[contextly_sidebar id=”fujWaomDK1lKWq091dw6tLz88YqhDU8O”]La reforma constitucional para crear el Sistema Nacional Anticorrupción avanza en la Cámara de Diputados al haber superado el desacuerdo que mantenía el PRI con el PAN y PRD y cuyo dictamen, según prevén, será subido al pleno para su discusión el jueves 26 de febrero.
Una vez aprobada la ley, las faltas administrativas cometidas por funcionarios públicos tendrán hasta siete años de prescripción; sin embargo, los casos ocurridos antes de la entrada en vigor, estarían exentos puesto que “la ley no es retroactiva”.
También acordaron que el nombramiento del titular de la Secretaría de la Función Pública a cargo del Ejecutivo, deberá ser ratificado por el Senado. Mientras que el criterio para determinar la permanencia del actual secretario, Virgilio Andrade, será establecido en las leyes secundarias, después de aprobar la reforma.
Estos eran dos de los puntos que mantuvo atorada la negociación en la Cámara de Diputados, hasta horas antes de que los coordinadores de las bancadas Manlio Fabio Beltrones, del PRI; Miguel Alonso Raya, del PRD y Ricardo Anaya, del PAN ofrecieran una conferencia de prensa para anunciar el acuerdo conseguido este martes 24 de febrero.
Con estos acuerdos, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados elabora un dictamen que sería aprobado en su reunión plenaria de este miércoles 25 de febrero, para luego ser presentado y votado en la sesión del pleno este jueves o el martes 3 de marzo.
Si bien el coordinador de la fracción panista, Ricardo Anaya insistió en que esta legislación impulsada por su partido “no habrá borrón y cuenta nueva, pues quien haya cometido actos de corrupción en el pasado sí podrá ser juzgado con este Sistema Nacional Anticorrupción”, el PRD y PRI lo rectificaron.
En la propuesta de legislación se propone una prescripción de hasta siete años y “empezará a correr (…) a partir de que entre en vigor la reforma” porque “no lo puedo aplicar retroactivamente”, dijo el priísta Héctor Gutiérrez de la Garza, uno de los diputados que ha participado en la negociación activamente.
El coordinador de la bancada perredista, Miguel Alonso Raya precisó que “a partir de que (se) presenta la denuncia, corren cuando menos siete años para que (el caso) pueda prescribir”.
Sin embargo, según el diputado panista, Fernando Rodríguez Doval, sí podría ser investigado con este nuevo sistema el caso de “la casa blanca”, donde se acusa de un supuesto conflicto de interés al presidente Enrique Peña Nieto con la empresa Higa, que recibió contratos gubernamentales y financió la compra de una casa de la esposa del mandatario, Angélica Rivera.
“Ese caso no debe quedar impune porque, suponiendo que el secretario de la Función Pública no investiga como debe de investigar al secretario de Hacienda y al Presidente, podría investigar la Auditoría Superior de la Federación y eventualmente, tratándose de un posible delito podría investigar la Fiscalía Anticorrupción”, dijo.
Aunque, de acuerdo con el artículo 23 de la Constitución, “nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito”.
Estos son los puntos de coincidencia de los partidos en el proyecto de dictamen:
- El titular de la Secretaría de la Función Pública será propuesto por el Ejecutivo y ratificado por el Senado.
- Se otorga a la Auditoría Superior de la Federación la facultad de atracción para que pueda investigar las finanzas estatales y municipales.
- Se aumenta a siete años la prescripción de actos y omisiones de responsabilidad administrativa que fuesen graves.
- Procederá la extinción de dominio en los casos de enriquecimiento ilícito.
- Se amplían facultades al Congreso para legislar en materia de combate a la corrupción, por lo que podrá:
- Expedir una ley que establezca la organización y funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
- Facultar al Tribunal Federal de Justicia para sancionar las faltas administrativas graves.
- La Cámara de Diputados designará a los titulares de los órganos internos de control de los organismos autónomos.
- Reconfiguración de la Auditoría Superior de la Federación:
- Se elimina el principio de anualidad y posterioridad para que la auditoría pueda llevar a cabo revisiones en tiempo real, así como de ejercicios anteriores.
- Se le otorga facultad para fiscalizar a los órganos autónomos.
- Podrá fiscalizar recursos federales en fideicomisos, fondos y mandatos públicos y privados.
- Promoverá acciones ante las autoridades competentes derivados del invorm de revisiones efectuados en tiempo real.
- Se obliga a los servidores públicos a presentar su declaración patrimonial y de intereses a las autoridades competentes.
Así será el sistema nacional Anticorrupción:
Contará con tres ejes con la participación de instituciones acorde a su competencia. En la “Prevención” estará la Secretaría de la Función Pública, quien solo tendrá facultad de investigar, pero no de sancionar; el Consejo de la Judicatura Federal, IFAI y los Órganos de Control Interno de las dependencias.
En el rubro de Investigación actuará la Fiscalía Anticorrupción (creada en la reforma política) que tendrá plenas facultades para investigar cualquier posible delito, y la Auditoría Superior de la Federación, a quien se le han otorgado más facultades para investigar “en tiempo real”.
En el eje de “sanciones” actuará el Tribunal de Justicia Administrativa que se encargará de sancionar cualquier falta administrativa grave y en caso de la comisión de un delito, el encargado de aplicar la sanción sería un juez del Poder Judicial.
Todo el proceso será vigilado por el Comité Coordinador integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la fiscalía especializada en combate a la corrupción; de la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana.
