de Kanpur.

“Creo que si hubiera recibido tratamiento a tiempo, habría vivido. Pero nadie nos ayudó, la policía, las autoridades sanitarias o el gobierno”.

Con un total de 851,620 infecciones y 9,830 muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado, Uttar Pradesh no lo había hecho tan mal durante la primera ola que devastó a muchos otros estados indios.

Pero la segunda ola lo ha llevado al borde del colapso.

Las autoridades dicen que la situación está bajo control.

Pero imágenes perturbadoras de centros de pruebas abarrotados, hospitales que rechazan pacientes y piras funerarias ardiendo las 24 horas del día en los campos de cremación en la capital del estado, Lucknow, y otras ciudades importantes como Varanasi, Kanpur y Allahabad, han sido noticia nacional.

Con 240 millones de habitantes, Uttar Pradesh es el estado más poblado de India.

Es hogar de uno de cada seis indios. Si fuera un país separado, sería el quinto más grande del mundo por población, solo por detrás de China, India, Estados Unidos e Indonesia.

Políticamente, el estado también es el más importante de India: tiene la mayor cantidad de diputados (80) en el Parlamento, incluido el primer ministro Narendra Modi, quien, aunque es de otro estado, compite desde aquí.

Sin embargo, esta influencia política le ha traído poco desarrollo.

El estado tiene 191,000 casos activos en este momento y se informa de miles de nuevas infecciones diariamente, aunque se cree que las cifras son mucho más altas.

Esto ha puesto la frágil infraestructura de salud del estado en el centro de atención.

Entre los enfermos se encuentran el ministro principal del estado, Yogi Adityanath, varios de sus colegas de gabinete, decenas de funcionarios gubernamentales y cientos de médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud.

Los videos que compartió un periodista local en Kanpur muestran a un hombre enfermo tirado en el suelo en el estacionamiento del hospital Lala Lajpat Rai administrado por el gobierno.

A poca distancia, un anciano se sienta en un banco. Ambos han dado positivo por covid, pero el hospital no tiene camas para acomodarlos.

Afuera del hospital de Kanshiram, administrado por el gobierno, una joven lloró al explicar que dos hospitales se habían negado a admitir a su madre enferma.

“Dicen que se han quedado sin camas. Si no tienes cama, ponla en el suelo, pero al menos dale un tratamiento. Hay muchos pacientes como ella. He visto a varias personas que han sido rechazadas como nosotros”.

“El primer ministro dice que hay camas. Por favor, muéstrenme dónde están. Por favor, ayuden a mi madre”, dijo sollozando desconsoladamente.

“No vino nadie”

La situación en la capital, Lucknow, es igualmente terrible.

Sushil Kumar Srivastava fue fotografiado sentado en su automóvil, conectado a un cilindro de oxígeno mientras su desesperada familia lo llevaba de un hospital a otro.

Cuando le encontraron una cama, ya era demasiado tarde.

Su hijo Ashish estaba demasiado devastado para hablar. “Sabes lo que pasó. No estoy en condiciones de hablar”, expresó con la voz quebrada.

La nota escrita a mano en hindi del juez retirado Ramesh Chandra, solicitando ayuda después de que las autoridades no pudieran sacar el cuerpo de su esposa de su casa, fue compartida por cientos de personas en las redes sociales.

“Mi esposa y yo dimos positivo para el corona(virus). Desde ayer por la mañana, llamé a las líneas telefónicas de ayuda del gobierno al menos 50 veces, pero nadie vino a entregar ningún medicamento ni a llevarnos al hospital”.

“Debido al descuido del gobierno”, escribió, “mi esposa murió esta mañana”.

hospital administrado por el gobierno en Noida.

BBC
Gente esperando una prueba de covid frente a un hospital administrado por el gobierno en Noida.

Hace años que perdí la esperanza, por las malas instalaciones médicas que hay en este estado. Aquí es donde se encuentra mi aldea ancestral y conozco las dificultades de encontrar un médico o una ambulancia, incluso en tiempos normales.

Con una pandemia arrasadora, las dificultades se han exacerbado.

En la ciudad santa de Varanasi, que también es parte del distrito electoral del primer ministro Modi, reside Vimal Kapoor desde hace mucho tiempo.

Su madre de 70 años, Nirmala Kapoor, murió de covid en un hospital el jueves pasado. Describe la situación como “bhayavah”: aterradora.

“He visto a demasiadas personas morir en ambulancias. Los hospitales están rechazando a los pacientes porque no hay camas, las farmacias se han quedado sin medicamentos esenciales de covid y el oxígeno es escaso”.

Hospitals have been overrun in many cities

BBC
Los hospitales no pueden atender a todos los pacientes.

Kapoor señala que cuando llevó el cuerpo de su madre al campo de cremación, se encontró con un “lashon ka dher”, una pila de cuerpos.

El costo de la leña para la pira se ha multiplicado por tres y la espera para tener un lugar en la cremación ha aumentado de 15 a 20 minutos a entre cinco y seis horas.

“Nunca había visto algo así antes. Dondequiera que mires, ves ambulancias y cadáveres”, dijo.

Las historias de muertes y familias devastadas por la covid-19 abundan a medida que las infecciones continúan incrementándose.

El domingo el estado registró 30.596 nuevos casos, el recuento más alto en un solo día.

Incluso esto, dicen activistas y políticos de la oposición, no da una imagen real de la propagación de la infección.

Acusan al estado de mantener bajo el recuento de casos y muertes al no llevar a cabo suficientes pruebas y al no incluir datos de laboratorios privados.

Y la afirmación parece estar sustentada.

Ghaziabad in Uttar Pradesh

Getty Images
Un fallecido por covid cremado en Ghaziabad en Uttar Pradesh.

Muchas personas con las que hablé dijeron que no se habían hecho la prueba o que sus resultados positivos no se habían incluido en el sitio del gobierno estatal.

Desde Lucknow, Ajay Singh, de 62 años, me envió el análisis positivo de la prueba de su esposa, la cual no se menciona en los registros estatales.

Y ni Singh, que murió en Kanpur, ni la madre de Kapoor, que murió en Varanasi, fueron incluidos en el recuento estatal de víctimas.

Sus certificados de defunción no mencionaron el coronavirus como la causa de la muerte.

Los medios indios también han cuestionado los datos del gobierno, con informes de un desajuste entre el número oficial de muertes y los cuerpos en los crematorios de Lucknow y Varanasi.

Anshuman Rai, director de Heritage Hospitals, un grupo privado que dirige colegios médicos y hospitales en el estado, describe la situación como “extraordinaria”.

“La razón por la que los servicios no funcionan es porque demasiados trabajadores de la salud, incluidos médicos, enfermeras, mensajeros y técnicos de laboratorio, se están enfermando”, indica.

“En un momento en que deberíamos estar trabajando al 200%, ni siquiera podemos hacerlo al 100% porque el sector de la salud depende totalmente de la mano de obra”.

Los críticos culpan al gobierno estatal y federal por no anticipar la segunda ola.

Dicen que hubo una pausa entre septiembre y febrero cuando los servicios de salud y la infraestructura podrían haberse reforzado, el estado podría haber creado bancos de oxígeno y abastecerse de medicamentos, pero desaprovecharon la oportunidad.

Y con el virus propagándose rápidamente, es poco probable que las cosas mejoren pronto.


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